Modernización con identidad: el camino de las policías militarizadas para una mejor convivencia social

Luego de la reunión realizada en Chile de la Asociación Internacional de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con Estatuto Militar “FIEP 2024”, el autor de esta columna escrita para CIPER analiza los desafíos que estas instituciones tiene sobre la base de las últimas normativas en el mundo que buscan un mayor respeto de éstas por los derechos humanos de los ciudadanos. Sostiene que “el momento actual presenta una oportunidad única. Las policías de naturaleza militar pueden aprovechar sus fortalezas institucionales – disciplina, capacidad organizativa, presencia territorial – para liderar una renovación de la función policial. El éxito en esta tarea no solo asegurará su relevancia futura en términos institucionales, sino que contribuirá significativamente a mejorar la calidad de la convivencia social”.

Créditos imagen de portada: Leonardo Rubilar / Agencia Uno

La reunión de jefes policiales que Carabineros de Chile realizó en Santiago hace un par de semanas, inaugurada por la Ministra del Interior, Carolina Tohá, ocurre en un momento significativo para las policías de naturaleza militar. Por una parte, este modelo organizacional se ha expandido con la creación de la Guardia Nacional en México (2019) y el fortalecimiento de gendarmerías en varios países africanos. Por otra, las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos plantean exigencias que desafían aspectos fundamentales de su enfoque tradicional.

Este debate cobra especial relevancia considerando el desarrollo reciente del marco normativo internacional. El «Protocolo Modelo para que los Agentes del Orden Promuevan y Protejan los Derechos Humanos en el Contexto de las Manifestaciones Pacíficas» de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para el Derecho de Reunión Pacífica y Asociación (Consejo de Derechos Humanos, 2022) plantea que las instituciones policiales deben transitar desde el paradigma del control del orden público hacia uno centrado en la facilitación y protección de los derechos y libertades. Para las policías de naturaleza militar, este cambio significa reexaminar no solo sus protocolos operativos, sino aspectos fundamentales de sus principios institucionales.

La naturaleza militar de estas instituciones les confiere ventajas significativas: capacidad de despliegue territorial, disciplina vertical y adaptabilidad para operar en diversos contextos. Sin embargo, estas mismas características generan tensiones cuando se trata de proteger derechos y libertades en sociedades democráticas. Por ejemplo, las «Orientaciones de Naciones Unidas sobre el empleo de armas menos letales» (OHCHR, 2021) enfatizan que cada decisión sobre uso de la fuerza debe basarse en una evaluación contextual de necesidad y proporcionalidad, un requerimiento individual que desafía la lógica de la obediencia a un mando superior.

La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas sobre cómo resolver estas tensiones. La Gendarmería Nacional francesa ha desarrollado unidades especializadas en diálogo y mediación que operan bajo protocolos específicos durante manifestaciones. Los Carabinieri italianos han implementado programas de formación que integran competencias militares tradicionales con habilidades de policía comunitaria. Como destaca el informe OSCE/ODIHR (2019), de la Unión Europea, estas adaptaciones demuestran que es posible evolucionar hacia un modelo de facilitación de derechos sin perder ni identidad corporativa, ni, menos, capacidad operativa.

La transformación requiere cambios en tres niveles interconectados:

1. Doctrina: Desarrollar un marco conceptual que integre la aplicación de la ley con la protección de derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (2019), ofrece lineamientos específicos sobre cómo las fuerzas de seguridad pueden facilitar el ejercicio de derechos durante protestas pacíficas.
2. Formación: Modernizar el entrenamiento policial incorporando las competencias operativas que la UNODC (Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH (2024) identifican como esenciales: criterio situacional, capacidad de diálogo, desescalada de conflictos, responsabilidad de la cadena de mando.
3. Evaluación: Implementar indicadores de desempeño que prioricen la calidad del servicio y la protección de derechos y libertades. Esto implica medir no solo la eficacia del resultado sino también la calidad de la respuesta a los problemas sociales.

El momento actual presenta una oportunidad única. Las policías de naturaleza militar pueden aprovechar sus fortalezas institucionales – disciplina, capacidad organizativa, presencia territorial – para liderar una renovación de la función policial. El éxito en esta tarea no solo asegurará su relevancia futura en términos institucionales, sino que contribuirá significativamente a mejorar la calidad de la convivencia social.