Venezuela: Una dictadura madura

La autora de esta columna escrita para CIPER analiza el contexto de la asunción al mando de Nicolás Maduro por un nuevo periodo como presidente de Venezuela. Califica como “tibios” los esfuerzos de otros países por terminar con el régimen y concluye que “la llegada nuevamente al poder de Nicolás Maduro ha dejado claro el poco impacto que tiene la comunidad internacional en la preservación de la democracia y los derechos humanos”.

Créditos imagen de portada: Lukas Solís / Agencia Uno

El pasado 10 de enero nuevamente Nicolás Maduro tomó posesión de la presidencia de Venezuela, ante los ojos de una comunidad internacional cuyos múltiples esfuerzos no han logrado una transición democrática en el país.

En las elecciones del 2013 y 2018 Nicolás Maduro se esforzó por mantener una fachada democrática y demostrar que su gobierno había ganado las elecciones. En el 2013, el opositor Henrique Capriles desconoció los resultados que le daban el triunfo al régimen chavista por 1,49% de los votos y exigió una auditoría. El Centro Carter en su informe final, aunque con observaciones, avaló los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron el triunfo a Maduro.

El proceso electoral del 2018 (adelantado por la Asamblea Nacional) se dio en el contexto de una agravada crisis económica y de un gobierno cuestionado por la inhabilitación de los principales líderes opositores y partidos, además de dudas infundadas sobre el CNE y su actuación partidista. La oposición llamó a un boicot que impactó directamente en la disminución del 80% al 46% de la participación con respecto a las elecciones del 2013. Los resultados de la elección que dieron el triunfo a Maduro sobre Henri Falcón fueron denunciados por Estados Unidos, España y el Grupo de Lima y reconocidos a su vez por países como China, Bolivia, Cuba y El Salvador. Las controversias durante la elección llevaron a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional a autoproclamarse presidente y a considerar terminado el periodo de Maduro en el 2019. La Unión Europea, Estados Unidos y varios países aumentaron las sanciones económicas a funcionarios del régimen venezolano y a la petrolera estatal PDVSA, la principal fuente de ingresos del país. A pesar de los esfuerzos internacionales por terminar el gobierno de Maduro, este se sobrepuso con el apoyo principalmente de China, Rusia e Irán. El gobierno interino de Guaidó se fue desvaneciendo y finalmente la fracturada oposición y Estados Unidos lo dejaron de reconocer, teniendo que negociar con Maduro, quien finalmente tenía el control total del país. Maduro nuevamente ganó la partida. Así, el régimen chavista tuvo 6 años más para consolidar su control sobre la Asamblea Nacional, el CNE y las Fuerzas Armadas.

La oposición y la comunidad internacional también se prepararon para un siguiente proceso electoral que sabían sería complejo.  El Acuerdo Parcial sobre la Promoción de los Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos firmado en Barbados en octubre del 2023 fue uno de los esfuerzos más recientes para reactivar el diálogo y buscar unas elecciones libres, transparentes y democráticas en Venezuela. En el llamado “Acuerdo de Barbados” entre el gobierno chavista y la Plataforma Unitaria de Venezuela acordaron respetar el derecho de cada actor para seleccionar a su candidato y dar garantías electorales. A cambio, Estados Unidos se comprometió y comenzó a levantar las sanciones económicas impuestas a Venezuela. Este acuerdo en el que participó Noruega como mediador y algunos otros países como México, Colombia, Rusia, Países Bajos y Estados Unidos fue un fracaso más de la oposición y del mundo frente a Nicolás Maduro. El primer síntoma fue el desconocimiento de las primarias de la oposición y la inhabilitación de su candidata María Corina Machado, de ahí en adelante continuó en aumento la violencia, encarcelamiento e intimidación de opositores, periodistas y manifestantes.

Previo a la realización de las elecciones el 28 de julio, Maduro retiró la invitación a varios observadores electorales, encendiendo las alertas internacionales, las cuales nuevamente no lograron influir en el fraudulento proceso electoral que dio por triunfador a Maduro, obligando a esconderse a Machado e ir al exilio en España al candidato opositor Edmundo González. Nuevamente Maduro se declaró ganador con ayuda de la secuestrada institucionalidad venezolana, ante los ojos de la escandalizada comunidad internacional y más allá de las pruebas de una oposición más unida que nunca. Varios países y organismos exigieron las actas para reconocer su triunfo, pero Maduro los ignoró y tomo posesión el 10 de enero.

La llegada nuevamente al poder de Nicolás Maduro ha dejado claro el poco impacto que tiene la comunidad internacional en la preservación de la democracia y los derechos humanos, ya que más allá de disminuir la seguridad del régimen en el poder, éste ha ido consolidando una dictadura. A pesar de que países como Perú, Panamá, Paraguay, Argentina, Estados Unidos y España han reconocido a Edmundo González y denunciado al régimen de Maduro, aún hay una serie de países, que se consideran democráticos y que no han querido desconocer al régimen y calificar a Venezuela como una dictadura, aún cuando cumple con todos los criterios de la definición: “Régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales.”

En la comunidad internacional sigue existiendo la tibieza, la cual juega a favor de los regímenes autoritarios, dictatoriales y poco democráticos. Países como Brasil, México y Colombia enviaron a sus embajadores a la toma de posesión de Maduro, si bien lo han tratado de justificar como una forma de priorizar el diálogo y la mediación lo cierto es que estas acciones legitiman a un gobierno que se erigió de forma contraria a la voluntad ciudadana. En estos casos ha tenido más peso la afinidad o la confusión ideológica, que los valores y principios, a diferencia de otros gobiernos como el de Chile, en el que el presidente Boric ha nombrado claramente dictadura al régimen venezolano (sin que esto haya significado que todos los partidos políticos que sustentan el gobierno compartan dicha postura).

Diversos organismos internacionales como Human Rights Watch en su Informe 2024 señalan la convergencia en Venezuela de elementos dictatoriales como la concentración de poder en una persona o élite, manipulación electoral, suspensión del estado de derecho, supresión de la oposición, negación de los derechos humanos y más.  Estos elementos son claramente visibles, lo que no deja espacio para el titubeo de ningún país que se considere democrático. La postura desafiante del régimen al ignorar los compromisos acordados en Barbados, con el ocultamiento de las actas e incluso el secuestro de María Corina Machado, demuestran la madurez de una dictadura que se sabe inmune a las sanciones y dobles discursos de los líderes internacionales. Tal vez, es por lo anterior que Edmundo González ha apelado a las fuerzas castrenses para desconocer las órdenes de Maduro, ya que la solución a la crisis de Venezuela siempre ha estado al interior de la propia Venezuela y muy lejos de la comunidad internacional.

El llamado de González, difícilmente será escuchado por las élites militares, ya que su complicidad con el régimen  no se limita a la protección del poder político, sino que se extiende a la gestión de recursos estratégicos como el oro, el narcotráfico y la explotación de los recursos naturales del país. De acuerdo a la organización Transparencia Venezuela en su informe Poder militar, crimen y corrupción, los  militares venezolanos están lejos de su tarea principal, la de ser defensores de la soberanía y el orden, y han mutado en una fuerza empresarial que, a través de contratos, negocios oscuros y el control de sectores clave de la economía, ha fortalecido su influencia en el poder. En este contexto, el aparato militar se convierte en un pilar fundamental del régimen, garantizando no solo su permanencia, sino también el beneficio personal de quienes lo integran, a costa del sufrimiento de sus ciudadanos.