El débil castigo a la corrupción es una de las causas de la indignación ciudadana contra la elite económica y política. Un estudio comparado realizado por Espacio Público y que examinó cinco escandalosos casos de corrupción (entre ellos Penta y SQM), muestra que los condenados, salvo un caso, no pagaron nunca con privación de libertad. Los autores de esta columna sugieren que el problema está en que Policías, Ministerio Público y Poder Judicial carecen de la especialización necesaria. Y destacan también problemas en la independencia del Ministerio Público y Poder Judicial, “derivados del sistema de nombramiento de sus más altas autoridades”.
En los últimos años en nuestro país han salido a la luz diversos escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados empresarios, autoridades e incluso miembros del Congreso en ejercicio, debiendo el Sistema de Justicia Penal tomar conocimiento de los mismos. Las respuestas del sistema han sido entendidas por amplios sectores de la población como insuficientes, lo que ha generado una importante sensación de impunidad y descontento por el tratamiento diferenciado que este tipo de criminalidad tendría respecto a otros delitos comunes.
Reconociendo el fundamental rol que los sistemas de justicia penal juegan en la persecución y sanción de casos de corrupción, Espacio Público desarrolló una investigación en cuatro países de la región (Argentina, Brasil, Chile y Guatemala) destinada a estudiar las respuestas que en América Latina estos han entregado, determinando cuáles son las variables que obstaculizaron o facilitaron la persecución y sanción de estos hechos.
Los resultados de investigación contenidos en el informe sobre Chile, que ha sido recientemente publicado, muestran efectivamente dificultades importantes en esta labor. En efecto, del estudio de cinco casos de corrupción paradigmáticos ocurridos en nuestro país (Penta, SQM, Corpesca, Fragatas y Basura), se observó que solo una de las sentencias condenatorias dictadas fue de cumplimiento efectivo. Ella, a su vez, representa la única sentencia condenatoria que se ha dictado en un juicio oral ordinario en el país. Todas las demás fueron obtenidas por medio de procedimientos negociados entre el Ministerio Público e imputados.
Luego, respecto a los factores que podrían influir en las débiles respuestas entregadas, la investigación determinó que existen una serie de dificultades asociadas tanto al diseño institucional de los órganos encargados de investigar y juzgar estos hechos, como al normativo. Respecto a lo institucional, se advirtió que ni Policías, ni Ministerio Público ni Poder Judicial, cuentan con los niveles de especialización necesarias para hacerse cargo de manera efectiva de las labores encomendadas. Además, tratándose de Ministerio Público y Poder Judicial, se observaron desafíos relevantes en materia de independencia, derivados en su mayoría del sistema de nombramiento de sus más altas autoridades.
En cuanto al diseño normativo, la legislación vigente no contempla un conjunto de herramientas que la experiencia comparada indica favorecen la investigación y persecución de los casos de corrupción, tales como un sistema robusto de protección de testigos, una regulación adecuada de la cooperación eficaz, regulaciones especiales sobre reserva de investigaciones y la disponibilidad de herramientas especiales de investigación (interceptaciones telefónicas, agentes encubiertos, informantes, etc.), muchas de las cuáles hoy día se contemplan no sólo respecto en delitos que revisten cierta complejidad, como ocurre con la Ley N°20.000 que sanciona el tráfico de drogas, sino que incluso en delitos comunes, como los contra la propiedad. En consecuencia, paradojalmente a pesar de la gravedad de estos delitos, nuestro sistema legal le entrega menos herramientas para favorecer su persecución que en ciertos delitos comunes.
Invitamos a leer los resultados de la investigación e iniciar una reflexión y debate para introducir mejoras al Sistema de Justicia Penal que hasta la fecha no han sido objeto prioritario de atención y que, según muestran nuestros hallazgos, debieran ser claves si queremos enfrentar a los delitos de corrupción de manera efectiva.
LOS CINCO CASOS DE CORRUPCIÓN ESTUDIADOS
Los casos de corrupción con los que se hace el estudio son: los casos Fragatas, Basura, Corpesca, Penta y Soquimich (SQM). El primero involucró al Ejército de Chile, respecto de entrega de información privilegiada a empresas proveedoras de material bélico, pago de coimas y lavado de activos. En el segundo se investigó a alcaldes y funcionarios de cuatro comunas de Santiago por la supuesta entrega de dineros de empresas privadas de basura a cambio de ser favorecidos en licitaciones en las que participaron, así como la emisión de boletas por servicios que nunca se prestaron. En el tercer caso, por pagos indebidos de la empresa Corpesca a parlamentarios y un ministro de Estado con el propósito de influir en la discusión del proyecto de ley de pesca; también se investigaron situaciones de fraude al fisco por parte de un senador y sus colaboradores. Por último, en los casos Penta y SQM se investigaron distintas irregularidades, como el financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de grupos empresariales a través de boletas ideológicamente falsas, lo que a su vez implica la comisión de delitos tributarios; hechos de soborno, cohecho y enriquecimiento ilícito. Estos casos fueron seleccionados en diciembre de 2018, por tanto, los escándalos de corrupción que se dieron a conocer con posterioridad o que a la fecha de la selección se encontraban en una etapa demasiado inicial, no fueron considerados.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
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CONTENIDO DESTACADO
Caso Convenios en La Araucanía: director de Fundación Local reconoció a la fiscalía que la ONG fue creada por estrecho asesor del gobernador Rivas
Las instituciones públicas, son lentísimas e ineficientes, PDI, carabineros, fiscales, etc..
Tienen una preparación penosa, que no pasa más allá de un bonito uniforme.
Si lo estafan en chile, no tendrá justicia, la PDI no investiga solo entrega informes que tergiversan los hechos de las declaraciones, con el fin de cerrar rápido los casos.
Así que si es pobre nada que hacer. NO EXISTE LA JUSTICIA EN CHILE.
Ignacio Aranguiz | 11.01.2024
Más que un comentario,l, es una pregunta!
Donde se puede encontrar ayuda o se denuncian , las injusticias, y similares situaciones ?
Quien se ofrece personalmente, en un riesgo a increpar , estás situaciones, , cómo se denuncia en forma (, cual sea) , que organismo , sabiendo que en estas practis , sus políticas son a favor de estas situaciones.
Algún organismo , avituallamiento rápido? , si en forma las personas que se han dado por pensar, , se verá afectada?
Que tipo de protección se podría pensar que se genere.!!
Doris | 10.07.2022
Hola. Me gustaría comparar legislación norteamericana de desempeño de los fiscales que son elegidos democraticamente y por mérito de haber tenido excelente desempeño en casos emblemáticos. Aquí los abogados por problemas formativos, no sé que tanto de las universidades o valóricos de la familia...Los abogados chilenos, en general son.pocos empáticos con.las víctimas y algunos hasta flojos y negligentes en el trabajo que desarrollan en las fiscalías porque no serán echados y se defienden entre ellos, peor que mafiosos.. porque saben que no serán sancionados o ascendidos por resolver delitos. No hay incentivos por resolver crímenes, da exactamente igual y ahí está el problema. En USA en cambio les vale un ascenso y felicitaciones por su buen.manejo en un caso.
Sr. Pfeiffer | 15.04.2020
El que nada hace nada teme...
Virginie | 13.03.2020
Excelente trabajo, tanto el tema como la investigación.
¡Ojo! Hay un error en los documentos "enlazados":
--> Ver el informe en este link
--> Ver el estudio en Espacio Público
Los dos enlaces abren el mismo documento, el informe final sobre Chile. No se puede acceder a texto del Estudio comparado con los 4 países.
Saludos cordiales
ignacio | 11.03.2020
3 puntos:
1. el código penal chileno es de 1870 y no está a la altura de lo que demanda la sociedad actual
2. En el caso de financiamiento de la política (raspadito de olla incluido) se cambió a los fiscales para detener la investigación. Como eso no funcionó, se cambió a la cabeza del SII y se detuvo los delitos más graves. Pero la guinda d ela torta fue el cambio del fiscal nacional, con lo que el congreso (y todos los políticos) se aseguraron de enterrar este caso para siempre.
3. El caso Cascadas (Ponce Lerou y SQM) fue la estafa más grande en la hgistoria de Chile y el autor de dichos delitos (y muchos otros) ni siquiera fue a tribunales. Si eso no es privilegios especiales, no sé cómo llamarlo.
Por último, a las injusticias del sistema penal, hay que agregar la distribución de la riqueza, que según creo, es el motor de lo que vivimos hoy.
Socio/a 4 años
