Covid: amago de renuncia de la seremi de Salud revela graves fallas en plan de trazabilidad

La renuncia de la seremi metropolitana de Salud, que finalmente no se concretó, se produjo en los mismos momentos en que una decena de municipalidades rechazó las instrucciones de esa autoridad para que los consultorios rastreen casos Covid. Algunas de las metas, como cubrir el 10% de las viviendas de la comuna en apenas un mes, son impracticables a juicio de los alcaldes. Los municipios llevan semanas aplicando planes que difieren del diseño central que recién ahora les llegó. El Minsal ya entregó los fondos y en gran parte se gastaron sin cumplir lo dispuesto por la cartera.

La fallida renuncia de la titular de la Secretaria Regional Ministerial de Salud (Seremi) metropolitana, Paula Labra Besserer, se produjo cuando uno de los objetivos más importantes de su gestión (la trazabilidad de los casos Covid) está siendo duramente cuestionado por graves fallas de implementación.

Una correcta estrategia de trazabilidad –para rastrear y aislar a los contagiados y sus contactos– es clave para el desconfinamiento. Para lograrla, el Ministerio de Salud (Minsal) incorporó a los consultorios municipales al rastreo. Pero, aunque los recursos para la salud municipal se entregaron a inicios de julio, el convenio que define las tareas que deben cumplir los consultorios recién llegó a las municipalidades esta semana y al menos una decena de alcaldes se negaron a firmarlo por una razón que encendió las alarmas en el Minsal: lo consideran impracticable.

CIPER confirmó que diez alcaldes, todos de la zona sur de Santiago, se negaron a firmar el convenio y enviaron una dura carta a la seremi Besserer en la que rechazan los términos técnicos y presupuestarios contenidos en ese documento (vea aquí el convenio y acá la carta de los alcaldes). Los jefes comunales que suscriben la carta son los de San Bernardo, Lo Espejo, La Cisterna, San Ramón, San Joaquín, San Miguel, La Pintana, El Bosque, La Granja y Pedro Aguirre Cerda.

Tampoco han firmado el convenio las municipalidades de Vitacura, Providencia y Recoleta, las que, en respuesta a consultas de CIPER, dijeron que están pidiendo a la Seremi que introduzca correcciones.

Dos son los puntos más sensibles que quedan expuestos con este choque entre alcaldes y la Seremi:

• Los consultorios municipales –algunos de los cuales llevan meses trabajando en la trazabilidad por cuenta propia– han estado aplicando el plan de una manera que no coincide con los requerimientos del Minsal. Esto podría poner en riesgo la continuidad de la estrategia de trazabilidad y la confiabilidad de sus registros estadísticos acumulados hasta ahora
• Las municipalidades ya recibieron –y gastaron– los recursos enviados por el Minsal para hacer la trazabilidad. Y aplicaron los fondos de una manera que no estaría autorizada en el convenio.

Una versión publicada por La Tercera indica que la renuncia de la seremi Labra se habría debido a diferencias con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, luego de que esta nombrara a una “coordinadora territorial de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento” en la RM. En esa tarea –que originalmente era responsabilidad de Labra–

la subsecretaria Daza nominó a  Daniela Zavando, ex seremi de Salud de O´Higgins. El nombramiento se hizo este lunes 10 de agosto, el mismo día en que el convenio de la trazabilidad llegó a varios municipios que fueron consultados por CIPER. La carta de rechazo de los alcaldes de la zona sur metropolitana fue enviada al día siguiente.

Dentro de las disposiciones técnicas del convenio que los alcaldes firmantes de la carta consideran impracticables, se cuentan tres altamente sensibles para el éxito del plan de trazabilidad ideado por el gobierno:

• La primera es que el Minsal fijó como meta que los consultorios hagan una búsqueda activa de contagiados en el 10% de las viviendas de la comuna en solo un mes.
• La segunda, que el ministerio autoriza a los consultorios a hacer solo dos llamadas en 14 días a cada persona contactada, sin considerar que hay casos que se agravan y que requieren un seguimiento mayor.
• Y, por último, la cartera instruye que el testeo y seguimiento debe ser hecho por personal técnico y no por médicos. Como este proceso puede requerir un diagnóstico, los municipios han utilizado médicos, lo que implicó un gasto mayor que el que ahora se les autoriza.

Sobre los argumentos esgrimidos por los alcaldes, la Seremi de Salud metropolitana respondió por escrito a CIPER: “Respecto a los convenios de la estrategia TTA (testeo, trazabilidad y aislamiento), estos fueron elaborados en el Ministerio de Salud con un formato tipo. Actualmente, estamos trabajando junto a los municipios para establecer los marcos definitivos del acuerdo, adaptados a la realidad de cada comuna.

La renuncia de Paula Labra fue desactivada por una intervención del ministro Enrique Paris, según lo confirmó la autoridad en su rueda de prensa de este viernes. El ministro ha señalado que las razones de la dimisión eran “estrictamente personales”. Labra lleva solo cuatro meses en su puesto, después de reemplazar a Rosa Oyarce.

¿MÉDICOS O TENS?

Aunque está fechado el 17 de julio, recién este lunes 10 de agosto diversos municipios metropolitanos recibieron el convenio despachado por la Seremi metropolitana del Minsal. El documento está destinado a autorizar la transferencia de recursos a la red de salud primaria –los consultorios municipales– para financiar las tareas de trazabilidad que se despliegan a nivel comunal. En realidad, es una regularización, porque los fondos ya fueron transferidos y en gran parte ocupados.

El 3 de julio la Seremi de Salud metropolitana emitió una resolución (ver aquí) que detalla el destino de $3,6 mil millones que servirían para financiar la primera parte de la estrategia con los municipios de la región. Las municipalidades que recibieron más recursos fueron: Puente Alto ($320 millones), La Florida ($197 millones), San Bernardo ($180 millones), y Peñalolen ($137 millones).

Según informaron en varios municipios a CIPER, una semana después de transferidos los recursos, se hizo una reunión en la que participaron los jefes de salud municipales, los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, y personal de la Seremi de Salud metropolitana. Allí se explicó el protocolo de la trazabilidad y el uso que se le daría a los recursos. Luego hubo otra reunión convocada por la Seremi para explicar en que se podían gastar los recursos. Los lineamientos de entonces chocan con los que contiene el convenio, según reclaman los municipios.

-Lo que pasó fue que primero mandaron la plata, después la resolución y después el convenio. Y el convenio no se ajusta a lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Nos ponen, por ejemplo, restricciones en el tipo de contratación de personal. Yo estoy contratando profesionales para la trazabilidad y ellos (la Seremi) me están diciendo que puedo contratar solo técnicos. Estamos usando profesionales, porque tienen que evaluar condición clínica por teléfono- dijo a CIPER el director de Salud de la Corporación Municipal de San Joaquín, Juan Ilabaca Mendoza.

En un correo electrónico enviado por la seremi Paula Labra a las municipalidades el 6 de julio, para dar cuenta del traspaso de los recursos, solo se incluyó una infografía que explicaba en general la estrategia de TTA (ver aquí), además de adjuntar la resolución y el protocolo publicado por el Minsal a inicios de julio. Ninguno de esos documentos detallaba cómo se debían gastar los recursos.

El convenio que apareció recién esta semana en las municipalidades presentó por primera vez de manera formal los estándares técnicos y financieros para ordenar y concretar la estrategia. El problema es que el documento llegó un mes y medio después de que el ministerio publicara el 1 de julio el protocolo que –de forma genérica– ordena la TTA. Ese mes y medio que pasó entre uno y otro documento, implicó que cada municipio aplicara sus propias fórmulas para aterrizar la estrategia en los territorios, sin una guía central.

Por ejemplo, en su carta los alcaldes señalan que recién en este convenio la Seremi instruyó que la población debe ser testeada a través de duplas compuestas por un “profesional categoria B” (enfermero, trabajador social u otros profesionales no médicos), y un TENS (técnico de enfermería de nivel superior), en circunstancias que la mayoría de los municipios han testeado utilizando a médicos. El problema es que el presupuesto considerado en el convenio para esta tarea es más bajo, precisamente porque no se pagarían médicos. Esto es grave porque los recursos ya se entregaron y en su mayoría, dicen en los municipios, ya se gastaron. Ahora, señalan, les están pidiendo firmar un convenio retroactivo que choca con la realidad.

Los alcaldes también reclaman en su carta que las metas fijadas por la seremi –como la mencionada búsqueda activa en el 10% de las viviendas de la comuna en apenas un mes– “no se condice con la capacidad de laboratorios disponibles” para procesar los exámenes PCR de detección del virus. De hecho, a La Pintana llegó un instructivo el 12 de agosto, pidiéndoles que “se ajusten a metas por comuna”, lo que en la práctica, dicen en la municipalidad, son mucho más bajas que las que ellos realizan.

La jefa del Departamento de Salud de La Pintana, Paulina Reinoso, señaló a CIPER: “Claramente, la Seremi envía el convenio, pero viene elaborado desde la Subsecretaría de Salud Pública, porque las seremis no tienen la facultad para elaborar los convenios. Esto da cuenta de descoordinaciones en el Ministerio de Salud. En el convenio se consideraron mediciones que están totalmente fuera de la realidad, que no responden a cómo los equipos locales nos hemos organizado para dar cumplimiento a la trazabilidad”.

En la Municipalidad de Providencia informaron que tampoco han firmado el convenio y que, por medio del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, se van a procurar “mejoras y correcciones”. Lo mismo dijeron a CIPER en Vitacura. Desde esa municipalidad señalaron que el convenio aún no se ha firmado porque “estamos trabajando con la Seremi de Salud para poder revisar ciertos indicadores y que estén acordes con lo que se puede cumplir en la realidad local”.

La directora de salud de Recoleta, María Eugenia Chadwick, dijo a CIPER que tampoco han suscrito el convenio. Pero aclaró: “Nuestra manifestación no fue que no íbamos a firmar, sino que necesitábamos correcciones. Y nos dijeron que las iban a hacer”.

LAS RAZONES DE LOS ALCALDES

El primer punto que objetan los diez alcaldes de la zona sur de la RM en la carta que enviaron a la Seremi es que los están haciendo firmar un convenio con fecha retroactiva por recursos que ya fueron entregados. Agregan que el convenio indica una vigencia hasta el 31 de diciembre, pero que no incluye un monto total, solo uno mensual supeditado a “resultados epidemiológicos”, por lo que no está asegurada “la continuidad de la estrategia”.

La carta argumenta que el convenio contiene “estándares técnico-financieros entregados tardíamente, más de un mes de publicado el protocolo y la resolución, cuando los recursos ya fueron ejecutados por las comunas”. El convenio, dicen los ediles, fija un cálculo financiero para la entrega de estos recursos, lo que lo transforma en obligatorio y, “por ende, sujeto a fiscalización”.

“En su momento se nos autorizó verbal y por escrito, por parte de la seremi, a efectuar gastos distintos a los señalados en este convenio”, dicen los alcaldes. Por lo mismo, solicitan la eliminación de la cláusula principal, la séptima, que es la que ordena la forma de ejecutar la estrategia. Y que, en los hechos, es la que los obliga a “destinar los fondos transferidos única y exclusivamente a la ejecución de la estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento”.

Por ejemplo, la carta objeta que se les obligue a adquirir mascarillas y otros elementos de protección con los precios de referencia de la Cenabast o Mercado Público. Esto, porque esos insumos ya fueron adquiridos y “no siempre fue posible realizar compras por estas vías, por lo tanto los precios pagados por las comunas pueden ser más altos”.

Respecto de los insumos para el monitoreo de los contagiados y sus contactos, los alcaldes dudan que la Seremi haya considerado en los gastos en minutos de telefonía celular el costo de los equipos. Y también argumentan que las llamadas no pueden ser solo dos en 14 días para hacer seguimiento, como plantea la Seremi: “De acuerdo a la experiencia que hemos tenido, muchos pacientes es posible se agraven”.

“Nadie puede dudar de nuestro irrestricto compromiso con la salud de la comunidad, y nuestro apoyo al plan de enfrentamiento de la pandemia, sin embargo, rechazamos el texto del convenio ya que no se ajusta a las orientaciones técnicas y financieras entregadas en reuniones con los subsecretarios, seremi de Salud, y las múltiples consultas telefónicas y escritas entregadas por la autoridad para la ejecución de los recursos, los cuales ya han sido realizados en su totalidad”, cierra la carta.

TRAZABILIDAD CUESTIONADA

Desde hace meses que el Colegio Médico y la comunidad científica piden al Minsal que se refuerce la estrategia TTA. A fines de mayo la tarea de la trazabilidad solo era desarrollada por 80 personas en un call center del Minsal y en una reunión interna de la cartera se sinceró que estaban quedando al menos 11 mil llamados diarios sin hacer (vea aquí ese reportaje de CIPER).

Y aunque luego de la salida del ministro Jaime Mañalich, el nuevo secretario de Estado, Enrique Paris, ha tomado decisiones que refuerzan los equipos y recursos para la trazabilidad, han existido dificultades en su implementación.

El 5 de julio la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló que la trazabilidad en la Región Metropolitana se acercaba al 80% (de 10 personas contagiadas, a ocho se le trazaban sus contactos), pero tanto el Consejo Asesor del gobierno como el Colegio Médico (Colmed) señalaron entonces que no conocían los parámetros con los que se hacía ese cálculo, que es clave para poner en marcha el desconfinamiento. De hecho, el Colmed pidió que se transparentara el indicador de trazabilidad por comunas.

Recién esta semana el informe epidemiológico del Minsal incorporó los índices de trazabilidad por comunas y los resultados no son alentadores. El Mercurio publicó que se detectan menos de dos contactos por cada contagiado y que el estándar internacional indica que se debe ubicar a diez personas por cada caso positivo. El ministro Paris señaló a ese diario que hay que “reforzar aún más la trazabilidad, probablemente contratando más personas”.

Sobre el reporte comunal de trazabilidad, La Segunda publicó que existen discrepancias entre las cifras que manejan las municipalidades y las que reveló el Minsal. La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, señaló: “Puede que la Seremi no esté haciendo su pega”.