La autora de esta columna escrita para CIPER señala que “es necesario revisar el sistema público para incorporar cambios que rompan la actual cultura organizacional, modernizar la gestión pública para lograr un aparato público que sea eficiente, eficaz, transparente y probo, fortaleciendo toda medida que propenda a la integridad pública, no solo dirigidas hacia la dotación de personal ‘permanente’ sino también, y principalmente, hacia las autoridades y los equipos que se incorporan al sistema con cada gobierno de turno”. Llama la atención, también, respecto del debilitamiento de controles que entregan espacios a una corrupción no solo individual sino también a aspectos que podrían abarcar lo institucional, entregando como ejemplo las formas en que se gestionan los ingresos de personal a la Administración Pública, así como la carrera funcionaria, lo que muestra una gran diferencia entre su regulación normativa y la práctica.
Hace algunas semanas vengo revisando el estudio “Riesgo Político América Latina 2024” del Centro UC de Estudios Internacionales (CEIUC) y los riesgos identificados que se señalan. Se concluye que han venido aumentando con preocupación el crimen organizado, la corrupción, la desafección democrática y la gobernabilidad bajo presión. Considerando los últimos acontecimientos políticos desencadenados en el último tiempo en nuestro país, es inevitable no profundizar respecto de la materia que se ubica en el segundo lugar del ranking: “Aumento de la Corrupción e impunidad”. Este se considera como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos latinoamericanos, señalándose que “la concentración del poder y connivencia de élites políticas y económicas aumenta la opacidad de las burocracias estatales, al tiempo que la informalidad y la cultura de la ilegalidad contribuyen a la imbricación de la corrupción en la sociedad civil”.
Pero, ¿qué es la corrupción? Revisada la literatura respecto del tema es difícil entregar una única definición. Como definición básica, ésta se entiende como «conducta deshonesta o fraudulenta por parte de aquellos que están en el poder» y «comportamiento deshonesto o ilegal por parte, especialmente, de gente poderosa». El Banco Mundial (1997) define la corrupción como el «uso del cargo público en beneficio propio». Esta definición se enfoca en la corrupción en el sector público o aquella que involucra a funcionarios públicos, privados o políticos; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera la corrupción como «el abuso de un cargo en el sector público o privado para beneficio personal» y la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional (TI) la define como «el abuso del poder encomendado en beneficio propio”. Al revisar el fenómeno bajo la consideración de que a los funcionarios públicos se les encomienda el poder para servir el interés público, se establece una mayor gravedad cuando pasa a primar la búsqueda del interés particular por sobre el interés general.
El artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) define, entre otros, el delito de abuso de funciones. Este se puede aplicar a situaciones como patrocinio (el uso de los recursos del Estado para recompensar a quienes proporcionen apoyo electoral), nepotismo (trato preferencial a familiares), amiguismo (otorgar trabajo y otras ventajas a amigos o colegas de confianza) y extorsión (la demanda de favores sexuales como forma de pago). Según se señala en estudios de Naciones Unidas “todos estos delitos socavan la toma de decisiones independiente o representada democráticamente y los procesos justos y competitivos en la formación y contratación de personal de los Gobiernos”.
El abuso de funciones en el sector público chileno no es un fenómeno nuevo para sus funcionarios. Muchos lo han observado y/o sufrido de parte de alguna autoridad y/o jefatura directa. Personas que llegan a la administración pública asociadas al Gobierno de turno y empoderadas por sus relaciones políticas y/o sus vínculos familiares con algún personero político de renombre, como “aves de paso” llegan para desaparecer después de cuatro años de gobierno o menos, normalmente sin lograr entregar aportes significativos a la gestión. Los más relacionados lograrán negociar algún buen grado y permanecer en lo público sin importar el cambio de línea política del gobierno y sin importar el haber ejercido un cargo de confianza política que por un tema ético deberían abandonar. No es poco frecuente observar cuando asume el poder un nuevo gobierno los cambios de funciones y movimientos a diferentes dependencias de personas de confianza del gobierno saliente, que actuaron normalmente cercanos a la autoridad, a “refugiarse” en unidades de línea de la estructura, buscando una continuidad laboral al presentarse ante las nuevas autoridades como un funcionario más.
No es extraño observar cómo un gobierno que deja el poder durante los últimos meses procederá con la mejora de grados de aquellos funcionarios que demostraron su lealtad a la jefatura directa y con ello al gobierno de turno, o sea a una persona natural y a un partido político o grupos de partidos.
El funcionario público debe estar por sobre esas consideraciones, el funcionario público debe asociar su actuar y desempeño al servicio de los ciudadanos, promoviendo el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley.
La administración pública chilena está conformada por dos núcleos, los funcionarios de “carrera” en los que se puede identificar a los funcionarios de planta, contrata y honorarios, con un tiempo considerable de servicio que los mantiene con un desempeño en lo público más allá del Gobierno de turno, y los funcionarios de confianza política que llegan cada cuatro años a todos los niveles de la organización: las autoridades, sus jefes de gabinete, los jefes de división, de departamentos e incluso jefaturas de unidades de control/auditoría.
Se suman a ellos la contratación de asesores en calidad jurídica de honorarios, los que en los inicios de los gobiernos democráticos eran identificados con profesionales de trayectoria y con expertise en alguna materia, con desempeño cercano a la autoridad, que hacía de interés su contratación como un aporte a la gestión pública. En la actualidad han pasado a identificarse más bien como personas con cercanía política, familiar y/o amigos de las autoridades de los gobiernos -muchas veces sin los grados académicos y conocimientos necesarios para entregar asesoría- y copan espacios a todo nivel de la estructura, en diferentes escalafones y calidad jurídica de contratación-.
Lo anterior ha traído como resultado que el personal de “carrera” con experiencia y conocimiento de lo público sea poco aprovechado, apoyando la gestión de gobierno en personas con poca experiencia, sin trayectoria y, lo más grave, sin mucho conocimiento de la normativa pública vigente. Ante esto, los errores no forzados de cualquier gobierno no parecerían tan extraños cuando hay debilidad en materias de asesorías a la autoridad, cuando las jefaturas de línea responden positivamente a cualquier requerimiento de la autoridad, sin siquiera evaluar la correspondencia del mismo, debido a que no tienen las herramientas para hacerlo ni el carácter para negarse, porque muchos de ellos funcionan para el conglomerado político que representa el gobierno de turno o para la persona nombrada como autoridad pública y no para fines superiores.
En este escenario los controles se debilitan entregando espacios a una corrupción no solo individual sino también a aspectos que podrían abarcar lo institucional, con organizaciones desviadas de su propósito original. Este riesgo hace urgente fortalecer la integridad de las organizaciones públicas para lo que se requiere trabajar en paralelo en la ética personal, cultura organizacional y sistemas de gestión.
INTEGRIDAD Y LEGITIMIDAD
La integridad pública es esencial para promover el bien público y garantizar la legitimidad de las organizaciones públicas. También se considera una antítesis de la corrupción, como lo reconocen los artículos 7 y 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
Según los trabajos desarrollados por Naciones Unidas en la materia, se señala que la integridad del sector público se refiere al uso de poderes y recursos confiados al sector público de forma efectiva, honesta y para fines públicos. Los estándares éticos relacionados adicionales que se espera que sostenga el sector público incluyen transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y competencia.
El actual Gobierno ha gestionado la integridad pública basado en el avance y cumplimiento de medidas consideradas en la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que según se informa“a casi 10 meses de su lanzamiento por parte del Presidente, Gabriel Boric, la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) ha alcanzado un 44,9% del promedio total de avance. Además del total de 210 medidas, 40 de ellas (19%) están cumplidas y un total de 102 medidas (48,6%) llevan más de la mitad de avance”.
No obstante lo anterior, pareciera ser que lo realizado tiene más que ver con reglas y regulaciones que son insuficientes para garantizar la integridad en la institucionalidad pública. Los manuales de ética, por ejemplo, pasan a ser letra muerta cuando lo normado no logra alinearse con las prácticas organizacionales. Un claro ejemplo se puede observar en materia de la contratación de funcionarios públicos y en el sistema de carrera funcionaria, lo que por norma debería estar basado en el mérito ha mutado hacia la instalación de prácticas habituales que privilegian el ingreso y ascensos de los más cercanos al gobierno de turno, cualquiera sea este.
Es necesario revisar el sistema público para incorporar cambios que rompan la actual cultura organizacional, modernizar la gestión pública para lograr un aparato público que sea eficiente, eficaz, transparente y probo, fortaleciendo toda medida que propenda a la integridad pública no sólo dirigida hacia la dotación de personal “permanente “de las instituciones públicas, sino también, y principalmente, hacia las autoridades y los equipos que se incorporan al sistema con cada gobierno, los que también deberían ser limitados hasta cierto nivel jerárquico que no afecte el funcionamiento normal y permanente del aparato público. Se deben fortalecer además las unidades de control al interior de las instituciones con un cambio de dependencia, pasando de la dependencia del Jefe de Servicio a la dependencia jerárquica del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) o, más aún de la Contraloría General de la República. No podemos quedarnos solo en el castigo (procesos disciplinarios), debemos intervenir la organización y su gestión introduciendo medidas que lleven a mejorar el sistema y que permita recuperar la legitimidad del mismo ante la opinión pública.
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Interesante artículo, máxime en el contexto de los últimos hechos acontecidos, tema que necesariamente debe atenderse. Dos comentarios, el ingreso de funcionarios de confianza, que ingresan bajo ese concepto pero que al término del período, no se van con el Gobierno saliente incrementan la dotación de cada servicio, sin la expertise de los otros funcionarios; el otro comentario, reforzar la Unidades de Control y Auditoría Interna, para proteger a la administración de problemas de probidad y en pos de una verdadera integridad pública. Lo expuesto se debe complementar con una Contraloria General de la República para estos nuevos tiempos, como se vislumbra.
José Díaz | 06.11.2024
Es de público conocimiento que es muy necesario revisar el sistema público (Servicios, Ministerios, Subsecretarías, etc.) con la finalidad de incorporar elementos que permitan definitivamente aprovechar el nivel de conocimiento del personal que integra alguna entidad del Estado, que busque fortalecer la permanencia de funcionarios preparados, capacitados, dispuestos a entregar algo más que cumplir con una jornada de trabajo diaria y, entregar solo lo suficiente en su labor.
El planteamiento entonces, concuerda con lo señalado por la autora de este escrito que es necesario incorporar cambios que rompan la cultura y estigma de la gestión pública, en el sentido que se requiere considerar las distintas experiencias y conocimiento de una importante parte de los funcionarios públicos, quienes con la incorporación de elementos motivadores y que permitan su desarrollo personal, profesional y familiar, sin duda que deben mirar el futuro con otros ojos y, principalmente, una disposición distinta.
Se requiere la incorporación de más y mejor tecnología de la información y comunicaciones, como el puente que logue contactar a los empleados del sector público que esta dispuesto a desarrollar una labor completa y eficiente, en pos de lograr alcanzar los objetivos institucionales, ministeriales y de los diversos servicios del Estado.
Es así, que tal vez podría ser administrada la dotación de personal de una parte que es relativamente más estable, que son quienes permanecen en sus puestos de trabajo y que no forman parte de la puerta giratoria de quienes llegan a ocupar puestos de trabajo, bajo una mirada política. En efecto, los primeros son personas que cuentan con mucha experiencia y conocimiento, los cuales deben ser aprovechados de mejor forma. Los segundos, son el mayor desafío de lograr la excelencia en el desarrollo del elemento humano dentro de las organizaciones, por cuanto, en algunas oportunidades se trata de personas que tienen intereses muy diversos y que, en más de alguna oportunidad, solo apuntan a un pasa de 4 ó 6 años de un gobierno, que les permitió obtener un buen pasar, sin pensar que las instituciones deben seguir desarrollando su misión, sin importar el color político del gobierno de turno.
Finalmente, se espera que todo el personal de la administración del Estado se encuentre motivado para logra cumplir los objetivos estratégicos y operacionales de entregar un servicio eficiente y eficaz a la población, que requiere de estos en forma oportuna, completa y de calidad.
Ángela Lirra | 06.11.2024
Esta columna nos explica con mucha claridad y objetividad lo que sucede en la administración pública, problema que estamos viviendo en muchos ámbitos de nuestro país.
Si bien es cierto este no es un tema que se da desde tiempos remotos en la actualidad se ha podido hacer visible a través de las investigaciones y espacios que brindan medios alternativos.
Es de esperar que ahora vayan cambiando los procedimientos y la corrupción que la opacidad ha permitido.
Felipe tamayo | 05.11.2024
Hasta el dia de hoy, la ley permite el ingreso de contratas sin proceso de reclutamiento y seleccion formal. El estatuto administrativo es de 1989, la ultima obra del dictador. El ultimo estatuto adm hecho en democracia data de 1960, el Estado de Chile y la Anef estan en deuda con los funcionarios publicos
Rodrigo | 31.10.2024
Lo que describe la autora de la columna no es nuevo.
Patricio Orellana Vargas, autor de “Probidad y corrupción en Chile. El punto de quiebre”, el año 2004 hizo una compilación de todos los episodios de corrupción acaecidos en Chile desde la Dictadura militar hasta el año 2003. Y de desde ahí en adelante, en plena “democracia”, la corrupción institucionalizada y los miles de millones de pesos desaparecidos superan todo lo imaginable.
La filosofía de la corrupción imperante es simple: “Si entre lo que robé y lo que tendría que devolver si me pillan, me queda para vivir tranquilamente y para siempre, ¡Echémosle pa’elante! Las clases de ética pasan volando”.
https://journals.openedition.org/polis/6120?lang=en
Ricardo Troncoso | 31.10.2024
Actualizar el sistema normativo en relación a solo investigar la responsabilidad administrativa del funcionario y dejando de lado la aplicación de medidas de control y gestión para evitar hechos irregulares reiterativos, manteniendo en la actualidad solo castigos a los funcionarios sin ninguna mejora de gestión y deja de manifiesto la mala imagen de la Administración Publica e ineficiencia en los cargos de jefatura.
Coincido con la columnista quien demuestra una visión actual de la realidad del sector.
Andrea gonzalez | 30.10.2024
La integridad y probidad deben ser el eje central de todo funcionario público, para lograr ello, se debe delimitar el delgado límite que actualmente existe entre lo que es Estado y Gobierno, los cuales son ámbitos distintos, y que los buenos ejemplo de administración pública en el mundo, no permiten que los gobiernos de turnos debiliten el aparato estatal.
Andrek | 30.10.2024
La integridad y probidad deben ser el eje central de todo funcionario público, para lograr ello, se debe delimitar el delgado límite que actualmente existe entre lo que es Estado y Gobierno, los cuales son ámbitos distintos, y que los buenos ejemplo de administración pública en el mundo, no permiten que los gobiernos de turnos debiliten el aparato estatal.
Carmen Rodríguez | 29.10.2024
Se agradece la perfecta interpretación de la necesidad de recuperar la carrera funcionaria, en el entendido que ser funcionario es estar al servicio y no servirse de él para beneficio personal o partidario, lo que conlleva a la importancia de fortalecer la credibilidad en las Istituciones con funcionarios comprometidos con el Servicio Público.
Sergio Villagran Soto | 29.10.2024
Es un muy buen artículo y enfoca una necesidad evidente para mejorar la gestión, lo interesante es buscar la sana convivencia del sistema público con la política, factor sustantivo para una buena democracia , llenar de operadores políticos el sistema le hace un flaco favor a la legitimidad de la autoridad , y al sistema todo, nuestra política que vive en el corto plazo acomete en la función pública considerándola como una mera circunstancia para mantener el poder .
Carlos Alfredo | 29.10.2024
Excelente columna, nos señala e indica con claros ejemplos la realidad que vivimos hace años los funcionarios de carrera. El estado no es un "botín" , tampoco una zona de experimentos sus acciones (funcionarias) impactan en el diario vivir de todos, un estado fuerte y transparente es una garantía de progreso. Felicitaciones.
