Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
RESPUESTA FUE QUE ERA UN TEMA COMUNICACIONAL DEL QUE SE ENCARGARÍA LA MONEDA. NO HUBO ALERTA SOBRE EL FACTOR CONSTITUCIONAL
30.01.2025
En al menos tres reuniones, entre junio y noviembre del año pasado -antes de que el Presidente Boric firmara el decreto que autorizó la compra-, funcionarios de Bienes Nacionales alertaron sobre las consecuencias políticas y comunicacionales negativas que podía acarrear la operación, porque involucraba a la ministra Maya Fernández. También lo hizo la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a través de un llamado al asesor de la Presidencia, Leonardo Moreno. La respuesta fue que era un problema comunicacional del que se encargaría la Presidencia. En el proceso no hubo advertencias sobre la inconstitucionalidad de la compraventa.
Créditos imagen de portada: Agencia Uno
La fallida compra de la casa del presidente Salvador Allende mantenía hasta ahora una gran interrogante: si los equipos encargados de gestionar la adquisición advirtieron de los problemas que podía generar que el Estado comprara un inmueble en cuya propiedad participan la ministra de Defensa y nieta de Allende, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, hija del fallecido mandatario.
CIPER pudo confirmar, a través de diversas fuentes involucradas tanto en el proceso de compra como en la causa judicial que se inició a raíz de la operación, que, previo a que la adquisición fuera autorizada por el Presidente Gabriel Boric, funcionarios de Bienes Nacionales y la entonces ministra de esa cartera, Marcela Sandoval, alertaron a la Presidencia que la firma del contrato -que establecía un pago de casi mil millones de pesos- podía acarrear consecuencias políticas y comunicacionales negativas. La advertencia se fundaba en eventuales cuestionamientos éticos a la decisión de destinar recursos fiscales a una operación que beneficiaba a una ministra de Estado en ejercicio. Las advertencias, en todo caso, no incluyeron que la compra era, de hecho, inconstitucional.
En junio de 2024, el Ministerio de Bienes Nacionales fue mandatado a ejecutar la compra de las casas de los presidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende, iniciativa destinada a resguardar el valor patrimonial de estos inmuebles y convertirlos en museos. La orden venía directamente desde la Presidencia de la República.
Cinco meses después, el 25 de noviembre, el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto que autorizó la elaboración del contrato de compraventa, el que fue firmado el 30 de diciembre de 2024 por el abogado Felipe Vio, en representación de la familia Allende, y la secretaria regional ministerial metropolitana de Bienes Nacionales, Carol Castro. La operación fue objetada de inmediato por representantes del Partido Republicano y de Chile Vamos, quienes hicieron sendas presentaciones al Tribunal Constitucional, debido a que la Carta Magna prohíbe expresamente que ministros y parlamentarios -como lo son Maya Fernández e Isabel Allende- suscriban contratos con el Estado.
Diversas fuentes de los ministerios de Bienes Nacionales y de Cultura, además de la Presidencia, fueron consultadas por CIPER respecto de si, durante los cinco meses en que se estudió y preparó la compraventa, se levantó alguna advertencia sobre efectos políticos negativos o acerca de la constitucionalidad de la operación. Las respuestas coincidieron en que parte del equipo de Bienes Nacionales que estaba a cargo de gestionar la compra advirtió a la entonces ministra Marcela Sandoval sobre los problemas políticos y éticos que podría acarrear que el Estado adquiriera un inmueble que era propiedad de una ministra de gobierno y su familia. Las fuentes también indicaron que nunca se alertó sobre los problemas de constitucionalidad que tenía la operación.
Según estas versiones, ante los reparos expresados por su equipo, la exministra Sandoval se contactó vía telefónica con el asesor de la Presidencia, Leonardo Moreno (en la foto principal), que estaba a cargo de sacar adelante el proyecto. En dicha conversación, Sandoval le habría comunicado las advertencias levantadas por el equipo de Bienes Nacionales. La respuesta de Moreno apuntó a que lo planteado era un problema comunicacional, del que se haría cargo la Presidencia en su momento, y que Bienes Nacionales sólo debía ejecutar la parte técnica de la compraventa.
A la conversación entre Sandoval y el asesor presidencial, le siguió una reunión formal entre los gabinetes de Bienes Nacionales, Subsecretaría de Patrimonio y Moreno. Allí se reiteraron las aprensiones respecto a las consecuencias políticas que podría acarrear la comprar un inmueble que era propiedad de una ministra de gobierno. La respuesta fue la misma que la entregada vía telefónica a la ministra.
Incluso, el equipo de Bienes Nacionales elaboró una propuesta con alternativas distintas a la compra directa, para salvar el punto que podía generar cuestionamientos. Entre estas fórmulas se barajó que las familias Aylwin y Allende donaran o cedieran el uso, bajo alguna figura legal que no implicara un pago millonario por los inmuebles. CIPER no pudo confirmar si estas propuestas llegaron al gabinete presidencial.
El pasado 7 de enero, La Tercera publicó que habían existido reparos verbales sobre la compra desde el equipo jurídico de Bienes Nacionales. A raíz de esto, el 8 de enero CIPER consultó al equipo de comunicaciones de La Moneda si la Presidencia había recibido “reparos o advertencias” por parte de la exministra Marcela Sandoval, la exdirectora jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, Macarena Diez, o de otro funcionario de esa cartera, referidas a la compra de la casa. La respuesta fue que “a lo largo del proceso, no se formalizaron reparos o advertencias a la Presidencia de la República”.
Producto de los nuevos antecedentes recabados por CIPER, que afirman que sí hubo advertencias, este medio volvió a consultar a la Presidencia por ellas. En concreto, se preguntó si se le informó al Presidente Gabriel Boric que el equipo de Bienes Nacionales y la propia exministra Sandoval advirtieron que la compra de la casa traería consecuencias negativas a nivel político, ético y comunicacional. Esta vez, desde la Presidencia contestaron que “existe una investigación penal en curso, en la que ya han declarado y colaborado distintos funcionarios de Gobierno. Por lo que no hay versión de Presidencia ante la consulta”.
Ante esta respuesta, CIPER le recordó a comunicaciones de la Presidencia la consulta realizada el pasado 8 de enero, cuando no existía una investigación penal en curso y donde la misma entidad aseguró que “no se formalizaron reparos o advertencias”. En una nueva respuesta se indicó que CIPER, en su consulta original, no preguntó por algún funcionario en particular de la Presidencia. Sin embargo, aquel requerimiento fue realizado porque el propio Moreno, ante las preguntas de CIPER, señaló que no podía emitir declaraciones y que había que dirigirse al Departamento de Comunicaciones de la Presidencia.
El asesor Leonardo Moreno también fue consultado por las advertencias de Bienes Nacionales y de la exministra Sandoval, pero reiteró que se encuentra impedido de hacer declaraciones. Desde el equipo jurídico de la exministra Sandoval también declinaron referirse al tema.
Actualmente, el caso está siendo investigado por presunto fraude al fisco. La indagatoria es llevada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. De acuerdo con la nómina de testigos e imputados que prestaron declaración la semana pasada, Cooper ya tiene en sus manos las declaraciones de la ministra Fernández y de la senadora Allende -quienes se acogieron a su derecho de guardar silencio-, además del testimonio de la exministra Marcela Sandoval, todas en calidad de imputadas.
Además, declararon como testigos Macarena Diez, ex jefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales; Sebastián Vergara, subsecretario de Bienes Nacionales; Pablo Maino, jefe de División de ese mismo ministerio; Francisca Moya, jefa de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Víctor Merino, subcontralor General de la República; Nélida Pozo, directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y José Rafael Cortés, asesor de Gabinete del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
