Medicamentos en Chile: una pelea de David contra Goliat

La autora de esta columna escrita para CIPER comenta las dificultades que han tenido los laboratorios farmacéuticos para lugar contra las multinacionales en la producción de medicamentos. Sostiene que «sin duda, las grandes farmacéuticas multinacionales que realizan investigación de moléculas nuevas tienen tanto el derecho a patentar las invenciones que nazcan producto de esa investigación como también  el derecho de comercializar el medicamento de forma exclusiva y monopólica por 20 años» . Sin embargo, indica que mediante estrategias judiciales «logran suspender y en definitiva, bloquear la entrada de competidores más pequeños que poseen una versión genérica del medicamento, sin tener el real derecho para hacerlo».

Créditos imagen portada: Yvo Salinas / Agencia Uno

La temática de los medicamentos, y cómo bajar sus precios, plantea el desafío permanente de lograr el acceso a estos bienes esenciales para la vida a un precio justo. Sin embargo, hay un inmenso “elefante en la sala”: Las grandes farmacéuticas en Chile no solo controlan el mercado de los medicamentos, sino que lo asfixian llegando así a cobrarle a la salud pública hasta cuatro veces más que sus competidores más pequeños. ¿Cómo? Pues, con acciones legales que harían sonrojar a cualquier guionista de teleseries. En vez de permitir que nuevos competidores entren al mercado, se aseguran de tener las llaves de la botica.

Tomemos el ejemplo de las patentes. En teoría, las patentes son como un premio para los científicos que pasan años desarrollando un medicamento. En la práctica, son la excusa perfecta para transformar el descubrimiento de un laboratorio en un monopolio legalizado.

Pero, claro, esto no les es suficiente. Aquí es donde entra su batallón jurídico, con el objetivo de impedir a través de acciones legales artificiosas que quienes intenten democratizar el acceso, ingresen al mercado. Estas acciones legales no buscan justicia, sino tiempo. Tiempo para retrasar, frustrar y, darle una lección al pequeño laboratorio que quiso jugar en la liga grande. Y mientras tanto, los consumidores seguimos pagando el precio.

El resultado de esto es un mercado extremadamente encarecido y precios absurdos; un escenario deliberado de exclusión y desigualdad. No es como si pudiéramos decidir no comprarlos. Este abuso de la posición dominante no solo afecta a los competidores, sino también a gobiernos y pacientes. 

Un caso emblemático, en este sentido, es el pequeño laboratorio VARIFARMA, que tuvo que demandar a una gigante norteamericana por abusar de su posición dominante al entorpecer la libre competencia y querer insistir en el monopolio de un determinado medicamento, asegurando que tiene una patente. Pero un perito del INAPI, designado por el tribunal, concluyó que la patente que la gigante farmacéutica invoca NO protege la molécula respecto de la cual alegan derechos. En otras palabras, Goliat “traba y bloquea”, y a David no le queda más que recurrir a los tribunales y esperar, en paralelo, a que la Fiscalía Nacional Económica investigue a este sector que es esencial para la salud y vida de los chilenos. 

Ahora bien, no todo está perdido. Algunos países están comenzando a implementar medidas para fomentar la entrada de medicamentos genéricos y romper estas prácticas abusivas. Pero, como siempre, el cambio es lento. 

Sin duda, las grandes farmacéuticas multinacionales que realizan investigación de moléculas nuevas tienen tanto el derecho a patentar las invenciones que nazcan producto de esa investigación como también  el derecho de comercializar el medicamento de forma exclusiva y monopólica por 20 años. De esto deriva que sea la farmacéutica quien determina el precio del medicamento, pues no tiene competencia, escudándose en que la investigación es extraordinariamente cara y de procesos lentos, por lo que necesitan financiar muchos años de investigación. Así, bajo ese discurso, han convertido al negocio farmacéutico en uno de los más rentables del mundo. Otro de los problemas que es necesario sacar a la luz es el relativo a las extensiones artificiales de patentes, donde las farmacéuticas, a través de nuevas presentaciones un poco engañosas, pretenden prolongar la vigencia de éstas más allá de los 20 años y por ende, extender también el monopolio sobre su comercialización (patentes “evergreen”). En la mayoría de las veces estas patentes son débiles y no protegen realmente ninguna nueva invención.

Estas prácticas permiten que las empresas propietarias de las patentes, a través de un abuso de acciones judiciales, logren suspender y en definitiva, bloquear la entrada de competidores más pequeños que poseen una versión genérica del medicamento, sin tener el real derecho para hacerlo.

La jurisprudencia sobre esto es abundante. Decenas de casos en que las grandes farmacéuticas demandan a empresas pequeñas imputándoles una infracción de patente, que finalmente el juez declara que no se logra acreditar (ejemplo, causa C-14324 de 2014 de Novartis versus Recalcine), es decir, la multinacional pierde el juicio, pero igualmente logró un objetivo: persuadir a los demás competidores para no competir, pues si lo hacen van a tener que ir a juicio con ellos, una acción judicial desgastante que las empresas pequeñas muchas veces no pueden soportar y prefieren evitar.

Así la multinacional fija el precio sin competencia alguna y el comprador paga un sobreprecio de varias veces el valor que tiene en países donde no se respetan las patentes (India), o donde éstas ya han vencido.

Entonces, cuando el comprador es el Estado (mayoritariamente los Estados son los que compran este tipo de productos de alto costo) se produce una fuga de recursos que se destinan a pagar un precio abusivo, imposibilitando un presupuesto para adquirir otras terapias / tratamientos para más pacientes, o bien, para otro tipo de gasto fiscal, en definitiva, una afectación real a cada uno de los chilenos.

Lo dramático de lo descrito y del ejemplo dado al comienzo, es que, si verdaderamente existiera la libre competencia y un análisis riguroso de las patentes de los medicamentos, con los mismos recursos públicos del Estado de Chile, a través de CENABAST, se  le podría haber dado tratamiento a cuatro veces más pacientes. ¿Cuántos de ellos no tuvieron dinero para pagarlo en forma particular, y al final nunca lo obtuvieron? Eso no lo sabremos nunca. 

Sí, lamentablemente, la salud ha llegado a ser tomada como un negocio y no un derecho, pero no debería ser un monopolio.