En 2015 Juan Pablo Longueira adquirió dos parcelas en Chucauco (Villarrica). Él exhibe un certificado que indica que esos predios no están en el Registro de Tierras de Conadi, pero ambos forman parte de un Título de Merced concedido en 1914 y siempre estuvieron en manos mapuche. Por eso, la ley los considera indígenas y prohíbe que se vendan a personas que no integren ese pueblo originario. Este año una sociedad controlada por la familia Longueira Brinkmann adquirió otros dos terrenos en el mismo sector. Uno de ellos sí figura en el Registro de Tierras de Conadi. Estas compras –que suman 25,5 hectáreas– podrían ser revisadas por la comisión de diputados que ya investiga las adquisiciones hechas por el subsecretario Rodrigo Ubilla.
Pequeñas casas en terrenos cercados con alambre de púas, árboles nativos y extensos pastizales enmarcan uno de los caminos de ripio que llevan al sector Chucauco, a unos 10 kilómetros de Villarrica. Nada allí es muy distinto de lo que se aprecia en casi todos los paisajes rurales de la Región de La Araucanía, salvo por un llamativo cierre de madera cuidadosamente barnizado en tono naranja. «Todo esto es del señor Longueira», asegura el trabajador que se encuentra en el predio, señalando con su índice los límites de la propiedad. Está hablando de Juan Pablo Longueira Brinkmann, actual jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social e hijo del conocido ex senador y ex ministro Pablo Longueira. Y efectivamente, como lo prueban los registros del conservador de bienes raíces local, estas tierras –que suman 14 hectáreas– le pertenecen.
En 2015, Juan Pablo Longueira Brinkmann adquirió en esa zona dos terrenos aledaños. Uno de 7,4 hectáreas y otro de 6,6. La revisión de los títulos de propiedad hecha para esta investigación periodística estableció que ambos predios provienen de la subdivisión de un Título de Merced concedido en 1914 a una comunidad mapuche. Y por lo mismo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 (inciso 1°, letra b) de la Ley Indígena (Ley 19.253), se trataría de tierras que deben ser consideradas como indígenas, por lo que está prohibida su venta a personas que no pertenezcan a pueblos originarios. De hecho, los paños adquiridos por Longueira Brinkmann están dentro de la Comunidad Ignacio Yevilao.
Entrada a la parcela de Juan Pablo Longueira en la Comunidad Ignacio Yevilao
Actualmente, Juan Pablo Longueira es uno de los asesores más cercanos al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. De esa cartera depende la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el ministro Moreno es uno de los principales impulsores del Plan Araucanía, que busca poner fin a los conflictos entre el Estado y las comunidades mapuche. El ministerio, además, puso en marcha una consulta a los pueblos originarios que ha recibido duras críticas, incluso del oficialismo (el senador Manuel José Ossandón calificó este proceso como un caso “Catrillanca 2”). Uno de los cuestionamientos a la consulta es que, entre otros objetivos, pretende flexibilizar las transacciones de predios indígenas. Y el rol de Longueira Brinkmann en las dos compraventas realizadas en 2015 en el sector de Chucauco podría atizar las críticas a la cartera en la que se desempeña.
Además de las dos compras que hizo a título personal en Chucauco, Juan Pablo Longueira Brinkmann participa en una sociedad familiar que también tiene propiedad sobre dos terrenos indígenas adquiridos recientemente. El primero fue comprado en enero de este año y el segundo, en marzo. Se trata de la sociedad Inversiones Las Azaleas, en las que participa junto a su padre, su madre y sus hermanos. Esta sociedad tiene el 99% de Agrícola las Azaleas SpA, que es la adquirente de dos terrenos también ubicados en el sector de Chucauco y que provienen del mismo Título de Merced de 1914.
COMISIÓN INVESTIGADORA
Este nuevo caso de traspaso de tierras indígenas a un funcionario del actual gobierno, se suma al publicado el 3 de marzo por el diario electrónico Interferencia, que informó sobre la compra de cuatro parcelas que hizo el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, entre 2009 y 2012. Los predios adquiridos por Ubilla se ubican en la Comunidad Mariano Millahual, de Pucón, y una de esas transacciones la realizó mientras ejercía como subsecretario en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Por esa razón, la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora que indagará en dicha compra y en la actuación que habrían tenido, para posibilitar esa transacción, el Ministerio de Desarrollo Social, la Conadi y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG).
Es el artículo 13 de la Ley 19.253 el que protege la venta de tierras indígenas y prohíbe que sean «enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas de una misma etnia«. Y es esa frase, particularmente, la que llevó a diputados y a algunos dirigentes mapuche a cuestionar los actos de Ubilla, argumentando que la compra de terrenos a personas no indígenas va en contra del espíritu de la ley.
LA RESPUESTA DEL JEFE DE GABINETE
Es altamente probable que, al igual que el subsecretario del Interior, Juan Pablo Longueira sea citado a la Cámara de Diputados para que explique a la comisión investigadora bajo qué normativa él y su familia pudieron comprar estas tierras.
Consultado sobre cómo se adquirieron estos terrenos, Longueira Brinkmann entregó a las autoras de este reportaje un documento que, a su juicio, confirma que los dos predios que compró a su nombre en 2015 no son indígenas: un certificado de Registro de Tierras Indígenas de la Conadi que indica que ambos paños no se encuentran en ese registro.
Localización de la Comunidad Ignacio Yevilao
No obstante, que un terreno no esté inscrito en el Registro de Tierras que lleva la Conadi no significa que no sea indígena. El artículo 12 de la Ley 19.253 es el que determina los requisitos para que un predio sea considerado indígena. Y establece ocho fórmulas, agrupadas en cuatro incisos. Uno de ellas es que las tierras estén inscritas en el registro de la Conadi. Pero ese criterio no es excluyente. Otro mecanismo es que los terrenos provengan de un Título de Merced, concedido en conformidad con las leyes promulgadas a fines del siglo XIX, y que aún estén en poder de comunidades o individuos que pertenezcan a pueblos originarios. Y ese es el caso de los terrenos adquiridos por el jefe de gabinete del ministro Moreno.
Salvador Millaleo, abogado de la Universidad de Chile y doctor en sociología, explica que es el numeral segundo, letra b, del artículo 12 de la ley el que especifica que serán indígenas aquellos terrenos que sean ocupados por personas o comunidades de pueblos originarios y que hayan formado parte de un Título de Merced. Por lo tanto, indica Millaleo, que no estén inscritos en el Registro de Tierras no quiere decir que los terrenos no sean indígenas. También afirma que cuando la tierra pasa a manos de una persona que no pertenece a un pueblo originario (como ocurre en el caso del subsecretario Ubilla y de Juan Pablo Longueira), esta sigue manteniendo su calidad de indígena.
Por lo demás, la Conadi tiene un informe, confeccionado en 2017, que confirma que su Registro de Tierras no incluye todos los terrenos que son indígenas. Ese documento -titulado «Estudio de predios adquiridos Biobío y Araucanía»- fue hecho por la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía, y tuvo como propósito actualizar y georreferenciar las bases de datos de todas las compras de tierras indígenas hechas tanto por particulares como por la Conadi.
En relación a las dos compras hechas por la sociedad Agrícola Las Azaleas a inicios de este año, Juan Pablo Longueira afirmó que él ya no participa en la administración de esa sociedad y no tiene conocimiento de sus movimientos.
Efectivamente, al momento en que se ejecutaron esas compras –enero y marzo de este año– el administrador de Agrícola Las Azaleas era Rafael Loyola Domínguez. De acuerdo con una escritura inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (N°50808, fojas 98916, año 2018) Loyola fue nombrado administrador de la sociedad por una junta de accionistas de Agrícola Las Azaleas en la que participaron solo dos personas: Pablo Longueira Montes, representante del 1% de las acciones, y Juan Pablo Longueira Brinkmann, en representación del 99% que posee la sociedad familiar Inversiones Las Azaleas. Tres semanas después de que se inscribió en el conservador el acta de esta junta, Loyola compró el primer campo en Chucauco a nombre de la sociedad.
Con independencia del argumento que esgrime el asesor del ministro Moreno, respecto de que no estaba al tanto de estas compras, lo cierto es que él forma parte de los controladores de la sociedad que adquirió estas tierras. Y este vínculo tendría que ser revisado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
PRIMERAS COMPRAS
La relación entre los Longueira Brinkmann y la Conadi data de marzo de 2015, cuando esa familia le vendió a la institución del Estado un terreno de 150 hectáreas también en Villarrica. La compraventa fue conocida públicamente en junio del mismo año a través de un reportaje de El Mercurio en el que comunidades de ese sector cuestionaban el precio pagado por la Conadi: $810 millones. Las críticas apuntaban a que ese monto era $100 millones más caro que el avalúo comercial de los predios de la zona y porque ese campo tenía áreas limitadas para desarrollar cultivos. Ante esto último, Conadi respondió que se pagó el precio justo de acuerdo a los antecedentes técnicos que tenían sobre ese terreno.
En octubre de 2015 el hijo del exministro adquirió a su nombre el primer terreno, de 7,4 hectáreas, en el sector Chucauco. El ahora asesor del ministro Moreno lo compró a Orfelina Pichún, mujer mapuche que tenía la propiedad desde 2010, tras comprarla a tres mapuches que las habían heredado. La historia de esos terrenos es larga y todas sus transacciones remiten a herencias de la familia Nahuelhual, apellido que se repite desde la primera división del Título de Merced concedido en 1914.
Para este reportaje de investigación se revisaron los títulos de dominio de este terreno de 7,4 hectáreas en el Conservador de Bienes Raíces de Villarrica. El análisis de los registros de propiedad permitió ubicar el segundo terreno comprado por Longueira Brinkmann. Este nuevo predio –de 6,6 hectáreas– le fue vendido también en 2015 por Godofredo Cotrena, mapuche y exiliado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Cotrena lo había comprado a la mapuche Amalia Aillapi. Este terreno se originó en una adjudicación otorgada en 1939 a Rosario viuda de Nahuelhual por el Juzgado de Indios de Pitrufquén y también formó parte del Título de Merced de 1914.
El predio comprado a Edith Salazar es indígena y la Conadi lo sabe. Está inscrito en el Registro de Tierras de ese organismo público. Sin embargo, la Conadi permitió realizar la compraventa de igual manera, contraviniendo el sentido de fondo de la Ley Indígena, que es mantener las tierras en manos de personas del mismo pueblo originario.
Edith Salazar no es mapuche, pero obtuvo el dominio del terreno porque estuvo casada con Pedro Rivera Collinao, anterior propietario. Cuando se separaron, ella obtuvo el terreno a través de separación de bienes en 2018 (un caso similar al de la compra que hizo el subsecretario Rodrigo Ubilla). Pedro Rivera había comprado esa parcela a Carlos Nahuelpán Nahuelhual, miembro de la familia beneficiada con el Título de Merced de 1914. Este último había obtenido el dominio a través de una entrega hecha por el Ministerio de Bienes Nacionales.
En 2016 este terreno fue inscrito en el Registro de Tierras Indígenas, por lo que la Conadi nunca debió haber aceptado una transacción entre Edith Salazar y la sociedad controlada por los Longueira. Es probable que la Conadi deba dar una explicación ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Su director, Fernando Sáenz, ya está citado a esa instancia.
Agrícola Las Azaleas SpA compró una segunda parcela: Godofredo Cotrena le vendió 3 hectáreas. Originalmente, ese era un predio de 6 hectáreas, que fue adquirido por Cotrena junto a Vicente Mariqueo. Lo compraron a Fresia Colompil, quien obtuvo esas tierras a través de una adjudicación del Juzgado Civil de Villarrica. Luego se partió entre Cotrena y Mariqueo. Estos terrenos siempre han sido mapuche y nunca fueron desafectados por la Conadi para que pudiesen ser comprados por personas que no pertenezcan a esa comunidad. Otra arista que tendrá que ser investigada por la comisión parlamentaria.
Esta investigación periodística fue hecha por Ignacia Montoya y María José Delaporte, estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica. El reportaje forma parte del Taller de Periodismo Avanzado, asignatura impartida por el profesor Boris Bezama.
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Los sinvergüenza y los areglos para todos los politicos que estan en el poder cada 6 años no ha cambiado nu va cambiar nunca, desde que nos dejaron las Españoles se han aprobechados los politicos que supestamente son elejidos porque van a !!! trabajar para el pueblo !!! cuando se encunetran en el poder se olvidan de lo que dijeron, Gracias a Dios que la nueva generación en Chile se ha y estara educando, porque esa es la unica forma de frenas el abuso de los politicos y del Hombre blanco, Las tierras son de los ARAUCANOS y deben ser entregadas a ellos.
Pamela | 08.04.2022
Me parece interestante el comentario publicado por el señor "Javier el 24.04.2020" que acusa esta ley de protección como que "el estado nos obliga a no salir adelante". O sea, como hacemos... el estado debe proteger o no? Para resolver el problema los Mapuches necesitan ponerse de acuerdo y asumir la decisión. O son libres de vender y asumen luego el riesgo de ser engañados para vender, o se prohibe la venta de esos terrenos a personas que no pertenezcan al pueblo Mapuche. Por favor, si hay algún Mapuche leyendo este mensaje que diga lo que piensa al respecto y que opción prefiere.
Javier | 24.04.2020
Yo soy mapuche y parece que el estado nos obliga a no salir adelante quiere que los mapuches estemos para siempre trabajando la tierra yo tengo estudios y soy del pensamiento que si la tierra es mia yo puedo venderla a quien quiera . si tengo la posibilidad de vender y invertir en lo que estudie o comprarme una casa en la ciudad no lo puedo hacer por que mi tierra es mapuche eso es discriminación a mi parecer
Marcia Nain | 03.02.2020
A mi padre le quitaron sus tierras en el sector de Ruca Raqui region del Bio Bio a mi tio Juan Nain Aniñir lo emborraron hicieron que firmara cediendo sus tierras y mi padre Jose Miguel Nain Aniñir estaba vivo y yo su hija segun jamas encontraron a mi padre trabajaba en correos de chile
Nadie se tomo la molestia de buscarlo y sus tierras fueron abjudicadas a don Braulio Leal las cedio el sr Leyton del Sag y el conservador de Lebu y tengos testigos de esto porque tanta injusticia para y mi pueblo mapuche tanto atropello usurpaciones ventas y compras fraudolentas .
Si alguien lee este correo podria informarme si puedo recuperar lo que mi abuelo dejo para mi padre y el para mi ,podre acojerme a la ley indigina 19253 gracias
Paulina | 22.07.2019
Felicitaciones a Ignacia y María José por tan interesante investigación. No cabe duda que podrán "destapar" otros casos de irregularidades tan impunes como esta. Lamentablemente NUNCA se hace justicia.
Jose | 05.07.2019
Mas y mas y cada vez mas sinverguenzuras
Lo peor de todo es que el gobierno que este de turno es y sera lo mismo.
Al final de cuentas, del color politico que sea, son todos iguales.
SINVERGUENZAS !!!
Rodrigo Alejandro | 26.06.2019
Tanto en el caso de la compraventa de predios "indígenas" realizada por Longueira, como la ejecutada por Ubilla, surge la duda sobre qué está pasando con los Conservadores de Bienes Raíces de Villarrica y Pucón, puesto que claramente están efectuando inscripciones omitiendo la aplicación de normas de derecho público, y que por ende deben interpretarse restrictivamente. ¿Qué ocurre con las facultades fiscalizadoras de la Corte de Apelaciones de Temuco?
Lo peor, es que para revertir estas enajenaciones, corresponde que un afectado (entendiéndose por tal, aquella persona que vea lesionados sus derechos por la enajenación) demande la nulidad del contrato por objeto ilícito ante el juzgado civil competente, sin embargo ¿Habrá algún afectado que quiera demandar lo anterior y denunciar a los Conservadores de bienes Raíces involucrados? Al parecer, no... nuevamente el dinero pudo contra un estatuto que tiene por objeto proteger a los pueblos originarios y sus tierras. En cuanto a las comisiones investigadoras, estas no tienen ninguna utilidad, no revisten importancia alguna en la práctica.
María Georgina Yáñez Molina | 19.06.2019
Una tropa de estafadores instalados en el gobierno actual,deben necesariamente ser investigados tanto por los congresistas como por la PDI.
Chile no se puede dar el lujo de este robo a mano de engaños y de forma fraudulenta.
Basta que esto no sea modela je para los que hoy dan las sorpresas para sus robos que están fuera de la ley.
Mitsy Lanzarini | 16.06.2019
Esta gente es la misma que crítica a la nuera de la ex presidenta Bachelet. Es una entelequia en que personas que conocen de primera mano las consecuencias de estas acciones aprovechen sus ventajas y actúen impunemente.amparados por un gobierno en que su jefe de estado es el principal ejemplo de la falta de ética y del aprovechamiento de las compras de territorios mapuches y de sus consecuencias. ¿ Hasta Cuando ?
Marce77 | 15.06.2019
nadie junto los Puntos de lo q sucede en la IX región?
Hay una máfia INMOBILIARIA , el despojo con artimañas de tierras a Mapuche (con presiones por parte de Latifundistas,Conadi,Alcaldes,Empresarios...) todos sacan su parte , luego en los juicios ó reparaciones adivinen quien paga, sí pues el Estado,ó lo que va quedando de éste.
La Operacion Huracán involucra a altos personeros Policiales,muchos de ellos poseen Parcelas,casas en Lagos. Y Jueces de la República historicamente son dueños de exteeeeensas propiedades por allá.
Las Tierras Mapuche son el Jamón del Sandwich. Fuera Forestales y Latifundistas con tierras mal habidas. Vean el reportaje de CHV sobre Inmobiliarias en Pucón y cómo alcaldes se hacen los giles...
Leoncio Flavio Rojas | 13.06.2019 | Socio/a 3 meses
Me he dedicado toda mi vida al estudio y propuestas para el pueblo mapuche. En buena fe he hecho llegar mis antecedentes tecnicos y profesionales para colaborar a Lagos Escobar cuando era Presidente, incluso a Alfredo Moreno. He llegado a la conclusion final y definitiva que al Estado chileno y sus funcionarios no les interesa resolver los problemas de pobreza e inequidad del pueblo mapuche. En otras palabras, la espiral de violencia que comienza ya en el periodo de Frei (segundo trienio) tiene como causa el abandono y desinteres que ha hecho el Estado y por otra parte, a la usurpacion de tierras como la que describe esta informacion. Es lamentable y una tragedia larvada por ineptos, inescrupulosos y simplemente ladrones que llegan al Estado (no se como) pero buscando el provecho personal.
ramon | 12.06.2019
Deben regresar estas tierras mal habidas a los pueblos originarios- Y quien mal compro pierde lo que haya entregado al vendedor
Julio fuentes | 12.06.2019
Sabían q en 20 años más el agua será escasa y las únicas reservas estaran en el sur de chile?
Por lo mismo estas practicas se intensificaran y ingresarán muchos proyectos de ley tendientes a legitimar las apropiaciones y compras fraudulentas, de hecho partidos como udi -dc-ppd-rn tienen entrte sus integrantes personas con influencias muy interesada en la apropiacion de recursos hídricos del sur de chile con miras a la crisis global que habrá en 40 años más.
Así q atentos y no se sorprendan,actuen.
Patricia | 12.06.2019 | Socio/a 3 años y 8 meses
Hasta cuando seguiremos a merced de la oligarquía política!??... Ya da lo mismo izquierda o derecha, toda la clase política chilena consta de ladrones, mentirosos y aprovechadores y el resto del país, financiando este tipo de arreglos.... Estamos mal y ni luces de mejorar.
MAURICIO | 11.06.2019
Es una lastima que personas ligadas al actual gobierno aparezcan comprando tierras que son de propiedad mapuche con el conflicto que hay actualmente,, pero hay que recordar que los que venden no lo hacen forzados , es un negocio entre particulares, si tuviesen prohibición de venta por ley sería otro cuento pero al parecer no lo tienen, solo son parte de una comunidad pero no quiere decir que tengan prohibición de hacer negocios con ellas , ahora si despues se las quieren tomar o quitar y patalear contra el gobierno de turno por usurpación de tierras es otro cuento, es a riesgo del que compra.
Gonzalo Méndez | 10.06.2019
El CBR de Osorno no inscribe compraventas de vendedores mapuches no obstante se presente un Certificado de la Conadi que señale que la propiedad no se encuentra inscrito en el Registro de Tierras. Solo acepta la inscripción contra la presentación de un Certificado de la Conadi que señale "que efectuado el estudio de los títulos, esta Corporación certifica que la propiedad no es indígena". En otras palabras, ni Longueira ni Ubilla podrían haber inscrito sus CV si la propiedad hubiera estado bajo la competencia del CBR de Osorno.
Juan Pedro | 10.06.2019
A nadie le sorprende que un chileno no pueda comprar una parcela en Chile???
Eduardo | 09.06.2019
Alguien en su sano juicio espera algo diferente de los derechistas?????
cristian vallejo m | 08.06.2019
UUUFFFF!!!!! sumemos, sumemos, que rabia y pena dá como estos señores siguen en el filo de la cornisa, ahí ,a ver si pasa ,y claro es quizás legal pero no moral, pero a este segmento del país les dá lo mismo-La cosa es tener, ser vivito y si salpico al resto NO IMPORTA que triste
Pablovski | 08.06.2019
Simplemente quiero felicitar a las estudiantes de periodismo por esta investigación.
Claramente el accionar de Juan Pablo Longueira y de Rodrigo Ubilla son incompatibles con los cargos que ostentan en el gobierno, los que además están reñidos con el ordenamiento jurídico vigente relativo a la llamada Ley Indígena.
Daniel | 08.06.2019
Es el modelo de negocios de algunas personas que son de ascendencia indigena ...recibir tierras por las garantias que poseen, las VENDEN POR SU PROPIA VOLUNTAD... supongo que no se llevo a nadie por la fuerza a una notaria y luego las recuperan por la fuerza , les creo que haya reparaciones por los terrenos usurpados hasta la dictadura pero de ahi en adelante solo hay aprovechamiento de pequeños grupos en ambos sectores... raro me parece que en la ley no este considerado un castigo para el que compra PERO TAMBIEN PARA EL QUE VENDE. Como los libros de estudio antiguo ESTE LIBRO PUEDE SER VENDIDO POR QUE SU DISTRIBUCION ES GRATUITA. Yo creo que debiesen crear un registro para todas las tierras del programa de reparacion asi tambien sirve para tener un catastro de que se gasta, ya que hay mapuches que no reciben ayuda de ningun tipo y otros reciben harta ayuda como la familia catrillanca que a pesar de estar contra el estado por su forma de actuar lo cual tiene justificacion pero a la vez utiliza todos los fondos de programas que el estado ofrece, asi la poca ayuda que da el estado a los pueblos originarios pueda ser repartida entre todos, empezando por los sectores con mas carencias y en sectores donde se produzcan menos altercados entre originarios yno originarios. No puede ser que temucuicui reciba mas ayuda y beneficios que otras comunidades pacificas
Teresa Vera | 08.06.2019
Cómo se puede dar mayor publicidad a estos temas de corrupción para que todo el país se entere de lo que hay detrás de las buenas intenciones de estos personeros políticos, para así abrir los ojos a los que aún les creen. Llegan al gobierno para hacerse más ricos. Ojo también con sus buenas intenciones relacionadas con las AFP.
Sergio | 08.06.2019
Yo entiendo que tanto los Notarios como los Conservadores no deberían aceptar estas escrituras de compraventa, en que Notaría se hicieron esas transacciones?????
Marta Elena Muñoz | 07.06.2019
Los negociados suman y siguen, sin escrúpulos cada día otro peor, por eso aprovechen de "arreglar" leyes, ojalá que la diputada Emilia Mutado se imponga con fuerza y encuentre apoyo en el parlamento
Pablo Rojas | 07.06.2019 | Socio/a 8 meses
Compran a huevo
Y se la venden al estado
A traves de la conadi
Al 1000 %
Buen negocio
Lorenzo Hidalgo | 07.06.2019
Buen trabajo muchachos. Felicitaciones.
Kilpatay | 07.06.2019
Bravo Jovenes estudiantes de periodismo, Van por muy buena senda, por que son periodistas sabuesos!!
Jessica | 07.06.2019
Tengo en mi poder un libro donde aparece quienes son realmente los dueños de esas tierras y como llegaron a manos de la familia nahuelhual, además desde tiempo ancestrales han sido indígenas
RAMON | 07.06.2019
El reportaje es bueno yamplio en relación al sr. Longueira, lo interesante sería que ciper investigue las razones que llevaron a la Sra. Edith Salazar y a don Godofredo Cotrena a vender en esas condiciones, sabiendo ellos que esas tierras no pueden ser vendidas a quienes no pertenezcan a la comunidad mapuche. Es bueno que se investigiue a ambas partes. saludos
Arturo C. Flores | 07.06.2019
Suma y sigue. No cabe duda que el poder corrompe.
Carlos Maldonado | 07.06.2019
Y la corrupción sigue, ahora en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No hay que olvidar que ese ministerio esta llevando a cabo la consulta indigena para la modificación de la Ley Indígena, especialmente en lo que respecta a la venta de tierras indígenas y que ha sido fuertemente rechazada por las comunidades del país. Ahora se entiende el empecinamiento de Alfredo Moreno y Sebastian Piñera en esta consulta, que ha estado marcada por la elaboración de actas a espalda de las comunidades para decir "les consultamos", ya que no es vinculante.
¿Quién detiene esta corrupción desatada en el país? Lo que es claro, es que resulta insostenible la presencia de Moreno como Ministro, ni la de Juan Pablo Longueira.
Elizabeth | 07.06.2019
Se agradece, este tipo de información! Espero qué esas tierras, vuelvan a manos de gente mapuche, como debe ser y ya basta de querer apropiarse de terrenos que no les corresponde!
María José | 07.06.2019
Hay que ser bien desubicado para comprar terrenos en ese sector sabiendo los conflictos existentes y más aún siendo funcionario y parte de un Ministerio involucrado en el. conflicto mapuche.
Gustavo Quilaqueo Bustos | 06.06.2019
Suma y sigue.. Hay que sacra a la luz todas estas compras fraudulentas...No es extraño pensar que la Consulta Indígena 2019, Cambios a la Ley 19.253, apunte a legitimar estos tipos de chanchullos.
La relación entre los Longueira Brinkmann y la Conadi data de marzo de 2015, cuando esa familia le vendió a la institución del Estado un terreno de 150 hectáreas también en Villarrica. La compraventa fue conocida públicamente en junio del mismo año a través de un reportaje de El Mercurio en el que comunidades de ese sector cuestionaban el precio pagado por la Conadi: $810 millones. Las críticas apuntaban a que ese monto era $100 millones más caro que el avalúo comercial de los predios de la zona y porque ese campo tenía áreas limitadas para desarrollar cultivos. Ante esto último, Conadi respondió que se pagó el precio justo de acuerdo a los antecedentes técnicos que tenían sobre ese terreno.
SpA: 8,5 hectáreas a Edith Salazar y 3 hectáreas a Godofredo Cotrena.
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