Cómo la despolitización y marginación, promovida por la Constitución del 80, hoy nos pasa la cuenta

Las masas sin bandera que empujan al gobierno hacia una nueva Constitución, desconcierta a la academia. Para el autor de esta columna de opinión, su despolitización es consecuencia de la Constitución del 80, texto inspirado en la idea de que la participación genera inestabilidad social y que, por lo tanto, hay que excluir a las masas. La Concertación consagró ese proceso y sus gobiernos gozaron de estabilidad y gobernabilidad, “pero con el costo de revertir el proceso de inclusión que caracterizó la democracia liberal chilena”. Hoy lo estamos pagando, pues no tenemos ni participación política formal ni estabilidad democrática para canalizar la crisis.

El reciente estallido social en nuestro país sorprendió por sus niveles de radicalidad y masividad. La protesta, contraria a la idea instalada por el gobierno, es política y no transversal en muchas de sus demandas y símbolos. Esta nueva forma de participación social, no obstante, muestra un preocupante grado de despolitización formal, así como una significativa desconfianza a la democracia representativa y al sistema de partidos.

Este alejamiento del sistema político no puede entenderse como un hecho normal de nuestro proceso de modernización, dado que no ocurre en otros países de igual nivel de desarrollo. De igual manera, no puede ser explicada por los recientes actos de corrupción de la clase política, pues se trata de un proceso de largo plazo que se inicia junto con el con el retorno de la democracia.

En lo que sigue, planteo que esta despolitización de la política es un efecto premeditado de la Constitución de 1980, instalada por la dictadura. Los ingenieros constitucionales de Pinochet, con Jaime Guzmán a la cabeza, pusieron en ejercicio la tesis conservadora que sugiere que la participación política genera inestabilidad social. Con esto, buscaron revertir el proceso de incorporación política que integraba a amplios sectores de la sociedad a la toma de decisiones, el cual venía desarrollándose en Chile durante el siglo XX.

Los sucesos del 18/O revelan que la baja participación política formal no entrega garantías de estabilidad democrática. Estamos, entonces, frente a una crisis del diseño institucional.

PARTICIPACIÓN Y ESTABILIDAD

Los sistemas constitucionales determinan los costos y beneficios de votar, generan mecanismos de control sobre los representantes, canalizan la protesta social y, en general, crean incentivos para la participación y la movilización política^[1]. Una importante corriente doctrinaria sostiene que este conjunto de conductas participativas es positivo para la representación y legitimidad de la democracia. De esta forma, las instituciones pueden ser estratégicamente modificadas para aumentar la participación e inclusión política de los ciudadanos^[2].

No obstante, también existe la visión contrapuesta, la cual advierte que incorporar a amplios sectores de la población al proceso político representa un peligro para la estabilidad democrática. El principal exponente de esta doctrina conservadora es Samuel Huntington, quien, en una serie de trabajos, argumenta que el aumento acelerado de la movilización y participación política menoscaba las instituciones, lo que  se traduce en inestabilidad y violencia^[3]. Según esta visión, una democracia estable requeriría de cierto grado de apatía y que los ciudadanos no participen en el sistema político formal. Esto abre la posibilidad de usar el diseño constitucional en el sentido inverso al descrito anteriormente, es decir, para construir una democracia excluyente.

La dictadura de Pinochet se propuso transformar el modelo de democracia en Chile. Este propósito se materializó mediante el establecimiento de un nuevo marco institucional, cuya piedra angular fue la Constitución de 1980 y cuyo diseño e implementación fue un objetivo central de la Junta Militar, según su Declaración de Principios del año 1974^[4]. El hecho que Pinochet convocara a un grupo de estudio para elaborar una nueva Constitución tan solo dos días después del Golpe de Estado^[5], ilustra la importancia que otorgaron los sectores conservadores a esta tarea refundacional.

El momento constituyente de la derecha ejecutó la tesis conservadora de Huntington. En el caso chileno, implicaba dos juicios: que la estabilidad histórica de la democracia chilena había descansado en su carácter excluyente y que el aumento acelerado de la participación fue un determinante central de la crisis de 1973. En este sentido, el orden político consagrado en la Constitución de 1980 fue justificado a partir del trauma que significó el colapso de la democracia en Chile. La respuesta de Guzmán a dicho trauma fue establecer severos controles al mecanismo de sufragio universal, el cual consideraba como un elemento desestabilizador.

Según sus creadores, la nueva institucionalidad implementó una “democracia protegida”^[6] , pues preservaba  los valores de libertad y autoridad de los vicios del sufragio universal^[7]. Por una parte, la nueva democracia fue definida como de “auténtica participación social”^[8], “en que la voz del pueblo organizado emergería sin desfiguraciones partidistas”^[9]; es decir, la participación social debía ser separada del sistema de partidos^[10].

Por otra, se planteó un sistema mixto que introduciría instituciones designadas para contrarrestar los eventuales efectos nocivos de la voluntad popular^[11]. Es decir, se quitaba al sufragio la posibilidad de hacer cambios estructurales al modelo económico y social.

PARTICIPACIÓN Y ESTABILIDAD SEGÚN GUZMÁN

La Constitución de 1980 refleja y responde a una interpretación conservadora de la historia de Chile que criticaba tanto a la democracia liberal como al estado de compromiso^[12]. Guzmán explica la necesidad del cambio constitucional a partir de la reciente experiencia traumática de la democracia chilena “(…) una constitución debe responder a los desafíos que le plantea la realidad concreta que está llamada a regir, y resulta incuestionable que después de la experiencia vivida en Chile durante el Gobierno marxista, no adoptar las providencias necesarias que dificulten su repetición, constituiría una irresponsabilidad suicida”^[13].  En este sentido, la interpretación del colapso democrático es fundamental para entender las “providencias necesarias” que finalmente se adoptaron.

La descripción del quiebre democrático es dada por Guzmán de la siguiente manera: “Si en Chile la tuvimos durante más de un siglo fue, entre otras razones, porque sólo votaban quienes de hecho se sentían solidarios con un sistema a cuyos beneficios tenían real acceso. El progresivo aumento del cuerpo electoral durante las últimas décadas, en porcentajes muy superiores al crecimiento vegetativo de la población, incorporó a la decisión política a grandes masas que ninguna ligazón sentían en cambio hacia un régimen que veían como ajeno e injusto, lo cual los convertía en fácil presa de cualquier prédica demagógica o extremista. La perniciosa práctica del cohecho escondió durante un buen tiempo esta realidad, pero suprimido éste por la saludable implantación de la cédula única que garantizaba el secreto del sufragio, y derogada simultánea e irresponsablemente la ley de defensa de la democracia, la votación marxista ascendió a un tercio del electorado nacional, ya en las elecciones presidenciales de 1958. A partir de ese instante, la democracia chilena se hizo inestable (…)”^[14].

30 DE OCTUBRE DE 2019/VALPARAISO
Marcha pacifica por las calles de Valparaiso.
FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Estas palabras muestran dos asuntos de distinta naturaleza. Primero, Guzmán adscribe a la tesis de que la estabilidad de la democracia chilena descansaba en la exclusión de las masas. Segundo, Guzmán elabora su tesis contraria al proceso de incorporación a partir del supuesto que las clases populares votan por la izquierda desde la irracionalidad.

Esta visión, propia de la historiografía conservadora chilena en autores como Encina o Alberto Edwards^[15], sugiere que tanto los políticos como las clases subsidiarias, tenían un común fundamento de naturaleza irracional, primario y básico: “el amor al ruido”^[16].

En el mismo documento, Guzmán estudia las condiciones que determinan que la democracia sea seria y estable.  En su opinión “una democracia sólo puede ser estable cuando en las elecciones populares se escoge entre diversas opciones políticas o tendencias de gobierno, pero en que no se juegue lo esencial de la forma de vida de un pueblo”^[17]. Más aún, “llevado el análisis a un terreno más gráfico, la estabilidad de una democracia puede medirse por la tranquilidad con que el ciudadano medio espera los desenlaces electorales, seguro de que su destino personal y familiar no se verá sustancialmente afectado”^[18].

Una democracia estable, entonces, es aquella que no puede transformar la sociedad. Esta visión normativa tendrá significativas consecuencias prácticas: la disputa política debe limitarse a alternativas similares (política de los consensos) y las instituciones deben limitar el cambio político (mecanismos contra-mayoritarios).

El problema obvio que surge de esta concepción inocua de las elecciones es que los ciudadanos carecen de incentivos para participar en sistema político institucionalizado. Esto es conocido en la literatura de instituciones, donde se establece que la posibilidad de que el voto se transforme decisivamente en políticas es determinante para la concurrencia a votar^[19].

No obstante, el abstencionismo electoral no resulta ser un problema para Guzmán, quien replica: “En las grandes democracias del mundo, los elevados porcentajes de abstención electoral no indican, como muchos erróneamente lo interpretan, un supuesto distanciamiento del pueblo con el sistema imperante. Al contrario. Los ciudadanos saben que cualquiera que sea el resultado electoral, ni la democracia, ni mucho menos su forma de vida, serán alteradas. Por ello sólo se interesan vitalmente en las elecciones quienes tienen una marcada vocación política, que siempre representarán una minoría en todas las comunidades. Y sólo votan aquellos que sienten por el tema al menos una inquietud especial”^[20].

El nuevo modelo condicionaba la estabilidad democrática a la imposibilidad de transformar la sociedad desde la participación política formal.

PARTICIPACIÓN Y ESTABILIDAD DESPUÉS DE LA DICTADURA

La democracia chilena del período post autoritario se ha caracterizado por un alejamiento sistemático de los ciudadanos respecto al sistema político. La caída en la participación electoral ha sido ampliamente documentada, siendo el mayor descenso a nivel mundial. Asimismo, ha descendido la participación en partidos políticos. El código laboral, que impuso serias restricciones a la negociación colectiva, contribuyó a que los trabajadores tampoco participaran de las negociaciones propias del mercado del trabajo. Las bajas tasas de participación electoral, partidista y sindical, se complementan con una serie de encuestas que muestran el malestar ciudadano con la democracia representativa, el sistema de partidos y la clase política en general.

Ciertamente, la despolitización formal no puede atribuirse completamente a la institucionalidad de la dictadura. Los políticos de la transición consagraron este modelo y el proceso desmovilizador fue un elemento central de los gobiernos concertacionistas. Pero la eficiencia de las reglas del juego no puede descansar en el virtuosismo de la clase política.

La nueva democracia chilena resultó exitosa si es que la evaluamos a partir de las motivaciones originales de sus diseñadores. El sistema político chileno del período post autoritario garantizó por un tiempo estabilidad y gobernabilidad, pero con el costo de revertir el proceso de inclusión que caracterizó la democracia liberal chilena durante en siglo XX. La alta valoración de la democracia chilena por parte de la clase política obedece a repetir el juicio histórico que priorizó la estabilidad por sobre la participación. Fue un error. El radical estallido de protesta social mostró que Chile hoy no tiene ni participación política formal ni estabilidad democrática.

Existen múltiples y variadas interpretaciones sobre los determinantes del estallido, pero más allá de ellas, sobresale un hecho evidente. La crisis actual es, por definición, institucional. Son las instituciones las encargadas de procesar el conflicto social de manera pacífica.

REFERENCIAS