REPORTAJE HECHO POR ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UDP
Las guarderías de niños inmigrantes que albergan los “guetos” verticales
04.03.2019
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REPORTAJE HECHO POR ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UDP
04.03.2019
Obtener un ingreso mensual y permitir a la vez que sus compatriotas trabajen es el objetivo de un grupo de mujeres extranjeras que han habilitado guarderías informales en sus pequeños departamentos en los “guetos” verticales de Estación Central. Una solución precaria: los niños viven varias horas al día en espacios diminutos y a más de 20 pisos de altura. A pesar de su importancia, esta actividad no está sujeta a ninguna norma legal y tampoco es fiscalizada. Este reportaje es parte del proyecto “Infancia migrante en Chile”, del sitio Vergara 240 de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.
Mary (50 años) y Yaibery (32) llegaron hace casi un año a vivir a Chile escapando de la crisis política y económica que enfrenta Venezuela. Aunque no se conocen, sus historias son similares: no han logrado regular su situación migratoria y hasta ahora no han conseguido un trabajo estable. Por eso, hace unos meses, decidieron transformar sus pequeños departamentos de 32 m2 y 21 m2 respectivamente, en guarderías infantiles donde cuidan a los niños de otras familias migrantes que viven en los megaedificios de la comuna de Estación Central.
Tras las fachadas de esas inmensas torres, Mary y Yaibery son solo dos de muchas mujeres guardadoras que residen en estos edificios. Son conocidas entre los vecinos como las “tías” que se hacen cargo de niños de entre seis meses y 12 años durante ocho horas al día. Ninguna de ellas tiene conciencia de que la actividad que idearon para solventar sus gastos en Chile desafía los estándares mínimos para el cuidado de niños, según las normativas de los ministerios de Educación y de Salud.
Mary se sienta en uno de los pisos de la cocina americana y cuenta que desde noviembre de 2017, junto a su marido, dos hijas y su yerno comparten los 32 m2 del departamento. Aunque ahora la situación que vive es más tranquila, el inicio desde que dejó Venezuela fue duro. En su largo viaje en bus desde su país, le robaron la poca plata que traía para comenzar su vida en Chile y fue rechazada en farmacias y centros comerciales donde buscaba trabajo por su edad. Con 50 años y extranjera, no era atractiva como empleada, dice.
Frente a esa situación, cuenta Mary, pensó que lo mejor era echar mano a su título de Licenciada en Educación y comenzó el negocio de la guardería infantil en su departamento, proponiéndose cuidar un máximo de seis niños al año.
-Yo gano aquí más que mi hija trabajando fuera, pero claro que esto agota -comenta.
A unos metros del edificio de Mary, en el piso 27 de la torre B, vive Yaibery. Llegó al país junto a su esposo y su pequeña de 5 años en julio de 2018, tras 15 días de viaje en bus desde Venezuela. Tiene cinco meses de embarazo y no cuenta con estudios profesionales que validen su trabajo con menores, pues estudió hotelería.
Vive junto a su familia en un departamento de apenas 21 m2: un “estudio”, pues cuenta con un solo ambiente. La familia venezolana está obligada a acomodarse en un espacio reducido donde la cocina, la cama, una pequeña mesa y unos cuantos pisos comparten la misma superficie.
Su esposo, quien trabaja de noche cuidando pacientes en un centro de salud, duerme en la única cama del lugar durante el día mientras los niños juegan a su alrededor. Allí, Yaibery cuenta cómo inició la idea de tener una guardería en ese pequeño espacio donde vive.
Al igual que Mary, ella no ha tenido suerte con los trabajos. Cuando recién llegó, encontró un empleo en la tienda Zara, pero la despidieron tras quedar embarazada.
La guardería que administra, alberga, en promedio, a cuatro niños al día además de su hija. Es 11 de enero, el termómetro marca 29º y al interior del pequeño departamento el calor es sofocante. La ventana se encuentra cerrada debido a que no cuenta con ningún tipo de protección. Yaibery habla sobre su primer año en Chile, mientras carga en sus brazos a uno de los bebés que está a su cuidado (el siguiente es un modelo de referencia de uno de los departamentos utilizados como guarderías; video de Josefina Reyes).
Pese a las condiciones en las que los menores permanecen diariamente, Yaibery dice no haber recibido, hasta ahora, comentarios negativos por parte de sus clientes. “Hay niños que no se quieren ir, le dicen a sus papás que les gusta ir donde la tía”, cuenta.
Tanto ella como Mary se han transformado en la solución para muchas familias migrantes que viven en ese lugar y que necesitan que alguien se haga cargo de sus hijos mientras trabajan. Ninguna de ellas ve su guardería como un negocio, sino que una forma de ayudar a sus pares y a sus familias.
Mary y Yaibery cobran normalmente entre $100 y $130 mil mensuales por cuidar a los niños durante seis u ocho horas en sus apartamentos, monto que ellas definen como “precios solidarios”, debido a que estos se adaptan a la situación laboral de cada familia. La tarifa más económica incluye tan solo el cuidado del menor, pues la alimentación, pañales y otros corren por cuenta de sus clientes. De lunes a viernes estos valores se mantienen, el cobro aumenta si se trata de un día del fin de semana.
-Mary, ¿por qué crees que los padres optan por este tipo de guarderías?
-Aquí el cuidado es diferente. Como en las salas cunas hay más niños, no tienen los mismos tratos para todos -explica.
Eso es lo que cree Génesis Rodríguez (27 años), una madre soltera venezolana que optó por dejar a su hija al cuidado de Mary. Tras rechazar la propuesta de varios jardines infantiles privados debido a su alto costo -en algunos casos llega a los $500 mil- se decidió por su vecina. Llegó a ella gracias a la recomendación de otros padres que viven en el edificio y hasta hoy dice no arrepentirse de su decisión.
-Adoro a la señora Mary, me parece una excelente persona, súper responsable. Siento que es la mejor opción para dejar a mi bebé porque le da su tetero (mamadera) a la hora, es muy cariñosa y gentil. Además, es mi compatriota -señala Génesis.
Los clientes de estas cuidadoras no cuestionan el hecho de que sus hijos estén en este tipo de guarderías, a 21 y 27 pisos de altura y sin protección en sus ventanas, por ejemplo. Se quedan tranquilas, pues es el mismo espacio donde viven con sus familias. Los escasos metros que tienen los niños para jugar o la falta de seguridad dentro de los departamentos no es un problema para ellos.
En Chile no existe una ley que fiscalice las guarderías infantiles, pues estas no cumplen un rol educativo como sí lo hacen los jardines y salas cunas, que son reguladas por los ministerios de Educación, Salud y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Así, las familias que optan por estas guarderías quedan a la deriva, pues no hay organismo que se haga cargo de controlar su funcionamiento.
Carmen González, supervisora provincial de la JUNJI, explica que en el surgimiento de las guarderías irregulares ha influido la falta de cupos en los jardines infantiles. Esa carencia, entre otras razones, es por la alta demanda de familias tanto chilenas como extranjeras que buscan un lugar para dejar a sus hijos:
-Estas guarderías irregulares se abrieron un poco apelando a los que no tienen lugar dónde dejar a sus niños. Si una persona extranjera requiere trabajar, tiene su departamento y cobra entre $50 mil y $60 mil mensuales a cinco o seis niñitos, ya tiene un sueldo mínimo con que vivir y les da las atenciones básicas: alimentación, cuidado y la parte de higiene. El problema es que se pierde todo lo que es la parte educativa -agrega Carmen González.
Respecto de la situación de Estación Central, Carmen González dice que desde esa municipalidad la contactaron por este problema y se está trabajando en un catastro de guarderías informales:
-Me llamaron para ver qué podíamos hacer nosotros como institución para apoyarlos en esto. El tema es que nuestros jardines infantiles no dan abasto para acoger a todos los niños migrantes y, en general, a todos los niños y niñas de la Región Metropolitana.
En 2001 la noticia de la muerte de un bebé en un jardín infantil de la comuna de Las Condes, abrió el debate sobre la falta de fiscalización en los recintos que trabajan con menores de edad. Las mujeres que cuidaban a los niños en esa guardería, le pusieron a un bebé de seis meses una cinta adhesiva en la boca con una etiqueta que decía “soy llorón”: la autopsia determinó que el pequeño murió por asfixia. El lugar no contaba con ningún tipo de certificación por parte de la JUNJI debido a que no cumplía con los estándares mínimos que exige esta institución.
Doce años más tarde, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que buscaba regular el funcionamiento de las guarderías infantiles y la calidad del personal que trabaja en ellas. La moción exigía a los establecimientos estar ubicados en un primer piso, contar con zonas de seguridad, patente municipal y que los menores no permanecieran por más de cuatro horas en el recinto.
Pero como mucho otros casos, a más de cinco años de su envío, el proyecto aún sigue estancado en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Felipe Harboe (PPD), uno de los propulsores de esta idea, considera fundamental que “se le dé urgencia para que haya una pronta regulación. El problema es que muchas de las normas que contiene son iniciativas exclusivas del Presidente de la República”, explica el actual senador. Eso quiere decir que si el gobierno no le da ahora su respaldo al proyecto, no tiene posibilidad de convertirse en ley.
Los únicos establecimientos normados son las salas cunas, jardines infantiles y recintos de educación parvularia, básica y media; cuyos requisitos mínimos de funcionamiento están contenidos en la Ley de Urbanismo y Construcciones que establece condiciones con respecto al inmueble y el Decreto de Ley N°315 del Ministerio de Educación. De esta forma, las guarderías se encuentran en medio de un vacío legal: no existen leyes que las controlen.
Patricio Olguín, jefe de la Unidad de Estudios de la Asociación Chilena de Municipalidades, reconoce la existencia de estas guarderías en algunas comunas de la capital. Pese a esto, explica que los municipios tampoco pueden intervenir mientras no exista una previa denuncia por parte de los vecinos:
-Estamos en un país donde existe la libertad económica, entonces, si quiero hacer un negocio y tengo capacidad para recibir niños, lo hago. Pero es pertinente alguna norma que establezca ciertos estándares mínimos para que los municipios puedan apoyar y hacer cumplir ciertas exigencias -sostiene.
Mientras en el Congreso sigue estancado el proyecto de ley que podría normar el funcionamiento de las guarderías, Mary y Yaibery planean dejar ese negocio dentro de los próximos meses. La primera tiene intenciones de dedicarse a hacer clases de educación básica, mientras que Yaibery se convertirá en madre por segunda vez a mediados de mayo.
Vea la publicación original de este reportaje.
Vea el especial “Infancia migrante en Chile” de Vergara 240.