La valoración de la democracia en tiempos de terapias de shock

Los autores de esta columna analizan los datos entregados por la encuesta UDP-Feedback “Percepción y Valoración de la Democracia”, hecha pública esta semana, En ella sostienen que “lo más probable es que las elecciones primarias polaricen el debate dentro de las principales coaliciones de derecha y de izquierda en el país. Lo anterior afectará negativamente la expectativa ciudadana que ha manifestado incansablemente que quiere mantener el sistema democrático, mejores partidos, mayores posibilidades de incidir en la toma de decisiones, y más altos estándares de probidad”.

La mayoría de los chilenos mantiene una adscripción normativa al sistema democrático. En la más reciente encuesta UDP-Feedback sobre valoración de la democracia (enero 2025) un 63% se muestra muy de acuerdo o de acuerdo con la ya clásica afirmación: “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. Por su parte, un 31% considera que, “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a un gobierno democrático” y un 6% señala que a personas como uno da lo mismo el tipo de régimen en que se vive. Desde el punto de vista sociodemográfico, el respaldo al autoritarismo es mayor en personas de derecha (53%), hombres (40%), habitantes de la zona sur (39%), mayores de 60 años (40%) y de nivel socioeconómico bajo (35%); demarcando perfiles que se ven repetidos en diferentes dimensiones que analizaremos más adelante.  

Ahora bien, sabemos que existe una brecha entre esta preferencia normativa por un sistema democrático y la valoración de su funcionamiento que tiende a ser bajo. Preguntamos a los encuestados sobre si un gobierno autoritario o uno democrático lo haría mejor frente a una serie de situaciones. En prácticamente todas las dimensiones (conducir la economía, resolver problemas sociales, enfrentar el cambio climático, entre otras) la percepción generalizada es que un gobierno democrático lo haría mejor. El único tema en que se considera que un gobierno autoritario lo haría mejor es en la lucha contra la delincuencia (52% autoritario vs. 38% democrático). De nuevo observamos que esta percepción se acentúa en personas de derecha (79%), hombres (62%) y sectores socioeconómicos bajos (58%).

Esta insatisfacción social además de plasmarse en el modo en que un tipo de gobierno enfrenta un problema particular (la inseguridad), también se expresa en la falta de confianza hacia determinadas instituciones. La mayoría de las instituciones presenta niveles bajos de confianza, siendo particularmente alarmante en aquellas que se relacionan directamente con el sistema político.  De un listado de 17 instituciones, los partidos políticos y el Congreso Nacional ocupan los últimos lugares con apenas un 4% y un 5% de confianza, respectivamente. Estos resultados contrastan con el caso de instituciones como Bomberos, en donde la confianza alcanza un 93%.

Quisimos también explorar respecto de la percepción de corrupción en una lista de instituciones del Estado. Los encuestados consideran que las instituciones donde existe más corrupción son el Congreso Nacional (93%), las municipalidades (92%), los Tribunales de Justicia (85%), el Ministerio Público (77%), el Servicio Nacional de Aduanas (74%), el Gobierno (74%), el Servicio de Impuestos Internos (65%), y las policías y Carabineros (en el rango de 60%). Consultados los encuestados sobre la probabilidad que se contrate a funcionarios públicos para pagar favores políticos, el 97% consideró que era algo o muy probable que ocurra, lo mismo con que un legislador o un funcionario municipal reciban una coima (94% y 93% respectivamente), o que un ministro reciba una coima de un grupo empresarial (87%), o que un juez favorezca a un acusado porque tiene dinero (85%). Sin embargo, solo un 38% percibe como algo o muy probable que un Carabinero reciba dinero de un automovilista para evitar que le saquen un parte. 

Lo anterior plantea la necesidad de profundizar en la agenda de transparencia y probidad. Resulta evidente que ante los ojos de la población existe una generalizada percepción del pobre funcionamiento de las instituciones que se las percibe como muy vulnerables respecto de la influencia de los poderosos. 

Un dato que resulta de extremo interés es la evaluación de los partidos políticos. Ya en otra columna (Leer en #CIPEROpinión) informábamos sobre la tendencia hacia la fragmentación y la generación de una verdadera república de independientes, esto es, representantes que buscan alcanzar el poder alejándose lo más posible de los partidos políticos. En efecto, la crítica social hacia los partidos es evidente: solo un 11% de los encuestados cree que funcionan bien, mientras que un abrumador 86% piensa que los partidos se enfocan en buscar cargos para sus miembros. 

No obstante, y aquí un dato novedoso, cuando se evalúa la importancia de los partidos para el sistema democrático, el 61% considera que los partidos son indispensables y el 59% señala que la democracia no podría sobrevivir sin ellos.  En otras palabras, la mayor parte de la ciudadanía valora la existencia de los partidos, pero critica ácidamente la actual composición y actuación de los partidos.  De nuevo aquí nos encontramos con perfiles sociodemográficos similares a otras preguntas, ¿quiénes son los que con mayor intensidad piensan que una democracia puede sobrevivir sin partidos?: personas de nivel socioeconómico bajo (45% vs. 34% en nivel alto), hombres (44% vs. 36,3% entre mujeres), y personas de derecha (43% vs. 28% entre izquierda). En este caso habría que agregar la zona norte donde el 53% piensa que no son necesarios los partidos, vs. en la Región Metropolitana donde alcanza solo al 35%. 

Se configura así un perfil que es consistente a través de la encuesta de grupos sociales que tienen una adhesión más sustantiva hacia la democracia y que no solo manifiestan su preferencia, sino que además conciben que ella no podría funcionar sin la existencia de instituciones políticas que la organicen. Otro grupo social muestra una mejor adhesión al sistema democrático, confía en soluciones autoritarias para resolver ciertos problemas de política pública (la delincuencia en particular) y percibe una menor necesidad de los partidos como intermediarios entre el Estado y la sociedad. 

LOS CAMINOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO

Ya mencionamos que un asunto crítico para fortalecer el sistema representativo democrático se asocia con políticas e iniciativas que profundicen la transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública. Escándalos recientes asociados al interés público que se contrapone con el interés privado (casos de alcaldes acusados por corrupción, caso Convenios, caso Hermosilla, caso venta de casa de Allende, entre muchos otros) consolidan la distancia entre la ciudadanía y las autoridades del Estado y establecen una muralla de incredulidad. No debiese llamar a sorpresa que cerca de la mitad de los encuestados señale que hay ocasiones excepcionales en las que uno podría no obedecer una ley si se considera que es injusta. Si existe una percepción generalizada de que el sistema beneficia a quienes tienen más poder, es esperable que se debilite la adhesión al estado de derecho. Tampoco debiese sorprender que son los sectores bajos y medios quienes más de acuerdo se encuentran con esta idea de no obedecer a las leyes (51 y 50% respectivamente).  

El segundo camino dice relación con el fortalecimiento de mecanismos de democracia directa. En Chile, los mecanismos de democracia directa son escasos y de uso prácticamente inexistente. Según un artículo publicado en este medio, la ley permite convocar a plebiscitos en casos específicos, pero estos no han sido implementados de manera significativa. La propuesta constitucional rechazada en 2022 generaba un avance importante al consagrar el “derecho de la ciudadanía a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público” y establecer diversos mecanismos para ejercerlo. A diferencia de otros aspectos del texto, esta temática generó consensos entre sectores políticos contrarios. De hecho,  la propuesta constitucional rechazada en 2023, impulsada por el sector político opuesto, también incluía mecanismos como iniciativas ciudadanas de ley, plebiscitos regionales y locales, y consultas locales para establecer prioridades presupuestarias.

A pesar del consenso político en torno a la democracia directa, esta discusión de diluyó luego del doble fracaso constitucional. Lo que nos muestra la encuesta es un consistente respaldo ciudadano a estas herramientas: el 79% está de acuerdo con que el Congreso tenga que hacer un plebiscito vinculante si quiere reformar la Constitución, el 73% está de acuerdo con que la ciudadanía pueda proponer directamente una ley al Congreso mediante recolección de firma y el 70% con que existan plebiscitos para ratificar o destituir a altos funcionarios en cargos, administrativos o judiciales.

El tercer camino dice relación con la búsqueda de una política nacional de acuerdos.  Otra alternativa para recuperar la confianza en el sistema político radica en fomentar grandes acuerdos. Esto no es novedoso, los resultados de la encuesta siguen la misma tendencia que otros sondeos de opinión pública: la ciudadanía busca representantes que sean capaces de generar consensos. En esta línea, cuando se les consulta por la importancia de ciertas características de un representante, el 83% considera que es algo o muy importante tener un representante que busque lograr acuerdos. 

El sistema político enfrentará en el año 2025 un nuevo ciclo electoral presidencial. Lo más probable es que las elecciones primarias polaricen el debate dentro de las principales coaliciones de derecha y de izquierda en el país. Lo anterior afectará negativamente la expectativa ciudadana que ha manifestado incansablemente que quiere mantener el sistema democrático, mejores partidos, mayores posibilidades de incidir en la toma de decisiones, y más altos estándares de probidad. Los liderazgos en los extremos—más vociferantes—ofrecerán terapias de shock para una sociedad que busca mayor tranquilidad para poder desarrollar sus proyectos vitales. Veremos si emergen propuestas no para transformar radicalmente el actual estado de las cosas, sino para mejorar significativamente la calidad de la acción de quienes nos representan.