Casa de Allende: seremi de Bienes Nacionales firmó compraventa sin revisar el contrato porque «no le correspondió»

La seremi metropolitana de Bienes Nacionales, Carol Castro, firmó la compraventa el 30 de diciembre, a sólo 11 días de haber asumido su cargo. La secretaría metropolitana explicó a CIPER que a Castro “no le correspondió revisar ni participar en el proceso de levantamiento de antecedentes y elaboración del contrato”, y que tampoco intervino el equipo jurídico de la repartición. Un diseño poco habitual, ya que -según fuentes de Bienes Nacionales- usualmente las Seremi elaboran los contratos de compraventa. Pero, en el caso de los inmuebles de las familias Aylwin y Allende, fueron confeccionados por funcionarios del nivel central. CIPER revisó compras hechas por Bienes Nacionales entre 2008 y 2024, y las únicas adquisiciones similares –con contratos preparados por abogados del ministerio y solo firmados por la Seremi– fueron las relacionadas con la emergencia del volcán Chaitén, realizadas bajo una ley especial.

El 30 de diciembre pasado se firmó el contrato de compraventa de la casa del presidente Salvador Allende. En representación de los herederos del mandatario -entre ellos la senadora socialista Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández-, lo suscribió el abogado Felipe Vio. Como representante del fisco estampó su firma Carol Castro, titular de la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) Metropolitana de Bienes Nacionales, quien había asumido ese cargo solo 11 días antes, el 19 de diciembre. La compra -por un valor de $993 millones- fue abortada luego de que se advirtieran vicios constitucionales por tratarse de un negocio entre el Estado, una ministra y una senadora, las dos últimas impedidas por ley de hacerlo. De hecho, este incumplimiento legal dio pie a sendas presentaciones ante el Tribunal Constitucional contra Isabel Allende y Maya Fernández, y a una causa por presunto fraude al fisco, llevada a cabo por el fiscal Patricio Cooper. 

Aunque desde La Moneda han negado haber recibido advertencias de índole constitucional, en el gabinete presidencial sí recibieron alertas por posibles conflictos políticos y comunicacionales, incluso formulados por la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (lea el reportaje de Ciper “Casa de Allende: exministra Sandoval y equipo de Bienes Nacionales advirtieron a Presidencia sobre el impacto negativo de la compra”). 

Si bien Carol Castro firmó el documento, CIPER confirmó que ni ella ni algún miembro del equipo jurídico de la Seremi metropolitana revisaron el contrato. Según explicaron a CIPER en esa secretaría regional, no les “correspondió” hacer esa revisión -en la que eventualmente se podrían haber detectado los problemas legales-, ya que se les “instruyó y ordenó” firmar la escritura, directriz que quedó plasmada en el decreto N°38 que autorizó la compra, firmado por el Presidente Gabriel Boric (revise ese documento acá).  

El decreto mencionado, firmado por el Presidente Gabriel Boric y por la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, entregó la facultad de suscribir el contrato de compraventa a la Seremi; pero, señaló que la “respectiva escritura de compraventa será redactada por un abogado/a del Nivel Central del Ministerio de Bienes Nacionales designado para tal efecto”. 

Que la Seremi se limitara a firmar un contrato sin participar de su redacción es inusual, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Bienes Nacionales contactadas para este reportaje, las que indicaron que la fórmula habitual es que la seremi firme escrituras que sus propios abogados redactaron y que, posteriormente, son revisadas a nivel central. Además, fuentes del organismo advirtieron que los abogados de la Seremi se enteraron de la compra a través del comunicado de prensa del ministerio, emitido el 31 de diciembre –es decir, un día después de firmadas las compraventas–, y que el jefe del área jurídica sólo fue consultado por el nivel central para conocer la notaría donde usualmente se suscriben los contratos. 

CIPER revisó los registros de compras de inmuebles realizadas por Bienes Nacionales entre 2008 y 2024, en total 940 documentos. Efectivamente, el mecanismo habitual es que -a diferencia de la fórmula utilizada para la compra de las casas de Patricio Aylwin y Salvador Allende- los contratos sean preparados por abogados de las Seremi y firmados por los jefes de esas secretarías regionales. Esto implica que los funcionarios de las Seremi están más familiarizados con este tipo de compras y, debido a esa mayor experiencia, eventualmente podrían haber detectado los problemas legales en las adquisiciones de los inmuebles presidenciales. Hasta ahora no se ha transparentado por qué se resolvió seguir un mecanismo diferente, encargando la preparación y redacción de los contratos al nivel central del ministerio. 

De los 940 decretos emitidos en los últimos 16 años y revisados para este artículo, solo en 112 la preparación de los contratos no pasó por las Seremis correspondientes, sino por abogados del nivel central de Bienes Nacionales. De estos últimos, 109 corresponden a adquisiciones de propiedades afectadas por la erupción del volcán Chaitén (106 de ellas realizadas en 2010 y tres en 2018). De esta forma, solo tres compras no relacionadas con esa catástrofe natural fueron preparadas por abogados que no eran de una Seremi. Y las tres corresponden a la adquisición de las casas presidenciales ordenadas por el Presidente Boric: los dos inmuebles que pertenecieron a Patricio Aylwin y el de Salvador Allende.

En el marco de la fallida compra, CIPER contactó a la Seremi Metropolitana para consultar cuándo se le ordenó a esta entidad firmar el contrato y si la seremi Castro o el equipo jurídico de la secretaría lo revisaron antes de suscribirlo. “A la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana se le instruye y ordena suscribir en representación del Fisco la escritura pública de compraventa a través de lo establecido en el Decreto N°38 de fecha 25 de noviembre de 2024, el cual se encontraba Tomado Razón por la Contraloría General de la República”, respondieron por escrito (lea acá las respuestas enviadas por la Seremi Metropolitana de Bienes Nacionales).

Respecto a la revisión del contrato antes de estampar la firma, desde la Secretaría Regional Ministerial respondieron que “no le correspondió revisar ni participar en el proceso de levantamiento de los antecedentes y elaboración del contrato, solo le correspondió firmar en representación del Fisco”, proceso en el que “no tuvo injerencia ningún funcionario de la Seremi de la Región Metropolitana, y la redacción de la escritura pública de compraventa estaba a cargo del equipo jurídico del Ministerio”. 

UN MECANISMO INUSUAL

CIPER revisó el detalle de las 11 compras realizadas por el Ministerio de Bienes Nacionales entre 2018 y 2024, que están publicadas en la sección de Transparencia Activa de su sitio web. Además, se analizó el registro histórico de compras realizadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, que data de 2008 a 2024, utilizando la herramienta Pinpoint, de Google, que procesa grandes cantidades de documentos y permite distinguir por palabras claves. Del total de 940 archivos revisados con este mecanismo, se detectó que en solo 112 documentos el proceso estuvo a cargo de abogados del nivel central de la cartera. De estos últimos, 106 son decretos emitidos en 2010 para autorizar la compra de inmuebles bajo la Ley N°20.385, promulgada tras la emergencia de la erupción del volcán Chaitén. Otros tres decretos también tenían por objeto la adquisición de propiedades relacionadas con esa catástrofe, pero son de 2018. Y los últimos tres corresponden a las dos casas de la familia Aylwin y al inmueble de los herederos de Allende. 

De esta manera, se puede inferir que el Ministerio de Bienes Nacionales efectivamente utilizó una fórmula poco habitual, que es la misma que se ocupó para la emergencia del volcán Chaitén –encargando el proceso al nivel central y no a la Seremi–, para la compra de las casas de los presidentes Allende y Aylwin.