Radiografía a la red que impulsa la arremetida política de los evangélicos en Chile

La oposición al proyecto de Autonomía Progresiva para menores de edad es la nueva ofensiva desplegada por grupos cristianos en el Congreso y ya consiguió complicar la relación de La Moneda con las bancadas oficialistas. El eficaz lobby conservador se sustenta en el activismo de pequeñas entidades evangélicas apoyadas por fuertes redes internacionales, empeñadas en una cruzada continental contra la “ideología de género”. Este reportaje de CIPER es parte de “Transnacionales de la Fe”, un proyecto de investigación integrado por medios de 13 países y coordinado por Columbia Investigative Journalism, de la Universidad de Columbia.

Lunes 10 de julio de 2017. Nueve de la mañana. A esa hora estaba previsto que la imponente máquina de reluciente color naranja iniciara su recorrido. Decenas de periodistas esperaban que el “Bus de la Libertad” –flanqueado por dos motoristas de Carabineros– iniciara su marcha en las cercanías de la estación del metro Salvador (Providencia). El recorrido anunciado prometía su paso por Plaza Italia, el corazón de todas las manifestaciones multitudinarias de los santiaguinos, y el frontis del Palacio de La Moneda. En ambos puntos, manifestantes con pancartas del movimiento LGTBI aguardaban al controversial autobús para expresar su repudio. Los canales de TV y las radios informaban en directo. Las redes sociales ardían. Era la noticia del día.

Los neumáticos del “Bus de la Libertad” aún no recorrían medio metro y la vocera de esa iniciativa, Marcela Aranda, supo que la campaña ya era un completo éxito:

“Creemos que se han cumplido todos los objetivos que tenía el bus, que era visibilizar algo que estaba siendo legislado entre cuatro paredes: la imposición de la ideología de género que quita las libertades a los ciudadanos (…). La manifestación de los padres de Chile es clara, contundente y radical: no aceptaremos que el Estado usurpe nuestro derecho preferente de educar a nuestros hijos”, declaró Aranda esa mañana.

Feligresa evangélica, Marcela Aranda ha sido asesora de al menos tres influyentes parlamentarios. Ella es una de las cabezas visibles de la cruzada del mundo cristiano conservador chileno contra la ONU, el PNUD, la OEA, el millonario George Soros (y las fundaciones que financia) y todos los organismos internacionales que promueven lo que ese sector llama “ideología de género”.

El recorrido del “Bus de la Libertad” por las calles de Santiago y Valparaíso (del 10 al 13 de julio de 2017) ha sido, sin duda, el punto más alto de atención ciudadana que han conseguido en Chile los grupos que se oponen a la ampliación de las libertades individuales en materias como identidad de género, legalización del aborto y matrimonio homosexual. La experiencia se replicó una semana más tarde en el sur de Chile, con financiamiento aportado por pastores evangélicos. El nuevo periplo incluyó las ciudades de Concepción, Coronel, Lota, Temuco, Osorno, Puerto Montt y localidades de Chiloé.

Para el activismo conservador chileno fue un éxito rotundo: impuso el debate y expuso ampliamente los principales ejes de su estrategia.

El autobús que recorre las calles con propaganda contraria a la legislación que permite a las personas trans acceder al cambio de nombre y sexo legal, es una campaña que partió en España bajo la batuta de la organización católica conservadora Hazte Oír. En Chile fue impulsada por pequeños grupos –como Padres Objetores, Con Mis Hijos No Te Metas y Observatorio Legislativo Cristiano–, todos con una envidiable capacidad para desplegar su activismo.

Si el “Bus de la Libertad” desembarcó con éxito en Chile, en gran parte se debe a que ese proyecto recibió el apoyo del Population Research Institute (PRI), una organización internacional de inspiración cristiana católica (vea la web de esa entidad en la que informa sobre su colaboración con la iniciativa). En 2014, el PRI destinó US$174 mil a financiar “actividades de investigación y educación” en Sudamérica, una región privilegiada para sus actividades proselitistas. Ese mismo año invirtió, por el mismo concepto, solo US$36 mil en Europa, US$6 mil en Asia, US$5 mil en Norteamérica y US$10.957 en África. Del total (US$232 mil), cerca del 75% partió a Sudamérica, según los datos que el propio PRI consignó en 2014 en el formulario “Return of organization exempt from income tax” del Servicio de Rentas Internas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Detalle de la web del Population Research Institute, donde informa sobre su apoyo a actividades en Chile.

El PRI es una de las organizaciones que ha impulsado el lobby internacional de entidades católicas y evangélicas conservadoras que presiona para debilitar a la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿El objetivo?: impedir que dicten resoluciones para que los gobiernos y parlamentos americanos legislen a favor de lo que han tildado como “ideología de género”.

Ese lobby alcanzó su máxima coordinación política en junio de 2017, apenas dos semanas antes de que el “Bus de la Libertad” iniciara su recorrido en Chile. En esa fecha se lanzó en México una declaración contraria a la intervención de la OEA en estos temas. Ese manifiesto fue firmado por 670 parlamentarios de 18 países. En la misma cita -y con idéntico fin- se constituyó el Congreso Hemisférico de Parlamentarios (vea el reportaje de CIPER “El desconocido rol estelar de J.A. Kast en la ‘guerra santa’ contra la OEA”).

El nacimiento del Congreso Hemisférico y la Declaración de México son el hito público más relevante del lobby impulsado y financiado por poderosas organizaciones cristianas internacionales. La más importante de ellas es la estadounidense Alliance Defending Freedom (ADF), que maneja un presupuesto de US$50 millones anuales.

CIPER integra el proyecto de investigación Transnacionales de la Fe, una red en la que participan 16 medios de comunicación de 13 países –coordinada por Columbia Investigative Journalism de la Universidad de Columbia (Estados Unidos)– que indagó las fórmulas que utiliza ADF, y otras organizaciones cristianas que la secundan, para influir en los gobiernos y parlamentos. El reporteo en red demostró que durante años se ha desarrollado una soterrada cruzada para debilitar a la OEA y fortalecer a los sectores conservadores, siguiendo una estrategia diseñada por ADF y otras entidades similares, como Population Research Institute, Political Networks for Values y Advocates International, tres organizaciones que tienen nexos con Chile.

De hecho, la crucial cita interparlamentaria desarrollada en México en 2017 fue liderada por el presidenciable chileno José Antonio Kast.

En mayo de 2018, Kast visitó La Moneda acompañado de líderes de Citizen Go (que nació como Hazte Oír), la ONG que inició la campaña del “Bus de la Libertad”, para entregar al gobierno de Sebastián Piñera la “bandera de la familia” y pedirle que “se resguarde el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos en todas las instancias”.

“AUTONOMÍA PROGRESIVA” Y “PARLAMENTO ABIERTO”

Marcela Aranda rehusó hablar con CIPER. Argumentó que no tenía garantías de imparcialidad, debido a que CIPER recibe financiamiento de la Fundación Open Society (que financia George Soros), la que ella identifica como “uno de los pilares del lobby de la ideología de género”. Ese lobby, a su juicio, pretende imponer la agenda legislativa de género “por secretaría”, saltándose a los parlamentos y “burlando” la soberanía de cada país, a través de resoluciones de organismos como la ONU y la OEA y programas financiados por entidades como el PNUD y ONU Mujer (N. de la R.: Open Society es uno de los principales financistas de CIPER. Aquí puede ver las fuentes de ingresos de CIPER en 2017; su aporte en 2018 fue similar y el balance de CIPER de ese año está en proceso).

La vocera del “Bus de la Libertad” en Chile –junto a su esposo, Christian Yungue– encabeza el Ministerio de Gobierno y Fe, un pequeño grupo evangélico. Ella, además, dirige otra entidad denominada Observatorio Legislativo Cristiano y ha sido asesora de los senadores Francisco Chahuán (RN), Manuel José Ossandón (RN) y Ena Von Baer (UDI). Reportes de prensa indican que también ha prestado asesorías en el Ministerio de Salud, la Gobernación Provincial de Valparaíso y en la Secretaría Regional Ministerial de Salud de esa misma región.

Las últimas cruzadas de Marcela Aranda: oponerse al proyecto de Ley de Autonomía Progresiva que actualmente se discute en el Congreso y denunciar que el programa Parlamento Abierto fue manipulado para que solo participaran organizaciones liberales, excluyendo a las entidades del mundo conservador.

Marcela Aranda

El proyecto de Ley para Garantizar la Protección de la Infancia y la Adolescencia, conocido como Ley de Autonomía Progresiva para menores de edad, es considerado por los líderes conservadores como una vulneración del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. En este tema, Aranda ha criticado al ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, encargado de la agenda legislativa del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y de la relación del Ejecutivo con las iglesias.

Blumel, representante del ala más liberal de la coalición oficialista, acordó con la oposición poner el proyecto en tabla. Pero los grupos conservadores han hecho campaña entre los congresistas de las bancadas de gobierno –y algunos DC– hasta convencer a varios de ellos de que la iniciativa puede generar efectos como la despenalización de las relaciones sexuales entre menores y adultos o el cambio de sexo sin consentimiento parental. El lobby evangélico ha enturbiado la agenda legislativa del gobierno en esta materia y ha enfrentado a una parte importante de las bancadas oficialistas con La Moneda.

El ministro Blumel es visto como el cerebro que pone las encuestas por delante de los valores cristianos para darle luz verde a leyes que inicialmente no estaban en el programa de Piñera, como la Ley de Identidad de Género, que facilita a las personas trans el cambio de nombre y sexo, promulgada a fines de 2018.

El pasado 1 de julio, a propósito de los avances de la Ley de Autonomía Progresiva, Marcela Aranda publicó en redes sociales un duro mensaje contra el ministro secretario de la Presidencia: “O Piñera no sabe lo que hace Blumel. O Blumel tiene su propia agenda. O esta es otra vuelta de carnero del gobierno” (vea un artículo de La Tercera que abordó ese episodio).

El Parlamento Abierto es una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Open Government Partnership (OGP), entidad que aboga por la influencia directa de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas. En 2018, la OGP manejó un presupuesto de US$9,9 millones y recibió financiamiento de las fundaciones Hewlett, Red Omidyar, Ford y Open Society. En Chile, el proyecto Parlamento Abierto busca formalizar la participación de organizaciones ciudadanas en los procesos legislativos. Así, podrán exponer sus opiniones directamente en las comisiones parlamentarias durante la tramitación de leyes.

CIPER pudo comprobar que, tal como lo ha denunciado Marcela Aranda, en las cuatro primeras convocatorias hechas por el Parlamento Abierto las invitaciones no incluyeron a entidades conservadoras –católicas y evangélicas– que habitualmente habían participado como expositoras en procesos legislativos. Ni siquiera se les informó de la existencia de estas reuniones.

Las actividades con las ONG’s participantes en el proyecto se realizaron en mayo, junio, julio y septiembre de 2018. Y a ellas asistieron solo organizaciones liberales y progresistas: Fundación Ciudadano Inteligente, Espacio Público, Base Pública, Corporación Opción, Educación 2020, Fundación Iguales, Observatorio Fiscal, América Solidaria, Casa de la Paz, Chile Sustentable, Chile Transparente, Corporación Humanas, Fundación Multitudes y TECHO.

Organizaciones conservadoras que ya habían participado en procesos legislativos relacionados con temas valóricos (como la Ley de Aborto en Tres Causales, la Ley de Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez y la Ley de Identidad de Género) nunca fueron convocadas.

Así, permanecían al margen el Observatorio Legislativo Cristiano, Red por la Vida y la Familia, Isfem, Universidad de Los Andes, Universidad Católica, Comunidad y Justicia, Fundación Jaime Guzmán, Advocates Chile, Fundación Soñando Chile, Fundación Somos Padres y Fundación Alma, entre otras entidades.

Esa exclusión anunciaba un choque de colosos. Porque varias de las entidades marginadas mantienen relaciones con gigantes del lobby conservador internacional, como Alliance Defending Freedom, Political Networks for Values, Population Reseach Institute y Advocates International. Y así fue.

Al mediodía del lunes 19 de noviembre de 2018, la rebelión estalló en la Sala de Lectura de la sede del Senado en Santiago. Y la batuta estuvo nuevamente en las manos de Marcela Aranda. A la quinta convocatoria del programa Parlamento Abierto, llegó de improviso una docena de ONG’s cristianas, conservadoras y “antiglobalistas”. La tensa sesión fue dirigida por la diputada Paulina Núñez (RN), presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia.

Aranda tomó la palabra y criticó todo el proceso, cuestionó la gestión de la diputada Núñez, sostuvo que tal como se estaba llevando el programa afectaría la soberanía nacional y las libertades ciudadanas por la imposición de la agenda de organismos internacionales. Radical, exigió reiniciar todo: “Partir de cero”. A su crítica se sumaron otras ONG’s conservadoras. El debate fue subiendo de tono hasta que, alrededor de las 15:00, la diputada Núñez puso fin de forma unilateral a la reunión. Como dijo a CIPER un asistente: “Se paró y se fue”.

Nueve días después, el 28 de noviembre, Marcela Aranda recibió un golpe duro. Acompañada por dirigentes del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), la hija de Aranda, Carla González Aranda (19 años), se presentó ante la prensa para explicar las razones que la llevaron a cambiar de sexo y nombre legal. Allí explicó que su decisión de hacer pública su condición de persona trans, fue “brindar un apoyo a quienes están pasando por la misma situación”. También dijo que se había sentido “discriminada” con la campaña del “Bus de la Libertad” que lideró su madre. Y explicó que aunque ya no asistía a la iglesia, aún se consideraba evangélica: “Creo que Dios ama a todos”.

En respuesta, Marcela Aranda se refirió a Carla como “mi hijo” y sostuvo que el Movilh la estaba utilizando.

QUIEBRE CON PIÑERA

Las iglesias evangélicas chilenas están agrupadas en tres grandes entidades: la Mesa Ampliada (cercana a la centroizquierda), el Consejo Nacional y el Concilio Nacional (ambas inclinadas a la derecha del arco político). Las dos últimas apoyaron a Sebastián Piñera en la pasada elección presidencial y a cambio contaron con cupos en las listas de candidatos parlamentarios del partido Renovación Nacional (de la alianza oficialista). Querían consolidar la primera bancada evangélica del país y para ello presentaron 15 candidatos. Consiguieron tres escaños, de un total de 155 (vea el reportaje de CIPER: “Las pugnas y negociaciones para instalar en Chile el poder político evangélico”).

La alianza con el piñerismo se selló simbólicamente en septiembre de 2017, en plena campaña electoral, durante el tradicional Te Deum oficiado en la Catedral Evangélica de Santiago. Aunque las tres principales agrupaciones evangélicas nacionales organizaron ese acto litúrgico en conjunto –como se había hecho históricamente–, el Concilio Nacional (anfitrión de la catedral) modificó unilateralmente el programa e introdujo como orador al hijo del obispo Eduardo Durán Castro. Aunque no cumplía con el requisito de ser pastor y ya era candidato al parlamento, Eduardo Durán Salinas intervino en el oficio.

Presidente Piñera y el obispo Eduardo Durán en La Moneda.

Eduardo Durán Salinas, quien finalmente fue electo diputado, utilizó la tribuna más mediática del mundo evangélico chileno para fustigar con fuerza a la entonces presidenta Michelle Bachelet. Sentada en la primera fila del templo, la mandataria tuvo que escuchar una dura recriminación por sus proyectos de ley sobre aborto en tres causales, identidad de género y matrimonio igualitario. La tensión fue creciendo y al finalizar la ceremonia Bachelet abandonó el templo entre abucheos. Piñera recibió aplausos.

La alianza entre el sector evangélico del obispo Eduardo Durán Castro con el gobierno de Piñera marchó sobre ruedas solo seis meses. La crisis estalló cuando La Moneda puso urgencia a la tramitación de la Ley de Identidad de Género heredada de Bachelet. El 12 de septiembre de 2018, en la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó ese proyecto, el diputado Eduardo Durán Salinas hizo explícito el quiebre: “Siento un dolor porque el gobierno ha tomado banderas que no le corresponden. La inmensa mayoría que en segunda vuelta le dio apoyo a nuestro gobierno, hoy se siente traicionada”.

LAVADO DE ACTIVOS

Un día después de la aprobación de la Ley de Identidad de Género en la Cámara de Diputados, CIPER publicó la alerta por lavado de activos que puso en la lupa de la Fiscalía de Chile al obispo Durán Castro. El principal aliado evangélico de Piñera también quedó bajo investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La indagatoria por presunto lavado de activos se originó al detectarse millonarios movimientos en las cuentas bancarias relacionadas con el obispo durante las negociaciones para fusionar su iglesia con una de las mayores entidades pentecostales del mundo: la estadounidense International Pentecostal Holiness Church (IPHC) (vea ese reportaje de CIPER).

En enero pasado, el obispo Durán Castro declaró ante la Fiscalía que recibe $30 millones mensuales (cerca de US$45 mil) solo por concepto de “diezmos” (la donación del 10% de los ingresos de cada feligrés). De ese monto, Durán dijo destinar $13 millones (unos US$20 mil) para su uso personal y que entregaba otros $9 millones (alrededor de US$13.600) a sus hijos y a una sobrina. Esto significa que el 74% de los ingresos por diezmos que recibía el obispo Durán eran destinados a sus gastos personales y familiares.

Obispo Eduardo Durán Castro

Pastores de otras congregaciones dijeron a CIPER que si se consideran las “ofrendas” (aportes voluntarios que hacen los fieles durante los oficios), la cifra global puede superar con creces los $50 millones mensuales (cerca de US$76 mil).

CIPER investigó el patrimonio del obispo Eduardo Durán, quien en los años 80 era un modesto empleado de la Sociedad Bíblica (una casa editorial evangélica). Hasta el año 2018 era dueño de al menos 12 propiedades que sumaban $1.152 millones (US$1.745.000) en avalúo fiscal; y de ocho vehículos, dos de ellos de colección. Desde entonces, algunas de esas propiedades han sido vendidas, pero conserva dos empresas y una finca en Isla de Maipo, en la que se realizan actividades recreativas para evangélicos a los que se les cobra unos US$40 por persona por el uso de las instalaciones.

Una de las empresas de su hijo, el diputado Durán Salinas, es Southern Waters, la que embotella y comercializa agua bajo distintas marcas. Su producto estrella es “Agua Divina” que se vende principalmente entre los fieles evangélicos. Durán Salinas tiene bienes raíces con un avalúo fiscal de $815 millones (US$1.235.000).

IMPUESTOS Y COMUNICACIONES

La revelación del incremento patrimonial del obispo Durán y su familia provocó un escándalo público y fuertes críticas del propio mundo evangélico. Los cuestionamientos apuntaron también a su vida privada por los pagos que la iglesia le hacía a su conviviente. El principal efecto de este revuelo fue reforzar un antiguo debate sobre la laxitud de los registros contables que llevan las iglesias y lo pertinente de las exenciones tributarias que las benefician.

Otra controversia sobre el patrimonio de las iglesias evangélicas en Chile la provocó la investigación de CIPER que reveló que entre 2010 y 2018 el Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, traspasó 151 propiedades a cultos evangélicos en todo el territorio nacional. El más favorecido fue el obispo Eduardo Durán, cuya iglesia (Catedral Evangélica) se hizo del dominio de 12 inmuebles públicos, además de otros aportes en dinero (vea el reportaje de CIPER “El cuantioso aporte inmobiliario de Bachelet y Piñera a la expansión evangélica”).

En la batalla por controlar el voto del mundo evangélico la centroizquierda también ha movido sus fichas. Entre 2015 y 2017, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el Estado traspasó 16 propiedades que totalizan 3.566 m² a iglesias evangélicas de la Región del Biobío, donde la población protestante ha experimentado su mayor crecimiento.

En octubre de 2017 el SII emitió una circular para que organizaciones sin fines de lucro con ingresos anuales superiores a $330 millones (US$500 mil), presenten declaraciones juradas detallando sus ingresos, gastos y registros contables. En esa categoría entran las más grandes iglesias evangélicas del país. El objetivo es que sus pastores y obispos puedan demostrar el origen de su patrimonio, el que hoy se oculta en una nebulosa. Sobre todo en las iglesias neopentecostales que han adoptado la “teología de la prosperidad”, donde la acumulación de riqueza se considera una “bendición de Dios”.

Fuente: Facebook de Advocates Chile

Si bien las actividades destinadas directamente al culto siempre han estado exentas de impuestos en Chile, actualmente las grandes iglesias manejan exitosos negocios asociados (transportes, centros de recreación, radioemisoras, canales de TV y editoriales, entre otros), los que a juicio de la autoridad impositiva sí deben tributar. El endurecimiento de las normas puede ser un fuerte golpe para las extensas redes comunicacionales (radio y TV) que manejan los cultos evangélicos, las que en países como Brasil y Colombia han sido la base del explosivo crecimiento de esas iglesias y del poder que pueden poner al servicio de dirigentes políticos y del lobby conservador.

La organización Advocates Chile, que reúne a abogados evangélicos que litigan o hacen asesoría ad honorem en materias relacionadas con promoción y defensa de la libertad religiosa, participó en 2018 en la mesa de trabajo que reunió a las iglesias con el SII, para analizar las nuevas declaraciones que les pide ese servicio.

En este tema clave para los pastores y obispos, Advocates Chile asesoró con dos abogados tributarios, en régimen de voluntariado. Así lo informó a CIPER la directora de Fundación Advocates Chile, Carmen Gloria Moreira, quien agregó que también realizaron una capacitación a pastores y líderes religiosos sobre los alcances de la Ley de Culto y de las normas de tributación.

VÍAS PARA INFLUIR EN EL CONGRESO

La abogada Carmen Gloria Moreira indicó a CIPER que Advocates Chile no se dedica al activismo en temas valóricos y que no está vinculada a organizaciones político partidistas. Y puntualizó que su fundación reúne “a abogados de distintas corrientes teológicas y probablemente de distintas inclinaciones políticas (…) que trabajan por promover la libertad religiosa como un valor en una sociedad plural y diversa”.

Advocates Chile sí mantiene una relación de coordinación con entidades internacionales que participan activamente en el lobby conservador que busca evitar que los gobiernos acojan las resoluciones de organismos multilaterales, como la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre esas entidades se cuenta Advocates International, Anajure (agrupación de juristas evangélicos brasileños) e IPPForB (Panel internacional de Parlamentarios por la Libertad Religiosa). (Vea el comunicado enviado por Advocates Chile a CIPER después de la publicación de este reportaje).

A diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos (como Brasil, Colombia y México), en Chile los evangélicos no cuentan con universidades o centros de estudios influyentes que elaboren informes en derecho para participar en procesos legislativos. De ahí que organizaciones que sostienen el lobby internacional conservador, como ADF, han privilegiado nexos con instituciones católicas –como la Universidad Católica, la Universidad de Los Andes, la Fundación Jaime Guzmán y Comunidad y Justicia– para influir en la tramitación de leyes a través de la asesoría legislativa que prestan estas entidades.

Advocates Chile es, precisamente, una organización evangélica que podría suplir esa falencia, pues intenta posicionarse como un referente en materia de informes legislativos.

Sitio web de Reforma Chile

El informe anual de derechos humanos del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) de 2015, consignó que en diciembre de ese año Carmen Gloria Moreira asistió a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para hacer una presentación contraria a la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Asimismo, en la tramitación de la Ley sobre Sistema de Garantía de los Derechos de la Niñez, Advocates Chile también presentó observaciones, a través de una ponencia ante la comisión parlamentaria hecha por la abogada María Jesús Cordero.

Luego de esta última experiencia, indicó Carmen Gloria Moreira a CIPER, “decidimos que nuestros informes debían ser informes en derecho, sostener posiciones jurídicas, con enfoque en libertad religiosa”.

Un camino similar está tratando de recorrer la organización Reforma Chile, liderada por Benjamín Lorca. Buscando diferenciarse de las entidades evangélicas que hacen activismo, Reforma Chile pretende constituirse en un centro de pensamiento socialcristiano. Sus integrantes asisten al Congreso Nacional para conocer el trámite de proyectos de ley, preparan minutas que pueden servir a parlamentarios y gobierno en materia legislativa y mantienen vínculos con la Dirección de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaria General de Gobierno. Con el objetivo de profesionalizar un área técnica de apoyo a la política en las iglesias evangélicas, Reforma Chile dicta el Diplomado en Gobierno, Asuntos Públicos y Fe, programa que forma parte de su Escuela de Formación de Gobierno.

KAST: LÍDER CONTINENTAL

En noviembre de 2018, la promulgación de la Ley de Identidad de Género se selló con una solemne ceremonia en La Moneda, a la que fueron invitados defensores de los derechos LGTBI. Eso no solo trizó la alianza tejida por los obispos y pastores con el Presidente Sebastián Piñera, también provocó que en los templos evangélicos se aprecie con mayor simpatía el discurso ultraconservador del presidenciable José Antonio Kast.

Promotor de la Declaración de México, presidente de la comisión constituyente del Congreso Hemisférico de Parlamentarios, miembro del Consejo Asesor de la ultraconservadora Political Networks for Values e invitado a la cumbre conservadora organizada por Eduardo Bolsonaro (hijo del presidente brasileño), José Antonio Kast ya tiene asegurado un puesto entre los líderes políticos que cuentan con el apoyo de las más poderosas organizaciones evangélicas continentales. Su tarea ahora es conquistar el voto de los evangélicos chilenos, tejiendo alianzas con pastores y obispos influyentes. Y ya está en marcha.

En la zona de Coronel y Lota (Región del Biobío), que era un histórico bastión comunista y donde hoy el movimiento evangélico ha conseguido su mayor crecimiento, Kast obtuvo su mejor registro en la presidencial de 2017: 20% de los votos (marcó 8% a nivel nacional). Allí el despliegue de su movimiento político Acción Republicana –hoy en proceso de constituirse como partido– ha sido particularmente intenso y desde esa zona ha comenzado a irradiarse su popularidad hacia las iglesias evangélicas del resto del país.

José Antonio Kast con Jair Bolsonaro.

Los adherentes a Kast también se han multiplicado entre los feligreses de una de las mega-iglesias neopentecostales chilenas: el ministerio Cristo tu Única Esperanza, que dirige el pastor Fernando Chaparro. Si Kast conquista el corazón de Chaparro tendrá acceso a la poderosa Radio Corporación, una de las redes de radioemisoras más escuchada por los 3,5 millones de fieles evangélicos que el último censo contabilizó en el país y que, organizados y coordinados, podrían decidir cualquier elección. La red de Corporación está compuesta por 32 estaciones que van desde Copiapó en el desierto nortino hasta Punta Arenas, en el extremo sur.

En todo caso, Corporación no es la red nacional más grande de emisoras evangélicas. La supera la cadena Armonía, fundada por el pastor Rubén Sáez, con 50 estaciones que cubren todo el territorio nacional, desde Arica (en la frontera con Perú) hasta Porvenir (Tierra del Fuego). Una plataforma de amplificación que cualquier político quisiera tener a su disposición y que en países como Brasil han pavimentado el meteórico ascenso del conservadurismo.