Todas las muertes conducen a Berríos

El juicio por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva está directamente vinculado a otros cinco crímenes que tienen a Eugenio Berríos y la fabricación secreta de armas químicas durante la dictadura como eje central. Los seis procesos están concentrados en las manos del ministro Alejandro Madrid, en una investigación que ya acumula diez años.

El químico de la DINA, cuyo cadáver fue encontrado en abril de 1995 en una playa de Uruguay con impactos de bala en la cabeza, había sido sacado clandestinamente del país cuatro años antes. Su fuga fue ejecutada por un equipo del grupo más secreto de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), encabezados por los escoltas de Pinochet, que le dieron muerte junto a militares uruguayos que lo tenían bajo su custodia cuando intentó escapar.

Existe certeza sobre cómo se ejecutó la salida de Eugenio Berríos hacia Uruguay. Una operación que tuvo por objeto evitar que Bañados interrogara al hombre que “sabía mucho”. Su escape se concretó el 26 de octubre de 1991, poco después de que la abogada Fabiola Letelier le pidiera al ministro Adolfo Bañados que interrogara al químico de la DINA en la investigación por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Se trataba de un testigo estelar.

Michael Townley había confesado que en un principio se pensó matar a Letelier (en Washington, septiembre de 1976) con gas sarín, un agente químico letal inventado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y perfeccionado por Berríos en un laboratorio de la DINA. Tan avanzado estaba el plan inicial que Townley recordó haberse embarcado en 1976 en un vuelo de Lan portando“un frasquito de perfume Chanel Nº 5 que me había dado mi esposa y que yo había llenado con sarín”.

Cuando el ministro Bañados dictó el 8 de noviembre de 1991 la orden de detención en contra del químico de la DINA, ya era tarde: Berríos estaba clandestino en Uruguay, país al que llegó vía Argentina el 29 de octubre. El ministro Bañados ignoraba que en su propio despacho la BIE tenía un topo que les informó de la orden antes incluso que fuera firmada.

Sólo ahora se entiende el por qué de los millones de dólares que se gastaron en la operación para sacar a Eugenio Berríos del país. No eran los autores del crimen de Orlando Letelier lo que Pinochet y sus custodios del BIE temían que revelara el químico. Bañados ya tenía ese cuadro claro. Eran otras muertes que en ese momento, recién iniciada la recuperación de la democracia, permanecían ocultas y podían detonar problemas mayores. Incluso de defensa nacional por el destino y uso potencial que se les daría a las armas químicas fabricadas en laboratorios del Ejército.

Desde 1999, fecha del inicio del juicio por el secuestro y homicidio de Berríos, primero la jueza Olga Pérez y luego el ministro Alejandro Madrid -junto al mismo equipo policial integrado por el prefecto Nelson Jofré y la inspectora Palmira Mella- han ido armando pieza por pieza un puzzle macabro.

Primero se esclareció el crimen de Renato León Zenteno, conservador de Bienes Raíces de Santiago, asesinado por un equipo de la DINA. El crimen se perpetró el 30 de noviembre de 1976, dos meses después de ser asesinado Letelier, en el propio departamento de León Zenteno. El protocolo de autopsia dice que murió víctima de una “toxemia aguda inespecífica”.

Uno de los agentes que participó en el asesinato confesó que al dejar la escena del crimen, Berríos reparó en que el frasco de perfume con gas sarín había quedado olvidado en la mesa de noche de León Zenteno. Ya era tarde. No podían regresar. Muchos años después, cuando se revisó el viejo expediente archivado, la sorpresa de los investigadores de Madrid fue mayúscula: en las fotos tomadas por los peritos se ve nítidamente el mismo frasco descrito por el agente de la DINA en su confesión.

¿Por qué matar a León Zenteno? Por una simple razón. Éste se oponía a traspasar ilegalmente a sociedades de la DINA terrenos en la Reina Alta de los que fueron despojados opositores al régimen. De cualquier forma, el ex conservador de Bienes Raíces de Santiago no fue obstáculo para los propósitos de la DINA. En esos mismos terrenos hoy se levantan sólidos y hermosos conjuntos residenciales para militares.

Ha quedado establecido judicialmente que Berríos formó parte de la Brigada Quetropillán de la DINA, un laboratorio que funcionó en la casa que Michael Townley y su esposa Mariana Callejas compartían en Lo Curro. En ese laboratorio se desarrolló el proyecto “Andrea”, destinado a producir armas químicas para la eliminación de opositores y, eventualmente, para ser usados en algún conflicto con países vecinos. Sarín, Soman y Tabun fueron algunas de las toxinas químicas desarrollados por Berríos y el científico Francisco Oyarzún Sjoberg, quienes trabajaban bajo las órdenes directas de Manuel Contreras.

El gas sarín obtenido en la casa de Lo Curro fue probado por primera vez en abril de 1976, utilizando perros y hasta un burro. También se experimentó con ratones y conejos.

Una de las primeras víctimas humanas fue el poeta Luis Waldo Silva Caunic. Después fue el turno del diplomático español Carmelo Soria, quien fue secuestrado en julio de 1976 y conducido a la casa de Lo Curro. Cuatro meses después ocurrió el asesinato del conservador de Bienes Raíces de Santiago. Y en marzo de 1977 la víctima provino de las propias filas del organismo dirigido por Manuel Contreras.

Manuel Jesús Leyton Robles, un cabo de Ejército adscrito a la DINA, había sido detenido en 1977 por robo de autos y uno de ellos pertenecía a un detenido desaparecido. En su declaración a Carabineros dijo que lo hacía por encargo de la DINA. Poco antes de ratificar sus dichos ante un tribunal fue eliminado con gas sarín, aunque oficialmente el Ejército adjudicó la muerte a “causas naturales”.

Treinta años después Alejandro Madrid estableció la verdad y, de paso, demostró por primera vez que la DINA utilizó gas sarín para la eliminación de personas. Por este juicio hay 13 ex agentes procesados, entre los que se cuentan los médicos Hernán Taricco Lavín, Pedro Valdivia Soto y Osvaldo Leyton. La enfermera Eliana Carlotta Bolumburu Taboada, quien cumplía un rol clave en la Clínica London de la DINA y luego de la CNI, también fue vinculada.

A partir del asesinato de Letelier, en septiembre de 1976, se desató una fuerte pugna entre el jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras, y el jefe de la entonces Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, general Odlanier Mena. Este último objetaba los brutales y desprolijos procedimientos de Contreras.

Entonces, de acuerdo con el testimonio de Michael Townley, Contreras decidió matar al general Mena “mediante la incorporación de una bacteria mortal en su café” que había sido proporcionada por Berríos. El plan se frustró porque en esa oportunidad Mena prefirió un agua de yerbas.

En 1978, una vez que la participación de Townley en el crimen de Letelier quedó al descubierto y fue reclamado por Estados Unidos y expulsado a ese país ante la presión de su gobierno, Berríos y su laboratorio de Lo Curro se trasladaron al Complejo Químico e Industrial del Ejército en Talagante. El hombre al mando: el coronel Gerardo Huber, uno de los mandos operativos de la DINA, asesinado tras el escándalo que provocó el descubrimiento de un cargamento de armas rotulado como material sanitario cuyo destino final era Croacia.

Las armas químicas fabricadas por Berríos cobrarían nuevas víctimas el 8 de diciembre de 1981, el mismo día que Frei Montalva se agravó para ya no recuperarse y era operado por tercera vez por el doctor Patricio Silva Garín.

Mientras en la Clínica Santa María el ex mandatario comenzaba a evidenciar signos de muerte, en la Cárcel Pública un grupo de cuatro presos políticos del MIR y otros dos reos comunes experimentaban los mismos signos, a raíz de un envenenamiento. Adalberto Muñoz Jara, Guillermo Rodríguez Morales y Ricardo y Elizardo Aguilera lograron sobrevivir al ataque, aunque con serias secuelas. Sin embargo, dos presos comunes -Víctor Corvalán Castillo y Héctor PachecoDíaz- que compartieron almuerzo con los miristas, murieron a causa de una “intoxicación aguda inespecífica”. Nunca se investigó sus muertes.

Sí lo hizo el juez Madrid y su equipo, logrando establecer la identidad de los funcionarios de Gendarmería que tenían vínculos con los organismos represivos, además de acreditar que la intoxicación fue provocada con toxinas botulínicas fabricadas en el Instituto Bacteriológico del Ejército. El episodio lleva la marca de fábrica de Berríos.

Cuando las verdaderas circunstancias de la muerte de Frei Montalva comienzan a despejarse, es el turno del envenenamiento de la Cárcel Pública. Pero antes, se espera la sentencia en primera instancia por el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos. Veintiuna personas serán condenadas, entre ellas cuatro generales de Ejército y tres altos oficiales del Ejército de Uruguay.

Sobre el destino de las armas químicas el secreto se mantiene. Y Berríos se llevó a la tumba los nombres de los otros personajes molestos a los que se eliminó con su fabricación letal.