100 años de trabajo informal femenino: los desafíos un siglo después de la promulgación de la Ley de Salud y Seguridad

En septiembre de 1924 se promulgó la ley de salud y seguridad social en Chile, lo que implicó el establecimiento de la formalidad laboral. Pero, del mismo modo quedó definida la informalidad, la que afecta mayoritariamente a las mujeres. Los autores de esta columna escrita para CIPER señalan que “el acceso automático a prestaciones básicas de seguridad social sin depender de cotizaciones regulares es una excelente medida para aliviar la carga económica a mujeres que se encuentran en el sector informal”.

Este año se conmemoran 100 años de salud y seguridad social en Chile. Esta conmemoración se basa en la promulgación histórica en 1924 de la ley N°4.053 (el contrato de trabajo) y las leyes N°4.054 y N°4.055, entre otras. Estas leyes, vinculadas al contrato de trabajo, la obligación del empleador de proteger la salud de sus empleados(as) y de contratar un seguro para el pago de indemnizaciones en caso de accidentes del trabajo, inauguran no sólo la seguridad social, sino el empleo formal en Chile. Entendido como un empleo donde los(as) trabajadores(as) gozan de acceso a seguridad social, la formalidad laboral es producto directo del establecimiento de los criterios que conforman la seguridad social y sus beneficios – salud, indemnización por accidentes del trabajo, pensión de vejez e invalidez, bono de cesantía.

Al mismo tiempo, el establecimiento de la seguridad social y la formalidad laboral también inauguraron su negación: la informalidad laboral. Porque al introducirse los criterios que conforman la formalidad laboral, de forma recíproca se instauraron los criterios que conforman la informalidad laboral. Definida como aquellas actividades económicas donde los(as) trabajadores(as) participan sin acceso a seguridad social, además de estar en condiciones de inestabilidad laboral y obteniendo menos ingresos (INE, 2024a), la informalidad laboral constituye la negación de la seguridad social.

La informalidad laboral en Chile no solo se define como la negación de los beneficios de seguridad social, sino que también se caracteriza por su fuerte feminización. Las actividades económicas realizadas por mujeres en el ámbito informal, como el trabajo doméstico no remunerado, el cuidado de personas, o el comercio por cuenta propia en ferias y mercados, representan un porcentaje significativo del empleo informal en el país. Según datos recientes del INE, el 62% de las mujeres trabajadoras informales no tienen acceso a seguridad social, lo que las expone a mayores niveles de vulnerabilidad económica y social. Esto pone en evidencia cómo la informalidad laboral femenina no solo es un problema histórico, sino también una realidad persistente.

SI bien la promulgación de las leyes de seguridad social en 1924 marcó un hito en la protección laboral en Chile, estas mismas leyes reforzaron dinámicas de exclusión hacia las mujeres, al estar diseñadas para un mercado laboral industrial dominado por hombres. Durante los primeros años de su implementación, la cobertura de seguridad social para las mujeres era prácticamente inexistente fuera de los empleos asalariados formales. Por ejemplo, en 1930, sólo el 12% de las mujeres tenía acceso a los beneficios de seguridad social. Este marco normativo, basado en el modelo alemán de Bismarck, contribuyó a perpetuar la exclusión de las mujeres, especialmente aquellas que se desempeñaban en roles no industriales o en sectores de baja remuneración.

Además, la lógica productivista heredada del modelo alemán de seguridad social, priorizó el trabajo asalariado en actividades consideradas económicamente productivas, como la industria y la construcción, relegando al margen las ocupaciones femeninas en el ámbito reproductivo. El trabajo doméstico, el cuidado de niños, adultos mayores y personas con discapacidad, históricamente realizado por mujeres, no fue reconocido como una contribución económica significativa. Esta exclusión perpetuó desigualdades al ignorar el valor intrínseco y económico de estas labores. Estudios recientes demuestran que, si el trabajo reproductivo fuese remunerado, representaría cerca del 20% del PIB nacional, reflejando su importancia en la economía chilena.

La seguridad social chilena, al estar vinculada a los salarios, ha profundizado las desigualdades de género. Las ocupaciones mayoritariamente femeninas, como asistentes sociales, enfermeras, trabajadoras domésticas y educadoras de párvulos han sido históricamente mal remuneradas, lo que limita el acceso de las mujeres a beneficios adecuados. Además, las brechas salariales persistentes, estimadas en un 23,3%} , implican que las mujeres reciben un 23,3% menos en subsidios por licencias médicas, indemnizaciones y pensiones en comparación con sus pares masculinos. Esto refleja cómo la lógica clasista del sistema de seguridad social chileno perpetúa una discriminación estructural hacia las mujeres.

Por otro lado, el enfoque higienista de la seguridad social en Chile ha dejado de lado muchas de las problemáticas de salud asociadas al trabajo informal femenino y al empleo en sectores de cuidado. Enfermedades de salud mental vinculadas al estrés del cuidado continuo, y la violencia laboral en sectores feminizados han sido históricamente ignoradas. La ley Karin, que aborda el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, representa un avance importante, pero llega tarde y no cubre muchas de las problemáticas específicas de las mujeres en empleos informales o de baja remuneración. Esta exclusión sanitaria evidencia la necesidad de replantear el enfoque de la seguridad social hacia aportaciones subsidiadas. 

Los 100 años de informalidad femenina en Chile nos invitan a reflexionar sobre la urgencia de transformar la seguridad social para garantizar la igualdad de acceso a sus beneficios. Un primer paso sería extender la cobertura a las trabajadoras informales, quienes representan una proporción significativa de este grupo. Además, resulta fundamental valorar el trabajo reproductivo, asignándole cobertura y beneficios, dado su impacto económico y social. Finalmente, es necesario eliminar la estratificación de beneficios según clase ocupacional basados en una cotización según remuneración, promoviendo un acceso igualitario para todas las trabajadoras. El acceso automático a prestaciones básicas de seguridad social sin depender de cotizaciones regulares es una excelente medida para aliviar la carga económica a mujeres que se encuentran en el sector informal. Países como Uruguay, que han incorporado el trabajo doméstico al sistema formal con políticas inclusivas, ofrecen ejemplos exitosos que Chile podría adoptar para construir un sistema más justo y equitativo.