El pago de las Isapres hasta en 156 cuotas: Una política pública con más perdedores que ganadores

La autora de esta columna escrita para CIPER enumera todos los problemas en el origen de la Ley Corta de Isapres que redundaron en la polémica forma de pago de la deuda por los dineros mal cobrados a los afiliados por las aseguradoras. Sostiene que “lo que vemos hoy es el reflejo de una política pública basada en intereses particulares, la ignorancia, y que no veló por el bien común”.

La implementación de la Ley Corta de Isapres ha generado críticas que oscilan entre calificativos de “chiste” y “burla”. Pero, ¿realmente sorprende este desenlace? Lo que debería haber sido un intento de solucionar un problema estructural del sistema de salud privado chileno terminó, en cambio, exacerbando tensiones, provocando descontento generalizado y dejando a todos —afiliados, aseguradoras e incluso el sistema político— en una situación de pérdidas.

El origen de este descontento reside en un diseño técnico defectuoso, acentuado por la falta de voluntad política para adoptar una solución viable y equitativa. Entre los errores más evidentes estuvo la exclusión de la mutualización, una medida que habría permitido redistribuir riesgos y atenuar el impacto del alza de precios en los afiliados. En su lugar, el cálculo de los montos adeudados y la aplicación de una prima extraordinaria generaron subidas relevantes en los planes.

Esta semana se informó que las deudas acumuladas por las Isapres, de acuerdo con los nuevos cálculos, ascienden a cerca de 1.100 millones de dólares, con compensaciones que en muchos casos apenas alcanzan los 100 pesos mensuales por 13 años. Aunque se ha priorizado la devolución para los adultos mayores de 65 años (2 años a mayores de 80 y 5 años a los de 65 o más años), estas medidas no logran disipar la sensación de que la solución es insuficiente y mal focalizada.

¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?

A juicio general y el propio, es que estamos ante un fracaso de una política pública, de la negociación y de la responsabilidad que tienen tanto el Congreso como el Ejecutivo. Las razones de ello son al menos los siguientes:

1. Politización excesiva de un problema técnico: El conflicto sobre la Ley Corta se convirtió en un campo de batalla ideológico. El objetivo inicial —cumplir con el fallo de la Corte Suprema para garantizar equidad y precios justos— quedó relegado frente a los intentos de equilibrar el poder político entre sectores de izquierda y derecha.
2. Desconocimiento sobre el funcionamiento de los seguros: Los principios básicos de operación de un seguro fueron ignorados, dejando de lado opciones como la mutualización, clave para mitigar el impacto de las correcciones de las primas.
3. Falta de simulaciones y decisiones sin sustento técnico: El diseño del proyecto careció de simulaciones rigurosas que proyectaran los efectos de las decisiones adoptadas, resultando en una legislación basada más en opiniones que en evidencia. Prueba de ello es que solo existió sobre la mesa un informe realizado por la Universidad de Chile y las cifras de montos adeudados estimados por la Superintendencia de Salud. El informe financiero realizado por la Dirección de Presupuestos no incluyó esta materia y, se adiciona, a que su estimación de migración y consumo neto de impacto al sector público es poco realista.
4. Desoír a expertos: El Senado convocó a un grupo de especialistas, que trabajaron sin recibir remuneración alguna, que ofrecieron propuestas factibles, pero sus propuestas fueron ignoradas por el Ejecutivo.
5. Falta de participación de los ministerios de Hacienda y Economía: Aunque el problema es esencialmente económico, estos ministerios tuvieron poca y casi nula participación, dejando todo en manos de la autoridad sanitaria cuya fortaleza no es la regulación de mercados-
6. Desviación del foco creando una nueva modalidad de atención en el FONASA: Se introdujo la modalidad de cobertura complementaria como la gran reforma que ha tenido FONASA en los últimos años y como un mecanismo para facilitar la transición de los afiliados desde ISAPRE a Fonasa.
   Esta medida desvió la atención del problema central relacionado con la aplicación del fallo de la Corte Suprema, introduciendo un mecanismo contrario a la lógica de la universalización. Al beneficiar únicamente a quienes pueden costear pagos adicionales, no solo contraviene las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, sino que también refuerza la fragmentación del sistema, dificultando el progreso hacia una cobertura universal.

¿QUÉ SIGUE?

Una discusión y solicitud de explicaciones de un lado para otro que no servirán de nada. Acá todas las partes legislaron y aprobaron un proyecto de ley cuya implementación es lo que vemos hoy. 

Las Isapres simplemente están cumpliendo con una ley defectuosa. Más aun, los planes de ajuste fueron aprobados por la Superintendencia de Salud, por lo que, si se empieza a pedir la “buena voluntad” de las Isapres de cambiar dicho plan, da cuenta de que el proceso llevado a cabo no tuvo ningún sentido y estuvo erróneamente realizado. 

La promesa de que es posible generar flexibilidad en el ajuste según la capacidad financiera de las aseguradoras son inciertas y contribuyen a minar la confianza en la institucionalidad. Esto se debe a que el plan de ajuste debería haberse basado en un análisis prospectivo de la cartera, lo que habría requerido realizar simulaciones a largo plazo, abarcando hasta 13 años, para determinar de manera adecuada tanto el plan de devolución como el valor de la prima extraordinaria.

Lamentablemente esto no terminará acá. Hay que recordar que existe un conjunto de variables que están en juego o deberían ajustarse. Entre ellas, destaca que, por ley, en 2025 se deberá realizar un nuevo ajuste de las primas basado en la variación del Índice de Costos de Salud (ICSA). Además, se espera la actualización del GES 2025, probablemente acompañada de un ajuste en la prima, así como una posible mayor migración de afiliados desde las Isapres hacia FONASA o la creación de nuevas Isapres que no carguen con estos problemas previos.

Lo que vemos hoy es el reflejo de una política pública basada en intereses particulares, la ignorancia, y que no veló por el bien común.  Lo que nos deja un escenario en donde solo hay perdedores y no ganadores.