Es #TiempoDeActuar en la protección y conservación de glaciares

Argentina acaba de ratificar la ley que prohíbe la intervención minera en sus glaciares. En Chile, en tanto, la norma destinada a protegerlos pasó a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados para su estudio en particular, lo que revela el interés que tiene esa industria sobre nuestros glaciares. En esta columna de opinión, la geógrafa Fernanda Miranda, de la Fundación Terram, explica que el Estado «no ha sido capaz de generar las herramientas adecuadas para otorgarles una protección eficaz (…). Lo cual resulta casi incomprensible, dada la información sobre déficit hídrico y desertificación que afecta al país». Mientras Chile se prepara para la COP25, dice la autora, «la protección y conservación de los glaciares ha sido uno de los principales temas ausentes».

Argentina acaba de reafirmar la constitucionalidad de su ley –aprobada en 2010– que protege los glaciares de ese país y que explícitamente prohíbe la intervención minera sobre ellos. En Chile, en tanto, el proyecto de Ley de Protección de Glaciares fue aprobado en general por la Cámara de Diputados el pasado martes 4 de junio, pero enviado –para su estudio en particular– a la Comisión de Minería y Energía, lo que devela la evidente influencia del sector minero en materia de glaciares en nuestro país.

Que el país trasandino haya decidido brindar tal nivel de protección a estos cuerpos de agua no es baladí. Los glaciares son un componente de la criósfera, un subsistema terrestre fundamental para la vida en nuestro planeta, integrado por todas aquellas regiones donde el agua se encuentra en forma sólida. Estos cuerpos de hielo alimentan de agua a la mayoría de las cuencas del territorio, especialmente en aquellos periodos donde existe ausencia de precipitaciones.

En las últimas décadas, los glaciares están sufriendo importantes variaciones debido a acciones indirectas, como el calentamiento global, pero también por acciones directas de distintos tipos de actividades antrópicas, principalmente las relacionadas con la minería y la contaminación del aire, que aceleran la pérdida de hielo, tanto de los glaciares, como de otros componentes de la criósfera (el sistema periglacial y el permafrost).

Chile es responsable ante la comunidad nacional e internacional y las nuevas generaciones, de la protección y conservación de una parte relevante de los glaciares existentes en el planeta. Poseemos alrededor del 80% de estos cuerpos de hielo en Sudamérica –casi el 4% a escala mundial–, y aún faltan muchos por inventariar. No obstante, a la fecha, solo ha existido una valoración tácita de éstos por parte del Estado, que no ha sido capaz de generar las herramientas adecuadas para otorgarles una protección eficaz y consistente con su importancia. Lo cual resulta casi incomprensible, dada la información sobre déficit hídrico y desertificación que afecta al país.

Fernanda Miranda es geógrafa, investigadora de la Fundación Terram

En el marco de la realización de la COP25 en Chile, el gobierno ha señalado en reiteradas oportunidades la urgencia de la protección de la Antártica. No obstante, la protección y conservación de los glaciares ha sido uno de los principales temas ausentes. Hoy, los glaciares se encuentran sujetos a un tipo protección (o desprotección) evaluada caso a caso en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual, ha permitido que proyectos mineros e hidroeléctricos los impacten significativamente, en especial en el norte y centro del país. Tampoco se ha avanzado en prohibir la constitución de derechos de aprovechamiento sobre ellos, lo que ha permitido que diferentes empresas estén extrayendo agua de los glaciares de la Patagonia para comercializarla en el extranjero como producto de lujo.

Al mismo tiempo, a pesar de que desde el año 2012 Chile es miembro de la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAL) el gobierno no ha asumido ningún compromiso para disminuir las emisiones de carbono negro (CN), proveniente de la combustión incompleta de combustibles fósiles (diésel, petróleos pesados y carbón) y de la leña, que termina depositándose en nieves y glaciares, aumentando la absorción de calor y provocando una aceleración en su derretimiento. Tampoco han existido esfuerzos para adoptar normativas más exigentes para material particulado (MP), tanto MP10 como MP2.5, de los cuales el CN es uno de los principales componentes. Actualmente, estas son bastante laxas con estándares muy por debajo de lo permitido en otros países, como Perú, Estados Unidos, Australia, Canadá y la UE, contribuyendo de este modo a la contaminación atmosférica y, por consiguiente, al derretimiento acelerado de nuestros glaciares y hielos antárticos.

En Chile solo disponemos de tres instrumentos en la materia, que han implicado avances en investigación, pero que no poseen potestad normativa y tienen amplias deficiencias. Hablamos de la Estrategia y la Política Nacional de Glaciares, ambas del año 2009, y el Inventario Nacional de Glaciares, que actualmente se encuentra en etapa de actualización.

La importancia de los glaciares y de otros componentes de la criósfera, deriva de que constituyen elementos básicos para la seguridad hídrica. En el actual escenario de cambio climático, se pronostica que las sequías seguirán aumentando en frecuencia, haciéndose más severas y prolongadas, por lo que el agua de fusión proveniente de los glaciares y el permafrost es y será parte fundamental en la mantención de la escorrentía superficial en niveles vitales, así como en el aporte a las napas subterráneas. Al mismo tiempo, ellos cumplen otra serie de funciones ambientales, ecosistémicas y climáticas, que no pueden ser  reemplazadas por embalses o la desalinización del agua de mar, ya que éstos no regulan el clima, no restablecen el ciclo hidrobiológico en las cuencas y además generan grandes impactos ambientales y sociales en los territorios.

Por otro lado, especial cuidado y protección requieren los glaciares rocosos, que históricamente han sido afectados por la minería; aunque poseen menos hielo que los descubiertos o blancos, su mayor distribución superficial en la zona norte y centro de Chile -en donde la falta de agua superficial y subterránea se ha convertido en un tema estructural- los convierte en reservas hídricas fundamentales.

Ninguna de las propuestas legislativas asociadas a la protección de estos cuerpos de hielo -tres de las cuales se encuentran en tramitación-, ha logrado abordar la complejidad de los glaciares y su entorno, quedando entrampadas en definiciones imprecisas y restrictivas sobre lo que efectivamente constituye un “glaciar”, así como de sus ambientes asociados, tendiendo, en general, a una subvaloración de los aportes a los caudales provenientes de los glaciares rocosos y del permafrost, situación que deriva más de intereses político-económicos asociados a ellos, que de una falta de consenso científico sobre el tema.

Nuestro país necesita una ley de protección y conservación de glaciares con la suficiente urgencia que el contexto de cambio climático nos exige. Es necesario que esta legislación se haga cargo de los daños que está generando la minería y otras actividades productivas en estas reservas de agua; que les otorgue el lugar que corresponde a los glaciares de roca y glaciaretes; y que, por supuesto, incluya algo más que los glaciares, pues todo en su conjunto es lo que garantiza el correcto funcionamiento del medio.

Chile no será líder en materia de cambio climático solo por ser sede de las negociaciones en la COP25. El compromiso en esta materia se demuestra más allá de las buenas intenciones y palabras. Necesitamos hechos, trabajo y resultados, y para eso, la protección y conservación de los glaciares debe ser un tema primordial en la agenda país.