Nicaragua: el estado de sitio anuncia la derrota de la dictadura

La represión a las expresiones opositoras por parte del gobierno de Daniel Ortega y  su negativa a liberar a todos los presos políticos, como se había comprometido, son analizadas en esta columna por el director de Confidencial, Carlos F. Chamarro. La prohibición ilegal del derecho a la protesta cívica, dice Chamorro, evidencia el fracaso definitivo de Ortega: no puede gobernar ni negociar sin recurrir a la fuerza. “La recuperación de la libertad consiste en ejercer plenamente los derechos de reunión, movilización y libertad de expresión, para que el pueblo pueda manifestarse y promover sus demandas, sin ser reprimido ni hostigado”.

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El jueves pasado, bajo la protesta del movimiento estudiantil, la Alianza Cívica se reintegró a las negociaciones con la dictadura, con el nuncio apostólico como testigo, cuando la Organización de Estados Americanos condicionó su participación como garante internacional del Diálogo a la liberación de todos los presos políticos.

Siguiendo el mandato del secretario general de la OEA, Luis Almagro, su enviado especial en Managua, Luis Ángel Rosadilla, demandó al régimen que libere a todos los presos políticos y que presente un cronograma de su liberación, que sería negociado con la Alianza este viernes. “Nosotros estamos de acuerdo con un proceso de diálogo, no exactamente como mediadores, pero como garantes de ese proceso”, dijo Almagro, semanas atrás. Y añadió: “Hemos solicitado la liberación de todos los presos políticos porque nosotros no podemos entrar en una negociación en la que tengamos que negociar libertades”.

Sin embargo, este viernes la dictadura agravó la crisis nacional al excarcelar únicamente a cincuenta presos políticos, a los que otorgó el régimen de casa por cárcel, mientras la Policía Nacional desató una nueva ola de represión al prohibir una marcha cívica convocada para este sábado por la Unidad Nacional Azul y Blanco.

El incumplimiento de Ortega ha provocado un nuevo estancamiento en las negociaciones, y aviva el reclamo nacional en torno a la liberación de todos los presos, que en realidad son rehenes políticos de la dictadura. Mientras que la imposición de un Estado de sitio de facto para impedir que el pueblo pueda manifestarse, está demostrando que el tiempo político de Ortega y Murillo ha llegado a su punto final.

Lo que el movimiento nacional azul y blanco está demandando, ahora con el pleno respaldo de la comunidad internacional, es el cese de la represión y la persecución política, y la anulación de todos los juicios políticos, para que no quede un solo rehén en manos de la dictadura. La excarcelación de 162 presos políticos —50 el viernes y otros 112 el 27 de febrero— representa una rotunda victoria política y moral del movimiento autoconvocado. Dentro y fuera de la cárcel, ellos simbolizan la dignidad nacional, el mayor ejemplo de resistencia contra la dictadura, y la derrota de la narrativa oficial del “golpe de Estado” que ya está provocando un creciente desconcierto, aun entre los fanatizados partidarios del régimen. Pero ninguno está libre, y quedan más de 500 presos políticos en las cárceles.

Y la recuperación de la libertad consiste en ejercer plenamente los derechos de reunión, movilización, y libertad de expresión, para que el pueblo autovococado pueda manifestarse y promover sus demandas en el Diálogo, sin ser reprimido ni hostigado por la Policía y los paramilitares.

La Policía Nacional no tiene ninguna potestad legal para prohibir y reprimir una marcha cívica, como la que convocó para este sábado la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esta prohibición inconstitucional y la imposición de un Estado de militarización a través de la Policía, evidencia el colapso de un régimen que no se puede mantener ni un solo día en el poder, sin recurrir al uso de la fuerza y la represión. Ortega y Murillo no tienen voluntad política para restituir las libertades públicas, porque solo pueden ejercer el poder como dictadores.

No existe término medio entre el derecho a la libertad y el Estado de sitio de facto. A los policías que se resisten a reprimir, y a los partidarios del FSLN que se proponen reivindicar el papel del sandinismo en una sociedad democrática, tampoco les conviene la dictadura. En cambio, para Ortega y Murillo, restituir el derecho del pueblo a las calles y a expresarse en plena libertad, equivale a reconocer el fracaso y la inviabilidad de su modelo de Gobierno dictatorial.

En consecuencia, la única posibilidad de que esta negociación entre la Alianza Cívica y el Gobierno y el partido Frente Sandinista pueda retomarse con alguna posibilidad de éxito, pasa por la separación del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para facilitar una salida política y constitucional.

Ante la renuencia de Ortega y Murillo a renunciar, como correspondería a un estadista con algún grado de compromiso con el interés nacional, es imperativo ejercer máxima presión cívica nacional y presión diplomática internacional. Con los ciudadanos en las calles, sin represión; con la presión económica de los grandes empresarios, que aún pueden convertirse en actores democráticos; y con la condena de la comunidad internacional, que no puede sentarse a “esperar y ver” el resultado del diálogo, sin ejercer máxima presión ahora. De la presión simultánea de la calle, los empresarios, y la diplomacia, sumado al malestar social que está provocando el agravamiento de la crisis económica y la renuencia de las fuerzas del régimen a continuar reprimiendo, depende el desenlace de las negociaciones. Los plazos, por lo tanto, son políticos, y no se pueden predeterminar para el 28 de marzo, como proclaman los negociadores, ni para el tres de abril, como sugiere el Gobierno de Estados Unidos.

La crisis provocada por las gravísimas violaciones a los derechos humanos, es inseparable de la crisis derivada de la falta de democracia y los fraudes electorales. Por eso, el punto toral de la negociación serán las reformas políticas para convocar a elecciones anticipadas, sin Ortega y sin Murillo, y la investigación a cargo de una Fiscalía Especial, de todos los crímenes de la represión, para sentar las bases de una justicia sin impunidad. También el Ejército de Nicaragua debe asumir su responsabilidad institucional y desarmar a las bandas paramilitares, que deben ser objeto de investigación para que rindan cuenta ante la justicia.

Esa es la única negociación que le puede devolver la paz al país, y establecer un camino de recuperación económica sostenible, con justicia y democracia.