Perú en crisis: la inseguridad que consume al país y amenaza a la región

El gobierno de Dina Boluarte decretó nuevamente estado de emergencia en el Perú debido a la fuerte crisis de seguridad que tuvo en el asesinato de un músico reconocido. La autora de esta columna escrita para CIPER señala que la situación interna es un reflejo del avance del crimen transnacional y que debe haber esfuerzos comunes en la región para frenarlo. Y que, en el caso peruano, “la pregunta no es si la situación empeorará, sino cuánto tiempo tardará en convertirse en una crisis incontrolable cuyos ecos resuenen con más fuerza en toda la región”.

Imagen de portada: Policía Nacional del Perú / @PoliciaPeru

América Latina y el Caribe enfrentan una crisis de seguridad sin precedentes, donde la delincuencia y el crimen organizado se han convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad de la región. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el impacto económico de la delincuencia en la región representa el 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que supera ampliamente el gasto en educación y duplica el presupuesto destinado a asistencia social. En este contexto, Perú se ha transformado en un ejemplo del crecimiento exponencial del crimen, sufriendo un incremento significativo en homicidios, extorsión, narcotráfico y corrupción.

El reciente asesinato de Paul Flores, vocalista de la banda de cumbia Armonía 10, ha generado conmoción en el país y evidenciado la creciente ola de violencia que afecta a empresarios, artistas y ciudadanos en general. Flores fue víctima de un ataque armado mientras viajaba en un autobús con su agrupación. El hecho no es aislado, ya que  en los últimos meses, el sector musical ha sido blanco de bandas criminales que recurren a la extorsión para obtener dinero rápido y fácil, un delito que se ha convertido en una práctica común en el país y que va en aumento en varios países de la región.

Las cifras de Insight Crime muestran que fuera de los países caribeños , Perú registra el mayor aumento en las cifras de homicidios de la región con un 35,9%. A inicios de septiembre, el ministro del interior Juan Santiváñez mencionó ante la comisión de Transportes del Parlamento que las cifras iban en aumento año con año. Entre enero y agosto de 2024, se registraron 14.220 denuncias de extorsión en Perú, un promedio de 59 denuncias diarias. Regiones como Lima, La Libertad, Piura y Lambayeque concentran el 80% de estos delitos, y distritos como San Juan de Lurigancho y Comas están entre los más afectados.

Perú, junto con Colombia y Bolivia, es uno de los principales productores de hoja de coca en el mundo, lo que ha facilitado la expansión del narcotráfico y el financiamiento de organizaciones criminales. Además, existe un aumento de la minería ilegal, que no solo impacta al medio ambiente, sino que también es utilizada para el lavado de dinero de otras actividades ilícitas. Estas economías delictivas han permitido el crecimiento de mafias que han encontrado en la extorsión y el sicariato nuevas formas de operar con total impunidad.

Uno de los problemas centrales es la corrupción del sistema político y judicial, que ha permitido la proliferación de estas redes criminales. La infiltración de estos grupos en las instituciones del Estado ha convertido a Perú en un territorio donde el crimen organizado no solo sobrevive, sino que se expande sin mayores dificultades.

Como respuesta a la crisis, el gobierno de Dina Boluarte decretó nuevamente el estado de emergencia en Lima y Callao, permitiendo la participación de las Fuerzas Armadas en el patrullaje de las calles. Sin embargo, esta no es la primera vez que el gobierno recurre a esta estrategia, ya en el 2023 también se aplicó la misma medida, sin que se lograran cambios sustanciales en los índices de criminalidad.

El despliegue militar es una solución a corto plazo que no ataca las causas estructurales del problema. La falta de un plan integral que aborde la prevención, seguimiento de la ruta del dinero, la reforma del sistema judicial y el combate a la corrupción genera dudas sobre la eficacia de estas medidas. Experiencias en otros países de la región, como México y Brasil, han demostrado que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna no solo es insuficiente, sino que puede generar violaciones a los derechos humanos y debilitamiento del Estado de derecho.

El sistema penitenciario peruano también es un factor clave en el avance del crimen organizado. Las cárceles del país están hacinadas y controladas en gran parte por bandas criminales que operan desde el interior de los penales con total impunidad. En respuesta, el ministro de Justicia, Eduardo Ardiánzén, ha anunciado una reforma integral del sistema penitenciario como parte de la lucha contra el crimen organizado. No obstante, sin una inversión sustancial en infraestructura y control efectivo de los penales, estas reformas podrían quedar en simples declaraciones políticas.

El crimen en Perú no opera de manera aislada, existen redes criminales como el Tren de Aragua y Los Pulpos que han extendido sus operaciones a otros países de la región, incluyendo Chile, donde se ha registrado un aumento en delitos asociados a estas organizaciones, como menciona el  Primer Informe Oficial sobre Crimen Organizado en Chile de Insight Crime. La expansión del crimen transnacional representa una amenaza para la estabilidad regional y exige una respuesta coordinada entre los gobiernos de América Latina.

La vulnerabilidad de las fronteras y la falta de llegada del Estado no afecta solamente a Perú sino que permite que desde ahí se extiendan y coordinen actividades en países vecinos.

El despliegue de militares en las calles puede generar la sensación de una respuesta inmediata, pero si no va acompañado de reformas profundas, será otra estrategia fallida. Se necesita un enfoque integral que abarque desde la educación y la generación de empleo hasta la modernización de las fuerzas policiales y el sistema judicial.

El destino de Perú está en juego. Si las autoridades no toman medidas concretas, la espiral de violencia seguirá avanzando, dejando un país cada vez más fragmentado y vulnerable ante el crimen organizado. La pregunta no es si la situación empeorará, sino cuánto tiempo tardará en convertirse en una crisis incontrolable cuyos ecos resuenen con más fuerza en toda la región.