Preocupación por el devenir de la Ley 20.249, o Ley Lafkenche

Señor Director:

Diversas comunidades indígenas en todo el país seguimos con preocupación el devenir de la Ley 20.249, o Ley Lafkenche, que creó la figura jurídica del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO), cuyo objetivo es preservar el uso consuetudinario de estos espacios para mantener vivas nuestras tradiciones y garantizar el uso de recursos naturales por parte de aquellos que estamos vinculados ancestralmente al borde costero.

Por eso resulta tan dolorosa y abusiva la indicación presentada por los diputados Mauro González y Marcia Raphael, de Renovación Nacional, porque amenaza gravemente derechos esenciales de las comunidades indígenas desde una posición de poder estatal, que no le fue conferido para abolir nuestros derechos. Y porque atenta contra el principio de buena fe: la suspensión de la Ley Lafkenche ocurrió durante la discusión de la Ley de Presupuesto y éste no es el espacio donde se deben discutir modificaciones a normativas especiales.

Para muchas comunidades indígenas, el mar, sus costas, bahías y todo lo que en ellos habita son considerados espacios vitales para nuestra subsistencia y la de nuevas generaciones, y son concebidos como parte de nuestra propia cultura y cosmovisión. Por ello, de concretarse esta suspensión, los políticos nuevamente nos mostrarán su peor cara: esa de un desprecio total y absoluto a los derechos y la existencia de los pueblos indígenas, quienes hemos habitado estos territorios por milenios.

Lamentablemente, no es la primera vez que nos vemos sometidos a este tipo de presiones. Las industrias ven amenazados sus paraísos extractivistas con la consecución de derechos por parte de las comunidades indígenas, y responden desplegando un lobby desmedido y grosero en el parlamento, tratando de despojarnos de ellos. Y tras varios intentos, esta vez lograron influir las políticas públicas, particularmente en el desmantelamiento de esta ley, tan relevante para los pueblos originarios del país.

No cesaremos de luchar para que esta medida no se concrete, y esperamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie a la brevedad sobre aquellos derechos, que no fueron un regalo del Estado, y que por lo mismo, han sido tan difíciles de garantizar.

Firman Francisco Vera Millaquén, Werkén de la comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen; Luis Gómez Zárraga, representante de la Comunidad Indígena Yagán de Bahía Mejillones, y Leticia Caro Kogler, representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar.