La caída sistemática de las postulaciones a las carreras pedagógicas: reflejo de una crisis sistémica
10.02.2025
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10.02.2025
El autor de esta columna escrita para CIPER analiza los datos de ingreso a las carreras pedagógicas, que van en caída hace ya varios años. Sostiene que “hay que entrar sinérgicamente a revisar los procesos de formación inicial de los docentes estrechamente correlacionados con la complejidad del mundo escolar y sus principales dimensiones, permitir adecuaciones formativas, generar ventanas laborales que consideren salir y entrar (reintegrarse) a los docentes en su ciclo laboral”.
Chile enfrenta desde la segunda década del presente siglo un descenso sistemático del interés por ingresar a las carreras de formación pedagógica. Fenómeno manifestado con agudeza en nuestro medio desde el 2013 en adelante, después de que en la década anterior se expandieran descontroladamente las vacantes, duplicándose y más la matrícula, e incluso en algunas carreras multiplicándose por 10 los admitidos.
Producto de esta expansión inexplicable, más allá de la lógica financiera de las instituciones, se adoptaron normas destinadas a regular este proceso, algunas de las cuales en estos últimos años han sido “suspendidas en su aplicación” para no afectar aún más la disminución de sus postulantes.
Ciertamente esta problemática tiene carácter global, argumento que permite refugiarnos en su vastedad para sentirnos en una zona de confort y hacer poco y nada para su solución. No obstante, países europeos, asiáticos y de Oceanía han implementado políticas muy relevantes para abordar esta temática que, siendo sistémica, puede enfrentarse con éxito creciente, pero exige políticas fundadas en evidencia, con planes de largo plazo, serios y sustentados en acuerdos políticos estables. Los países líderes del primer mundo no dudan en apoyar el rol determinante que desempeñan los sistemas educativos en su desarrollo y por lo mismo, enfrentan este problema más allá de la estrechez mental de los incentivos de mercado y de la ganancia pirra que campea en nuestro medio, dejándonos tarea a quienes queremos ser del selecto grupo de líderes de la OCDE.
Regresando a Chile, aunque la tendencia decreciente de los postulantes a las carreras pedagógicas llega a su peak el 2022 con 8.685 interesados, cifra que es bastante inferior a los 13.133 del presente año. En los hechos el alza experimentada a partir del 2023 es análoga a la de este año 2025, siendo más bien derivada de menores exigencias de puntajes y mayores opciones de postulación que de otras razones más profundas. Es decir, se trata de medidas “cosméticas”, pero no a razones de fondo.
El problema de la reducción por más de una década de las “vocaciones docentes” tiene diversas implicancias, una será la probable falta de profesores en diversos territorios del país. Si bien esta situación es difícil de identificar sin un estudio detallado de cada región, ya sabemos que: (i) las regiones con menor PIB enfrentan problemas de esta naturaleza asociados a la calidad de vida de sus habitantes y de sus docentes; (ii) la distribución de los docentes no es homogénea en el país, se concentran en urbes y conurbaciones mayores; (iii) no se forman profesores en las 17 carreras en todas las regiones; (iv) los diferenciales de salarios no son lo suficientemente atractivos para movilizar a los docentes hacia los territorios con mayores requerimientos. Por lo tanto, cuantitativamente se trata de un impacto severo difícil de reducir en el corto plazo, y al tenor de lo expuesto, es probable que de no mediar prontamente cambios profundos, se agudice esta situación.
También es importante analizar las declaraciones “exitistas” de autoridades al referirse al tema. Ciertamente la reducción en un 1,5% en las postulaciones a estas carreras para el 2025 no es tan dramática, pero en el escenario indicado no acusa una inflexión significativa de la tendencia al mejoramiento, más aún cuando ello obedece a que no se han suspendido las exigencias de admisión que se habían aprobado. A la cifra del -1,5% de seleccionados debiese sumarse al aumento de postulantes generales del +5,1% que experimentó el sistema. Es decir, podría pensarse que al menos se hubiese replicado el comportamiento general del sistema, por lo cual hay una pérdida real de -6,6% en la población general, lo que hace más complejo su impacto.
Si bien es positivo que tanto pedagogía en matemáticas, como en ciencias tengan incrementos de postulantes, ello ocurre tras décadas de registrar bajo interés en su ingreso, por lo cual su base de comparación es pequeña. Es tangible pero no debe obnubilarnos ante lo que ocurre en el sistema. Igualmente es bueno que aumenten los postulantes que seleccionan las carreras pedagógicas entre sus tres primeras opciones -lo que posiblemente reducirá el abandono en su trayectoria formativa- aunque tampoco alcanza para celebrar mucho.
La Ley de Educación Superior de 2017 y la que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente generaron mayores exigencias, unas de acreditación forzosa de todas las carreras pedagógicas y de la obligatoriedad que sean dictadas por Universidades, como también de aumentar progresivamente los requisitos para estudiar pedagogía, pasando de 500 puntos mínimos en 2017, a 550 en 2026, elevando los percentiles de corte en el ingreso.
Conscientes del efecto del alza de puntajes en la reducción de postulantes, prácticamente todas las universidades que dictan carreras pedagógicas plantearon al Ejecutivo y al Parlamento el impacto que generaría en la materia, como también en el plano financiero de sus instituciones.
El Congreso aprobó la postergación de los requisitos en comento, mandatando al Ministerio de Educación a presentar un proyecto de ley que actualice las exigencias de acceso a carreras y programas de pedagogía, que se tramitará con discusión de suma urgencia, lo que a priori nos hace pensar que solamente se referirá a una materia y no –necesariamente– a su vinculación con dimensiones sustantivas del tema que hoy están “invisibilizadas”, sean del proceso de formación de los/las nuevos docentes como de su desempeño profesional.
Respecto del proceso de formación, al menos dos cuestiones aún requieren de mayor análisis: (i) el efecto acreditación académica (academicista) de las carreras profesionales pedagógicas; y (ii) el efecto de la obligatoriedad de los estándares de formación.
Sobre la acreditación, si bien es un proceso importante y necesario, los criterios aplicados en Chile están dominados por lo académico -o academicista- con desmedro del mundo profesional, pese a que la pedagogía es netamente una profesión (sustentada en aspectos académicos, técnicos y vocacionales).
Ello deriva en que se impone a todas las universidades que tengan un mínimo de académicos de dedicación completa con grado de doctor, que desarrollen investigación y que publiquen en revistas científicas de cierta calificación (lo que finalmente les desvincula del medio profesional de la docencia escolar). Criterios deseables y valiosos pero no imprescindibles en la docencia, pero sí es fundamental e insustituible que todos quienes enseñan esta profesión, y sus fundamentos desde las ciencias, tengan pleno dominio del campo profesional, su contexto, condiciones de desempeño, etc. Aspectos que no están salvaguardados por las actuales normas de acreditación, por el contrario han terminado –quizás por la uniformidad que generan las acreditaciones- como efecto no deseado, en que sean menos considerados quienes tienen vasta experiencia laboral sin un frondoso currículo académico, con las consecuencias sobre el desempeño formativo de los nuevos docentes.
También se extendieron los años de formación de la profesión, lo que significa mayores costos para el Estado (gran parte del estudiantado es beneficiario de gratuidad), sin un correlato directo con el incremento de la calidad de su formación y desempeño. Es decir, hay un tema de costo/eficiencia/ efectividad que habría que indagar detenidamente, ya que los indicadores de eficiencia interna del sistema universitario (retención, promoción, tasa de éxito oportuno y total) se mantienen inalterables (en vez de mejorar) y los de eficiencia externa (desempeño laboral, permanencia en el cargo, etc.) parecen no variar, sin analizar aún el impacto sobre los aprendizajes de los estudiantes, que es un tema complejo de analizar.
Respecto de los estándares de formación, si bien son un referente relevante, el problema es cuando estos se aplican –finalmente- de madera dogmática y no dan espacio a cuestiones claves como su adecuación y cambio. En este primer cuarto de siglo hemos aprendido que mucho de lo que pensábamos hace 10 o 15 años ha quedado rápidamente obsoleto y requiere de nuevas formas de enfrentar problemas que antes no tenían esa escala, o no se conocían o no existían, y que los estándares actuales no consideran. La evidencia más nítida de ello son al menos tres aspectos.
Hay que entrar sinérgicamente a revisar los procesos de formación inicial de los docentes estrechamente correlacionados con la complejidad del mundo escolar y sus principales dimensiones, permitir adecuaciones formativas, generar ventanas laborales que consideren salir y entrar (reintegrarse) a los docentes en su ciclo laboral.
Además se necesita aumentar el soporte financiero de las universidades en el campo de las pedagogías, con recursos que les permitan cumplir su tarea, algo que el actual formato de gratuidad no hace. Y entonces éstas puedan apoyar a sus estudiantes de pedagogía en aquellas materias, habilidades y capacidades más débiles, en procesos formativos bien organizados, con claros vínculos laborales de modo que egresen preparados para cumplir debidamente su profesión, aprendiendo de sus nuevas experiencias laborales.