Todo para mí, nada para el resto: el complejo puzle de la representación

En la última década se consolidó entre los ciudadanos la idea de que las cúpulas políticas viven en una burbuja. El autor de esta columna nos dice que eso se debe a que el sistema binominal solo permitía la representación de un espectro político limitado, compuesto por una elite socio-demográfica mucho más conservadora –o moderada– que la ciudadanía. El incremento de esta brecha de representación se origina, en parte, por los bajos niveles de participación electoral: “Aunque por el presidente Piñera votó el 54,6%, en realidad su coalición obtuvo el 27% del universo de potenciales electorales”. Un problema que ya se había evidenciado en la segunda elección de Bachelet.

Desde hace más de una década se venían advirtiendo síntomas de una crisis de representación en la democracia chilena. Aumentó la desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos, disminuyó la membresía efectiva a las tiendas políticas, y fue cayendo sostenidamente la participación electoral. La opacidad en el financiamiento electoral acompañado por significativos escándalos de corrupción no hicieron más que agravar esta situación.

La ciudadanía comenzó a percibir a los actores políticos como una “clase política” que usufructúa del poder para mantener sus privilegios más que para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.  Esta clase o elite política -en  la percepción subjetiva de las personas- viviría en una burbuja, rodeada de regalías, y alejada de las preocupaciones de la ciudadanía. Se generaban así tres problemas:

• El problema de la representación descriptiva. Los gobernantes no eran un espejo de la sociedad, esto es, no reflejaban la composición socio-demográfica de lo que es el Chile actual. Como el acceso a posiciones de poder requiere de importantes sumas de dinero y de redes de contacto, entonces los representantes reflejarían un espectro bastante limitado y acotado de lo que es la sociedad: hombres, de origen social medio-alto y alto, de Santiago, principalmente de colegios privados, y con acceso a estudios superiores en un marco acotado de profesiones. Las mujeres, los indígenas y personas de regiones y pobres quedarían su-representadas o derechamente excluidos del sistema.
• El problema de la representación ideológico-partidista. Dadas las características del sistema binominal que estuvo vigente entre 1990 y 2018, el sistema político lograba representar a un espectro significativo, pero limitado de agrupaciones políticas. La izquierda que en ese entonces se conocía como “extra-parlamentaria”, no alcanzaba una adecuada representación en el Congreso, distorsionando la representación.
• El problema de la representación programática. Como consecuencia de lo anterior, quienes resultaban electos tenderían a defender ideas mucho más conservadoras (o moderadas) que las que la ciudadanía sostenía, tanto en el plano económico como en temas valóricos. La elite defendía ideas asociadas a sus intereses o los intereses de quienes financiaban sus campañas.

En el año 2011, el Observatorio Electoral de la Universidad Diego Portales mostraba que al comparar las percepciones de los diputados y contrastarlas con las de la ciudadanía, los partidos de derecha (UDI y RN) eran los que manifestaban mayor distancia tanto respecto de la ciudadanía en general como respecto de sus propios simpatizantes de derecha.  Existía mayor congruencia entre los congresistas de la Concertación y sus simpatizantes. El partido que más se acercaba a la opinión de sus simpatizantes era la Democracia Cristiana (UDP 2011).

El año 2018 repetimos el ejercicio, estudiando las percepciones de los congresistas (senadores y diputados) en una serie de temas económicos, sociales y políticos. Más tarde, Criteria Research replicó en forma idéntica el cuestionario en una encuesta panel aplicada a la ciudadanía. Nuestro objetivo fue evaluar la distancia o congruencia entre la élite y la ciudadanía (ver aquí). El estudio resulta relevante por cuanto el escenario político en el Congreso se había transformado significativamente: más diverso, con mayor variedad ideológica y hasta socio-demográfica, cuestión que no había ocurrido desde el retorno de la democracia.

MÁS ESTADO, MÁS LIBERTADES

En un sistema económico que demanda el esfuerzo individual para satisfacer las necesidades básicas de educación, servicios básicos, salud y pensiones, observamos que, en términos generales, subsisten las brechas de representación detectadas en 2011.  En la encrucijada de optar por Estado o mercado, la ciudadanía se muestra más partidaria de soluciones “estatistas” a problemas esenciales como las pensiones, salud, y la propiedad de servicios públicos.  En cambio, la élite política representada en el Congreso se muestra más inclinada por soluciones de mercado.  En este tema, los partidos de izquierda se acercan más a las opiniones que tiene la ciudadanía. Se mantiene también una fuerte distancia entre las posiciones de los partidos de derecha y lo que opina la ciudadanía.

En tanto, en temas valóricos (matrimonio homosexual, aborto, eutanasia) se advierte una mayor congruencia entre élites y ciudadanía. Aquí de nuevo son los congresistas de la UDI y RN quienes manifiestan opiniones más divergentes con la opción mayoritaria de la ciudadanía.

La pregunta inmediata que surge es por qué se advierte esta brecha. Parte de la explicación tiene que ver con los niveles de participación electoral. Como vota menos de la mitad de la población adulta, se produce una distorsión en la representación. Así, aunque por el presidente Piñera votó el 54,6%, en realidad su coalición obtuvo el 27% de los votos del universo de potenciales electorales. Lo mismo sucede con los partidos y coaliciones representadas en el Congreso. Entonces, los representantes -de gobierno y oposición- en realidad responden a los sectores que logran movilizar y que son una minoría en la sociedad.

Sin embargo, esa explicación no es suficiente por cuanto la distancia programática entre algunos partidos y la ciudadanía es sideral. Pensemos, por ejemplo, que hoy en el Congreso Nacional solo un 23,4% de los congresistas UDI/RN apoyan la eutanasia, mientras que a nivel ciudadano aquel tema obtiene un 82% de aprobación.  Esto nos coloca ante una ya clásica interrogante sobre los factores que explican el voto. Y las respuestas apuntan no necesariamente a cuestiones programáticas, sino que más bien al tipo de vínculos que se establecen entre representantes y representados.

Parece ser que los y las congresistas no llegan siempre al poder gracias a las ideas que defienden, sino que muchas veces lo hace producto del tipo de vínculos que establecen con su electorado. En una sociedad menos ideologizada, donde el eje izquierda-derecha pierde sentido para la ciudadanía, son otros los elementos que cobran relevancia: el discurso anti-corrupción, la posibilidad de obtener beneficios directos, las percepciones de beneficio económico futuro, las redes de vínculo con sus representantes, etc. (Barozet 2003, Luna y Rosenblatt 2012, De Cea y Fuentes 2016). La lucha por el poder se transforma en procesos políticos de minorías movilizadas y no son resorte de las grandes mayorías.

¿Es problemático que exista esta distancia entre electores y sus representantes? Esta brecha podría generar problemas en la medida en que aumenta la insatisfacción de la ciudadanía respecto de la dirección que adquieran ciertos asuntos públicos.

Si por ejemplo las leyes que aprueba el Congreso siempre favorecen los intereses de los grandes empresarios, muy probablemente esto agravará la distancia gobernantes-gobernados e incrementará esta sensación de “hastío” o “ira” social. La incongruencia programática se transforma en un conflicto cuando la ciudadanía comienza a percibir que los representantes no están respondiendo a los intereses del electorado que los eligió para gobernar. Esta percepción se traduce en descontento, y este descontento es canalizado política o socialmente a través de la protesta.

TODO PARA MÍ, NADA PARA EL RESTO

Los resultados de este estudio nos advierten de otro problema social y que probablemente tiene que ver con la matriz individualista de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Advertimos una sociedad que reclama una solución estatal a sus problemas, pero que no está dispuesta a compartir los beneficios sociales que este mismo Estado distribuye. Al mismo tiempo, advertimos una élite política que tampoco está dispuesta a ceder poder cuando sus intereses directos se ven afectados.

Así, por ejemplo, la ciudadanía se muestra bastante favorable a entregar poder político y autonomía territorial a los pueblos indígenas. Pero si se la confronta con la afirmación “los indígenas debieran tener mayor puntaje para acceder a beneficios sociales”, solo el 37% de la población encuestada se muestra de acuerdo con aquella decisión de política pública. La elite en el Congreso, en cambio, está muy dispuesta a entregarle beneficios sociales a los indígenas (61%), pero se muestra mucho menos favorable cuanto se trata de darles autonomía o poder político.

Algo similar ocurre con la migraciones, donde la ciudadanía se muestra mayoritariamente de acuerdo con la afirmación “es necesario limitar la cantidad de inmigrantes porque afecta el trabajo de los chilenos” (60%), cuestión que es apoyada solo en un 19% por la élite en el Congreso. Cuando la distribución de poder o de beneficios afecta los intereses de un segmento social, disminuye el apoyo a tal opción de política.

Se trata entonces de una realidad social compleja, con élites distanciadas de la ciudadanía en ciertos temas cruciales (Estado versus mercado); con una sociedad que demanda la protección del Estado frente a los abusos del mercado; con una élite que o por pragmatismo o convicción opta por soluciones de mercado y con segmentos que buscan defender sus cuotas de poder o beneficios sociales.

Más que dos modelos de sociedad en pugna (uno estatista de izquierda versus una pro-liberal y de mercado), lo que observamos es un complejo puzle con intereses sociales y políticos a veces contradictorios y a veces más congruentes.

Es una sociedad que demanda seguridades, que está consciente de las desigualdades, pero las enfrenta con respuestas individualistas.  Se trata de una élite más polarizada que la sociedad, pero que se organiza en torno a coaliciones políticas tensionadas internamente. En la coalición de derecha, esa tensión proviene de la primacía de la autonomía individual; mientras que la centro-izquierda se observa tensionada por la relevancia que se le asigna al mercado.

REFERENCIAS