Aniversario Ley 21.015: ¿Cuánto cuesta incluir a los excluidos?

Señor Director:

A siete años de la entrada en vigencia de la ley de inclusión, sabemos que sólo el 20% de los contratos registrados bajo esta norma, se han ejecutado durante este periodo. Así lo señalan los datos del último Boletín Estadístico de Fundación ConTrabajo.

Estos datos nos permiten evidenciar que el objetivo fundamental de esta norma, que es abrir nuevos puestos laborales en el mercado regular de trabajo a personas con discapacidad, aún no se ha alcanzado.

Es importante preguntarse: ¿por qué, siete años después, los avances siguen siendo tan limitados? Históricamente, las personas con discapacidad han sido marginadas, enfrentando barreras que limitan su acceso al mundo laboral. Esta exclusión, que es tanto física como cultural, persiste a pesar de los avances normativos. Pero, ¿cuál es el verdadero costo de incluir a quienes han sido sistemáticamente excluidos durante tanto tiempo?

Nuestra experiencia nos permite destacar en esta ocasión una barrera: La dificultad de identificar y financiar los ajustes razonables que las contrataciones requieren.

Por su parte,  las normativas de inclusión laboral no consideran financiamiento ni beneficios tributarios a las empresas que implementan ajustes razonables, teniendo presente que no se trata sólo de ejecutar, sino que de saber cuáles ajustes asumir e implementarlos correctamente. No obstante, la medida de cumplimiento alternativo en la que participan organizaciones de la sociedad civil, ha cumplido este rol durante los últimos 7 años.

Esta medida, exige utilizar los recursos en proyectos destinados a favorecer la participación de personas con discapacidad en el mundo laboral, entregando apoyos de manera gratuita a las empresas. 

En el caso de Fundación ConTrabajo, nuestra gestión nos ha permitido incluir desde el año 2019 a más 200 personas con discapacidad intelectual y/o condiciones del neurodesarrollo, alcanzando una permanencia que alcanza el 86%.

Las empresas necesitan ser acompañadas con recursos y apoyos adecuados que les permitan incluir de manera efectiva a personas con discapacidad, no sólo como un requisito legal, sino como una verdadera oportunidad de transformación social y empresarial.