“Para comprender la violencia física resulta relevante reflexionar sobre las múltiples formas que la violencia puede adoptar. Me refiero a la violencia sistemática, económica o simbólica, así como a los abusos, vulneraciones y desigualdades. Sin ellas, resultará difícil entender el estallido social, así como buscar soluciones al conflicto que no impliquen el aumento exponencial de la represión estatal”. Una columna de opinión de Mónica Gerber para CIPER/Académico.
La historia nos ha mostrado una y otra vez que la violencia es parte integral de las relaciones sociales: las personas usan la violencia para resolver conflictos, intentar cambiar el orden social o controlar a determinados sectores de la población. Chile no es la excepción: durante los últimos tres meses la violencia física ha sido frecuentemente la respuesta tanto de manifestantes como de las fuerzas del orden.
Para comprender esa violencia física resulta relevante partir por reflexionar sobre las múltiples formas que la violencia puede adoptar, la mayoría de las cuales no son necesariamente manifiestas ni requieren del uso de la fuerza física. Me refiero aquí a la violencia sistemática, económica o simbólica, así como a los abusos, vulneraciones y desigualdades, formas de violencia que tienden a ser naturalizadas a pesar de tener efectos sumamente perjudiciales para las personas. Sin atender a estas múltiples formas de violencia, resultará difícil entender el estallido social, así como buscar soluciones al conflicto que no impliquen el aumento exponencial de la represión estatal.
Cuando las personas hablan de violencia frecuentemente se refieren a situaciones en las que la fuerza física es utilizada para dañar a personas u objetos físicos (Aróstegui, 1994; Buffacchi, 2005). Durante las últimas décadas en Chile, la violencia ha sido frecuentemente considerada como un sinónimo de delincuencia y, específicamente, de delitos de mayor connotación social, como los delitos violentos o los delitos contra la propiedad. También han sido tildados de violentos actos de reivindicación de derechos por parte de distintas minorías, frecuentemente minorías étnicas, o los daños generados en contextos de movilizaciones.
“Desde una mirada a medias, limitada a detener violencia con más violencia, no solamente se hace vista ciega a aquello que está a la base del conflicto, sino que también se apaga el fuego con bencina”.
La solución propuesta desde distintos gobiernos ha apelado -en mayor o menor medida- a la mano dura y a la represión policial. Desde esta perspectiva, el accionar de las fuerzas del orden es justificado como un “mal necesario” para restaurar un orden social inicialmente dañado por la violencia ejercida por delincuentes, activistas o manifestantes (bajo el lema de “ellos comenzaron”).
En esta misma línea, estos últimos tres meses Chile ha vivido violencias que van desde los grafitis y el destrozo de monumentos hasta saqueos e incendios intencionales de edificios y estaciones de metro. Según datos del Ministerio Público, desde el 18/O más de 22 mil personas han sido detenidas y más de 1.300 han sido imputadas por saqueos, daños e incendios (ver nota de Bío Bío).
La respuesta a esta violencia también ha sido violenta y, nuevamente, justificada en términos del “mal necesario”: la respuesta del gobierno ha ido desde el toque de queda hasta la lesión, ceguera y muerte de manifestantes. Si bien resulta difícil conocer el número exacto de personas que han sufrido daño físico como producto del enfrentamiento con las fuerzas policiales, el INDH reporta que 405 personas han sufrido traumas oculares, 1.624 han sido heridas por disparos con perdigones y 253 personas han sufrido heridas por lacrimógena. A su vez, la misma institución reporta haber presentado más de mil acciones judiciales por torturas y tratos crueles, violencia sexual y uso excesivo de la fuerza (ver informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2020).
Desde el Legislativo no se han quedado atrás, aprobando medidas punitivas como el proyecto de Ley Antisaqueos y Antibarricadas, el cual aumenta las sanciones a los desórdenes en la vía pública mediante barricadas, así como a los saqueos y a la alteración del orden. Asimismo, en 45 casos el Gobierno ha invocado la Ley de Seguridad del Estado. La mano dura y la represión del estado, por su parte, han motivado respuestas más violentas por parte de manifestantes y, así, el círculo vicioso se perpetúa.
Pero esta es solamente la mitad de la historia: esta mirada pasa por alto que la violencia no puede ser limitada al uso de la fuerza física (Aróstegui, 1994; Buffacchi, 2005), que una parte importante de la violencia es naturalizada y que, en muchos casos, no es siquiera visible para quienes la sufren (Bourdieu & Wacquant, 1995).
Desde un concepto más amplio de violencia consideramos como violentas todas aquellas situaciones en las que una persona o grupo de personas utilizan su poder -por medio de la fuerza física o de otro recurso- con la intención de dañar a otras personas. El daño no necesariamente es un daño físico -al menos no directamente- sino que puede ser un daño psicológico, económico, entre otros. Un ejemplo de una violencia que va más allá de la agresión física es la violencia sistémica. En palabras de Zizek (2009, p.20) la violencia sistémica corresponde a una “violencia inherente al sistema: no sólo de violencia física directa, sino también de las más sutiles formas de coerción que imponen relaciones de dominación y explotación, incluyendo la amenaza de la violencia”. Así, rápidamente pasamos a considerar que también es violento vivir en un país en el cual algunos grupos son discriminados por ser inmigrantes, mujeres o pobres; en el cual algunas personas tienen menores oportunidades para acceder a salud, educación y hasta a justicia; en el que el abuso – físico o psicológico – es la realidad cotidiana para muchas personas en sus lugares de trabajo o en sus hogares. Es decir, también es violento vivir en un país en el que la dignidad de las personas no es costumbre.
¿Y por qué es importante considerar esta acepción más amplia de la violencia? Primero, por que no resulta posible entender el estallido social si no entendemos primero que estas múltiples formas de violencia han erosionado poco a poco la confianza que los chilenos y las chilenas tienen en que el actual sistema político y económico podrá mejorar la calidad de vida de las personas. En este contexto, las personas ponen en duda la posibilidad de lograr cambios por medios formales y pacíficos, y la violencia emerge como una alternativa desesperada. Segundo, porque resulta imperativo trabajar para reducir estas distintas formas de violencia para solucionar el conflicto (aunque tome décadas). Desde una mirada a medias, limitada a detener violencia con más violencia, no solamente se hace vista ciega a aquello que está a la base del conflicto, sino que también se apaga el fuego con bencina.
Referencias
Aróstegui, J. (1994). Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia. Ayer, (13), 17-55.
Bourdieu, P. y Wacquant, L. (1995). Respuestas. Por una Antropología Reflexiva, Ed. Grijalbo.
Bufacchi, V. (2005). Two concepts of violence. Political Studies Review, 3(2), 193-204.
Gobierno de Chile (2020). Agenda Seguridad y Paz Social. Recuperado el día 20 de enero 2020 desde www.gob.cl/agendaseguridad.
Instituto Nacional de Derechos Humanos (2020). Reporte 15-01-2020. Recuperado de www.indh.cl
Slavoj, Z. (2009). Sobre la violencia: seis reflexiones marginales. Ediciones Paidós.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
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Absurdos comentarios. En Democracia no se justifica la violencia. Eso de violencia " moral " u otro tipo es otro.tema. Se refiere a la violencia física que incendia, destruye, saquea, mata.
Gino Vallega | 28.01.2020
En la biblia dicen que debes poner la otra mejilla pero cuando ya te han "cacheteado" por los cuatro puntos cardinales , deberás "azotar a los mercaderes del templo" como lo muestra la historia de tantos y tantos abusos físicos , económicos y morales como la humillación ,el racismo , el estigma de las clases sociales.La violencia hay que re definirla
para entender las respuestas a ella de una población abusada con impunidad para los abusadores.
Alfredo Ramirez | 26.01.2020
Muy buen artículo, aunque creo que una dimensión visibilizada de manera explícita, tiene que ver con la impunidad, la injusticia o lo que es casi lo mismo.. la justicia tardía que ha operado desde el inicio de la dictadura hasta antes del 18-O. Lo anterior en temas de DDHH, delitos económicos, asociaciones ilícitas, redes de protección e incitación al odio y la intolerancia de parte de sectas asociadas a la iglesia, las Fuerzas Armadas y los partidos políticos.
Tengo la impresión que existe algo que no vemos ni entendemos claramente, y que tiene que ver con la epigenética social, por llamarlo de alguna manera. la historia de muchos y muchas que no están y que ya partieron es historia viva y latente en las nuevas generaciones. No hay que olvidar que posterior al golpe militar en los años setenta existieron y operaron consejos de guerra, ademas de ejecuciones, torturas, extrañamiento e incluso desapariciones.
patricio | 26.01.2020
Mandela? Lo convirtieron en un santo: olvidaron u ocultaron que el CNA tenía un brazo armado. La fuerza es parte de la política y los políticos responsables lo asumen.
Mario Liebsch Tapia | 24.01.2020
Ciertamente, el ser humno, ademas de virtudes tambien ciontinen actos de violencias.....SIN EMBARGO, ademas deben situarse susu accibe en el amparo de alguna indicacion legal de su actuacion, En el caso de Chile, esta aun vigente el Decreto-Ley 1086, dictado por la dictadura desdse 1083, que permite, aun fuera del contexto de derechos internacionales, la aplicacion de carabineros de disolver toda manifectacionm publuica, aun sea de paz, pero que perturbe el ordenamiento publico del transito vehicular o de personas, no autorizado por las autoridades administrativas. El mencionado Decreto-Ley es el procedimiento "legal" con que actua el OS9 de Carabineros.... Aqui hay una falta del Parlamento que mantienen vigente tal decreto-ley y hace que Carabineros actue segun su aislado criterio.... Es necesario formar una Comision Investigadora del Parlamento (Congreso) para revisar toda la legislacion de la Dictadura, aun vigentes y proceder a anularlas definitivamente.......1
Marcelo | 23.01.2020
Mandela, Gandhi y otras tantas personas valiosas en la historia del siglo XX no recurrieron a la violencia para conseguir la paz social. Justificar su uso como producto de la mala política o la desesperación es un ejercicio ajeno a cualquier humanismo.
