El sistema político ante las mayorías y el riesgo que supone la elitización de las agendas

El autor de esta columna escrita para CIPER analiza parte de la bibliografía existente en torno a lo poco que influyen las necesidades de las clases pobres y medias en la generación de leyes y políticas públicas. Y proyecta esto a la actualidad chilena, cuando se está discutiendo una reforma al sistema político. Sostiene que todo esto “podría resultar en un mecanismo de relojería -aunque esto parece dudoso-, pero si lo es para responder sólo a las agendas de las élites, no será más que estirar la agonía de un sistema desanclado de quienes -nunca debiese olvidarse en un modelo democrático- le otorgan y dan sustento a su poder”.

Créditos imagen de portada: Sebastián Brogca / Agencia Uno

Reformas en curso al sistema político que no convencen, reformas sectoriales de largo trámite que no ven la luz (pensiones), leyes cortas que apuntan a salir del paso con consecuencias para, a lo menos, trece años (isapres) y que dejan a muchos descontentos, junto a la ausencia de “leyes de fondo” y a la incapacidad de lograr acuerdos en beneficio de las mayorías son ejemplos de la dinámica política actual que acrecienta la brecha entre las élites políticas y la ciudadanía, especialmente los sectores populares. Que los actores políticos tomen consciencia de ello y actúen en consecuencia es fundamental para dar sostenibilidad a la democracia.       

En Chile, la legitimidad de la actividad política presenta una tendencia decreciente en las últimas tres décadas y el grupo de “decepcionados” que se aleja de la política, crece (Latinobarómetro, 2021). Gran parte de la población (el 58% en 2018) se declara “nada interesado” en la política y el 60% “no tiene posición política ni se identifica con partidos” (PNUD, 2019), mientras que, en 2020, el 86% cree que “se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio” (Latinobarómetro, 2021). Según el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión social (2023), quienes menos participan políticamente a lo largo del tiempo, más indiferentes son y menos apoyo dan a la democracia; siendo más probable esto en personas de nivel socioeconómico bajo y baja escolaridad.  

Por otro lado, viejos problemas se han agudizado y otros se han transformado, haciendo la vida más difícil para grandes sectores de la población y desafiando más a la acción del Estado y sus instituciones. En la última década, las principales preocupaciones de la ciudadanía han sido (1) Seguridad, (2) Pensiones y (3) Salud, con una única variación el 2020, iniciada la pandemia, en que lidera Sueldos y empleo (Ver Encuestas CEP para 2019-2021-2022-2023 y CADEM para 2020). Cabría hacerse dos preguntas: 1) ¿Qué han hecho los poderes del Estado para abordar estas preocupaciones? (¿qué leyes, qué políticas públicas, qué inversiones?) Y, más importante, 2) ¿Qué han logrado? (¿han disminuido los problemas de las personas en estos ámbitos? ¿ha cambiado positivamente su calidad de vida en estos aspectos?). 

Probablemente aquí, como en otros países, el sistema político esté siendo poco eficaz para responder a las demandas de la población (Innerarity, 2015), viva encapsulado y tenga un poder limitado para responder a las expectativas ciudadanas (Luna, 2021) y, cuando genera respuestas, lo haga más orientado hacia las agendas de las élites que a las de las mayorías (Gilens y Page, 2014 y Miler, 2018).

Los norteamericanos Martin Gilens y Benjamin Page (2014) analizaron en Estados Unidos encuestas de opinión sobre reformas políticas entre 1981 y 2002, según preferencias de la población pobre, grupos medios y los ricos. Estos últimos destinan importantes recursos a incidir en las decisiones públicas (tienen centros de pensamiento, hacen lobby, financian campañas políticas), además de promover en la sociedad cierto tipo de mensajes y relatos (tienen propiedad sobre los medios de comunicación y/o los auspician vía publicidad). Resultó que las preferencias de los pobres y de los grupos medios no tenían ninguna influencia sobre las reformas políticas. Las preferencias de los ricos, y en especial las de los grupos de interés del empresariado, son las que explican casi en su totalidad el sentido de las reformas.

Kris Miler (2018), por su parte, también para Estados Unidos, analizó la actividad en el Congreso durante tres décadas y concluyó que, si bien los  sectores pobres son muy visibles para los legisladores (habitan en la mayoría de los territorios y sus votos son relevantes), están muy poco representados en la actividad legislativa (sólo cerca del 1% de los proyectos de ley apuntan a abordar la pobreza, y los congresistas de los distritos con más altos índices de pobreza no suelen movilizar agendas pro-pobres). 

Es probable que este comportamiento -si es que se estuviera produciendo en Chile, de lo cual hay varios indicios- ayude a explicar lo que diversas investigaciones han venido planteando respecto de la relación entre los sectores populares y la política: politización sin identificación y miedo a perder lo poco que se ha ganado (Araujo, 2023), desesperanza, pero no resignación ante una política frustrante (Rodríguez, 2024), distanciamiento de la política institucional como respuesta a la lejanía de los proyectos nacionales respecto de las demandas locales (Angelcos, 2024) y deseo de que los políticos, en último término, aporten a generar condiciones que les permitan resolver los problemas (Madrid y Orrego, 2024).

Este pragmatismo político de los sectores populares orientado a la resolución de los problemas de la vida diaria y al mejoramiento de sus condiciones de bienestar, sin importar si quienes las gestionan son de uno u otro sector político, plantea un llamado de alerta al sistema político: las disputas entre las élites carecen de legitimidad y ponen en riesgo al sistema en su conjunto si este no es capaz de responder a los problemas de la ciudadanía. Por una parte, se requiere un giro hacia la eficacia y la pertinencia de la acción política. Sin embargo, tampoco se trata de llevar todo a un “cosismo resolutivo”, pues la política es también -o debiera serlo- el espacio en el que los proyectos de país puedan debatirse y ocurra una deliberación sobre lo deseable: lo ideológico. La articulación de ambas dimensiones es fundamental, a riesgo de que sin ella se pierda toda capacidad de articulación, representación y legitimidad.

Mientras en estos días se discute una reforma al sistema político orientada a evitar la dispersión y el discolaje, cabe preguntarse si junto con lograr un sistema más ordenado, se está pensando en un sistema con mayor legitimidad y, en especial, más eficaz en responder a los problemas de las mayorías. Porque podría resultar un mecanismo de relojería -aunque esto parece dudoso-, pero si lo es para responder sólo a las agendas de las élites, no será más que estirar la agonía de un sistema desanclado de quienes -nunca debiese olvidarse en un modelo democrático- le otorgan y dan sustento a su poder.