8M: Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Celebrar o resistir?

La autora de esta columna escrita para CIPER da una mirada al estado de los derechos de la mujer en Chile, advirtiendo que, pese a los avances, hay sectores en que prolifera los discursos de odio. Sostiene que “las políticas de equidad de género deben ir acompañadas de financiamiento adecuado, coordinación interinstitucional y voluntad política para enfrentar la reacción anti-mujeres que ha emergido en algunos sectores”.

El 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, nos convoca a reflexionar sobre los avances y los retos pendientes en la búsqueda de la igualdad de género en Chile, especialmente en los tiempos actuales donde discursos de odio proliferan y ganan espacio día a día.

PARTAMOS POR LO BUENO

En el ámbito de las políticas públicas, probablemente uno de los avances más importantes y que fue una demanda permanente del movimiento feminista es la aprobación de La Ley N° 21.675, aún en vías de implementación. Esta norma establece un marco integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en Chile. Reconoce la violencia contra las mujeres como una vulneración a los derechos humanos y refuerza la responsabilidad del Estado en la protección de las víctimas. Entre sus principales disposiciones, la ley amplía la definición de violencia de género para incluir diversas formas como la violencia psicológica, económica, institucional y gineco-obstetra entre otras. Además, fortalece las medidas de protección para las víctimas, garantizando asistencia jurídica y apoyo psicosocial. También introduce capacitaciones a todos los actores institucionales que participan frente a casos de violencia y promueve desde una óptica de prevención, la educación en igualdad de género, incluyendo la educación no sexista como un eje.
Ahora bien, otras normas destacadas son la Ley N° 21.643 que combate el acoso y la violencia en el ámbito laboral -Ley Karin-; y el proyecto recientemente despachado a ley que prohíbe que personas condenadas por delitos sexuales puedan obtener licencias de conducir profesionales, inspirados en los brutales casos de violencia contra Karin Salgado y Nicole Saavedra.

La Ley de Pago Efectivo de Alimentos en Chile también ha supuesto un gran avance en el último periodo, ya que no solo ha permitido recuperar miles de millones de pesos en deudas impagas, sino que también ha situado en el ideario público lo reprochable del abandono -que en la mayoría de los casos protagonizan varones- de niños y niñas y como se puede configurar como violencia económica.

Asimismo, el Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2018-2030) y el Cuarto Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2023-2027) reflejan un compromiso estatal por transversalizar la perspectiva de género en políticas públicas. Y a nivel internacional, la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW en 2020 refuerza los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres en el país.

Sin dudas, el marco normativo chileno ha avanzado en el reconocimiento de derechos de las mujeres, así como en la adopción de mecanismos y ajustes que permitan su efectiva ejecución.

HABLEMOS DE LO FEO

Es evidente que la sola promulgación de normas no soluciona los problemas de un momento a otro. El carácter práctico de ciertas normas (como la prohibición de licencias de conducir por antecedentes de violencia sexual o los mecanismos de cobro de alimentos) suele ir acompañado de normas que impulsan cambios culturales que toman tiempo para que la sociedad efectivamente las haga suya. Sin embargo, otras leyes, implican desafíos institucionales importantes que derechamente desbordan las posibilidades de un Estado limitado en recursos -en toda índole de cosas especialmente cuando de derechos de las mujeres se  trata- o que implican un nivel de coordinación importante a nivel institucional.

En el caso de la Ley integral, nos encontramos expectantes a su implementación mediante los reglamentos pendientes, pero también sobre la forma que adoptarán algunas de sus normas. Sabemos que un punto crucial para las transformaciones estructurales son efectivamente las capacitaciones, que para la ley abarcan desde el Servicio Médico Legal hasta instituciones clave como Gendarmería… y aquí es donde comienzan las interrogantes: ¿podrán estas instituciones adoptar capacitaciones en un formato que vaya más allá de una clase de un par de horas? ¿Poseen las instituciones los recursos materiales y humanos para hacerlo? ¿Quién fiscaliza la pertinencia del contenido, la ejecución y realiza el seguimiento para medir el impacto? Intuitivamente sabemos que la respuesta a estas preguntas no es la más optimista. Y es que el ejemplo de la entrada en vigencia de Ley Karin nos mostró no solo la dimensión del problema del acoso en el espacio laboral -o la sobredimensión si consideramos la inadmisibilidad de una parte no menor de denuncias-, sino también las limitaciones de una política e institucionalidad que o no lo vio venir o derechamente no le dio el suficiente asunto.

La información disponible da cuenta de más de 9 mil denuncias, donde más del 67% de las víctimas son mujeres y ante las cuales cerca del 35% fue rechazadas por la Dirección del Trabajo lo que ha generado preocupación sobre los criterios de admisibilidad lo que nos habla de un sistema que debe seguir perfeccionándose.

HABLEMOS DE LO MALO

Todo lo anterior se desarrolla en un contexto global de tensiones y retrocesos en los derechos de las mujeres, partiendo con el ejemplo de nuestros vecinos argentinos que desmantelan la institucionalidad en materia de género y que llega incluso a la eliminación del tipo de femicidio del Código Penal. Esto implica por un lado, el cierre o debilitamiento de organismos dedicados a la equidad de género, la eliminación de políticas públicas que buscan prevenir la violencia y la reducción del financiamiento a programas de apoyo para víctimas.

La negación del femicidio como una problemática específica invisibiliza la violencia estructural que sufren las mujeres, dificulta la implementación de estrategias efectivas para su erradicación y propicia un clima de impunidad frente a la violencia de género.

A nivel global proliferan las restricciones en el acceso al aborto así como el acceso a derechos sexuales y reproductivos, que como imaginarán, impacta con mayor intensidad a mujeres en situación de pobreza y marginalidad.

Y en contextos de guerra y crisis humanitaria, como en Ucrania, Sudán y Palestina, sobre las mujeres y niñas impacta desproporcionadamente la violencia sexual y el desplazamiento.

Todo lo anterior en un contexto donde grupos conservadores promueven discursos antifeministas y negacionistas de la violencia de género, incluso promoviendo leyes contra lo que denominan despectivamente «ideología de género», buscando retroceder en los avances en materia de igualdad de género bajo la falsa premisa de la libertad. Esto es importante de cara a las próximas elecciones donde estos discursos se materializan en proyectos políticos de sujetos como Johannes Kaiser y José Antonio Kast.

Y, A LO LEJOS, LOS DESAFÍOS PENDIENTES

La violencia de género sigue siendo una problemática crítica, con altos índices de femicidios y violencia sexual que, en el caso de Chile, solo en el 2024 registró 43 casos de femicidios consumados y 299 frustrados a nivel nacional.

En el ámbito laboral, la brecha salarial se mantiene en un 23,3 %, y la participación de las mujeres en el empleo formal es inferior a la de los hombres. El trabajo de cuidados no remunerado sigue recayendo desproporcionadamente en las mujeres con un 96% de las cuidadoras, lo que limita su desarrollo personal y económico y trayendo como consecuencia otras problemáticas como la soledad y el deterioro de su propia salud.

El acceso a la justicia también presenta barreras, especialmente para mujeres rurales, migrantes, indígenas y con discapacidad.

En salud, el acceso al aborto legal sigue siendo restringido, con altos niveles de objeción de conciencia en hospitales públicos, la baja de la tasa natalidad no se acompaña con medidas de justicia social que aseguren las condiciones para criar y la violencia obstétrica también es una preocupación pendiente de abordar con mayor fuerza y proyectos de ley como «Ley Adriana» siguen en el Congreso Nacional.

HACIA EL FORTALECIMIENTO DE UNA AGENDA FEMINISTA EN CHILE

A ratos escuchamos discursos donde se insinúa que el feminismo ya no tiene nada por qué pelear. Las mujeres votan, participan del sistema educativo e incluso pueden usar anticonceptivos o denunciar la violencia. ¡Regio! Pero lo cierto, y como sugiere la pincelada que ofrezco en esta breve columna, es que el camino por delante es largo y los desafíos son cada vez más complejos, precisamente porque cada vez apuntamos con mayor precisión a estructuras de discriminación más allá de leyes o políticas sino que arraigadas en nuestra cultura.

Las políticas de equidad de género deben ir acompañadas de financiamiento adecuado, coordinación interinstitucional y voluntad política para enfrentar la reacción anti-mujeres que ha emergido en algunos sectores.

La conmemoración del 8 de marzo debe ser un llamado a redoblar esfuerzos para la erradicación de la violencia, la participación equitativa en todos los ámbitos de la vida y la garantía de derechos. La lucha por la igualdad de género en Chile no está concluida; es un compromiso que requiere acción decidida y sostenida de todos los sectores de la sociedad, sin bajar la guardia. Simone de Beauvoir nos advirtió: «No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda su vida».