Suspensión de pago en cuentas de luz: cooperativas eléctricas rurales apoyan ampliar beneficio hacia la clase media

El gobierno anunció la suspensión del cobro de las cuentas de luz durante tres meses para el 40% más pobre del país, las que se pagarán después en 12 cuotas. La iniciativa busca mitigar los efectos del Covid-19 en la economía doméstica, pero puede afectar a 160 mil familias de sectores rurales vulnerables. Las cooperativas eléctricas que las atienden acusan que las generadoras igual les cobrarán cada mes por la energía, sin darles facilidades, lo que puede llevarlas a la quiebra. Apoyan un proyecto de ley que salva ese punto y, además, amplía el beneficio de los tres meses de gracia hacia la clase media: desempleados, adultos mayores y trabajadores independientes.

Unas 160 mil familias de zonas rurales corren riesgo de quedarse sin suministro eléctrico si se concreta el acuerdo entre el gobierno y las principales empresas de energía destinado a suspender el cobro de tres meses de las cuentas de luz. Así lo señalan representantes de las cooperativas de distribución eléctrica que atienden a esas comunidades rurales. La iniciativa, originalmente diseñada para ayudar al 40% más pobre del país a mitigar los graves problemas económicos que provoca la pandemia, podría generar un efecto adverso para miles de personas vulnerables que viven en el campo y que son atendidas por estas cooperativas.

¿Cómo una medida inicialmente pensada para favorecer a los más pobres, podría terminar perjudicando a un amplio sector de estas familias que viven en zonas rurales? Porque las cooperativas estarán obligadas a conceder el beneficio de suspender el cobro a sus clientes más vulnerables durante tres meses, los que después de ese periodo podrán pagar en 12 cuotas –que se sumaran a sus futuras cuentas­– lo que no cancelaron en ese trimestre de gracia. Pero, hasta el momento, las grandes empresas generadoras –como Enel, AES Gener y Colbún–, no le van a dar esa facilidad de pago a las cooperativas, las que tendrán que cancelarles la energía de manera normal cada mes. Y si se atrasan se les cobrarán intereses y multas por mora.

Las pequeñas distribuidoras rurales no tienen espalda financiera para hacer ese gasto y dicen que, de prosperar el acuerdo entre el gobierno y las generadoras, tal como está, podrían cesar sus operaciones.

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El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas (Fenacopel), Eric Ebner, resume el problema: “Nuestro primer objetivo es que toda la cadena eléctrica, los generadores, transmisores y distribuidores, contribuyamos igual. Y no debe haber excepción. Pero las generadoras no quieren contribuir, porque dicen que ya se pusieron con el acuerdo con el gobierno, pero ellos tienen más espalda y fuerza que nosotros. Obviamente, ellos nos están diciendo que tenemos que pagarles por contrato y que, si nos atrasamos en eso, debemos pagar intereses y multas”.

Las palabras de Ebner adquieren urgencia al mirar el estado financiero de las empresas que representa. Según el propio presidente de Fenacopel, el balance interno indica que ya han disminuido sus ingresos en un 36% y que para mayo entrarían en deuda con las generadoras, quienes por contrato pueden aplicarles multas por esa situación.

Frente a este cuadro, las cooperativas están apoyando un proyecto de ley presentado por varios parlamentarios –que refundió cinco iniciativas similares en el Congreso– que no solo podría destrabar este problema, sino que también extendería hacia la clase media el beneficio de los tres meses de gracia. Esto porque además del 40% más pobre del país, incorporaría a otras familias golpeadas por la pandemia: personas que activaron su seguro de cesantía, empleados que tengan suspendida su relación laboral o que hayan reducido su jornada, adultos mayores y trabajadores independientes que sufrieron una merma en sus ingresos.

EL PROYECTO QUE SUMA A LA CLASE MEDIA

El pacto entre las empresas eléctricas y el gobierno fue anunciado por el presidente Sebastián Piñera el 27 de marzo, cuando indicó que, gracias a un “acuerdo con las empresas distribuidoras de electricidad”, todos los montos impagos que se produzcan durante el Estado de Catástrofe serán prorrateados en los 12 meses siguientes, mediante cuotas sin multas ni intereses. En simple, esto quiere decir que si usted no pudo pagar la cuenta de la luz, y pertenece al 40% más vulnerable de la cartera de clientes de la industria –de acuerdo con el Registro Social de Hogares–, podrá pagar el total acumulado dentro de un año. Adicionalmente, el Ejecutivo anunció que no se podrá cortar la electricidad en caso de mora. El plan también favorece a adultos mayores y a quienes perdieron su empleo por la emergencia sanitaria.

En cálculos del gobierno, estas medidas favorecerán a tres millones de familias. Si bien se plegaron al plan, las cooperativas eléctricas de zonas rurales señalan que generará un grave problema en caso de que no se comprometan todos los actores en la cadena de pagos. En concreto, apuntan a que las generadoras eléctricas les deben ofrecer facilidades de pago, para que el proyecto del gobierno sea viable y no termine con su insolvencia financiera.

El miércoles 18 de marzo, 11 días antes del anuncio de Piñera, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que, entre otras materias, plantea una solución a la inquietud de las cooperativas. Se trata de una propuesta que busca “disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad” (encuentre los informes del proyecto aquí).

La iniciativa se refundió con otras cinco propuestas que abordan el mismo tema, las que en total están firmadas por seis parlamentarios de oposición y cuatro de gobierno. Inicialmente, el debate fue monopolizado por una indicación incorporada por diputados comunistas que buscaba que los tres meses fueran gratuitos, sin pago posterior prorrateado en cuotas. Eso fue rechazado por toda la industria, incluyendo las cooperativas rurales, que indicaron a CIPER que si ya están en aprietos con el aplazamiento del pago, la gratuidad sencillamente pulverizaría su caja. Esa indicación no prosperó.

El proyecto de ley que respaldan las cooperativas eléctricas busca implementar lo mismo que ya anunció el gobierno, pero señala que mientras dure el Estado de Catástrofe las generadoras también deberán prorratear el cobro a las distribuidoras rurales que concederán el beneficio a sus clientes. Y allí radica la principal diferencia con el acuerdo del gobierno, pues este proyecto le raya la cancha a las compañías de generación eléctrica para que también flexibilicen su posición en el contexto de la pandemia:

“Con todo, el pago de las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas de distribución a las empresas generadoras y transmisoras deberá ser devengado una vez levantado el estado de excepción a prorrata de igual cantidad de meses que este haya durado, con un mínimo de tres meses, sin multas ni intereses”, dice el proyecto.

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Una de las impulsoras de esta iniciativa es la diputada Joanna Pérez (DC), quien dijo a CIPER: “Las cooperativas nos dijeron que querían estar (incluidas en la medida que otorga el beneficio a los usuarios), pero pedían traspasar los gastos a toda la cadena de pago y generamos una indicación que se aprobó”.

Respecto a la postura de las generadoras, Pérez acota que “ellas ya dijeron que no están dispuestas a ceder. Estuvieron presente por videoconferencia en una sesión de la Comisión de Economía que duró siete horas. Y ahí lo dijo el coordinador nacional de las generadoras”.

La diputada se refiere al presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, quien durante la sesión del 9 de abril manifestó que “las medidas ya están siendo implementadas por las empresas. Aseguran el no corte del servicio, permite la prorrogación de las deudas y los pagos y generan una amplia cobertura beneficiaria”, confirmando que para las generadoras el acuerdo pactado con el gobierno marca su límite de acción. Consultado por las garantías que podría ofrecer su sector a una distribuidora que, por acogerse a otorgar el beneficio, se atrase en el pago a las generadoras, Seebach respondió que dicha relación seguirá rigiéndose por el contrato habitual, que contempla multas en caso de moras.

Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara Baja el pasado miércoles 15 de abril y pasó al Senado, que repasará la iniciativa durante la próxima semana.

Aunque tienen diferencias con algunos aspectos del proyecto, en la discusión los diputados Andrés Longton y Francisco Eguiguren (ambos de RN) rescataron que la iniciativa considere un espectro de la población más amplio que solo el 40% más vulnerable de los clientes.

En el debate, el único parlamentario que abordó el tema entre las distribuidoras rurales y las generadoras fue Jorge Sabag (DC), quien destacó que las cooperativas eléctricas sí han estado dispuestas a dar el beneficio: “La piedra de tope aquí han sido las empresas generadoras, que aun habiendo tenido grandes utilidades en el pasado, no han querido ceder un ápice, puesto que las cooperativas o distribuidoras pueden dar un beneficio pero igualmente a fin de mes las generadoras les van a pasar la factura. En ese sentido, valoro que en este proyecto se haya incluido, a petición de muchos parlamentarios, que las generadoras también estarán obligadas a posponer este pago”.

RIESGO DE QUIEBRA

El acuerdo anunciado por el Ejecutivo el 27 de marzo no contempla un mecanismo para que las generadoras flexibilicen el cobro a las cooperativas eléctricas. Esto quiere decir que las distribuidoras de zonas rurales ya están otorgando el beneficio a sus clientes más vulnerables y, en paralelo, las compañías generadoras les siguen cobrando sin considerar la baja en sus ingresos. El plan anunciado por el Presidente Piñera no obliga a las generadoras a dar facilidades a las pequeñas distribuidoras rurales, y, al menos hasta el momento, las generadoras no se moverán de ese marco.

En el gobierno dijeron a CIPER que la posición de las generadoras ha sido diversa: algunas se han abierto al debate mientras otras no quieren moverse en la dirección de conceder facilidades a las distribuidoras que pueden enfrentar problemas por sumarse al plan.

En todo caso, hay un punto del proyecto de ley que el gobierno critica: la iniciativa permitiría a las cooperativas más pequeñas (con menos de 12 mil clientes) no otorgar el beneficio de los tres meses de suspensión. Eso podría dejar fuera a muchas familias vulnerables, algo que La Moneda no acepta. Las cooperativas que están en ese rango han dicho que desean conceder el beneficio, pero que necesitan que las generadoras les den, a su vez, facilidades de pago. Es precisamente en ese punto que el gobierno no ha encontrado una respuesta favorable de las generadoras.

“Estamos preocupados porque vamos a tener 15 meses con menos recaudación de lo normal, porque los primeros tres meses no vamos a poder cobrar”, señala el presidente de Fenacopel, Eric Ebner. Agrega que las cooperativas están en riesgo de quebrar, lo que podría dejar a cerca de 160 mil familias sin suministro.

CIPER se contactó con la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores para conocer su postura, pero declinaron referirse al tema mientras esté siendo tramitado por el Congreso. También se enviaron consultas a la Asociación Gremial de Generadoras de Chile –que reúne a las compañías más grandes del rubro, como AES Gener, Colbun y Enel–, pero no hubo respuesta.