Los complicados conflictos de interés que enfrenta el nuevo Fiscal Nacional Económico
01.04.2010
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01.04.2010
Felipe Irarrázabal asume con la misión de velar por la libre competencia en los mercados. Hasta ahora era abogado de importantes empresas cuestionadas en casos de colusión, competencia desleal o abusos de posición dominante, lo que le generará conflictos de interés que deberá resolver en sus nuevas tareas. Socio del estudio Philippi, que representa causas emblemáticas para la Fiscalía Nacional Económica, deberá abstenerse en varias de ellas.
Abogado de la Universidad de Chile, master en Yale y experto en libre competencia es el nuevo Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal Philippi. Aunque sumirá como suplente mientras el Sistema de Alta Dirección Pública define el nombre del titular –que probablemente sea él mismo– su trayectoria profesional lo expone a importantes conflictos de interés. Y ello porque Irarrázabal es socio de uno de los más importantes estudios jurídicos del país, Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner, el que ha representado a empresas en causas emblemáticas para la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la mayor parte de ellas a cargo del nuevo fiscal.
Cencosud, Kaufmann y el controlador de VTR, John Malone, figuran entre sus clientes cuestionados por la FNE y a quienes ha defendido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Como comenta un abogado que destaca el profesionalismo de Irarrázabal, el problema no es que tenga conflictos de interés, lo importante es cómo los resolverá. A su juicio, no se trata de un tema ético, sino que práctico: tendrá que inhabilitarse en demasiados casos.
La Ley de Bases de Procedimiento Administrativo consagra el principio de abstención, que le impide intervenir en asuntos que tengan relación con quienes ha prestado servicios profesionales en los últimos dos años. El profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero, explica que el alcance de la norma lo obliga a salir de toda la línea de información y conocimiento de asuntos en los que debe abstenerse.
El profesional agrega que también le son aplicables ciertas disposiciones de la Ley de Probidad que le impiden intervenir en asuntos en los que él o sus familiares tengan interés. Esto, debido a que aún si el nuevo fiscal vende su participación en el estudio Philippi, su padre Jaime Irarrázabal también es abogado fundador y consejero del mismo, lo que sitúa además al bufete en una compleja situación.
El estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner ya tiene tres de sus socios en importantes tareas del nuevo gobierno. A Felipe Irarrázabal se agregan los abogados Germán Subercaseaux, quien asumió como jefe de gabinete del ministro de Justicia Felipe Bulnes; y Ricardo Irarrázabal, asesor del ministerio del Medio Ambiente.
En entrevista con La Segunda, el fiscal anunció que se abstendrá de conocer los casos que le ha tocado conocer, pero dijo no sentirse inhabilitado en la acusación de colusión contra las cadenas de farmacia, pese a que su estudio representa al dueño de FASA, José Codner, en juicios derivados de la investigación de la FNE. Irarrázabal dijo estar preocupado también por el respeto del secreto profesional respecto de sus antiguos clientes y anunció una guía interna sobre estas materias.
Irarrázabal solía llevar casos de empresas en conjunto con Ramiro Mendoza, quien dejó el estudio al asumir como contralor. Quienes conocen a Mendoza comentan que desde que asumió ese cargo se ha inhabilitado de ver temas que de alguna forma involucran a ex clientes. Y subrayan que, a diferencia de la FNE, cuya función es supervigilar al sector privado, en la Contraloría el grueso del trabajo está relacionado con el sector público.
La institucionalidad de la FNE fue reforzada recientemente y cuenta con poderosas herramientas para su acción fiscalizadora, como la delación compensada o la facultad de requisar documentos en recintos privados. Hasta ahora el nuevo fiscal ha estado al otro lado del escritorio, defendiendo a quienes la FNE ha acusado de colusión, de concentrar el mercado o de otras faltas que afecten la libre competencia.
-Si estás con las responsabilidades del fiscal nacional, tienes que tirarte contra los grandes grupos económicos. Y aunque Felipe sabe mucho del tema, sus conflictos de interés no lo hacen la persona ideal para el cargo -opina un abogado que ha trabajado con Irarrázabal.
Otro abogado del área comenta que, considerando que el gobierno tiene una mirada más empresarial y ya había decidido que el fiscal saldría de entre los defensores de privados en casos de libre competencia, el nombre de Irarrázabal es el mejor del mercado:
-Soy muy crítico de los conflictos de interés que se han generado en las designaciones de este gobierno, pero me tranquiliza Felipe, porque no es un liberal a ultranza, tiene mirada de política pública y entiende que hay cosas que hay que regular. De todos los nombres que sonaban, es lejos el más serio.
Una de las últimas actuaciones de Felipe Irarrázabal ante el TDLC fue a fines de enero pasado, en representación de John Malone, el dueño de Liberty, la empresa controladora de VTR. La FNE presentó un requerimiento en su contra debido a que habría incumplido con las condiciones que se le impusieron para su fusión con Metropolis, luego de que en Estados Unidos Liberty comprara la matriz de Direct TV, afectando indirectamente la concentración del mercado chileno. En ese caso, Irarrázabal argumentó que el TDLC no tiene jurisdicción para juzgar transacciones materializadas fuera de Chile.
Pero sin duda el cliente más emblemático de Irarrázabal es Cencosud, la matriz con la que el empresario Horst Paulmann controla los supermercados Jumbo, Santa Isabel, la multitienda Paris y también Easy. Como abogado del grupo, él encabezó el duro proceso que enfrentó la supermercadista por abuso en contra de sus proveedores y también la famosa “guerra del Plasma”, en la que él representaba a Paris y el actual ministro de Justicia, Felipe Bulnes, a Falabella, ambos acusados de colusión.
El estudio Philippi asesora a Cencosud en distintas materias legales y no sólo de libre competencia. Además, sobre el sector de supermercados, la FNE ha puesto duras reglas para evitar la concentración, lo que seguramente hará que tenga que enfrentarse con cierta frecuencia a este tipo de problemas.
Entre los casos aún abiertos en el TDLC, Irarrázabal participa en la defensa del director de la Asociación Chilena de Publicidad (AChAP), Rodrigo Fontaine Cox. A juicio de la FNE, las agencias se coludieron para hacer fracasar licitaciones de servicios de publicidad.
También representa a la empresa Kaufmann S.A. Vehículos Motorizados, cuestionada por la FNE porque se habría coludido con otros proveedores en una millonaria licitación de ambulancias de la Central Nacional de Abstecimiento (Cenabast).
Aunque hay quienes creen que se requiere de alguien más ejecutivo y duro para liderar la FNE, el abogado Felipe Irarrázabal es bastante querido y respetado por sus pares. Incluso un ex abogado de la fiscalía destaca que, más allá de los problemas de conflicto de interés, es primera vez que el cargo es ocupado por un experto en libre competencia. Actualmente es académico en postgrados en esa área de las universidades Católica y del Desarrollo.
El nuevo fiscal nacional es hijo de Cecilia Philippi, hermana del ex presidente de la Sofofa Bruno Philippi y de María Isabel Philippi, la esposa del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet. Aunque es claro que proviene de un mundo de derecha, sus colegas aseguran que el fiscal no se caracteriza particularmente por ese perfil, sino más bien por ser un liberal de mente abierta.
De hecho, la única actividad profesional mencionada en su currículo es haber sido asesor del Ministerio de Educación y del Consejo Superior de Educación durante el gobierno de Eduardo Frei (1994-1996).