Más de 200 millones de dólares en ganancias por sobreproducción salmonera podrían quedar sin sanción

En esta columna escrita para CIPER se repasan los 40 expedientes de procesos sancionatorios contra la empresa Australis Seafood, estimando sus ganancias y revelando las maniobras que realiza para eventualmente evitar la clausura de centros de cultivo y multas. Como hay una reforma en marcha de la Superintendencia de Medio Ambiente, levanta la alerta sobre aspectos que no han sido considerados en el proceso legislativo y que revisten especial importancia, como por ejemplo aumentar el plazo de prescripción de las faltas.

Imagen de portada: Felipe Constanzo/ Agencia Uno

Los actuales dueños de Australis Seafoods, el grupo chino Joyvio, mantienen un conflicto judicial con el empresario Isidoro Quiroga, a quien acusan de estafa por la venta de la salmonera en 2019 por 921 millones de dólares. Reclaman que la valorización estuvo inflada por una política sistemática de sobreproducciones -infracción que sería común en toda la industria según declaró la propia empresa-, la cual no habría sido informada al momento de la transacción. Pero más allá de si los nuevos dueños sabían o no de estas ilegalidades -foco de la prensa hasta hoy-, en esta columna se exponen en detalle los 92 casos de sobreproducción de salmones de Australis -y no solo las 48 por las que se autodenunció en 2022-, distribuidas en 62 casos con proceso de sanción en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y otros 30 casos que no fueron incluidos en la autodenuncia ni detectados por la autoridad y que quedarán impunes por encontrarse prescritos.

En conjunto, estos 92 casos por 136 mil toneladas de salmones producidos en exceso permitieron obtener ganancias por entre 230 y 345 millones de dólares, según una estimación realizada en base a la metodología de la SMA (ver informe completo). Todo esto, a costa de profundizar el deterioro ambiental del mar patagónico.

La sobreproducción es una infracción que ocurre cuando un centro de cultivo produce una cantidad de salmones mayor al límite establecido en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que se traduce en una mayor cantidad de materia orgánica que ingresa a la columna de agua y fondo marino por sobre el umbral evaluado ambientalmente, ya que aumentan las fecas y el alimento no ingerido, entre otras fuentes de contaminación, poniendo en riesgo la salud del ecosistema.

Según información del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Australis Seafood tiene 96 concesiones para producir salmón en Chile. De ellas, 30 nunca han operado luego de largos años de haber sido otorgadas, motivo por el que debieran ser caducadas por la autoridad al no cumplir los plazos de operación que exige la ley, tal como lo ha reafirmado la Contraloría en una auditoría realizada a partir de una investigación de Fundación Terram que denunció las graves omisiones del Estado en la materia.

Luego de revisar el historial productivo de las 66 concesiones que sí registran actividades, fue posible constatar que 46 de ellas (70%) tuvieron una producción total de 509 mil toneladas de peces a lo largo de 92 ciclos productivos entre 2013 y 2023, a pesar de que sus permisos ambientales solo autorizaban un máximo de 373 mil toneladas. En varios casos los excesos superaron el 70, 80 y hasta 90% del límite autorizado, lo que significó un incremento importante de insumos y traslados por mar y tierra para producir, transportar y exportar miles de toneladas en exceso. Pero a pesar de eso, la mayoría de casos pasaron inadvertidos para las autoridades.

A continuación, se presentan los 46 centros de cultivo con infracciones, muchos de ellos reincidentes, distribuidos en cuatro grupos, según el grado de sanción que arriesgan.

GRUPO 1

Treinta casos de sobreproducción en 21 centros de cultivo por 31.954 toneladas de exceso que nunca fueron sancionados por los que Australis habría obtenido entre 59 y 89 millones de dólares estimados en ganancias (ver Tabla N° 1). Todos se encuentran prescritos por haber pasado más de tres años de ocurrida la infracción, según lo establecido en la Ley Orgánica de la SMA.

De los 21 centros de cultivo, 14 se emplazan dentro de áreas protegidas, específicamente, 12 en la Reserva Nacional Las Guaitecas y 2 en la Reserva Nacional Kawésqar, en las regiones de Aysén y Magallanes, respectivamente.

GRUPO 2

Veintinueve casos de sobreproducción en 22 centros de cultivo por 44.277 toneladas de exceso equivalente a un rango de entre 76 y 114 millones de dólares en ganancias estimadas (ver Tabla N° 2) y que, aún con proceso de sanción iniciado en la SMA, podrán eludir sanciones tales como una multa de hasta 4 millones de dólares, la clausura del centro o revocación del permiso ambiental, producto de que dicho organismo aprobó Programas de Cumplimiento (PdC) para estos 22 centros, consistente en que para los próximos ciclos productivos reduzcan su producción por el equivalente de toneladas excedidas.

GRUPO 3

Veintidós casos de sobreproducción en 12 centros de cultivo por 43.158 toneladas de exceso equivalente a un rango de entre 68 y 102 millones de dólares en ganancias estimadas (ver Tabla N° 3) a los que la SMA les rechazó los PdC, con lo cual ahora deberá determinar una sanción. El principal motivo que tienen en común es el hecho de que Australis no accedió a compensar con reducir la producción en el mismo centro infractor.

Cada uno de los 12 centros con PdC rechazados habrían obtenido ganancias estimadas por sobre el tope máximo de la multa que podría cursar la SMA (4 millones de dólares), por lo cual, solo en base a esta circunstancia, de no incluir la clausura del recinto o revocación del permiso ambiental, además de no atender la afectación al ecosistema, una multa podría no representar en forma efectiva una sanción proporcional al beneficio obtenido ni menos tener efectos disuasivos sobre la conducta futura de Australis y el resto de la industria salmonera.

GRUPO 4

Once casos de sobreproducción en seis centros de cultivo por 16.583 toneladas de exceso, equivalente a un rango de entre $27 y $40 millones de dólares en ganancias estimadas (ver Tabla N° 4), cuyo PdC se encuentra pendiente de ser resuelto por la SMA, con lo cual pasarán a engrosar uno de los dos grupos anteriores.

EFECTOS AMBIENTALES

Si el cultivo industrial de una especie exótica como el salmón de por sí tiene efectos nocivos sobre el ecosistema, al introducir especies extrañas en él, los aumentos de producción en estos volúmenes se traducen en mayor uso de químicos y antibióticos, aumento del tránsito de embarcaciones y una sobrecarga de nutrientes por efecto de una mayor cantidad de alimento no ingerido y fecas de los salmones, lo cual, bajo ciertas condiciones climáticas fomenta el florecimiento de microalgas que pueden ser nocivas (FAN) para los salmones, los moluscos y la salud pública, como ya ha ocurrido en el pasado.

De acuerdo a la información ambiental levantada al inicio de la cosecha de estos 92 ciclos productivos con sobreproducción, tal como exige la normativa vigente, se constató que en 41 oportunidades los niveles de oxígeno disminuyeron por debajo de los mínimos normativos (45% del total), a tal punto que pusieron en riesgo la biodiversidad. Esto es particularmente relevante si se tiene en cuenta que, de los 46 centros de cultivo involucrados, 35 se ubican dentro de áreas protegidas: 16 en la Reserva Nacional Las Guaitecas y 19 en la Reserva Nacional Kawésqar, emplazados en las regiones de Aysén y Magallanes, respectivamente.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SANCIÓN

Para los centros de cultivo cuyo Programa de Cumplimiento fue rechazado por la SMA, esta deberá determinar una sanción que podrá consistir en una multa por cada centro de cultivo de hasta 5.000 UTA (4 millones de dólares aproximadamente), la clausura del centro o la revocación del permiso ambiental, para los casos catalogados como graves, mientras que la multa podrá ser de hasta el doble de ese monto si se califica como gravísima, como ha ocurrido con algunos casos donde la infracción es reiterada.

Para determinar la sanción, la SMA deberá considerar, caso a caso, si se configuran las circunstancias establecidas en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente (LOSMA), tales como el daño causado o peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido, la conducta anterior del infractor, la intencionalidad en la comisión de la infracción, la capacidad económica de la empresa y si se vulneró un área protegida por el Estado, entre otros posibles agravantes que, en base a los antecedentes revisados, no se percibe un panorama muy favorable para la defensa de Australis.

ATENUANTE DE LAS SANCIONES

Luego de que la SMA iniciara cinco procedimientos sancionatorios contra Australis durante 2021 y 2022, en octubre de este último año la empresa se autodenunció por 48 ciclos con sobreproducción. De esa forma, los actuales dueños -grupo Joyvio- se anticiparon a los nuevos procedimientos sancionatorios que muy probablemente se abrirían, buscando beneficiarse de una atenuante de las sanciones, consistente en una exención de la multa, cuando se trata de una primera autodenuncia, y en una rebaja de un 75% y 50% en una segunda y tercera ocasión, respectivamente, según establece el artículo 41 de la LOSMA. Pero lo que no contempló la ley es una situación donde un mismo infractor se autodenuncie por 48 incumplimientos. ¿Le corresponde una reducción de la sanción solo en los tres primeros casos o el beneficio podría extenderse también a los otros aun tratándose de tal magnitud de infracciones? De ocurrir esto último, el beneficio económico alcanzaría una brecha aún mayor en relación al pago de multas.

Si bien la SMA rechazó la autodenuncia de tres casos (uno en el centro Gamero 1 y otros dos en Córdova 4) por haber iniciado sobre ellos acciones de investigación previo a la formulación cargos, al revisar los expedientes fue posible constatar que el Sernapesca ya había denunciado a la SMA 26 de los 48 ciclos con sobreproducción autodenunciados, por lo cual cabe preguntarse si corresponde que la empresa se beneficie de atenuantes en los casos que efectivamente existan sanciones, ya que de acuerdo al mandato legal la SMA, de todas formas debía iniciar dichos procedimientos tras las denuncias recibidas.

REFORMA A LA SMA

Según información de la SMA, los procedimientos sancionatorios por incumplimiento a las RCA se extienden, en promedio, por tres años. En lo que respecta a los casos de Australis, hasta febrero de 2025, ninguno de los procedimientos iniciados entre enero de 2021 y agosto de 2022 ha llegado a término. En términos simples esto significa que un centro de cultivo que tiene en curso un proceso sancionatorio puede seguir operando y por ende sobre produciendo, como ha ocurrido en varios casos.

Una de las medidas que aborda la propuesta de reforma a la SMA -actualmente en segundo trámite constitucional luego de ser aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados en enero de 2025- consiste en poner un plazo máximo de seis meses para la tramitación del PdC desde haber sido presentado, ampliable hasta por tres meses. Además, se propone aumentar los límites máximos de las multas para las infracciones catalogadas como leves, graves y gravísimas, 1.000 a 5.000 UTA, de 5.000 a 10.000 UTA y de 10.000 a 20.000 UTA, respectivamente, cuyo beneficio económico lo amerite.

Pero con todo eso, el diseño institucional de la sanción a las infracciones ambientales mantendrá su foco en buscar que las empresas retornen al cumplimiento, lo que, para el caso de la salmonicultura, permitirá que, aun incurriendo en reiterados casos de sobreproducción, las empresas puedan seguir eludiendo las sanciones -multas, clausuras o revocación del permiso ambiental- a través de una reducción de su producción en un siguiente ciclo productivo, tal como lo grafica el caso Australis. En otras palabras, seguirá resultando más conveniente esperar tres años por si las infracciones no son detectadas (fecha en que prescribe), y en el caso de que sí lo sean, seguirá existiendo un margen para evitar las sanciones a través de la compensación vía PdC.

Otro aspecto que no fue incluido en el proyecto de ley ni tampoco en las indicaciones realizadas por las diputadas y diputados de la Comisión de Medio Ambiente, fue ampliar el plazo de prescripción de las infracciones ambientales, actualmente en tres años, a pesar de haber sido propuesto por la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la SMA, Paola Jara, y anunciado por miembros de la misma comisión en mayo de 2024, tras una investigación de Fundación Terram que detectó que de los 95 casos de sobreproducción de salmones en reservas nacionales sin sanción, 79 se encontraban prescritas.