Nuevo escape de salmones en Los Lagos: un problema político

Hace dos semanas 800 mil salmones se escaparon de un centro de cultivo en el Seno de Reloncaví. Se trata del último ejemplo de un desastre cíclico: entre 2010 y 2018 se produjeron 87 eventos similares. Los autores no ven aquí “accidentes” sino problemas de fiscalización y sanción originados en una regulación que se ha enfocado en “proveer garantías sanitarias a la industria” y solo marginalmente en fortalecer el cuidado del medio ambiente. Los autores destacan que la industria salmonera condensa muchas contradicciones del modelo económico chileno, pues debe su exitosa inserción global y alto nivel de competitividad a “procesos de degradación ambiental y desigualdad territorial”.

La industria salmonera está nuevamente en la palestra. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), confirmó que durante la madrugada del sábado 27 de junio, a partir de un fuerte temporal en la zona, se ´escaparon´ alrededor de 800.000 peces de 16 jaulas del centro de cultivo “Caicura” operado por la empresa Blumar, y se estima que este es el mayor escape de salmones registrado en Chile. Pese a que el tema ha estado en segundo plano debido a las urgencias asociadas a la pandemia, la fuga de salmones ha llamado la atención de la prensa regional y de las organizaciones ambientalistas, debido al potencial daño ecológico que puede significar para los ecosistemas marinos del Seno de Reloncaví. En lo inmediato, Blumar debe recapturar, al menos, el 10% de los peces escapados, según lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura, mientras que Sernapesca debe vigilar que se lleve a cabo este proceso, para luego evaluar las sanciones correspondientes en función del porcentaje de recaptura y de los peritajes respecto a las condiciones del centro de cultivo.

Si bien esto suena sencillo en el papel, el escape de los salmones es una de las dimensiones que se debe revisar urgentemente en cuanto a la relación entre la industria, el Estado y el territorio en que se emplaza la acuicultura. El historial de escapes de salmones es un riesgo constante para la acuicultura a nivel global, y esto ha tenido serias consecuencias para la industria. El ejemplo más tajante al respecto, ocurrió  en 2017 con la prohibición del cultivo de peces no nativos en el estado de Washington, Estados Unidos, tras el escape de cerca de 250.000 salmones atlánticos de un centro de Cooke Aquaculture. En Chile, la regulación ha sido controversial, generando tensiones entre diferentes actores, y se encuentra lejos de generar las confianzas necesarias para articular una relación sustentable entre la industria, el estado y el territorio.

Pese a su importancia, el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) recién incorporó indicaciones sobre escapes el año 2007 (en el contexto del virus ISA) y la penalización por daño ambiental, en caso de no recapturar el 10%, en la reforma a la Ley General de Pesca y Acuicultura del año 2010. Una cifra baja, pero, un piso mínimo y necesario ante la frecuencia de estos eventos y su impacto público  Ante la urgencia de la industria por recapturar los peces para evitar penalizaciones, ésta ha buscado generar vínculos con la pesca artesanal para cumplir con la normativa, lo que ha generado flancos de tensión. Por este motivo, a inicios de 2018 se presentó una moción de ley en el congreso que aborda la participación de terceros en la recaptura, particularmente pescadores artesanales. Este punto ciego llama la atención y nos lleva a reflexionar sobre la capacidad de la normativa y la institucionalidad existente para abordar sistemáticamente los efectos ambientales de una industria basada en recursos naturales.

En esta columna, planteamos que el presente escape no debe ser revisado como un hecho puntual, sino que dentro de la larga experiencia de escapes que registra la industria en Chile, y sobre todo respecto a la capacidad regulatoria del Estado frente a una industria que ha demostrado recurrentemente su incapacidad de autorregularse.

UNA LARGA HISTORIA DE ESCAPES

Desde la introducción de la especie exótica salmonidea a Chile, está la preocupación constante de identificar y valorizar los efectos de la industria en los ecosistemas nacionales. Los escapes, se han configurado como uno de los tres principales impactos ambientales (junto con la contaminación del fondo marino, y la eutroficación del agua y las mortalidades masivas).

Estos tres tipos de impactos han estado en el centro de la conflictividad social asociada a la industria (junto con las movilizaciones sindicales). Tal como detalló TERRAM el año 2001, los costos ambientales de la industria salmonera son altos, y su huella ecológica requiere una institucionalidad y reglamentación sustentada en información científica objetiva, trazable y pública, que por diversas razones no ha ocurrido.

La etapa de engorda de la salmonicultura se da en un ecosistema abierto en donde las empresas no pueden controlar la totalidad del proceso de producción. En otras palabras, las empresas enfrentan momentos de incertidumbre relacionados con los impactos de las condiciones ambientales en el ciclo productivo y la cosecha resultante. Este fenómeno, que hemos caracterizado en nuestras investigaciones como contradicciones ecológicas de la industria (Bustos & Irarrazaval, 2017, Irarrazaval & Bustos, 2020), implica que la producción de salmones continuará enfrentándose a eventos, tales como, virus, blooms de alga, o eventos meteorológicos extremos, que alterarán el proceso productivo y provocarán consecuencias en el ecosistema marino a largo plazo. En ese plano, el reciente escape masivo de peces evidencia lo cíclico de estos fenómenos en el proceso de producción salmonera.

La industria salmonera chilena ha reportado numerosos escapes de peces. Tomando como referencia el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de mayo de 2019, Sernapesca reportó que entre 2010 y 2018 se produjeron 87 eventos, promediando casi 10 por año. Según los datos presentados, se puede estimar que, entre 2010 y 2017, hubo un promedio anual de escapes, cercano a 410.000 especies, lo que es coherente con las cifras reportadas en otros trabajos (Niklitschek y otros, 2013; Sepúlveda y otros, 2013). A modo general, las preocupaciones de los escapes se relacionan al asilvestramiento de los peces de criadero, con su potencial depredador de masas nativas, la transmisión de patógenos a especies silvestres y la potencial expulsión de especies nativas endémicas de sus ecosistemas, entre otras (ver Glover y otros, 2017).

Las principales causas de escapes de salmónidos se relacionan con eventos meteorológicos extremos. Para contener dichos escapes, las empresas deben cumplir con una serie de obligaciones en materia de infraestructura de los centros, las que deben ser revisadas por Sernapesca con una periodicidad definida. Esto genera un escenario en donde la información científica de la que disponga la entidad fiscalizadora juega un rol central para dar cuenta de las condiciones en que se produjo el escape y la magnitud de este, evaluar la recaptura de las especies, y, sobre todo, para estimar el daño ambiental provocado. Sin embargo, la ausencia u opacidad de la información disponible ha sido arena de disputas entre la industria y el Estado, alargando los procedimientos y generando fuertes desconfianzas hacia la industria. Esto se debe entender desde la base que la principal reforma institucional al sector acuícola se enfocó en proveer garantías sanitarias a la industria, en el contexto de las enfermedades que afectan la producción, y que solo marginalmente incluyó el fortalecimiento de los cuidados medio ambientales (Irarrázaval y Bustos-Gallardo, 2020).

Pese a las reformas al reglamento ambiental, no se ha profundizado mayormente en materia de escapes y la institucionalidad acuícola no logra generar garantías, ni confianzas en materia ambiental. El escape del centro de MOWI en 2018 refleja este punto.

EL ESCAPE DE MOWI

Dentro de la larga lista de episodios de escapes de salmónidos, el que más ha marcado la agenda reciente fue el que ocurrió en el centro de MOWI (antes llamado Marine Harvest) en Isla Huar, comuna de Calbuco, en junio de 2018. La historia fue similar a lo que pasó en Blumar: un temporal dañó las estructuras y se fugaron cerca de 690.000 peces. Este episodio dio pie a una serie de controversias entre la industria y el Estado. La primera de éstas, fue por la cantidad de salmones recapturados tras el escape, el que debe ascender al 10% de la totalidad de ejemplares escapados según la normativa. Mientras el informe de Marine Harvest documentó 187.000 salmones recapturados, Sernapesca contó 38.209. La diferencia en las cifras no era menor, dado que el incumplimiento en el porcentaje de captura define el daño ambiental.

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) mantuvo firme su posición, y formuló duras sanciones contra la empresa por no contar con condiciones de seguridad apropiada en el centro de cultivo, que se clasificó el 31 de octubre del mismo año, como una falta gravísima por el daño ambiental no susceptible de reparación.

Lo que parecía ser una postura categórica por parte de la SMA, decantó en un lento proceso sancionatorio, que se suspendió en junio de 2019 debido a los descargos de Marine Harvest (ahora MOWI) respecto a la información meteorológica. A la fecha, el procedimiento continúa pausado, pero MOWI ha entregado varios informes. En el último de ellos, del 15 de mayo de 2020, refuta la afirmación de la SMA respecto a las condiciones de seguridad del centro, y es particularmente enérgico en señalar que Sernapesca “amagó” el proceso de recaptura, cuestionando que dicho escape haya provocado efectos sobre el medio ambiente. En este sentido, MOWI señala que la diferencia en la contabilización de peces rescatados se debe a que Sernapesca no consideró los peces descabezados y/o eviscerados, y en su accionar la autoridad fue contradictoria al momento de establecer los criterios en que debían estar los peces.

El conjunto de informes presentados por MOWI, abrió paso a una segunda controversia. MOWI afirma que la formulación de cargos por parte de la SMA, respecto a la degradación ambiental como consecuencia del escape de salmones y la captura inferior al 10%, es de tipo teórico y no ha sido demostrada. Más específicamente, MOWI plantea que el salmón atlántico de cultivo tiene baja capacidad de adaptarse a las condiciones silvestres, por lo cual tendría un reducido impacto en el ecosistema. Si bien la SMA no ha respondido formalmente  a este planteamiento, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) publicó un informe donde defiende la existencia del daño ambiental producida por el escape de salmones a corto, mediano y largo plazo, y se refiere de manera específica al caso del centro de MOWI.

Estas controversias, en que la empresa productora de salmón más grande del mundo ha hecho notar sus diferencias con la institucionalidad acuícola chilena, dan cuenta que la regulación sanitaria en materia de escapes no se encuentra debidamente aceitada para enfrentar los eventos críticos de escape, y que tras dos años aún no ha logrado sancionar el evento. Frente a la eventual incidencia que tendrá el cambio climático en la frecuencia de eventos meteorológicos críticos, en paralelo a una industria que sigue proyectando aumento en la producción, se configura un escenario preocupante. Por este motivo, es fundamental revisar la institucionalidad en torno a la industria salmonera.

UNA INDUSTRIA CON MUCHAS DUDAS

La industria salmonera sintetiza muchas de las contradicciones que el modelo económico chileno contiene. Su exitosa inserción global y alto nivel de competitividad se basa en procesos de degradación ambiental y desigualdad territorial, que han explotado crecientemente en conflictos sociales como los ocurridos en mayo de 2016 en Chiloé o la crisis del virus ISA en 2008.

Cada uno de ellos ha obligado a la industria y a la institucionalidad a definir nuevas reglas del juego, en cuanto a modificaciones reglamentarias que tienen un carácter reactivo más que proactivo. La industria es cada vez más consciente de la importancia de una buena carta de presentación ambiental y social en mercados globales, y ha iniciado esfuerzos por avanzar en esta dirección, participando del Global Salmon Initiative (GSI), el sistema de certificación ASC, y, más recientemente, ha mostrado interés por implementar modelos de economía circular.

Por un lado, estas iniciativas son relevantes para la inserción de la industria en el actual contexto social y político del país, a partir del estallido social y, por otro lado, para recuperar la alicaída valorización del salmón chileno en el mercado extranjero producto de su reputación (Irarrázaval y Bustos, 2019). Por este motivo, las medidas que se tomen en cuanto a los escapes de salmones marcarán el sello que, tanto el Estado como la industria quieran darle a ese camino.

En una columna de 2016, argumentamos que en base a la desarticulación territorial de la industria yacía una profunda desconfianza de la comunidad hacia la industria y el Estado, aprendida de acciones y omisiones de ambos actores en sus roles de promotores del desarrollo local, fiscalización y trato digno. Los escapes y las mortalidades masivas que ha experimentado la industria en los últimos años, así como los escándalos de alteración de la información en los reportes de mortalidades, refuerzan esa ceguera, tanto del Estado como de la industria para entender el problema desde la perspectiva de los actores locales, quienes demandan transparencia y trazabilidad de la información.

En este sentido, es fundamental una política que considere la perspectiva de las comunidades y esté en diálogo con instrumentos de planificación territorial, para lo cual son esenciales medidas relativas a al acceso oportuno a la información, y promuevan legitimidad de los mecanismos de toma de decisiones.

La disponibilidad de información oportuna debe ser tanto de forma como de fondo (por ejemplo, un sistema de registro de fácil acceso, que sea público, independiente y estandarizado). Adicionalmente, es clave contar con información actualizada para la anticipación de eventos climáticos, lo que es de central importancia para tomar decisiones oportunas y a tiempo durante eventos como escapes, en los que la velocidad de la decisión puede hacer la diferencia entre contención o desastre ambiental. Ello implica que, tanto los espacios como los actores que toman las decisiones deben ser conocidos con antelación, y en ellos debe estar incluida la participación de representantes de la comunidad local y científica, considerando mecanismos para suplir la asimetría en acceso y comprensión de la información relativa a los efectos de las decisiones sobre ecosistemas y comunidades afectadas.

En este sentido, la disponibilidad de información científica y capital humano para establecer los efectos ambientales y sociales de la industria, debiese ser la piedra angular de la futura regulación. Por este motivo, una meta realizable para el legislador y la industria debiese centrarse en generar sistemas de planificación, sobre todo en cuanto al ciclo de vida acuícola, basado en el principio precautorio y la claridad en las responsabilidades legales. Esto debiese ser un consenso de todos los actores de la industria, quienes ya han dado señales de promover una política acuícola basada en la sustentabilidad y que ahora, es necesario poner en práctica.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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