Urgencia educativa: El rol transformador de una Ley de Educación Ambiental en Chile

Los autores de esta columna escrita para CIPER plantean la necesidad de una ley que se complemente a la normativa de protección al medio ambiente ya existente y que, entre otros focos, potencie la labor de los docentes como agentes de cambio. Sostienen que “la educación ambiental representa una esperanza concreta para construir un futuro más justo, sostenible y solidario. Una Ley de Educación Ambiental en Chile permitiría establecer un marco legal coherente y robusto que articule los esfuerzos actuales y futuros en esta materia”.

Créditos imagen de portada: Víctor Salazar / Agencia Uno

La humanidad enfrenta una triple crisis socioambiental cuyos impactos ya se perciben en todos los territorios: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En este contexto, la educación ambiental se posiciona como una herramienta esencial, tanto política como pedagógica, para afrontar estos desafíos. Su propósito trasciende la promoción de prácticas de cuidado ambiental, apuntando a transformar profundamente nuestra relación con la naturaleza. Esta perspectiva educativa promueve aprendizajes significativos desde las comunidades locales, utilizando metodologías colaborativas que empoderan tanto a las comunidades educativas como a otras organizaciones sociales para enfrentar sus problemáticas socioambientales. No obstante, expandir esta visión y consolidarla como un derecho en nuestra sociedad sigue siendo un desafío político y legislativo de gran envergadura.

En Chile, se han desarrollado diversos esfuerzos estatales para promover la educación ambiental, entre ellos programas educativos, la elaboración de materiales didácticos y la oferta de cursos. Estos esfuerzos también incluyen la incorporación de la planificación territorial con perspectiva ambiental y de cambio climático, lo que permite abordar de manera más integral los desafíos que enfrentan los territorios. Además, instrumentos como los Planes de Descontaminación incorporan líneas de trabajo específicas en educación ambiental. No obstante, estas iniciativas resultan evidentemente insuficientes frente a los desafíos presentes y futuros que enfrentan los territorios y sus complejas dinámicas socioambientales.

Promulgada hace 30 años, la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, otorgó a la educación ambiental un rol central, definiéndola como un instrumento clave de gestión ambiental. Este marco legal permitió al Ministerio del Medio Ambiente implementar programas orientados a fomentar hábitos y conductas sostenibles entre la población. Por su parte, la Ley N°20.370 General de Educación (2009) incorporó el principio de sustentabilidad, abriendo oportunidades para integrar la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo.

Sin embargo, la aplicación efectiva de estas disposiciones en las comunidades educativas y sus territorios continúa enfrentando limitaciones, evidenciando la necesidad de un enfoque más robusto y coordinado para abordar los crecientes desafíos de un mundo globalizado y en constante cambio.

Más recientes, la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley REP de reciclaje y la Ley de Humedales Urbanos también exigen la integración de la educación ambiental a nivel escolar y comunitario. A nivel internacional, organismos como la CEPAL y la OCDE han subrayado la necesidad de estrategias de aprendizaje ambiental de largo plazo en Chile. Ya en su informe de 2016, estos organismos recomendaron fortalecer la educación ambiental mediante una estrategia nacional coherente que integre materias ambientales en los planes de estudio y fomente el conocimiento ambiental en empresas y asociaciones profesionales.

Dado este panorama, es crucial impulsar y “apurar” para Chile una Ley de Educación Ambiental que articule las intervenciones en esta materia bajo una estrategia nacional coherente. Este cuerpo legal debe responder a la creciente demanda ciudadana frente a la crisis social, ambiental y climática, otorgando a la educación ambiental el reconocimiento y la urgencia que merece. Una ley de este tipo debe establecer responsabilidades claras, promover una ética ambiental, coordinar acciones entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Medio Ambiente, y movilizar tanto a actores públicos como privados. Solo de esa forma podremos avanzar en contar con la educación ambiental como un pilar estratégico para enfrentar los desafíos ambientales contemporáneos y construir un futuro más sostenible para Chile.

FUNDAMENTOS Y NECESIDADES

El futuro marco legal de la educación ambiental debe fundamentarse en principios de justicia climática, inclusión y equidad. Una Ley de Educación Ambiental permitiría integrar estos enfoques en los planes de estudio de todos los niveles del sistema escolar y la educación superior, fomentando una comprensión integral de las desigualdades ambientales y promoviendo iniciativas colaborativas, equitativas, justas y éticas para el cuidado de la vida.

La educación ambiental trasciende su función práctica de abordar la crisis ambiental, ya que posee un valor ético esencial, además de fomentar una ciudadanía crítica, consciente y comprometida con la acción frente a los desafíos ambientales. Como señala Freire (1998), “la educación debe ser un acto político y ético, orientado hacia la liberación y el empoderamiento de los oprimidos». Esta mirada del proceso educativo cobra especial relevancia en el contexto chileno, donde las comunidades más vulnerables son las más impactadas por desastres socioambientales y las consecuencias del cambio climático.

La incorporación de la justicia climática como eje central de la educación ambiental fortalece su dimensión ética. Este concepto pone en evidencia las desigualdades en los impactos de la crisis ambiental y subraya la importancia de implementar soluciones equitativas. Integrar esta perspectiva en el currículo nacional y en la estructura de planes y programas de estudio permitirá desarrollar una comprensión integral de las intersecciones teóricas-prácticas entre ecología, economía y equidad social. 

TRANSVERSALIZACIÓN Y ENFOQUE TERRITORIAL: CLAVES DE FUTURO

Uno de los principales desafíos de una Ley de Educación Ambiental radica en garantizar su transversalización dentro del sistema educativo. Esto implica mucho más que añadir contenidos ambientales en asignaturas específicas; requiere un enfoque integral que abarque todas las áreas del conocimiento y promueva una visión holística del aprendizaje. Como señalan uno de los autores de esta columna, Felipe Kong y Marce Junyent (2013), “una educación ambiental efectiva debe conectar conocimientos, emociones y habilidades, promoviendo aprendizajes significativos y contextualizados”. 

En este sentido, resulta fundamental incorporar lo práctico, vinculando el aprendizaje con la vida real y los espacios vividos, fomentando un sentido de lugar que permita a los estudiantes relacionar sus aprendizajes con el entorno inmediato y las dinámicas socioambientales que lo conforman.

El desafío de la pertinencia de los aprendizajes se aborda desde un enfoque territorial, en un país tan diverso como Chile, donde cada región enfrenta desafíos socioambientales únicos. Desde los impactos de la contaminación minera en el norte hasta la conservación de ecosistemas en la Patagonia, la educación ambiental debe adaptarse a las particularidades de cada contexto para ser verdaderamente efectiva y pertinente. Este enfoque no solo refuerza la identidad local, sino que también fomenta la participación activa de las comunidades en la solución de sus problemas socioambientales, fortaleciendo así el vínculo entre educación, acción y ética.

FORMACIÓN DOCENTE: ROL CENTRAL Y PRIORITARIO

La implementación de una educación ambiental efectiva pasa, de manera indispensable, por una sólida formación docente. Los educadores desempeñan un papel central como agentes de cambio, capaces de inspirar y guiar a las nuevas generaciones hacia una mayor conciencia y acción ambiental. Sin embargo, en Chile, la educación ambiental no ha sido prioritaria dentro de los programas de formación inicial y continua, lo que limita significativamente la capacidad de los docentes para enfrentar los desafíos ambientales presentes y futuros.

Según Tom Marcinkowski y Alan Reid (2019), “la formación docente en educación ambiental debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos; debe centrarse en desarrollar competencias críticas, éticas y prácticas que capaciten a los educadores para integrar enfoques interdisciplinarios y contextuales”. Este enfoque es crucial para que los docentes no solo enseñen conceptos, sino que también fomenten el involucramiento y el empoderamiento.

Una Ley de Educación Ambiental debe contemplar disposiciones específicas para la formación docente, asegurando que los educadores adquieran las herramientas pedagógicas y metodológicas necesarias para incorporar la educación ambiental de manera transversal en sus prácticas. Esto incluye, como señalan los mismos Kong y Junyent (2011), la necesidad de metodologías que conecten el aprendizaje con problemas reales de los entornos comunitarios, ya que estas no solo promueven la construcción de un sentido colectivo, sino que también estimulan la transformación socioambiental. Asimismo, es esencial que la formación docente integre la educación en competencias ambientales, proporcionando a los educadores los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para abordar los desafíos ambientales desde una perspectiva crítica, reflexiva y éticas.

Por lo tanto, garantizar una formación docente adecuada no es solo una estrategia pedagógica, sino un requisito fundamental para el éxito de cualquier iniciativa de educación ambiental, en particular en un contexto tan desafiante como el chileno.

EL VALOR ÉTICO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

El valor ético de la educación ambiental radica en su capacidad para cuestionar las dinámicas de poder y consumo que perpetúan la crisis ambiental. Este enfoque permite visibilizar las desigualdades inherentes en la distribución de recursos naturales y los impactos desproporcionados de las catástrofes ambientales sobre comunidades vulnerables. Además, fomenta la reflexión crítica sobre el modelo económico predominante, que prioriza el crecimiento ilimitado a gastos de la sostenibilidad planetaria. Sin embargo, esta reflexión crítica depende en gran medida de la preparación y disposición de los profesores para abordar estos temas. Por ello, es fundamental repensar cómo capacitar y fortalecer el rol docente en este ámbito. Invertir en su formación y empoderarlos como agentes de cambio es crucial para garantizar que las salas de clase se conviertan en espacios de análisis profundo y transformación real.

En los sistemas educativos contemporáneos, la educación ambiental no solo enseña sobre el ambiente, sino que impulsa a los estudiantes a convertirse en agentes de cambio que desafíen los paradigmas actuales. También, que promuevan  valores como la justicia, la equidad y la solidaridad, esenciales para construir una sociedad más consciente y responsable. Este marco ético es fundamental para afrontar los retos del siglo XXI, donde la sostenibilidad no puede desvincularse de la justicia social y el bienestar.

La educación ambiental ética también refuerza el desarrollo de habilidades como la empatía y el pensamiento crítico, necesarios para comprender y abordar la complejidad de las crisis actuales. Así, no solo prepara a los individuos para tomar decisiones informadas, sino que los inspira a actuar con una perspectiva global, buscando soluciones que beneficien tanto al ser humano como al entorno natural.

La educación ambiental no solo prepara a las personas para enfrentar los retos ambientales, sino que también ofrece una brújula ética para navegar en un mundo complejo y en constante cambio. Como señala Paulo Freire (1998), “la educación es un acto de esperanza”. En este sentido, la educación ambiental representa una esperanza concreta para construir un futuro más justo, sostenible y solidario. Una Ley de Educación Ambiental en Chile permitiría establecer un marco legal coherente y robusto que articule los esfuerzos actuales y futuros en esta materia. Este cuerpo normativo no solo fortalecería la integración de contenidos ambientales en todos los niveles educativos, sino que también promovería metodologías colaborativas y aprendizajes significativos pertinentes a las realidades locales. Así, se consolidaría la educación ambiental como un pilar fundamental para empoderar a las comunidades y transformar su relación con la naturaleza, enfrentando de manera efectiva la triple crisis ambiental que afecta al país.