La mano hiper-dura: análisis de las propuestas en seguridad de las candidaturas presidenciales de derecha

Los académicos autores de esta columna realizaron un estudio de las propuestas en seguridad pública que han efectuado las candidaturas presidenciales de derecha. Hacen un resumen de ellas en temas como inmigración, sistema carcelario, pena de muerte, y otros, fijando también el foco en los temas que no tocan. Sostienen que “en los próximos meses se deberá revisar la factibilidad material de implementación (de las medidas anunciadas), su costo, su efectividad, y si ellas son suficientes para enfrentar un problema que involucra dimensiones normativas, institucionales, preventivas y punitivas”.

La marcada preocupación ciudadana por la delincuencia convertirá las elecciones de 2025 en un ofertón legislativo y presidencial por mano dura. Ya hemos visto aparecer las primeras propuestas que se han centrado en quién construye el muro más elevado, quién expulsa más inmigrantes, quién construye más cárceles, o quién permite un mayor empoderamiento para las policías para combatir el delito. 

Hace pocos días escuchábamos a la pre-candidata del PPD y ex ministra Carolina Tohá señalar que “no vamos a ofrecer mano dura, hemos practicado mano dura y tenemos que seguir reforzándola”. Y continuó: “En Chile hemos endurecido la ley de manera impresionante, hemos fortalecido la policía, le dimos equipamiento que nunca antes habían tenido, le hemos dado leyes que protejan a los policías, para que actúen con resguardo, hemos desplegado militares cada vez que ha sido necesario”. 

En esta columna analizaremos las primeras propuestas en materia de seguridad pública de las candidaturas de la derecha pues son ellas las que han adelantado algunas de ellas. Si la izquierda probablemente ofrecerá reforzar la mano dura tal como Tohá lo ha planteado, el movimiento de la derecha será extremar esta oferta, ofreciendo lo que denominaremos una mano hiper-dura.

Para fines de este trabajo, recolectamos información pública de medios de comunicación y de redes sociales de las candidaturas de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser entre el 10 de diciembre de 2024 y el 17 de marzo de 2025. Cabe señalar que el candidato Kaiser señaló que no daría a conocer todavía su programa, pues prefería marcar ciertos hitos de campaña y evitar que otras candidaturas se apropiaran de sus ideas. 

Con todo, identificamos un total de 85 propuestas (37 de Kast, 25 de Matthei y 23 de Kaiser). Entre las más destacadas, 27 aluden a la problemática de los inmigrantes, 19 dicen relación con el sistema carcelario, 12 con el empoderamiento de las policías, 10 con la coordinación estatal, y 4 con información e inteligencia. Lo anterior marca una agenda que muy probablemente estará centrada en establecer más estrictos controles en la frontera y generar una reforma sustantiva al sistema carcelario. 

EL RETORNO A LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL

En una extensa entrevista de prensa del mes de febrero en el diario La Segunda, el ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar entregó los principales ejes programáticos de la candidatura de Evelyn Matthei. Indicó que se requería generar una Estrategia de Seguridad Nacional, modernizar el sistema de inteligencia, reforzar Gendarmería y el sistema de cárceles ampliando su alcance, y aumentar el control fronterizo.

Respecto de la seguridad nacional indicó que Chile necesitaba nueva arquitectura institucional que articulara a todas las instituciones del Estado en una “Estrategia de Seguridad Nacional” para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Lo anterior requería establecer un trabajo integrado de las capacidades del Estado en el ámbito interno y externo incluyendo a las policías, fuerzas armadas, Gendarmería, policía Marítima, Dirección general de Aeronáutica Civil, y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En su opinión se estaba trabajando aisladamente, sin tener una coordinación y una visión global.

El retorno de la doctrina de seguridad nacional nos retrotrae a una discusión de la década de los 70s y 80s sobre la ubicación del enemigo al interior del país y la integración de roles policiales y militares en la esfera de seguridad interna. Desde el retorno a la democracia se había insistido en distinguir entre una esfera de seguridad externa que le correspondía a las Fuerzas Armadas y una de carácter interno que era propio de la función policial. Se argumentaba que no era ni la función de los militares, ni estaban equipados ni menos entrenados para enfrentar amenazas internas. Además, se sostenía que resultaba muy poco eficiente el involucrar en tareas de seguridad pública a instituciones que no estaban ni equipadas ni formadas para cumplir con tales cometidos. El predicamento dominante en la década los 90s y comienzos de los 2000s era que resultaba mucho más eficiente potenciar el trabajo policial.

Como las condiciones sociales y políticas cambiaron, el escenario electoral muy probablemente no se preguntará si deben o no las fuerzas armadas intervenir sino más bien se centrará en cómo y cuándo deberá hacerlo. De hecho, ya durante esta administración se han incorporado a las fuerzas armadas a labores de seguridad interna más allá de su uso en estados de excepción constitucional. Por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional para permitir que las instituciones armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país (Ley 21.542) y se encuentra en tramitación la ley que busca definir las normas de uso de la fuerza en la implementación de tal atribución. 

Las propuestas de la derecha avanzan en incorporar a las fuerzas armadas de lleno en el combate del delito. Kast propone por ejemplo que el Ejército participe de la custodia en las cárceles, fortalecer la presencia militar en la frontera para el control de la inmigración irregular. Matthei sugiere incorporar a las fuerzas armadas en una arquitectura de seguridad nacional. Kaiser plantea incorporar derechamente a las fuerzas armadas en seguridad interna, aumentar la dotación del servicio militar, y crear un sistema integrado de Defensa y Seguridad Nacional.  

La militarización de la lucha contra la delincuencia involucra, de acuerdo con esta concepción, no solo su incorporación operativa, sino que al mismo tiempo una desnaturalización de las funciones que tradicionalmente cumplen las fuerzas armadas en un sistema democrático. 

Pero además, estas propuestas no consideran que la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública ya establece un sistema integrado de seguridad y define un Consejo de Seguridad Pública donde participan los ministros  de Seguridad Pública, Interior, Hacienda, Defensa, Justicia, el Fiscal Nacional, las dos Policías y Gendarmería. Además, se establece un Consejo de Prevención del Delito donde participan los ministros de Seguridad Pública, Interior, Defensa, Hacienda, Justicia, Desarrollo Social, Educación, Vivienda, Mujer y Equidad de Género y Carabineros (Ley 21.730).

EL MURO CONTRA LA INMIGRACIÓN

Una de las áreas prioritarias de todas las campañas de derecha se refiere al control de la inmigración. Se propone, entre otros, fortalecer la infraestructura física, fortalecer el sistema de inteligencia, y generar desincentivos para los inmigrantes irregulares. Se indica que debe existir además una política clara respecto de la no aceptación de inmigrantes ilegales en el país. Aunque Pablo Urquízar indicó que no se aceptaba la idea de colocar minas en la frontera pues existen compromisos internacionales (convención de Ottawa), el 6 de enero de 2025 la pre-candidata presidencial Evelyn Matthei señaló que: “Tenemos que tener todo tipo de obstáculos cerca de la frontera que pueden ser pretiles, que pueden ser zanjas, que pueden ser muros, alambre de púa, que pueden ser lugares que estén dinamitados, etcétera”.

Las tres candidaturas concuerdan en robustecer el control fronterizo, aunque ninguna de las candidaturas ha hecho estimaciones del costo para el Estado de dichas medidas. Tanto Kast como Kaiser han sugerido establecer centros de retención de inmigrantes en la frontera. En materia de expulsiones, Kast ha sugerido “expulsiones masivas”, mientras Matthei ha propuesto la expulsión de quienes están condenados y la devolución inmediata, en un plazo de 24 horas, de quienes ingresen ilegalmente al país, y Kaiser sugiere la expulsión de todos quienes están ilegales en el país. La candidatura de Kast es la que ha hecho más propuestas específicas sugiriendo entre otros: aumento de castigos a quienes ingresen al país de modo ilegal, reducir las políticas sociales a quienes ingresen de modo irregular, bloqueo de remesas a quienes no tienen residencia legal, establecimiento de multas a quienes contraten personas irregulares, exclusión de salud pública (salvo emergencias) acceso a educación y bonos para personas irregulares. 

Acá quedan importantes dudas, ¿hacia dónde se expulsarán los inmigrantes? ¿Cómo se viabilizará la expulsión de inmigrantes de nacionalidad venezolana, país con el que no se tiene relaciones diplomáticas? ¿Resulta realista expulsar en un plazo de 24 horas a cientos de personas?

EL ENCIERRO COMO SOLUCIÓN PRIORITARIA

El segundo ámbito más destacado se refiere a las cárceles. Aquí las propuestas se asocian con un incremento en el número de plazas, establecer una cárcel especial de alta seguridad completamente aislada siguiendo el modelo de Bukele, y recuperar el control de Gendarmería de los recintos penitenciarios. Se agrega en este ámbito el establecer facilidades para permitir la construcción más acelerada de este tipo de recintos. 

El modelo del Presidente Bukele de El Salvador ha adquirido notoriedad en el mundo. Se trata de un centro penitenciario donde los condenados están totalmente incomunicados del mundo exterior, no teniendo derecho a recibir visitas o realizar llamadas. Se trata de una serie de módulos con iluminación artificial 24/7 y que son custodiados por personal especializado que mantiene un régimen de estricto control y rutinas de sometimiento de los detenidos. Cada módulo tiene capacidad para 20 o 30 personas, quienes pueden conversar entre ellos, pero pierden total comunicación con el exterior. La población penal del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es la considerada de alto riesgo y está condenada de por vida por lo que nunca más tendrán contacto con el mundo exterior (9-04-2024). 

Kast sugiere reorganizar Gendarmería eliminando la posibilidad que puedan formar sindicatos, en tanto Matthei ha propuesto una cárcel de alta seguridad para 1.600 reos y la generación de 13 mil nuevas plazas en recintos existentes, además de la creación de cinco nuevos establecimientos penitenciarios. Kaiser propone, en tanto, recluir a jóvenes delincuentes en recintos carcelarios especiales. Tanto Kaiser como Kast han sostenido su disposición a ir en contra de tratados internacionales firmados por Chile, toda vez que algunas de estas propuestas vulnerarían derechos. 

EMPODERAMIENTO DEL APARATO DE SEGURIDAD PÚBLICO, PRIVADO Y CIUDADANO

La tercera dimensión relevante se refiere al empoderamiento de las instituciones que tienen que ver con la seguridad en el ámbito público y privado. En el caso de las policías la propuesta de Kast sugiere, entre otros, establecer un seguro jurídico para las policías, permitir que lospolicías sean juzgados en la justicia militar, y reivindicar el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales. En tanto, Matthei ha propuesto eliminar normas “confusas” sobre el uso de la fuerza. 

Kast ha sugerido además, dotar de armas no letales a inspectores municipales y vigilantes privados y generar una protección jurídica para quienes prestan este tipo de servicios. Tanto Kast como Kaiser han señalado que, de llegar a la presidencia, indultarán a los carabineros que fueron condenados por hechos vinculados al estallido social. Recordemos que en mayo de 2024 solo había 52 ex carabineros condenados por el estallido social, más de la mitad por apremios ilegítimos. Entre ellos, dos ex carabineros fueron condenados por tortura a una menor de edad.

Kaiser se ha referido a optimizar el personal policial e implementar un plan de recontratación de personal retirado. Kast, en tanto, sugiere establecer recompensas económicas para los policías que están prestando servicios en la calle. 

Otra propuesta, en este caso de la candidatura de Kaiser, se asocia con facilitar la tenencia de armas por parte de la ciudadanía como mecanismo de autodefensa. Lo anterior ha estado acompañado de videos de Kaiser y Kast realizando prácticas de tiro.

EL CASTIGO: EL DEBATE DE LA PENA DE MUERTE

La pena de muerte ha dividido a las candidaturas de la derecha. Johannes Kaiser planteó que ésta debería permitirse en algunos casos como homicidios con violación y especialmente cuando dichos delitos afectaban a menores.  La candidata Matthei indicó que dicha conversación podría abrirse, en tanto el candidato Kast planteó que era preferible una cadena perpetua efectiva con un aislamiento completo de su entorno y de la sociedad. 

LAS AUSENCIAS EN LA OFERTA DE LA DERECHA

Hasta la fecha, los ejes centrales de las propuestas de las candidaturas de la derecha se centran en un conjunto de medidas consideradas como punitivas: más cárceles, aumento de recintos penitenciarios con estricto aislamiento, mayor empoderamiento material y legal para las policías, mayor empoderamiento de la seguridad municipal y privada, y la incorporación institucional (y ya no excepcional) de las fuerzas armadas a tareas de seguridad interna. 

Las propuestas tienen sin duda un sentido electoral, pero dejan fuera un conjunto de acciones que parecen fundamentales en el combate del delito. Una llamativa ausencia es la referencia a un conjunto de reformas institucionales aprobadas por el Congreso Nacional y que deberán ser implementadas o desarrolladas durante la próxima administración. Entre otros se destaca la ya mencionada creación del Ministerio de Seguridad Pública, la reforma a la ley antiterrorista, la nueva ley de ciberseguridad, la creación de una fiscalía supraterritorial, y la nueva ley de delitos económicos, entre otros. Pero, además, el Congreso se encuentra en las últimas etapas de discusión de normas como una reforma a la seguridad municipal y normas de uso de la fuerza que serán fundamentales en la relación entre la fuerza pública y el control del delito.  El silencio de las candidaturas de la derecha—particularmente de la de Chile Vamos—sorprende toda vez que gran parte de estas iniciativas han contado con el apoyo legislativo de los partidos políticos que integran dicha coalición. Así, una oferta programática que eluda referirse a esta nueva arquitectura institucional en materia de seguridad pública plantea un serio déficit a la hora de enfrentar este debate.  

Una segunda dimensión escasamente mencionada por la oferta de derecha se refiere a medidas asociadas con lo que se conoce como “la ruta del dinero” del narcotráfico y del lavado de dinero. Sabemos que las redes de crimen organizado se nutren de cada vez más sofisticados esquemas para lavar dinero e incorporarlo al sistema económico formal. A ello se suman mecanismos de control económico de los grupos criminales para corromper jueces, policías, autoridades políticas y administrativas del sector público y privado del nivel nacional y local.

Hasta el día de hoy los planteamientos de las candidaturas de derecha han sido escasos. Johannes Kaiser ha hecho algunas menciones genéricas a la necesidad de robustecer mecanismos de probidad administrativa del Estado y a terminar con la corrupción en el Poder Judicial. Evelyn Matthei planteó a mediados del año pasado que su sector estaría de acuerdo con levantar el secreto bancario bajo la condición de realizar una reforma al modo en que se designa al director del Servicio de Impuestos Internos para que no dependiese directamente del presidente de turno.  

La oportunidad de pronunciarse sobre este asunto llegó el 19 de marzo pasado cuando el Senado rechazó, con los votos de la oposición, la iniciativa que buscaba que la Unidad de Análisis Financiera (UAF) pudiera levantar el secreto bancario de organizaciones criminales, sin tener que pedir una autorización judicial para hacerlo de modo más expedito. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento de las candidaturas de la derecha sobre este asunto particular.  

Un tercer asunto sobre el cual no ha habido pronunciamientos se refiere políticas para prevenir el consumo y tráfico de drogas, así como respecto del tráfico de armas. Sorprende que hasta la fecha no se establezcan recomendaciones específicas para abordar este flagelo y que es identificado como uno de los motores principales de las bandas criminales y del incremento de los niveles de violencia en los delitos que se comenten en el país+. 

Finalmente, solo la candidatura de Evelyn Matthei ha hecho menciones a políticas preventivas dirigidas a jóvenes, que de acuerdo con todos los estudios es tal vez una de las más relevantes para cortar la cadena de reproducción de los delitos. La propuesta de Matthei ha planteado que buscará eliminar los condicionamientos sociales que favorecen el crimen organizado incluyendo (a) atención a los hijos de quienes delinquen para cortar las trayectorias de crimen, (b) reducir la deserción escolar, y (c) protección especial para niños con problemas de salud mental. 

El debate electoral de este año promete un particular énfasis en cuestiones relativas a la seguridad. Aunque todavía no se han presentado los documentos finales, hasta el momento la oferta desplegada de la derecha política remarca tres ejes prioritarios: control migratorio, política carcelaria y empoderamiento policial y militar bajo el supuesto que se enfrenta un problema de seguridad nacional.  En los próximos meses se deberá revisar la factibilidad material de implementación, su costo, su efectividad, y si ellas son suficientes para enfrentar un problema que involucra dimensiones normativas, institucionales, preventivas y punitivas.