La sombra de la voluntad irracional: la salida de Isabel Allende

El autor de esta columna escrita para CIPER analiza el escenario que produjo la destitución de la senadora Isabel Allende y ante las explicaciones o acusaciones que se han formulado buscando responsables, dice que “ya sea por negligencia u omisión, el fallo del Tribunal muestra que el derecho imperó por sobre las subjetividades propias de la política. Un aspecto que incluso se arguyó a partir de la vasta experiencia de la legisladora”. Y advierte que ante la reacción de algunos actores del oficialismo culpando al gobierno por lo ocurrido, sostiene que “reconocer su decisión (del TC), sin cuestionar la objetividad de quienes tienen la responsabilidad de resolver los asuntos de interés público, es lo que debiese domesticar la conducta de los partidos y sus representantes”.

Imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

Isabel Allende Bussi, hija del expresidente Salvador Allende, inició su primera legislatura en 1994 como diputada por la Región de Coquimbo. Luego, en 1997, resultó reelecta, pero en el distrito N°29 en la Región Metropolitana. En las elecciones parlamentarias de 2001, Allende obtuvo el cupo como diputada representando las comunas de La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. Dos años más tarde, Allende se convierte en presidenta de la Cámara de Diputados. Para los comicios de 2005, nuevamente resultó electa por el mismo distrito anterior. En 2010, decide competir por primera vez un escaño en el Senado, siendo escogida como parlamentaria de la Cámara Alta por la Región de Atacama. En este periodo, Allende fue investida como presidenta de la corporación entre 2014 a 2015. Tras completar su primer mandato como senadora, en 2018, fue electa en el mismo cargo, pero representando a la Región de Valparaíso. Sin lugar a duda, una figura política provista de una robusta trayectoria en el Congreso y heredera de una invaluable carga histórica que ha sido reconocida transversalmente por los distintos sectores políticos.

El pasado jueves 03 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) decidió, por ocho votos contra dos, acoger el recurso interpuesto por legisladores del Partido Republicano y de Chile Vamos para destituirla de su cargo. El motivo de la acusación se origina a partir de las negociaciones que inició el Estado para adquirir un inmueble que es propiedad de la familia Allende.

A pesar de las defensas política y jurídica que el oficialismo levantó en favor de la parlamentaria, la secuencia de acontecimientos previos hacía presagiar el lapidario resultado del Tribunal. Una derrota que no tiene precedentes en nuestra historia. La primera legisladora en perder su escaño por decisión de la corte constitucional.

Las reacciones a la salida de la senadora Allende han tensionado las relaciones entre los partidos de gobierno, puesto que parte de las integrantes del Tribunal que votaron a favor de la resolución, Nancy Yáñez y Daniela Marzi, eran simpatizantes del Frente Amplio. Ante esta situación, el Partido Socialista emitió una declaración pública donde expresó su descontento por el fallo y enrostró su lealtad con el gobierno al partido del Presidente Boric. Esta respuesta tuvo alcances sobre las candidaturas presidenciales y parlamentarias. Quienes vieron en el documento una amenaza a las aspiraciones del oficialismo por enfrentar una primaria unida en el sector y construir una lista única para las elecciones legislativas.

En el caso de la oposición, la resolución del Tribunal Constitucional amainó la opción de acusar constitucionalmente al mandatario. De hecho, fue el mismo Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, quien sostuvo el fin de semana en un programa de debate político que ve improbable que se avance en un líbelo acusatorio en contra del Presidente. Sin embargo, dado a la proximidad de los procesos electorales, no es descartable que continúen flanqueando al gobierno para sacar ventaja en los comicios.

Aunque las consecuencias del fallo aún están en desarrollo, es altamente probable que, una vez que se conozcan los detalles del dictamen, se desaten nuevas acciones y declaraciones que alteren el escenario político actual. Resulta evidente que, desde el punto de vista político, existen algunos elementos que fueron configurando la decisión del Tribunal. En primer lugar, la vulneración de los artículos relativos a las prohibiciones de los parlamentarios y ministros de suscribir contratos con el Estado dejaba escaso margen de interpretación para los abogados que defendieron a la  senadora.

Un segundo elemento dice relación con la tramitación de la operación de compra de la vivienda. Si bien es un asunto que está siendo objeto de indagación por una Comisión Investigadora en el Congreso, las declaraciones aportadas por miembros del gobierno dejan entrever que hubo advertencias que alertaban posibles irregularidades en el proceso de adquisición de la propiedad.

Así y todo, el contundente resultado adverso que recibió la parlamentaria no solo la expone como una autoridad que no fue lo suficientemente rigurosa al examinar los alcances e implicancias de la operación, sino que evidenció los frágiles filtros al interior del Estado sobre los acuerdos que celebra. Entonces, ya sea por negligencia u omisión, el fallo del Tribunal muestra que el derecho imperó por sobre las subjetividades propias de la política. Un aspecto que incluso se arguyó a partir de la vasta experiencia de la legisladora.

Este resabio inconfesado que aún domina las acciones de los partidos políticos y sus dirigentes los persigue como una sombra que corrompe uno de los principios constitutivos de la democracia: la igualdad ante la ley. ¿No es el Estado de Derecho un valor en sí mismo para la izquierda? La respuesta es sí.  De hecho, tras el fin de la dictadura, este principio se ha convertido en una de sus banderas de lucha durante el periodo de la transición y consolidación democrática. Por lo tanto, sin perjuicio de la destacada carrera parlamentaria y su estrecho vínculo con Salvador Allende, el fallo emitido por el Tribunal Constitucional representa la voluntad más íntima para la izquierda. Reconocer su decisión, sin cuestionar la objetividad de quienes tienen la responsabilidad de resolver los asuntos de interés público, es lo que debiese domesticar la conducta de los partidos y sus representantes.

Si bien se han materializado renuncias de funcionarios de gobierno y autoridades de alto nivel como las ex ministras de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y de Defensa, Maya Fernández, al parecer, los problemas para el Ejecutivo no se extinguen en esas medidas. En un nuevo año electoral, el desafío del gobierno es contener y evitar que la situación contamine las campañas oficialistas que tendrán lugar en los próximos meses. Más aún cuando la centroizquierda ha incrementado sus opciones al alero de una oposición fragmentada y estancada.

A menos de un año del término del mandato de Gabriel Boric, las lecciones y aprendizajes terminarán fagocitando los avances que impulsó el actual gobierno. Quizás, sean estas enseñanzas las que den forma al legado del gobierno del Frente Amplio, tomando en cuenta que es una generación política joven que anhela seguir impulsando las transformaciones que el país necesita. Esta historia aún está por escribirse.