Crisis del Sename: “Uno no entiende si es tozudez o si se quieren simular los cambios”

El duro informe de la PDI que estuvo listo en diciembre, pero que solo se conoció la semana pasada por un reportaje de CIPER, demostró que en prácticamente toda la red del Sename los menores siguen sufriendo graves abusos. La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, habla en esta entrevista sobre la falta de urgencia con que las autoridades han encarado la profunda crisis que vive el sistema de protección de los menores que están bajo la tutela del Estado. Y no apunta solo al Sename y al Ministerio de Justicia: las carteras de Salud, Educación y Desarrollo Social, también reciben sus críticas.

“Si no se adoptan medidas radicales e inmediatas, que permitan asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vamos a seguir en esta dinámica que los sigue exponiendo a riesgos y vulneraciones intolerables”. La voz de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, transmite urgencia. Lo que está en juego es que los niños que están en la red del Servicio Nacional de Menores sigan expuestos a los abusos y maltratos comprobados por un duro informe policial que durante siete meses estuvo entrampado en la burocracia de la PDI y de la Fiscalía Nacional (vea ese reportaje de CIPER). Y la defensora pide respuestas de la autoridad que estén a la altura de la urgencia que amerita el abuso infantil.

Siete años han pasado desde que el Informe Jeldres demostró que los niños bajo tutela del Estado viven una pesadilla. Un segundo y doloroso hito, la muerte de la menor Lissette Villa en 2016, le dio notoriedad al drama que enfrentan estos menores. Pero todo sigue igual.

-Pasó el informe Jeldres, pasó el informe de la ONU, fiscalizó la Contraloría, se hicieron comisiones investigadoras en el Congreso, hay una indagatoria penal en curso, pero parece que no hay cambios de fondo en el Sename.

Nosotros, como Defensoría de la Niñez, lo hemos planteado en todas las instancias. Hemos solicitado acciones concretas. Lo dijimos también en el Congreso. En realidad no hay un compromiso de urgencia, que es lo que los niños necesitan. Se hizo un “acuerdo nacional para la infancia” que estableció 94 medidas, pero en términos concretos no se ha avanzado con la premura que se requiere para resolver la situación vital de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo tutela del Estado. Lo hemos planteado, pero esto no ha sido entendido, insisto, con el nivel de urgencia que se requiere. Las revelaciones del informe de la PDI lo dicen. Nosotros también hemos realizado visitas a centros y hemos podido constatar que persisten situaciones que dan cuenta que esta crisis y esta situación tiene un nivel de profundidad tan grande que si no se adoptan medidas radicales e inmediatas, que permitan asegurar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, vamos a seguir en esta dinámica que los sigue exponiendo a riesgos y vulneraciones intolerables.

–¿Por qué no se avanza con la premura necesaria?

Esa es una pregunta que deben responder los que son responsables directos de que esto cambie. Al menos las respuestas que nosotros recibimos en general tienden a abordar el problema desde la inexistencia de recursos económicos suficientes, desde la problemática con los gremios de los funcionarios, desde situaciones que dan cuenta de una falta de rigor para exigir los estándares de derechos humanos en esta materia. Prueba de ello es, por ejemplo, que se haya presentado un proyecto de ley como el que crea el nuevo servicio de protección especializada que viene supuestamente a sustituir al Sename en el ámbito de protección (para atender a menores que sufren riesgo en su entorno) y que se siga manteniendo en ese proyecto el financiamiento a través de la subvención, que es uno de los aspectos más críticos detectados por el Comité de los Derechos del Niño. Porque ese sistema es el que ha permitido, y de alguna manera tolerado, las vulneraciones graves y sistemática a los derechos humanos. Hay una inconsistencia, en términos de lo que involucra efectivamente hacer los cambios que se requieren. Se declara una cosa en el “acuerdo nacional por la infancia”, y eso es positivo, pero esas medidas de manera aislada no tienen impacto. No son la solución vital que los niños necesitan.

-¿Por qué cree usted que se quiere mantener la subvención a los organismos colaboradores (OCAS), en circunstancias que el informe de la PDI dice que no son bien fiscalizados?

Es gravísimo. Nosotros lo planteamos en el contexto del proyecto de ley de la subvención corta, donde se aprobó la provisión de recursos a colaboradores. Dijimos que aquello debía estar relacionado con exigencias concretas sobre evaluación de impacto y el tratamiento que reciben los niños. Pero hubo una presión política muy grande, con estas peleas entre derecha e izquierda que extrapolan los argumentos. Cuando alguien se oponía a la subvención tal y como estaba planteada, decían: “No quieren que los niños se alimenten y vivan”. Lo que han hecho los organismos colaboradores es propiciar conductas que vulneran los derechos humanos. La pregunta, entonces, es: ¿De qué manera esto se aborda con la profundidad suficiente? Y eso tiene que ver con un cambio sistémico, que es lo que demanda el Comité de los Derechos del Niño y que el gobierno insiste  en no modificar, porque el proyecto de ley mantiene la lógica de la subvención, que no responde a las necesidades y a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Directora del Sename, Susana Tonda, junto al Presidente Sebastián Piñera durante la promulgación del proyecto de ley que aumentó la subvención a las OCAS, en enero de 2019.

-¿Por qué cree usted que no se cuestiona y se mantiene el sistema de subvención?

La única explicación que parece existir tiene que ver con la falta de mayores recursos. Pero, dada la brutalidad del informe de la ONU -donde se sostenía, solo con la revisión de cuatro residencias, que había violaciones sistemáticas de los derechos humanos- y con este informe lapidario de la PDI, uno no entiende si es tozudez o si se quiere simular que los cambios se hacen y es solo maquillaje y cambios de nombre que no tienen ningún impacto en los niños. De verdad, uno esperaría que el Estado garantice el ejercicio de los derechos para los niños.

-¿Usted cree que hay responsabilidad política del ministro de Justicia y del fiscal nacional, como lo planteó el diputado Saffirio, por la demora con que se hizo público el informe de la PDI?

Esa pregunta excede las atribuciones que tenemos como Defensoría. Como organismo técnico lo que nos preocupa es que las vulneraciones de derechos dejen de ocurrir. Para eso necesitamos que los organismos responsables actúen con la urgencia que amerita. Y la urgencia no es algo que haya sido aplicado. Ahí hay una responsabilidad directa de quien ejerce la dirección del servicio (Sename) y del jefe jerárquico de esa dirección (el ministro de Justicia). Me parece relevante decir que esto se atribuye al Sename, pero nosotros hemos pedido a Salud y Educación que se hagan cargo de situaciones de vulneración flagrante de los derechos de esos niños, que tienen que ver con su salud mental, consumo de drogas, rezago escolar. Ni Educación ni Salud han respondido eficientemente.

Se suma un elemento tremendamente relevante, que es el rol de la Subsecretaría de la Niñez, que tiene la obligación de coordinar el intersector: la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social son responsables de que Educación, Salud, Cultura y Deporte se coordinen para proveer lo que necesitan los niños bajo tutela del Estado. Entonces, es un tema que excede al ministro de Justicia.

-¿Cree que deben establecerse responsabilidades por la demora con la que se conoció este informe de la PDI?

Lo que yo puedo decir es que si este informe se conocía desde diciembre de 2018, yo habría esperado conocerlo entonces, para seguir insistiendo, ahora con una muestra fidedigna –porque es una revisión policial de todos los centros y residencias del país–, en pedir acciones de las autoridades con la urgencia que esto amerita. Me parece enormemente grave, si es que es efectivo (que estuvo listo hace meses), que no haya sido conocido por la Defensoría de la Niñez en el momento en que fue entregado.

-Ante la evidencia que expone el informe de la PDI, a su juicio, ¿qué se debiera hacer concretamente ahora, de manera urgente, para evitar que los menores sigan enfrentando riesgos graves?

La salud mental de los niños, niñas y adolescentes, y el consumo de drogas, es un aspecto crítico de su situación y que ocasiona riesgos, como los intentos de suicidio y problemas de convivencia al interior de las residencias. Nosotros hicimos una mesa de trabajo y convoqué al ministro de Salud, al ministro de Desarrollo Social, al ministro de Justicia, al ministro del Interior y a la directora del Sename… y no llegó ninguno. Solo llegaron los subsecretarios y se comprometieron, incluido el Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol), a hacer una fuerza de tarea para abordar los diagnósticos de niños y adolescentes de todas las residencias del país y poder determinar qué tratamiento requerían y brindarles esos tratamientos. Eso fue hace casi tres meses. Todavía no logro que esa acción se ejecute.

Entonces, uno se pregunta si es solo el discurso de que estamos haciendo las cosas. Porque si es sólo eso, los niños no están encontrando una respuesta y nosotros en la Defensoría de la Niñez no podemos ejecutar acciones que son privativas de otros órganos del Estado. Y tampoco  podemos obligar a otros órganos a hacer cosas. Yo solo puedo pedir o recomendar. Y es tremendamente frustrante ver cómo los niños siguen sufriendo y esto no se aborda con el sentido de urgencia que requiere. Hay que generar una acción inmediata de parte del Ministerio de Salud y de Senda para ocuparse de la salud mental de niños y adolescentes que están en todas las residencias del país. No solo hay que diagnosticarlos eficientemente, sino que hay que tratarlos con eficacia. Porque están expuestos a situaciones de riesgo vital evidente y se está afectando su integridad física.

-Es tan grave lo que dice el informe de la PDI que uno puede concluir que el Sename no está en condiciones de garantizar que los menores no estén expuestos a riesgo vital. ¿Qué cambio es urgente al interior de ese servicio para no exponer a los niños?

Hace varios meses le pedimos al Sename que dejara sin efecto el protocolo de contención ante crisis. Porque ese fue el que aplicaron a Lissette Villa cuando la mataron, de acuerdo a los antecedentes de la investigación penal. Nosotros pedimos que ese protocolo se dejara sin efecto, porque las únicas personas que están autorizadas para aplicar contención física son personas  del ámbito de la salud y los centros del Sename –tanto las residencias administradas directamente por ese servicio como las de organismos colaboradores–, en general no tienen personal especializado. Eso se constató en el informe de la PDI. El riesgo de que los niños, con la aplicación de ese protocolo, sean víctimas de maltrato o de situaciones tan gravosas e irreparables como la muerte de Lisette Villa, se sigue reproduciendo. La respuesta del Sename fue que no se dejaba sin efecto porque sus funcionarios no aplicaban contención. Entonces, hay una forma de invisibilizar lo que  pasa y que genera que los riesgos se mantengan y que las vulneraciones se sigan produciendo.