El frágil acuerdo entre Israel y Hamás

El 19 de enero comenzó a regir un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. El autor de esta columna escrita para CIPER lo analiza y detalla las limitaciones que a su juicio tiene. Mirando al futuro, sostiene que “el rol que asuma el gobierno de Trump, impulsor de los Acuerdos de Abraham, será fundamental para avanzar hacia esta meta de paz comprehensiva o bien para condenar a la región a un conflicto permanente”.

Créditos imagen de portada: Diego Martín / Agencia Uno

El 15 de enero de 2025 el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, hizo un anuncio histórico: se había alcanzado un acuerdo de cese al fuego en Gaza, “un regreso a la calma total”. El acuerdo, mediado por Qatar, Egipto y Estados Unidos, entró en vigor el domingo 19 de enero, y contemplaba una primera etapa de 42 días, con un cese del fuego, un intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes y la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, incluyendo la rehabilitación de la red hospitalaria. 

EL ROL DE LOS PAÍSES MEDIADORES

El acuerdo ha sido posible gracias al rol mediador que han tenido diferentes países, siendo los más significativos Egipto, Qatar y Estados Unidos. Egipto tiene una frontera con Gaza, ubicándose un importante puesto fronterizo en la ciudad de Rafah. Su relación con Hamás ha sido complicada, lo que lo acerca a Israel, con quien tiene un tratado de paz firmado a partir de los Acuerdos de Camp David (1979). El Cairo considera al movimiento islamista como terrorista.

Qatar, por su parte, es un pequeño Estado que forma parte del Consejo de Cooperación para los Estados del Golfo, al que también pertenecen Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, todos ellos caracterizados por su rica producción petrolera. Doha se ha comprometido en varios intentos de mediación internacional, como el alcanzado entre Estados Unidos y el movimiento talibán de Afganistán previamente al retiro estadounidense de agosto de 2021. Además, en Qatar existe una oficina política de Hamás. Sobre el rol negociador de Qatar en otros conflictos internacionales, ver este enlace. 

En cuanto a Estados Unidos, ha existido una especial alianza estratégica de este país con Israel, destinada en gran medida a hacer frente a la amenaza que representa Irán desde la revolución islámica de 1979. En el primer gobierno de Trump existió una activa política exterior de Washington en el Medio Oriente, lo que se tradujo, entre otras cosas, en el traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén en 2018, y en la implementación de los Acuerdos de Abraham, lo que implicó a partir de 2020 la normalización de relaciones diplomáticas de Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos con Israel, a los que posteriormente se unieron otros países árabes, como Sudán y Marruecos. Estados Unidos ha buscado incorporar a Arabia Saudita en estos acuerdos, lo que se ha visto dificultado precisamente con la guerra en Gaza. 

Hay que mencionar el rol asumido por las dos últimas administraciones estadounidenses. La del presidente Biden, con su secretario de Estado Anthony Blinken, y con el enviado especial para las negociaciones, Brett McGurk. Por su parte, el enviado especial de la entrante administración de Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff, ha tenido también un rol significativo en el logro del acuerdo. Sin duda, el presidente Trump ha tenido un papel sustancial en que el acuerdo se concrete ahora, influyendo probablemente su especial relación con Netanyahu, así como una agenda que contemplaría terminar con otros conflictos internacionales, incluyendo la guerra en Ucrania. En este sentido, es destacable que el acuerdo haya entrado en vigor justo un día antes de la asunción de Trump a la Presidencia de Estados Unidos. 

El acuerdo entre Israel y Hamás entró en vigor el domingo 19 de enero en la mañana, luego de varios percances que presagiaban la dificultad de su implementación. Un día antes, el gobierno de Netanyahu amenazaba con retrasar el cese al fuego si es que Hamás no entregaba los nombres de los rehenes que serían liberados. Dos días antes el gabinete israelí lo aprobaba, colocando término a 15 meses de guerra entre Israel y el movimiento Hamás.

El texto, titulado “Apéndice 1” constituye un suplemento de la propuesta de paz presentada por el presidente Biden el 31 de mayo de 2024. Cuenta con ocho acápites, los tres primeros referidos a cuestiones que dicen relación con el retiro israelí, el intercambio de prisioneros. Más específicamente, se señala el retiro de las fuerzas israelíes de las áreas densamente pobladas de la franja de Gaza, así como el procedimiento para el intercambio de prisioneros. Los cinco párrafos siguientes abordan temas específicos, como los corredores mantenidos por Israel en la Franja de Gaza, el regreso de los desplazados gazatíes y de la ayuda humanitaria al territorio. 

Una de las principales limitaciones es la oposición a cualquier proceso de paz  por parte de los sectores políticos más extremos que forman parte de la coalición de gobierno, constituida en diciembre de 2022 en Israel, liderada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Una vez conocido el acuerdo entre Israel y Hamás, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, amenazaba con dimitir en caso de que no se volviera a la guerra una vez lograda la liberación de los rehenes israelíes. Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, también desafiaba con dejar el gobierno en caso de que se concretara este acuerdo. Se lo considera admirador del rabino Meir Kahane, quien formó el Partido Kach, un grupo sionista religioso radical que existió en Israel en la década de 1980 y que fue declarado ilegal debido a su programa de odio. 

La salida del gobierno de cualquiera de estos dos líderes significaría la caída del gobierno de coalición encabezado por el primer ministro Netanyahu, quien perdería la actual mayoría de 64 escaños en el parlamento, lo que obligaría a llamar a elecciones anticipadas. El propio Netanyahu ha señalado que este acuerdo es temporal, por lo cual se reserva el derecho de reanudar la guerra.

Una segunda gran limitación del acuerdo es que no dice nada de manera explícita acerca del futuro de la Franja de Gaza. Hasta el 7 de octubre de 2023, Gaza estaba administrada por Hamás, en tanto que Cisjordania, por el partido Fatah, que conforma la Autoridad Nacional Palestina la que, a diferencia del movimiento islamista, reconoce a Israel a partir de los fallidos Acuerdos de Oslo (1993). 

Ahora que el movimiento Hamás ha sido fuertemente impactado en su estructura militar, las alternativas que quedan para una gobernanza de la Franja de Gaza se limitan a una continua presencia militar de Israel, a una participación de la Autoridad Palestina en la Franja, o bien a la presencia de fuerzas internacionales. Con todo, cualquiera de estos escenarios difícilmente garantizará la estabilidad en el territorio en la medida que no exista una paz comprehensiva en el conflicto israelí-palestino, lo que nos lleva a la tercera gran limitación del acuerdo. 

La solución a la tragedia de Gaza solo pasa por el reconocimiento explícito del Estado palestino, lo que significa la fórmula de dos Estados, Israel y Palestina, viviendo en fronteras seguras, reconocidas internacionalmente de acuerdo con las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución 242, aprobada por unanimidad en noviembre de 1967, pocos meses después de la Guerra de los Seis Días, establece el retiro israelí de los territorios ocupados durante este conflicto y el reconocimiento de la soberanía e independencia política de todos los Estados de la zona. Además, insta a garantizar la libertad de navegación y logar una solución al problema de los refugiados. 

En tanto, la resolución 338, también aprobada de forma unánime por el Consejo de Seguridad, en octubre de 1973, poco tiempo después de la Guerra de Yom Kipur, insta a todas las partes involucradas a un cese al fuego inmediato, a aplicar la resolución 242, y a iniciar negociaciones “encaminadas al establecimiento de una paz justa y duradera en el Oriente Medio”. 

Más recientemente, en noviembre de 2012, la Asamblea General de la ONU decidió reconocer a Palestina como Estado observador no miembro, lo que implicaba darle un asiento en la organización sin el derecho a voto. Posteriormente, en el contexto de la Guerra en Gaza, en mayo de 2024, la Asamblea General aprobó una resolución para que Palestina sea un estado de pleno derecho. 

El reconocimiento del Estado palestino, en concordancia con las resoluciones de la ONU, debe estar acompañado de otras medidas que favorezcan una paz comprehensiva en la región como son el desmantelamiento de los asentamientos judíos de las zonas ocupadas, el completo desarme de los movimientos islamistas Hamás y Hezbolá, la salvaguardia internacional del programa de energía nuclear iraní en concordancia con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) firmado en julio de 2015 por Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, del cual el gobierno de Trump se retiró en 2017. 

Al mismo tiempo, la expansión de los Acuerdos de Abraham, incluyendo un tratado de paz entre Israel y Arabia Saudita, sería un pilar fundamental para avanzar hacia una paz integral. Este hito transformaría el Medio Oriente, marginando las voces extremistas en ambos bandos, tanto dentro del gobierno israelí como en Hamás y otros grupos proiraníes que se oponen a la negociación y buscan la destrucción de Israel. El rol que asuma el gobierno de Trump, impulsor de los Acuerdos de Abraham, será fundamental para avanzar hacia esta meta de paz comprehensiva o bien para condenar a la región a un conflicto permanente.