Los SLEP y el nuevo sistema de educación pública en la cornisa

Este mes ocho nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) comenzaron a operar en el país. El autor de esta columna escrita para CIPER hace un repaso de su origen, detalla algunas de las dificultades que ha habido para su implementación y comenta que estos siguen funcionando bajo lógicas de mercado. Sostiene que “próximamente podríamos llegar a una situación compleja, además quizás con un nuevo gobierno de derecha que -posiblemente- detendrá el proceso de reforma, al menos inicialmente y busque su reversión, siendo de todas formas un escenario propicio para que la educación privada aumente su participación en el mercado. Paradójicamente todo lo contrario del proyecto de nueva educación pública propuesto en sus inicios”.

Créditos imagen de portada: Diego Martín / Agencia Uno

En este inicio de año se anunció por las autoridades de educación, la incorporación de nueve Servicios Locales de Educación (SLEP) al proceso de reforma a la educación pública iniciado el año 2018, la cual es una iniciativa icónica del pensamiento progresista en educación que ha experimentado en sus siete años de vida desafíos, dificultades y tropiezos.

Si bien desde que a fines de 2006 el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la educación emitiera su informe final, donde expresa un diagnóstico sólido y bastante consensuado sobre las dificultades del sector público escolar (no así de las soluciones sobre las que había y hay diferencias importantes), transcurrió más de una década para que se cristalizara en la Ley (N.º 21.040, noviembre de 2017) que crea el Nuevo Sistema de Educación Pública (NEP). Esta en lo medular implica un cambio en su estructura de organización y gestión, pasando a ser responsables de ella los nuevos Sistemas locales de Educación Pública (SLEP) dependientes del Ministerio de Educación. 

Los 70 SLEP serán instalados gradualmente, conforme un itinerario que, producto entre otros factores de la Pandemia, se prolongará hasta el año 2030. Cada SLEP reúne un número variable de comunas y por lo mismo de establecimientos, personal docente y administrativo.

En lo sustancial es una reforma netamente organizacional y no pedagógica, pese a que sus éxitos serán medidos por su impacto en la calidad de la educación. Ello no es un factor banal, por el contrario, la organización de un sistema tiene sentido en términos de los resultados alcanzados en materia educativa y ello pareciera no ser debidamente aquilatado por los gestores de la NEP, ya que presupuestariamente -exceptuando el presente año- ésta ha sido una partida financiera menor, muy disminuida ante la envergadura de su relevancia pedagógica.

Hasta el año 1980 la educación pública fue gestionada directamente por el Ministerio de Educación. Por entonces, en pleno proceso de consolidación del neoliberalismo en el país, la dictadura define su traslado irrevocable a los municipios, pese a que no existía experiencia importante en estos  para asumir dicha tarea, la cual se concreta prácticamente en tres años (81-83).

Era predecible entonces que la educación pública experimentara un notable deterioro de su calidad en sus diversos ámbitos, como finalmente ha ocurrido en estos 44 años, no solamente por el hecho de pasar del 78% de la matrícula escolar total nacional al 36% que registra el año 2024 (perdiendo el 54% de estudiantes), sino que además por una serie de dificultades de gestión financiera, administrativo y pedagógica, documentadas en numerosas investigaciones, trabajos, artículos, seminarios, etc., que podemos resumir en que ninguno de los 346 municipios destaca por una gestión sostenida de calidad, sino algunos por haber estabilizado su deterioro, con ciertas luces esporádicas que, producto de la discontinuidad de sus autoridades políticas de todos los sectores, no fructificaron mayormente.

Han pasado más de cuatro décadas para haber demostrado que la educación bajo la gestión municipal es exitosa, y esa evidencia por el contrario expone que ha sido mediocre sino malo su desempeño. Insistir majaderamente (o ideológicamente) en la alternativa de mantener o reforzar la municipalización no se entiende desde la abrumadora evidencia acumulada. 

Entonces, no es positivo para la educación pública que los municipios continúen cumpliendo esta tarea, lo que no implica que la solución más eficiente sean los actuales SLEP en los términos definidos por la ley y tal como se han implementado en estos siete años, resultados que deben ser atendidos con mayor detenimiento por sus autoridades, más allá que los rendimientos escolares que se han mantenido o mejorado levemente -lo que es positivo- pero sin avances pedagógicos sustantivos.

  En noviembre de 2017, tras un largo tránsito en el Parlamento se aprobó la ley en cuestión, hacia fines del segundo Gobierno de Bachelet, cuando ya existía claridad que la fase inicial de su implementación sería bajo un Gobierno de derecha que, lógicamente, cree más en lo privado que en lo público, lo cual significó en esos años retrasos importantes en algunas decisiones y ralentización del proceso de implementación de los SLEP, sumado a los efectos de la Pandemia, que debilitaron su eventual avance, lo que ha sido detallado en estudios sobre el tema.

Lo cierto es que esta reforma del nuevo sistema de educación pública se instala tardíamente (2018), cuando ya la educación pública evidenciaba un notable grado de deterioro de su calidad, de pérdida de estudiantes, de validación social de su tarea, de calidad de su infraestructura, de motivación de su cuerpo docente, además de disponer de un Ministerio de Educación legalmente debilitado en sus funciones claves, lo que hoy se expresa en una educación pública situada en una frágil posición para sobrevivir y más para revertir muchas de las situaciones críticas que enfrenta en lo pedagógico y operacional, incluyendo la dimensión financiera.

Si bien desde mayo del año 2024 se encuentra en debate en el Parlamento una propuesta normativa de cambio y mejoramiento en materias claves para la gestión administrativa y financiera de los SLEP, y también para las decisiones pedagógicas de los equipos directivos de los establecientes educacionales, ello se ha retrasado mucho, requiriéndose de medidas urgentes que agilicen los procesos y que eviten colapsos como el ocurrido el 2023/2024 con el SLEP de Atacama, para no mencionar otros en situación crítica.

Un aspecto clave en esta compleja trama operacional ha sido la mejora de los procesos de traspaso de los antecedentes del personal, infraestructura, etc., de los municipios a los SLEP, donde los primeros -salvo excepciones- no solo entregaron información incompleta para gestionar debidamente este proceso por los SLEP, sino que además varios de ellos  aumentaron la dotación de personal de los establecimientos (antes del traspaso) al extremo que hizo insoportable la carga financiera de algunos para los nuevos SLEP, razón suficiente para sostener que los municipios no pueden seguir cumpliendo esta delicada tarea educativa.

La nueva educación pública enfrenta problemas estructurales importantes donde su diseño inicial no integró los aprendizajes de reformas de esta naturaleza impulsadas en otros países, especialmente porque se trató de un proceso de reconcentración de la gestión que ha mostrado ineficacias importantes que han incidido en su cotidianeidad pedagógica que  la descentralización habría resuelto mejor, como también en problemas de articulación en los territorios que con una legislación más adecuada habrían evitado muchas dificultades en el acceso y manejo de recursos financieros, entre otros, pero implicaban dotar de puentes más claros de conexión y de poder a los Gobiernos regionales, algo en que nuestra clase política de casi todos los colores cree poco: hay muchos discursos sobre descentralización pero pocas decisiones sobre su fortalecimiento. 

Podríamos señalar que actualmente hay una distancia no menor entre la promesa inicial de recuperación y fortalecimiento de la educación pública detrás de los SLEP, y sus avances y logros, lo que permite poner un manto de duda sobre su continuidad desde lo que identificamos los grupos políticos conservadores y su cruzada contra-reformista.

Si bien la NEP es parte de una tríada de leyes dirigidas a reducir sino excluir la lógica de mercado de la operación del sistema escolar -con la ley de integración escolar y la ley de desarrollo profesional docente- en los hechos su aporte es aún menor, no solamente porque en la actualidad estarían operando 24 de los 70 SLEP proyectados (34%), lo que reúnen aproximadamente un tercio de la matrícula pública (430 mil estudiantes aprox.), sino porque el funcionamiento del mercado sigue intacto, especialmente en dos ámbitos fundamentales y decisivos: el financiamiento de todas las escuelas -incluidas las de los SLEP- se rige por el mismo subsidio escolar basal tradicional asignado al estudiante y también por el Subsidio Escolar Preferencial de misma lógica. Esto es, dos instrumentos claves de mercado, y además porque la continuidad de los directivos escolares públicos depende, en lo fundamental, de los rendimientos SIMCE y de matrícula de su escuela, los que responden a la lógica de mercado. 

De esta forma, más allá de la deseabilidad manifiesta de operar con otras lógicas, los SLEP en su funcionamiento regular lo hacen en aspectos claves bajo la racionalidad del mercado, por lo cual no pueden “sustraerse de este proceder”, debilitando su impacto. La experiencia muestra que es muy complejo sino cuasi imposible operar bajo una lógica de derechos sociales como pretenden los SLEP, con instrumentos de mercado.

La contraofensiva conservadora tiene claridad al respecto, no solamente porque históricamente ha defendido el sistema de subsidio -a veces con la complicidad de parlamentarios que no eran de su sector- sino que además dejó amarrada en la ley de presupuesto para el presente año, una serie de limitaciones y cortapisas que son un laberinto de procesos y contra procesos que debilitarán la operación de los SLEP este año, validando las voces disidentes de algunos alcaldes que han plantado la idea de no integrar los establecimientos de su comuna a los nuevos servicios. 

Ciertamente ello ocurre porque la implementación de la nueva educación pública ha enfrentado dificultades mayores, predecibles e impredecibles, que “abren la ventana” a quienes buscan detener este proceso, de manera que próximamente podríamos llegar a una situación compleja, además quizás con un nuevo gobierno de derecha que -posiblemente – detendrá el proceso de reforma, al menos inicialmente y busque su reversión, siendo de todas formas un escenario propicio para que la educación privada aumente su participación en el mercado. Paradójicamente todo lo contrario del proyecto de nueva educación pública propuesto en sus inicios.