Los autores de esta columna escrita para CIPER, todos miembros de la Red de Justicia Restaurativa en Universidades Chilenas, analizan el borrador de un documento entregado hecho público por la Superintendencia de Educación Superior titulado Sana Convivencia y Protección de la Salud Mental en Campos Clínicos de las Instituciones de Educación Superior. Lo valoran, pero sostienen que “reducir la convivencia universitaria a un conjunto de normas reglamentarias debilita su carácter socioeducativo, lo cual en instituciones de educación es doblemente relevante”.
Créditos imagen de portada: Agencia Uno
En la última década, la convivencia y el bienestar estudiantil en la educación superior se han convertido en temas centrales en las agendas del sistema de educación superior. Esto se ha visto reflejado en la incorporación de esta dimensión en normativas, leyes, criterios de fiscalización y de acreditación institucional, abarcando materias como la violencia de género, la convivencia y la salud mental. Casos ampliamente difundidos de suicidios de estudiantes, movilizaciones estudiantiles por la salud mental y la violencia de género fueron precedentes de regulaciones más estrictas en igualdad y trato, tales como la implementación de la Ley 21.369 sobre acoso y discriminación de género o la incorporación del criterio 7 -gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión- en la acreditación de las universidades. En términos agregados, este proceso ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar estas problemáticas desde una perspectiva integral.
Recientemente, y en el marco de este contexto, la Superintendencia de Educación Superior (SES) presentó un borrador titulado Sana Convivencia y Protección de la Salud Mental en Campos Clínicos de las Instituciones de Educación Superior (Universidades, IPs y CFTs). Este es un hecho inédito, ya que abre la posibilidad de recibir y debatir públicamente las propuestas que regularán la fiscalización de las universidades en este ámbito. Además, forma parte de un proceso de profundización de la tendencia mencionada, considerando las características específicas de estos espacios, que suelen estar marcados por culturas de alta jerarquización que pueden facilitar la naturalización de discriminaciones y violencias. En este sentido, la Ley 21.643, también conocida como Ley Karin, nace como respuesta a esta problemática.
Desde las universidades y los equipos de acompañamiento de los procesos formativos/académicos, la reflexión sobre la importancia de la gestión de la convivencia es transversal. Una prueba de ello es la realización del primer seminario de convivencia universitaria realizado en octubre de 2023 (UAH, UDP, UTEM, UCH), bajo el patrocinio del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) y la participación de 7 rectores y rectoras de dichas casas de estudios y de quienes presidían distintas comisiones de trabajo del CRUCH. Entre las ideas clave discutidas, destacan la necesidad de priorizar la prevención, adoptar una gestión integrada y privilegiar enfoques restaurativos por sobre los tradicionales mecanismos disciplinarios punitivos.
El potencial de las prácticas restaurativas en la educación superior nos ayuda a mirar nuestro tiempo. Este enfoque, promovido hace ya 7 años por la Red de Justicia Restaurativa en universidades chilenas, favorece la participación de la comunidad, fomenta el entendimiento de las causas subyacentes de los conflictos y prioriza la reparación y el aprendizaje, promoviendo la mejora de las relaciones hacia el futuro. Pero, a pesar de su eficacia, el marco regulatorio actual privilegia los canales de denuncia y sanciones, lo que resulta en un abordaje reactivo más que preventivo.
Al mismo tiempo que valoramos el borrador presentado por la SES, por énfasis en la participación, declarado enfoque de género y reconocimiento de buenas prácticas en las instituciones, vemos con preocupación que el grueso de su articulado esté enfocado en canales de denuncia, de investigación y sanción, lo cual está muy lejos de ser suficiente para la mejora de convivencia y el bienestar subjetivo de la comunidad estudiantil.
Si bien los canales de denuncia son necesarios, no siempre aseguran que las personas responsables comprendan el impacto de sus acciones ni fomentan su desarrollo personal. Por lo demás, tampoco priorizan la reparación ni suelen considerar las afectaciones comunitarias. Por el contrario, los enfoques restaurativos ofrecen una oportunidad para que las comunidades universitarias crezcan juntas, transformando errores en aprendizajes y conflictos en oportunidades de mejora.
Reducir la convivencia universitaria a un conjunto de normas reglamentarias debilita su carácter socioeducativo, lo cual en instituciones de educación es doblemente relevante. Para que el cumplimiento de reglas tenga sentido, se debe trabajar al mismo tiempo en una cultura de responsabilidad compartida, donde todos los integrantes de la comunidad universitaria puedan contribuir activamente al bienestar colectivo.
El borrador de la SES establece la resolución no violenta de conflictos como un elemento central al definir el buen trato y la no discriminación. Sin embargo, la definición final de la propuesta normativa privilegia de manera exclusiva el modelo tradicional de justicia, relegando la perspectiva restaurativa a una mera declaración formal de principios. Nuestra invitación es a tomar estos principios y transformarlos en acciones concretas, que permitan complementar las medidas sancionatorias con enfoques de reparación y diálogo.
La gestión de la convivencia y el bienestar no pueden basarse únicamente en la identificación de conductas a sancionar; debe ser una oportunidad para transformar las relaciones humanas en los espacios educativos. Implementar enfoques restaurativos podría ser el camino hacia comunidades más saludables, equitativas y resilientes.
La pregunta que nos queda, entonces, es: ¿Estamos dispuestos a asumir el desafío de transformar nuestras universidades en espacios que al mismo tiempo que promueven la excelencia académica, lo hagan también con el crecimiento humano y la convivencia respetuosa? En nuestras manos está la decisión de avanzar hacia un modelo que no sólo regule, sino que eduque y transforme.
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Me parece una excelente iniciativa que podría aplicarse también al mejoramiento del clima laboral en los servicios públicos dependientes del Estado de Chile, donde suele haber muchos problemas originados por una mala convivencia, con una serie de consecuencias relacionadas con ausentismo laboral, largas licencias médicas por depresión, ansiedad, stress y en general por una desprotección de la salud mental de los y las trabajadoras del Estado.
Las nuevas normativas como la ley Karin, los reglamentos internos de convivencia, etc., tienen un enfoque más bien punitivo, donde se persigue la denuncia y sanción, pero que no contribuyen a mejorar el clima laboral y las buenas relaciones en los ambientes laborales. Tales ambientes insanos son inadecuados para el reclutamiento de las nuevas generaciones que se incorporan al servicio público, incluyendo por cierto, a los estudiantes que necesitan realizar su práctica profesional.
