El autor de esta columna fue intendente de la Región de Coquimbo entre julio de 2015 y marzo de 2018, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, votando en contra del proyecto Dominga en 2017. Aquí repasa los serios problemas de fondo que lo motivaron a dar su voto contrario a la iniciativa minera, cerrando con un contundente “por todas estas patrañas, al menos yo, vote No a Dominga”.
Créditos imagen portada: Óscar Guerra / Agencia Uno
El martes 9 de marzo de 2017 me correspondió presidir la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, que -por primera vez- rechazó el proyecto “Dominga”. La opinión pública y los medios de comunicación desconocen el real riesgo de implementar este megaproyecto. Se debe comprender que estas decisiones se deben fundar no sólo en el parcial informe que entrega el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, sino que debe considerarse toda la información arrojada en el Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE), documento que exhibe los argumentos de una veintena de reparticiones que participan en dicha instancia evaluativa, la que incluye el proceso de participación ciudadana, donde se incorporan las conclusiones de otros actores relevantes como el mundo científico y las ONGs.
El primer problema de este proyecto es el irresponsable actuar del SEA, institución encargada de consolidar dicha información, relevar las cuestiones más importantes y, finalmente, recomendar su aprobación o rechazo. El SEA –extrañamente- recomendó aprobar Dominga, y digo extrañamente ya que omitió todas las conclusiones desfavorables al proyecto arrojadas en los informes tanto de Conaf como de los mismos funcionarios del SEA de la Región de Coquimbo. La pregunta es ¿por qué el SEA invisibilizó toda argumentación técnica que fuese desfavorable al proyecto? Detalles de esta trama son expuestas profundamente, en artículo publicado en El Mostrador el 2 de septiembre de 2021 y con una amplia cobertura en CIPER. ¿Por qué el SEA aceptó excluir la posibilidad de realizar un estudio que mida los efectos que el megaproyecto podría generar en uno de los ecosistemas marinos más delicados del planeta? Pues, si este servicio lo hubiese tomado en consideración el proyecto ya estaría sepultado.
Por alguna desconocida razón, la autoridad temporal del SEA emitió un informe favorable, en circunstancias que debería haber sido rechazado. Para mayor abundamiento, la evidencia publicada los medios demuestra que fueron los propios funcionarios del SEA quienes acusaron que sus recomendaciones fueron invisibilizadas y que estas fueron alteradas desde Santiago, conclusiones que fueron arbitrariamente intervenidas de los reportes técnicos elaborados por sus profesionales. El informe del SEA excluyó de sus conclusiones finales el lapidario reporte elaborado por la Conaf y se sumó la expulsión –tras un sumario administrativo– del profesional que denunció todas estas irregularidades. Se suma la supervigilancia ejercida desde el Ministerio de Economía en materias y competencias del SEA. Todas estas irregularidades, denunciadas –también- por las Asociaciones Gremiales de Fiscalizadores Pesqueros y la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente. En conclusión, es evidente que se intervino el informe del SEA para lograr que la recomendación de la calificación del proyecto fuera de «aprobación favorable». Resulta incomprensible que ni el Tribunal Ambiental de Antofagasta ni la Corte Suprema hayan tenido a la vista lo viciado de este proceso llevado a cabo por el SEA.
Un segundo problema, de fondo, es que la ley chilena es permisiva respecto de que los informes emitidos por el SEA solo evalúen lo que el titular proponga. La empresa, en este caso, tuvo la libertad de determinar qué debía incluir el proyecto y qué no. De tal forma logró excluir del proceso de evaluación medioambiental la posibilidad de que la empresa midiera los efectos del proyecto minero portuario sobre estas reservas marinas. Esto lleva por resultado en que nunca ha sido medido el impacto que “Dominga” podría generar en esta zona.
El tercer problema es la Sub evaluación de los efectos adversos que provocará el megaproyecto. Al no existir ningún estudio científico y serio del impacto, significa que no existe una línea base que permita adoptar medidas de mitigación serias y responsables; desconocemos las adversidades o efectos negativos ya que –mañosa y unilateralmente- Andes Iron logró excluir la posibilidad de evaluar su impacto y efectos adversos que el proyecto generaría específicamente sobre la Reserva Nacional de Pingüino de Humboldt, la Reserva Marina Islas Choros-Damas y los Sitios Prioritarios de Conservación de la Biodiversidad Reserva Marina Punta Choros y Punta Teatinos hasta Quebrada Honda (donde incluye la Isla Pájaros). Todos esos sectores fueron declarados como áreas de exclusión por la empresa, señalando que no eran parte del área de influencia del proyecto, en circunstancias de que sí lo son.
Un cuarto problema de fondo, es que contamos con un Tribunal Ambiental de Antofagasta centrado, de manera incomprensible, en cuestiones de forma pero ninguna de fondo. ¿Cómo es posible que dicho Tribunal no haya cuestionado ninguno de los puntos que he planteado precedentemente? Es preocupante y desprestigia el funcionamiento de la institucionalidad ambiental. El Tribunal Ambiental y sus miembros temporales están al debe con Chile. ¿Cómo es posible que el ex Presidente de ese Tribunal, Daniel Guevara, luego de fallar en favor de mineras como Dominga, luego postule como candidato a Senador por Antofagasta, región minera, en cupo de Evópoli? Estas situaciones empañan los procesos y generan la comprensible sensación de sometimiento de la justicia frente a los grandes intereses económicos.
Un quinto problema de fondo, es la importancia que ha pretendido atribuírsele a este mega puerto. La profundidad que poseen los principales puertos del mundo oscilan entre los 16 y 18 metros. En esas profundidades pueden recalar -sin problemas- embarcaciones de las más enormes dimensiones imaginables. El megapuerto considerado se proyecta emplazar en Totoralillo Norte, que posee uno de los calados más profundos conocidos, se trata de más de 70 metros de calado natural. Dicha profundidad se ha gestado tras millones de años de evolución geológica, proceso en el que se ha asentado en esa zona una biodiversidad biológica marina, tan nutrida, que hoy la ha transformado en un punto caliente o “hot spot” mundial. Esas especies hoy se encuentran en riesgo ya que existe un megaproyecto que intervendrá su hábitat natural, donde viven, transitan y se reproducen ballenas, delfines, pingüinos y tantas otras especies que allí habitan.
No han sido considerados los efectos que generarán las descargas de sal que caen al mar producto del funcionamiento de una planta desaladora junto al puerto. Días posteriores a la votación de rechazo me enteré de que habían existido discrepancias dentro del equipo que estudió las descargas de sal al mar. Aparentemente, no hubo acuerdo en que la fórmula en que se calcularon los efectos de ese proceso de desalinización fueran los correctos. Es evidente que el incremento significativo de la salinidad generará un efecto de acidificación de esa zona marina, una de las más sensibles y vulnerables del país. Según los antecedentes proporcionados por el Centro de Estudios de Zonas Áridas (CEAZA), se trata de un área donde se dan choques de corrientes locales con la gran corriente de Humboldt. Por ello, se habla de zonas de “surgencias”, que es lo que permite producir masivamente alimentos, razón por la que llegan tantas especies a alimentarse –justamente- a esa bahía. La instalación de un puerto allí generará perturbación y ahuyentará el tránsito natural de cetáceos y reducirá su población mundial como efecto de las colisiones de diversas especies marinas, dando fin a su hábitat desde millones de años atrás. ¿Saben que la corriente de Humboldt circula en dirección sur a norte y que el puerto de Dominga está a pocos kilómetros al sur de esa Reserva? ¿Qué haremos en caso de un derrame de petróleo?, ¿o de si las descargas de sal aceleran la acidez y deterioro de las condiciones del Océano? Entonces pregunto, ¿por qué aceptamos que la empresa jamás haya buscado otras alternativas de emplazamiento portuario? ¿ Por qué Dominga nunca ha propuesto –como lo hizo Minera CAP- un tren de carga para sacar su mineral? CAP lo saca desde Romeral, La Serena, y traslada en un tren de carga hasta la bahía de Guayacán en Coquimbo, desde donde saca su carga. Existen zonas de sacrificio portuario en la región de Atacama, unos kilómetros más al norte de La Higuera. ¿Por qué nunca evaluaron otra salida portuaria?
Para rematar, surge otra duda, posterior a la votación, producto de la visita que recibí de los representantes científicos de los principales observatorios astronómicos y científicos de la región de Coquimbo y de Chile. Luego de felicitar la votación, me advirtieron que de haberse aprobado el mega complejo industrial del proyecto Dominga hubiésemos puesto en riesgo las cuantiosas inversiones avaluadas en miles de millones de dólares que la astronomía mundial ha invertido en Chile. La contaminación lumínica que afectaría directamente a los complejos astronómicos de La Silla y el Large Synoptc Survey Telescope (LSST), hubiese sido catastrófica. Es un tema que nunca fue considerado por ningún servicio ni tampoco observado en el proceso de participación ciudadana, pero me parece pertinente relevarlo.
La normativa señala que un Estudio de Evaluación Ambiental (EIA) debe ser aprobado sólo si cumple tres requisitos copulativos: 1) Cumplir con la legislación ambiental; 2) Hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias establecidas en el art. 11 de la ley, cuestión que no cumple ya que la empresa excluyó hacerse cargo de estudiar una zona importante y protegida que sería afectada y 3) Proponer medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas. La pregunta entonces es ¿cómo, si en el estudio del ICE se advierte que hay zonas relevantes de afectación que han sido excluidas, resulta evidente que las medidas no son las apropiadas ni suficientes para hacerse cargo de los impactos? Entonces, ¿cómo es que la institucionalidad ambiental, tanto el SEA o el Tribunal Ambiental, no han tomado en cuenta esto para pronunciarse, invisibilizando cuestiones que en mi opinión son fundamentales y obvias y que –a mi parecer- derechamente vulneran el estado de derecho ambiental vigente?
Por todas estas patrañas, al menos yo, vote No a Dominga.
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Como plantea el Autor, la evaluación técnica del EIA, dio origen a un número importante de observaciones de parte de los Organismos Públicos que participaron de la evaluación del proyecto “Dominga”. Asimismo, este proyecto ingresó días antes de la aplicación del nuevo reglamento de Evaluación que otorga mínimas garantías para un proyecto de esta envergadura. En consecuencia, se aplicó el DS 95/2001 y no el DS 40/2012 que rige actualmente; cuyo Mensaje es el siguiente: “Que es necesario actualizar dicho reglamento con el objeto de adecuarlo a las modificaciones introducidas por la Ley N°20.417 a la Ley N°19.300, tanto en lo que respecta a la institucionalidad ambiental como a las normas que regulan el sistema de evaluación de impacto ambiental”.
En este contexto, el proyecto solo ingresa a evaluación por riesgo para la salud de la población debido a emisiones solo por ruido y no por material particulado con la venia de las autoridades del SEIA de la época. (Artículo N.º 11 de la Ley 19.300 letra A). Aun así, las medidas de mitigación son insuficientes pues se aplican solo a los receptores (Más afectados Caleta Totoralillo) y no a las maquinarias con grave riesgo a la salud de los trabajadores. A lo anterior, se suma el hecho que con la aplicabilidad del citado D.S. 40/2012, actualmente vigente, sólo permite dos Adendas y con la excepción de una tercera adenda complementaria, situación que no ocurrió con la evaluación del proyecto “Dominga”, el cual se prolongó a una inédita cuarta Adenda, situación contraria a la aplicación de la legislación vigente al momento de evaluar.
Por todo lo anterior, es necesario tomar en consideración el concepto de principio precautorio asociado al riesgo ambiental, para lo cual es dable citar el trabajo realizado por las abogadas investigadoras del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Valentina Durán Medina y Dominique Hervé Espejo, denominado “RIESGO AMBIENTAL Y PRINCIPIO PRECAUTORIO: BREVE ANÁLISIS Y PROYECCIONES A PARTIR DE DOS CASOS DE ESTUDIO”.
En este trabajo, las autoras hacen un análisis en el sentido que la actual legislación medioambiental, radicada principalmente en la ley 19.300, no está entregando respuestas claras y oportunas, ante lo que ellas denominan “Gestión de Riesgo Ambiental”, al plantear que “Es así como ha surgido fuertemente en el ámbito político internacional (y en menor grado en el nacional) la preocupación por manejar estas incertidumbres para proteger tanto la salud de las personas como los recursos naturales y el medio ambiente. El principio preventivo, emanado del sentido común y, referido como vimos, a la necesaria reacción responsable frente a un riesgo cierto, fundamenta el actual recurso al enfoque o principio precautorio criterio de aproximación al riesgo probable y no comprobado de daños graves e irreversibles.”
En tanto, definen el principio precautorio ambiental como: “El Principio Precautorio es invocado cada vez con más fuerza en el ámbito internacional desde la década de los ochenta, y ya en los noventa comienza a consagrarse en algunas legislaciones ambientales nacionales. Algunos sostienen que se ha erigido en un principio de derecho internacional de carácter general, y en una norma de derecho consuetudinario, mientras que para otros autores sólo consiste en una directriz política o en un enfoque. Su concepción más reconocida es aquella acuñada en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, que lo consagró señalando: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En consecuencia, mientras el proyecto no de garantías en los temas relevantes expuesto no se puede aprobar.
Pablovsky | 24.02.2025
Me parece interesante el punto de vista del autor respecto al proyecto Dominga. Yo trabajé durante 10 años en el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) y fui testigo de muchas de las irregularidades que se comentan aquí y otras más. Por ejemplo, era cosa común que ciertas autoridades regionales llegaran a las reuniones de la comisión de evaluación ambiental sin siquiera haber leído el ICE y muchas veces votando en contra de la opinión técnica del servicio de su ministerio que revisó el proyecto, lo que genera un tremendo problema al momento de defender esa decisión (resolución de calificación ambiental) ante un recurso de reclamación interpuesto por los proponentes.
Lamentablemente el SEIA que tenemos en Chile descansa sobre la base del cumplimiento normativo y de la evaluación de impacto ambiental que hacen los titulares de proyectos, pero donde el Estado no tiene herramientas idóneas para evaluar, ya que no existen bases de datos públicas con qué comparar esos datos, de modo de determinar con información propia si se generan o no impactos significativos sobre los ecosistemas, entonces se está a merced de lo que las consultoras contratadas por las empresas digan. Esa es nuestra triste realidad y ninguna de las reformas que se le han practicado al sistema ha abordado este aspecto de fondo, pues ya sabemos a quien beneficia.
Lo anterior, sin considerar la forma truculenta en que la familia Délano se hizo de la propiedad del consorcio dueño de Dominga, de parte de la familia Piñera, en una operación difundida por Ciper, con claros visos de falta a la probidad del ex presidente.
Un punto aparte es la manipulación del ICE por parte de la Dirección Ejecutiva del SEA para alterar las conclusiones del mismo, como se señala, una práctica inaceptable y que falta a la función pública de privilegiar el bien superior del Estado expresado en la protección de los ecosistemas marinos que alberga esa zona del país por sobre una actividad extractiva altamente contaminante y degradante como el proyecto Dominda. Es de los mega proyectos que no le hace bien al país pues no hay voluntad de los titulares de hacerse cargo efectivamente de los impactos que genera, partiendo por la localización del puerto.
