Casa de Allende: funcionarios de Bienes Nacionales y Cultura advirtieron a la Presidencia sobre problemas legales de la compra

Durante una primera reunión realizada entre mayo y junio de 2024, y una segunda cita en octubre, funcionarios de los ministerios de las Culturas y de Bienes Nacionales alertaron directamente a Presidencia sobre potenciales problemas jurídicos en el proceso de compra de la casa del presidente Allende, en cuya propiedad participan la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende. En primera instancia, habría sido el jefe de Gabinete de Cultura y su par de Bienes Nacionales quienes comunicaron a dos asesores de Presidencia potenciales conflictos de interés en la adquisición. En la segunda reunión, la jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales advirtió a los mismos asesores sobre eventuales faltas a la probidad y conflictos de interés, por la presencia de la ministra de Defensa en la operación.

El pasado 30 de enero, CIPER reveló que la ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y parte del equipo de su ministerio, alertaron a la Presidencia de la República sobre el impacto comunicacional negativo que tendría la compra de la casa del exmandatario Salvador Allende. Esto, debido a que en la propiedad del inmueble participan la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora socialista Isabel Allende, por lo que destinar $993 millones de recursos públicos a dos reconocidas figuras del oficialismo acarrearía consecuencias políticas negativas. 

No obstante, hasta ahora no se sabía si la Presidencia recibió advertencias sobre los problemas legales que tenía la compra. Sobre este punto, CIPER pudo confirmar que sí se realizaron alertas sobre problemas jurídicos, las que se presentaron en al menos dos reuniones –en mayo y en octubre de 2024–, siendo expuestas directamente ante el asesor de la Presidencia que gestionó este procedimiento, Leonardo Moreno, y la abogada Bernardita Nazar, también asesora de La Moneda.

La Constitución prohíbe que firmen contratos con el sector público los parlamentarios y los ministros de Estado, como lo son Isabel Allende y Maya Fernández. Como ambas suscribieron el contrato, representadas por el abogado Felipe Vío, esto dio pie a una causa penal por eventual fraude al fisco, que investiga el fiscal Patricio Cooper, y a presentaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la hija y la nieta del fallecido mandatario.

Este lunes 10 de febrero, el caso volvió a hacer noticia porque el TC no admitió a trámite el recurso de inhabilidad dirigido contra la ministra Fernández, porque no cumpliría con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley Orgánica Constitucional del TC, que establece las formalidades que debe cumplir un requerimiento de este tipo, lo que incluye la exposición de los argumentos de quienes presentan el recurso. El fallo del tribunal estableció que el recurso “se entenderá por no presentado”, por lo que sus impulsores tienen vía libre para insistir con otro ingreso.     

Ahora, nuevos antecedentes permitieron a CIPER confirmar que, además de las alertas políticas y comunicacionales notificadas vía teléfono por la entonces ministra Sandoval al asesor de la Presidencia, Leonardo Moreno, también se le manifestaron directamente problemas jurídicos de la compra, relacionados con el conflicto de interés que suponía cerrar el trato con una ministra de Estado en ejercicio. Aunque no se le advirtió explícitamente el vicio constitucional, en al menos dos reuniones con Moreno se apeló a las normas de probidad y transparencia en un sentido más amplio. De haber considerado esta advertencia, es probable que se hubiesen seguido cursos de acción que habrían permitido detectar la incompatibilidad descrita en la Constitución.

Entre abril y octubre de 2024 se llevaron a cabo distintas reuniones en las que participaron los jefes de gabinete de los ministros de Bienes Nacionales y de las Culturas y las Artes, así como los asesores de la Presidencia. Además, se registraron encuentros de coordinación interministeriales para sacar adelante la compra de las casas de los presidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende, con el objetivo de convertirlas en museos.

CIPER tuvo a la vista antecedentes expuestos por personas que conocieron tanto el proceso de la compraventa como las reuniones que se efectuaron para cerrar esa adquisición, quienes pidieron la reserva de sus identidades. Los datos muestran que la primera advertencia se registró en una reunión realizada entre mayo y junio del año pasado. Los asesores de la Presidencia convocaron al jefe de gabinete del Ministerio de las Culturas, Gonzalo Pinto, y a la jefa de gabinete de Bienes Nacionales, Denisse Hernández, a una reunión en el Palacio de Gobierno. La cita tenía como fin integrar oficialmente al Ministerio de Bienes Nacionales al proceso de compra de las casas de Aylwin y Allende, y buscar vías para acelerar los tiempos de la adquisición, ya que la compra debía concretarse durante el año 2024, según la instrucción presidencial. 

9 de enero 2025/SANTIAGO
Frontis de la casa del ex Presidente Salvador Allenda, ubicada en Guardia Vieja 392, providencia.
FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

En este encuentro, Pinto, el jefe de gabinete de la ministra Carolina Arredondo, y Hernández, su par de Bienes Nacionales, le comunicaron a los asesores de Presidencia que la compra del inmueble de la familia Allende tenía problemas jurídicos importantes, y que había un conflicto de interés en el hecho de que el Estado adquiriera una casa cuya propiedad estaba en manos de una ministra en ejercicio. Además, alertaron a los asesores de Presidencia sobre los conflictos políticos y comunicacionales que podía traer consigo la compra.

En el mes de octubre se registró una nueva reunión en las inmediaciones de La Moneda. Al encuentro asistieron los asesores presidenciales Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, junto a la jefa de gabinete de la entonces ministra Sandoval, Denisse Hernández, y la jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez. En este encuentro las advertencias fueron sobre la afectación de normas generales que rigen el proceso administrativo, el conflicto de interés con la ministra Fernández y las potenciales faltas a la probidad al concretar una transacción de este tipo con un miembro del gobierno.  

CIPER contactó a los involucrados en las dos reuniones en las que se presentaron alertas jurídicas, pero declinaron referirse al tema debido a que existe un proceso judicial en curso. 

Entre los antecedentes a los que habría accedido el fiscal Cooper durante su indagatoria también existen respaldos documentales de advertencias jurídicas similares que nacieron al interior del Servicio de Cultura y Patrimonio, que es dirigido por Nélida Pozo. Según publicó La Segunda, en abril, un mes antes de que se integrara el Ministerio de Bienes Nacionales al proceso de compra, desde ese servicio se envió un correo electrónico que escaló en el Ministerio de las Culturas, en el que se señalaba: “Se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos”. En la nota se menciona que dichas preocupaciones habrían sido planteadas por el equipo Jurídico de Patrimonio a los asesores de Bienes Nacionales. 

Además, Mega Investiga reveló la existencia de una minuta que habría sido redactada por la jefa de Gabinete del Servicio de Patrimonio, Paz Carmona Alert, y el asesor Jurídico de esta entidad, José Cortés Vergara, donde se indica como uno de los “elementos a considerar” que “se debe tener presente que en la sucesión existirían dos personas miembros quienes tienen la calidad de autoridades: Isabel Allende y Maya Fernández Allende”. Esto se menciona, según indica la minuta, “para efectos jurídicos y comunicacionales del proyecto”. El documento, de acuerdo con Mega, fue enviado por correo electrónico a Gonzalo Pinto, el jefe de Gabinete del Ministerio de las Culturas que participó –junto a la jefa de gabinete de Bienes Nacionales– en una de las reuniones en las que CIPER ahora pudo comprobar que se presentaron advertencias jurídicas a la Presidencia. 

En La Moneda no se han referido públicamente a la existencia de advertencias de problemas legales en la compra de la casa del exmandatario Salvador Allende, salvo el 8 de enero pasado, cuando CIPER le consultó al equipo de comunicaciones de La Moneda si se habían recibido “reparos o advertencias” por parte de funcionarios de Bienes Nacionales. La respuesta fue que “a lo largo del proceso, no se formalizaron reparos o advertencias a la Presidencia de la República”.

Consultados por los nuevos antecedentes que indican que sí hubo advertencias de índole jurídica, desde la Presidencia declinaron referirse al tema y señalaron que “como hemos indicado en otras oportunidades, existe una investigación en curso y ante ello no corresponde realizar comentarios”.

Tanto el Ministerio de Bienes Nacionales como el de Las Culturas fueron contactados para preguntar por las reuniones. En ambas carteras, al igual que en Presidencia, indicaron que no pueden referirse a esa materia por la investigación que está en desarrollo.