Alzas sin respuestas: el legado del Gobierno del Presidente Boric en energía
29.12.2024
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
29.12.2024
El autor de esta columna escrita para CIPER analiza el momento actual de las tarifas eléctricas y anticipa las alzas que vienen, aún considerando el subsidio eléctrico. Propone, eso sí, que es importante la renegociación de los contratos que hoy suben más las cuentas y que fueron firmados hace una década. Para esto, sostiene, es necesario “buscar un acuerdo que sea políticamente transversal, donde se sienten a la mesa el gobierno y las empresas de generación, para resolver problemas que realmente aquejan a la ciudadanía”.
Créditos imagen de portada: Agencia Uno
Luego de las alzas en la tarifa eléctrica de julio y octubre, producto de la aprobación de la ley de estabilización tarifaria o “PEC3”, que descongeló la tarifa eléctrica y generó un plan de pago para saldar la deuda con las generadoras, según el Instituto Nacional de Estadística, la electricidad ha subido en promedio un 45,7% en todo Chile. A esto, se suman las alzas de enero, que promedian un 11% más de alza respecto del precio actual, y que se generan pues a partir de enero comenzaremos a pagar un “cargo extra” que permita saldar la deuda con las generadoras, que supera los 6 mil millones de dólares e incluye un tercio en intereses. De hecho, a diferencia de la ley corta de ISAPRES, donde las ISAPRES tienen que devolver el dinero cobrado de manera ilícita en 13 años sin intereses, la ciudadanía sí deberá pagar una deuda con intereses hasta el año 2035 producto de las leyes PEC 1, 2 y 3 (Más detalles sugiero leer la columna “La Ley de Estabilización Tarifaria no cumplirá su promesa”).
Finalmente, y tal como lo predijo el Banco Central en su informe de política monetaria de junio, a enero del año 2025 veremos alzas del orden de un 57% en la cuenta de la electricidad.
Para hacer frente a las alzas provocadas por la ley PEC3, publicada el 30 de abril, desde La Moneda el Ministerio de Energía anunció el 1 de julio -mismo día que comenzaban las alzas- el ingreso de un nuevo proyecto de ley que buscaría financiamiento para la ampliación del subsidio eléctrico, llevando de 1,5 millones de hogares actualmente financiados a 4,7 millones de hogares, completando la totalidad del 40% de los más vulnerables del Registro Social de Hogares, llegando así a un 48% de la población. Este proyecto de ley fue ingresado en la Cámara de diputadas y diputados el 26 de agosto.
La respuesta del gobierno a las familias chilenas por las alzas provocadas por una ley impulsada por el mismo gobierno serían los subsidios. De esta manera, se entregaría alguna solución, al menos para la mitad de la población.
El subsidio eléctrico tuvo su primer llamado la primera quincena de Julio, y como resultado arrojó que 1.583.115 hogares serían beneficiados (98% de los postulantes), con un aporte, que, dependiendo de la cantidad de integrantes por hogar, fue de entre $23.890 y $43.001 en la “cuenta de la luz” de septiembre, representando el apoyo Estatal para todo el segundo semestre del año 2024. De esta manera, el primer llamado llegó a un 34% de los hogares habilitados para postular, equivalente al 16% de la población.
El segundo llamado al subsidio se inició en octubre y concluyó el 6 de noviembre. Y, lejos de lo que el ministro de energía Diego Pardow anunció en la Cámara de Diputadas y Diputados el 16 de octubre, donde estimaba que las postulaciones llegarían a un 64% de los habilitados, o sea a 3 millones de hogares, el resultado fue que solo postularon 300 mil nuevos hogares, que, sumando las postulaciones del primer llamado, se llegó a 1,9 millones de hogares en total. Esto representa solo un 40% de la población habilitada para postular. De esta forma, si todos los postulantes del segundo llamado califican (el resultado final se conocerá el 2 de enero), se lograría subsidiar a un 20% de la población total.
Un cambio importante, es que, desde el segundo llamado en adelante, se entregará el subsidio eléctrico de manera mensual. A continuación, una tabla con los montos del subsidio eléctrico actual, que de aprobarse el proyecto de ley del “subsidio eléctrico” no subirán, pero sí se extendería al año 2027, en una proporción menor, llegando en su último semestre a sólo un tercio respecto de los años 2025 y 2026.
Como las postulaciones al subsidio eléctrico son bajas respecto del universo habilitado para postular, ya no tenía sentido buscar financiamiento para la ampliación de un subsidio que no se tenía a quien entregar. De esta manera, el proyecto de ley redujo de 4,7 a 4 millones el horizonte de hogares a subsidiar, disminuyendo el financiamiento necesario en un 20%, pero se sumó, que en caso de “sobrar” dinero, estos serían destinados a financiar un plan de paneles solares, los que llegarían a 100 mil familias.
Sin duda nadie puede estar en contra de implementar soluciones con paneles solares, pero el caso es que el problema a resolver no es la necesidad de más paneles, sino que hacer frente a las alzas en la tarifa eléctrica que están sufriendo las familias en Chile. Finalmente, al decidir utilizar el exceso de recaudación para aumentar la cantidad de techos solares, lo que subyace es que el gobierno renunció a proteger a las familias de las alzas que el propio gobierno propició, pues no propone nada más que subsidios, y ya sabemos, por la vía de los hechos, que el subsidio no está funcionando porque la gente no está postulando.
Pero, además del problema de la postulación, existe el problema de que el subsidio eléctrico, por sus montos asociados, si bien es un apoyo a las familias más vulnerables, tampoco es capaz de contener las alzas. A continuación, una tabla resumen con las alzas acumuladas y proyectadas para algunas ciudades de Chile y el promedio nacional, y el impacto del subsidio eléctrico:
De la tabla, se desprende que las alzas en promedio a nivel nacional serán de prácticamente 17 mil pesos mensuales, variando dependiendo la zona. Así, el subsidio cubriría prácticamente el 50% de las alzas, dependiendo la zona y la cantidad de personas por hogar y su consumo, pero en ningún caso el subsidio contendrá las alzas.
En resumen; luego de las alzas de enero y las soluciones entregadas por el gobierno para contener las alzas; 4 de cada 5 familias en Chile verán alzas en la “cuenta de la luz” de un 60%, y la familia restante, beneficiada por el subsidio eléctrico, tendrá un alza de un 30%.
El gobierno apostó por el modelo subsidiario para contener el problema que generó. El financiamiento que propone el proyecto de ley hoy en discusión apunta a recaudar tanto por parte del Estado, como de los privados del sector eléctrico, pero ya sabemos que el subsidio está llegando a una proporción baja de la población, y el impacto en “la cuenta” propiamente tal, es insuficiente, por lo que la apuesta para contener el alza, en la práctica no funcionó.
De esta manera, el gobierno debiera buscar nuevas soluciones, idealmente en consenso con todos los actores políticos y del sector eléctrico, para reducir las tarifas para todos. Tal cual lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2019 con el “Plan de Descarbonización de la Matriz Energética”, donde por medio de un acuerdo entre el gobierno y las generadoras, se generó un plan para el cierre de centrales a carbón en un plazo de 5 años, eliminar por completo la generación termoeléctrica basada en carbón para el 2040 y llegar a la carbono neutralidad al 2050. Este acuerdo, que, si bien puede ser criticado de poco ambicioso, es finalmente un acuerdo que materializa un objetivo común entre el gobierno y la industria eléctrica en torno a la importancia del Cambio Climático para nuestra sociedad. O sea que, por la urgencia de la crisis climática, se logró un acuerdo.
Para el caso actual es lo mismo, solo que la urgencia de hoy es social. Pues estamos viendo alzas que están perjudicando el diario vivir de las familias en Chile.
Entonces, acá las preguntas son ¿el gobierno quiere de verdad resolver el problema de las alzas?, ¿les importa a las empresas los problemas sociales realmente? Si la respuesta para ambas preguntas es “sí”, un acuerdo es algo natural. Un acuerdo voluntario, cuyo objetivo sea un beneficio social, pero donde todos los actores de la industria de la generación eléctrica que participen, fruto del acuerdo también se vean incentivados a seguir avanzando en Chile en el camino de la transición energética.
Como hemos explicado en múltiples columnas en CIPER, el alto costo de la electricidad en Chile se debe principalmente a estar pagando contratos eléctricos antiguos y caros, firmados hace más de 10 años, cuando el mercado eléctrico era totalmente distinto, con una escasa competencia, y cuando las energías renovables aún no se incorporaban de manera masiva en el país.
Según el “Informe final Licitaciones de Suministro Eléctrico” de la Comisión Nacional de Energía (CNE), publicado el 30 de octubre del año 2024 (y corregido el 20 de diciembre), si observamos los contratos vigentes desde el 2025 en adelante, y vemos cuánta energía eléctrica consumimos y se proyecta consumir, para el año 2027 estaremos consumiendo prácticamente la misma cantidad de energía que tenemos contratada. Así, para tener cubierta la necesidad de energía eléctrica de la ciudadanía, la CNE ha programado licitaciones desde el año 2025 en adelante, para generar nuevos contratos que proporcionen energía desde el año 2027.
Pero, tal cual como se podría licitar, también se podrían renegociar contratos actuales, pensando en bajar el precio de contratos caros, pero aumentar los años de contrato, e incluso la cantidad de energía contratada. Para algo así, el principio que debiera regir es que las renegociaciones que tengan las empresas con contratos caros, no alteren el funcionamiento de las otra empresa.
Para analizar los contratos que más nos aumentan la “cuenta de la luz”, es importante fijarse en el tamaño del contrato, o sea la cantidad de energía contratada respecto del total, como del precio. Así, destacan 2 contratos caros, que están asociados a combustibles fósiles, y que terminan los años 2032 y 2033. Son 2 contratos con la empresa francesa ENGIE (24% de capitales Estatales Franceses) y Generadoras Metropolitanas, sociedad donde la mitad pertenece a la empresa francesa EDF (100% Estatal). Estos 2 contratos entre el 2025 y 2032 representarán en promedio el 27% de la energía contratada actualmente, y sus precios son entre un 20% y 40% mayor al promedio de todos los contratos, que es el que paga la ciudadanía. Por tanto, reducir el costo de esos contratos firmados hace más de 10 años, aplazándolos y ajustándolos al precio de la última licitación (30% más barato que el promedio), podría reducir la tarifa eléctrica final en un 11%, renegociando solo dos contratos.
Buscar un acuerdo que sea políticamente transversal, donde se sienten a la mesa el gobierno y las empresas de generación, para resolver problemas que realmente aquejan a la ciudadanía, no solo dejará de mostrar a las empresas generadoras como indiferentes a los problemas sociales, tal cual pasa hoy con las AFP en materia de pensiones, sino que, junto al gobierno, se podrá potenciar un anhelo real y urgente, pasando del papel a la práctica, y tener una transición energética realmente justa, donde las empresas y la ciudadanía se vean beneficiadas.