Obstáculos y oportunidades de mejora de la política climática en Chile

El grupo de expertos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 que firma esta columna escrita para CIPER entrega algunas observaciones a la aplicación de la Ley Marco de Cambio Climático que obtuvieron de varios procesos de consulta pública realizados durante el 2024. Identifican algunos problemas y proponen estrategias para solucionarlos. Sostienen que “un futuro Instituto Tecnológico Público orientado a enfrentar la crisis climática y ecológica podría asegurar que los planes sectoriales no solo sean coherentes y coordinados, sino que también incorporen el conocimiento científico en las políticas públicas, favoreciendo así una mejor toma de decisiones”.

La elaboración de los planes sectoriales y nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático es uno de los pilares de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) publicada en el año 2022 (Ley Nº21.455). Estos planes son fundamentales para reducir la vulnerabilidad del país, construir resiliencia, y cumplir con los compromisos internacionales para disminuir los gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos. 

En este contexto, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 ha decidido participar activamente en varios procesos de consulta pública desarrollados durante el 2024, con el objetivo de contribuir a mejorar estos planes, aportando con la mejor experiencia y evidencia científica disponible de acuerdo con el principio científico establecido en la LMCC. De estos análisis han surgido observaciones que, valorando los avances institucionales, reconocen también problemas estructurales que afectan tanto el diseño como la calidad de los instrumentos presentados a consulta pública. 

Uno de los problemas más evidentes en los anteproyectos revisados es la ausencia de indicadores para medir el logro de las metas propuestas. Los indicadores son indispensables, tanto para hacer concretas las metas y acciones como para el sucesivo monitoreo y evaluación de su implementación. No incluirlos incumple con los contenidos mínimos exigidos para la elaboración de los planes. En otras palabras, los planes revisados no se ajustan a lo establecido por la LMCC como mecanismo para evaluar el impacto real de las acciones de adaptación y mitigación presentadas.

Esto tiene consecuencias directas sobre la participación ciudadana. Sin indicadores claros, la capacidad de la ciudadanía y de los expertos para evaluar la pertinencia y avance de las medidas es mínima. La consulta pública debe ser una herramienta efectiva de participación y no un ejercicio simbólico sobre documentos incompletos, o simplemente una formalidad a ser desarrollada como parte de un checklist.

Un segundo problema radica en que las instituciones y servicios responsables de la elaboración de los planes no cuentan con los recursos y capacidades necesarias para llevar adelante estos procesos, los que a menudo se externalizan, por ejemplo, a empresas consultoras que no necesariamente tienen conocimiento de la cultura institucional de los servicios ni de las dinámicas territoriales. Esto ha llevado a que las instituciones pierdan su rol central en la planificación climática, limitando su capacidad para desarrollar competencias, conocimientos y experiencias para la acción climática. 

Un tercer problema es la falta de coherencia y coordinación entre los planes sectoriales. Aunque la LMCC reconoce el principio de coherencia entre los instrumentos de gestión del cambio climático, los planes sectoriales no tienen la exigencia de coordinarse entre sí en su etapa de diseño, lo cual dificulta la implementación de medidas integradoras y la creación de sinergias entre planes y entidades responsables. Al día de hoy, cada sector puede interpretar las metas climáticas desde su perspectiva sectorial sin considerar las conexiones con otros sectores, desaprovechando así la oportunidad de colaboración que demanda la urgencia en la acción climática. La falta de integración entre los distintos planes y la desconexión con otros instrumentos estratégicos pone en riesgo la coherencia de las políticas climáticas a largo plazo, pudiendo derivar en un uso ineficiente de recursos públicos. Además, las metas climáticas se refieren solamente a dióxido de carbono equivalente, dejando de lado los compromisos del país relativos a forzantes climáticos de vida corta.

Finalmente, el tiempo limitado disponible para el diseño de los planes ejerce una presión que compromete su calidad. Si estos se desarrollan apresuradamente, delegando las principales responsabilidades y el liderazgo de estos procesos en organismos externos, y sin integrar adecuadamente las recomendaciones científicas ni las observaciones ciudadanas, corremos el riesgo de perpetuar un ciclo de políticas climáticas que, aunque bien intencionadas, carecen de impacto real. La fuerte presión que reciben las autoridades para cumplir con los plazos de la LMCC, junto con la falta de recursos y capacidades, suele traducirse en procesos que a menudo parecen llevarse a cabo de manera apresurada. 

ENTONCES, ¿QUÉ PODEMOS HACER?

Ante estos desafíos, surgen varias oportunidades de mejora. En primer lugar, es crucial reforzar la integración de indicadores y de conocimiento científico actualizado en todos los documentos que se sometan a consulta pública. En línea con la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), su inclusión permitiría un monitoreo más efectivo y una mayor transparencia, además de establecer una base para futuras revisiones de la ECLP y ajustes a las metas climáticas. También sería beneficioso avanzar en la implementación del Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana sobre Cambio Climático, previsto en el Título V de la LMCC, que mejoraría la disponibilidad y accesibilidad de la información, así como la efectividad de los procesos de participación y monitoreo.

Asimismo, la Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento Climático puede fortalecer las competencias dentro de los servicios, de modo que el diseño, implementación y monitoreo de los planes sea desarrollado por las instituciones pertinentes. Se puede seguir contando con apoyos externos para estos procesos, pero la idea es ir reduciendo progresivamente la necesidad de contar con dichos servicios de consultorías. Un mayor empoderamiento de las instituciones ofrece una oportunidad para mejorar la coordinación interinstitucional y la capacidad de anticipación, elementos esenciales para construir resiliencia y cumplir los compromisos internacionales. 

Por último, una opción para facilitar la coordinación y coherencia entre sectores es la creación de una institución de interfaz que sirva como punto de enlace entre entidades públicas, privadas, académicas y la sociedad civil. Un futuro Instituto Tecnológico Público orientado a enfrentar la crisis climática y ecológica podría asegurar que los planes sectoriales no solo sean coherentes y coordinados, sino que también incorporen el conocimiento científico en las políticas públicas, favoreciendo así una mejor toma de decisiones.

También colaboraron con este estudio los siguientes académicos: Bárbara Morales, Paz Orellana, Paulina Aldunce, Camila Álvarez, Catalina Amigo, Marco Billi, Benjamín Carvajal, Laura Gallardo, Eugenia Gayó, Cecilia Ibarra, Fabrice Lambert, Ítalo Masotti, Pilar Moraga, Rodrigo Seguel, Laura Ramajo, Anahí Urquiza y Karla Yohannessen.