Carta abierta al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos

Chile ha vivido en los últimos meses una manifestación palpable del desgaste de la ciudadanía con un sistema económico y político que ha sido esquivo con asegurar los derechos para amplios sectores de la población: la vulnerabilidad social en que se encuentran con trabajos precarios o precarizados y relaciones de trabajo informales es una muestra de ello, otra es que, muchas veces el trabajo a cuenta propia –o emprendimiento- sin mayor red de seguridad social es otra forma de auto-engañarnos sobre la precariedad.

El INDH está, en este contexto, desafiado a cumplir su mandato en medio de distintas fracturas que han dividido y siguen dividiendo la sociedad. Por una parte, la degradación de la convivencia social, que ha encontrado su más visible expresión en la violencia por individuos y grupos, por un lado, y por los excesos en el uso de la fuerza pública, particularmente entre octubre y enero. Esta degradación de la convivencia, especialmente el uso desproporcional de la fuerza, ya había sido evidenciada en distintos territorios a lo largo del país, como en la Araucanía, o en barrios tomados por el narcotráfico. Así, a la percepción de falta de legitimidad de los actores políticos, se sumó a un escenario de graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Por otra parte, y como les hiciéramos saber en su momento, el estallido muestra la evidente vinculación de las demandas sociales con los derechos sociales consagrados particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que Chile es parte, y como hemos venido relevando como Centro de Derechos Humanos, estas son violaciones estructurales que tienen arraigo histórico y son discriminatorias, principalmente, por la injusticia en relación al acceso y la garantía de los derechos que depende de cuánto se puede pagar por el ejercicio de éstos. En la pandemia del COVID-19, la crudeza de la desigualdad queda una vez más al descubierto, sin necesidad de esperar manifestaciones violentas o pacíficas como las presenciadas a inicios de la semana. Al mismo tiempo, algunas decisiones del regulador han apuntado a superar la histórica desigualdad, al obligar, por ejemplo, al sistema privado de salud a participar significativamente en la respuesta a la crisis.

Todo lo anterior se suma a la historia de las violaciones a los derechos humanos, perpetradas en forma sistemática por agentes del Estado en Chile durante la dictadura, no son una historia de la que aún nos hayamos recuperado como sociedad. Las heridas no cierran por arte de magia, sino que requieren acciones positivas a través de la verdad y la justicia.

Ambos temas son parte del compromiso de una sociedad más democrática que buscó reconstruirse después de la dictadura y crear una institucionalidad fuerte y autónoma para la tarea de promover y colaborar en el aseguramiento del goce y ejercicio de derechos. El INDH es una institución que fue creada con la aspiración de cumplir ese papel.

Sin embargo, la institución ha mostrado las mismas fracturas que presenta nuestro sistema político y se refleja en un entendimiento fraccionado de los derechos humanos, el rol que le compete al INDH en su rol de promoción y protección, la justificación de las violaciones a esos derechos en diversos contextos. Si bien una institución deliberante como el Consejo no necesita ni debiera mostrar unanimidad en todas las decisiones, hay algunos mínimos que se derivan de su mandato, no son sujetos a la deliberación, y permiten un consenso mínimo para ejercer, justamente, este mismo mandato.

Hemos visto con preocupación la distancia que, en ocasiones, algunos miembros del Consejo han tomado respecto de las interpretaciones realizadas por los órganos de tratados de derechos humanos que Chile está jurídicamente obligado a implementar. Es el INDH que debe, por mandato, promover el respeto y garantía de estos tratados, y debiera, por lo menos, justificar públicamente cuando decidiera no promover alguna de sus recomendaciones. Más allá de arriesgar a Chile al incumplimiento de una obligación de tratado, incumpliría con la buena fe exigida por el derecho internacional. De la misma manera, hemos observado con sorpresa las opiniones que consideraban innecesaria una visita de la Comisión Interamericana de DD.HH. por los hechos ocurridos desde octubre del año pasado. Ejemplos como estos muestran la envergadura del dilema en que se encuentra la institución de acometerse a su tarea o convertirse en una institución irrelevante.

En la medida en que no exista un ánimo de contar con miradas comunes basadas en el propio sistema internacional de los derechos humanos, será difícil para la institución salir de esta crisis.

Los consejeros y consejeras, elegidas o nombradas, deben tener como foco una comprensión cabal de las obligaciones de Chile, y no la búsqueda de responder a los intereses individuales o sectoriales de quienes fueron los gestores de su nombramiento. Si cada uno de los miembros del Consejo declara un compromiso irrestricto al respeto de los derechos humanos en este sentido y vele a que su quehacer responda a ese objetivo, la institución será capaz de salir adelante. Lo que se vive al interior de la institución no sólo la desprestigia, sino que debilita el avance logrado en la creación de una institucionalidad protectora de los derechos de todos y ciertamente compromete la confianza que la sociedad, y especialmente, los y las usuarios/as le tienen al INDH, e incluso, arriesga extenderse a sus trabajadores y trabajadoras quienes han estado expuestos y expuestas en la defensa de los derechos humanos. En seguida, compromete la legitimidad de la institución que el país tanto requiere para evitar que todos los conflictos de derechos humanos se internacionalicen. Es la tarea del actual Consejo dialogar con seriedad sobre el rol que les corresponde, de otra manera habrán renunciado a defender la institucionalidad y, de paso, a los derechos humanos.