“Amigo, nos conviene creerte”. El Caso Monsalve y el Presidente en su laberinto

El autor de esta columna escrita para CIPER se pregunta si es posible que el Presidente o funcionarios de Gobierno hayan cometido delitos en el tratamiento de la acusación por violación que pesa sobre el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Hace un resumen cronológico e interpela al Presidente Boric con una serie de preguntas que, dice, la ciudadanía se hace.

¿Arriesga responsabilidad penal o administrativa el Gobierno (esto es, el Presidente y los miembros de su gabinete político) por el caso que afecta al ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve, querellado por presunta violación de una mujer que trabajaba bajo su dependencia? ¿Qué faltas o descuidos del Gobierno podrían dar lugar a un proceso penal, por tratarse de eventuales delitos?

Mejor es defraudar de inmediato las expectativas del lector, pues sobre aquella clase de responsabilidad habría poco o nada que decir, por ahora: ¿Prevaricación administrativa o aplicación de efectos públicos para uso propio (arts. 228 y 235 del Código Penal, por diversas expresiones de presunto abuso de poder o de uso indebido de bienes fiscales, como sería el caso de la tan comentada avioneta)? ¿Contribución en un delito de abuso de facultades de la Ley de Inteligencia (arts. 43 ss. de la Ley Nº 19.974, por las presuntas tareas encargadas bajo engaño a una cuadrilla de policías)? ¿Contribución en el delito de arrogación ilegal de atribuciones judiciales (art. 222 del Código Penal, por las eventuales “diligencias de investigación” encomendadas a la policía)? ¿Obstrucción a la investigación (art. 269 bis del Código Penal, por eventuales resultados de alteración o manipulación de elementos de prueba)? ¿Falta penal de omisión de denuncia respecto de un delito funcionario (art. 177 del Código Procesal Penal)? ¿Contribución en una hipótesis de acoso sexual o infracciones a la Ley Karin (ineludibles estas últimas, si es que el Gobierno se aplica a sí mismo el estándar que predica para las empresas)?

¿Pero quién podría responder ahora a estas preguntas? Sobre aquello se podrá discutir con precisión cuando los hechos relevantes salgan a la luz. Se dice “con precisión”, porque “el derecho es la precisión” – il diritto è la precisione – como dijera el padre del derecho administrativo italiano, Vittorio Emanuele Orlando (1889). Sin precisión es mejor no hablar de derecho. En suma: es prematuro o aventurado especular sobre delitos de cargo del Gobierno.

¿Para qué entonces seguir adelante con esta columna? Sería mejor despedirse aquí del lector… si no fuera por algo que se ha vuelto evidente para la opinión pública: la eventual responsabilidad política del Gobierno. Al respecto, sí es posible escribir con cierta plausibilidad, en el estadio actual de desarrollo de la noticia (aunque ella parece ir cambiando minuto a minuto, ya por nuevas vocerías del Gobierno, ya por información suministrada por el fiscal a cargo o la abogada querellante).

Pues bien, a esta altura es obvio para cualquiera que el “caso Monsalve” ha salpicado severamente al Gobierno. Lo ha hecho, por cierto, no por la violación imputada a Manuel Monsalve, sino por todo aquello que pudo haber ocurrido después del presunto delito, mientras el ahora imputado ejercía su cargo y hasta las primeras declaraciones públicas del Gobierno: es decir, desde la mañana del lunes 23 de septiembre – cuando Manuel Monsalve se ausentó de la conferencia de prensa que debía dirigir al cierre de aquel sangriento fin de semana largo de fiestas patrias – y el pasado viernes 18 de octubre, cuando el Presidente Gabriel Boric entró en un laberinto comunicacional de 50 minutos. Pero sobre aquella rueda de prensa volveremos en breve, porque es el hilo del que hay que tirar si es que se quiere entender qué clase de responsabilidad política arriesga el Gobierno.

Volvamos a la cronología.

Antes de la madrugada del 23 de septiembre – es decir, antes de la presunta violación – pueden también haber habido faltas o descuidos más o menos graves al interior de la Subsecretaría: ¿Por qué el 2 de septiembre fue reubicada la funcionaria (futura denunciante), para arrimarla laboralmente a su futuro presunto victimario, mediando además un aumento de sueldo? ¿Qué sabía entonces su jefe de Gabinete – ahora renunciado – y qué llegó a saber la propia Ministra del Interior? Las preguntas son válidas, pero no es fácil pensar que esas circunstancias hayan sido conocidas y, por tanto, conscientemente toleradas por el Gobierno, no al menos al nivel que aquí interesa.

Y es que en materia de responsabilidad (de cualquier orden), el conocimiento es el gran factor comunicante. Usualmente podemos responsabilizar a alguien sólo desde el momento en el que aquél conoce o advierte una situación de riesgo. Sin ese conocimiento sólo puede haber responsabilidad por haberse ignorado lo que era exigible conocer (culpa inconsciente, se llama), pero es un supuesto más bien excepcional o marginal de responsabilidad (aunque para nada descartable en materia política, especialmente si lo que se ignoró es relevante para el interés público o el buen funcionamiento del servicio). Como sea, para responder con rigurosidad a la pregunta por la responsabilidad del Gobierno, hay que concentrarse en el momento del conocimiento.

Pues bien: ¿Cuándo supieron el Presidente o la Ministra del Interior que el entonces subsecretario arriesgaba una denuncia por un crimen tan oprobioso? Más importante: ¿Qué llegaron a saber exactamente sobre el contenido de la denuncia, sobre los hechos mismos y sobre la conducta posterior de Manuel Monsalve? ¿Tenían razones para creer en su versión de los hechos? ¿Qué tanto sabían sobre las presuntas maniobras de autoencubrimiento del ex subsecretario (Ver nota de CIPER) (con recurso a un puñado de policías, ya para auscultar las cámaras, ya para “rodear” o “pispar” a la denunciante, hasta quizás el amedrentamiento, como han afirmado el fiscal y la querellante)?

Esas son todas preguntas cruciales ahora. Pero hay más, mucho más. La manera de hacerse cargo de ello es volver a la conferencia de prensa del 18 de octubre: ese paralógico laberinto comunicacional en el que se encerró el Presidente de la República, bajo la perpleja mirada de su jefa de prensa (dicho de paso, monumento vivo a la paciencia y el profesionalismo).

Y es que la extensión y el tono de aquella conferencia abrió, con razón, muchas sospechas. Como Lady Macbeth lavándose obsesivamente las manos manchadas, los 50 minutos del Presidente parecían un ejercicio de clarificación para sí mismo, una exagerada demostración de inocencia no solicitada y – por ello – sospechosa. “La negación explícita es una afirmación soterrada”, ha apuntado Carlos Peña – siguiendo a Freud – en una punzante columna publicada en El Mercurio (C1) el pasado 22 de octubre. Freud ayuda, por cierto, pero es lo que “el sentido común” ya sabía mientras presenciaba la insólita escena de un Presidente de la República – conviene leer despacio esas palabras: “un Presidente de la República” – sacar su celular (minuto 35 en adelante) y leer en vivo mensajes de WhatsApp intercambiados con el ex subsecretario la tarde-noche del martes 15 de octubre (cuando por primera vez habría conocido la existencia de la denuncia).

Esa conferencia fue el principio de la gran sospecha, una sospecha que – para ser claros – en cualquier círculo de personas medianamente imparciales se expresa en estos términos: el Gobierno ha quedado con la carga de demostrar que la demora (de la renuncia y de las explicaciones públicas) no obedeció a un intento de embargar la noticia hasta después de las elecciones municipales (tanto menos a un intento por echar tierra sobre la denuncia, para siempre; mejor ni pensarlo).

Para demostrar aquello el Gobierno deberá despejar una serie de preguntas que inquietan a los ciudadanos. Una interpelación directa no es posible, como es obvio. Por fortuna existe la prensa libre. Nos valemos de ella para dirigir al Presidente las preguntas que los ciudadanos “no alineados” (nunca he tenido filiación política) nos hacemos en estos días. De esto se habla cuando se habla del caso Monsalve. Así, por su intermedio, señor Director, queremos preguntar:

Presidente, ¿quién le pidió extenderse por 50 minutos, en semejante demostración de inocencia? ¿Se lo pedía su entorno o su conciencia? ¿Qué sucedió aquella noche en La Moneda cuando conversó Ud. con el entonces subsecretario Monsalve? ¿Qué le dijo, qué se dijeron? ¿Qué preguntó Ud., qué descubrió? O más bien: ¿Qué no preguntó, qué no quiso saber? ¿Por qué no se dejó acompañar por un asesor experto que hiciera las preguntas duras, aquellas que Ud. no sabía o no se atrevía a hacer?

Mientras el subsecretario se explicaba a sí mismo, ¿estaba Ud. escuchándolo o más bien pensando en otra cosa? ¿En qué pensaba? ¿Pensaba en la reñida acusación constitucional contra el juez Muñoz que el Senado discutiría al día siguiente? (¿Por qué, si no, aludir a ello en la conferencia de prensa (minuto 18:15 en adelante), sin razón alguna aparente?). ¿O pensaba quizás en las reñidas elecciones municipales a la vuelta de la esquina? Quizás nada de eso y estamos siendo injustos. Pensaba Ud., Presidente, en el dolor de la denunciante, en el ideario feminista de su Gobierno. Pero entonces, ¿eran necesarios esos 50 minutos? ¿Para qué esa obsesión por responder hasta la última pregunta? ¿Para qué leer mensajes de WhatsApp como el hombre pillado en falta? ¿Para qué exponerse tanto, Presidente?

Pero volvamos al minuto cero, Presidente. Aquella tarde-noche en La Moneda, en esa conversación “de hombre a hombre”, ¿le creyó Ud. al entonces Subsecretario? No tema decir la verdad, por favor. No tiene nada de malo que un hombre le crea a otro hombre. Nadie debería “cancelarlo” por eso. Y si lo cancelan solo por eso, cancelemos a las canceladoras. Pero quizás ellas tengan razón, Presidente. Porque para creerle a un hombre hay que tener razones, Presidente. ¿Qué razones tuvo Ud.? ¿Qué indicios? Aún creyéndole – ¡“sexo consentido, no violación”, dijo él! –  ¿no le reprochó Ud. el contexto del “romance”, la superioridad jerárquica, los riesgos para el buen servicio? Más aún: ¿No le perturbó saber que Manuel Monsalve había mandado a “sus” policías a revisar las cámaras? (piense – ¿Por qué haría eso un completo inocente?). ¿Qué dijo entonces Ud.? ¿Aceptó sin cuestionar la tesis del “borrón mental de 12 horas” y la extorsión? ¿No verificó aquello de la Ley de Inteligencia con ningún asesor experto? ¿Realmente le creyó, Presidente? ¿Le creyó porque vio la verdad en sus ojos? ¿O le creyó porque intuyó el horror, el colapso político-electoral?

“Te creo, amigo, porque nos conviene creerte”. ¿Algo así le dijo?

Digamos que le creyó. Digamos que le convino creerle, da igual. ¿Por qué ese viaje del subsecretario a Concepción al día siguiente, el miércoles 16 de octubre? ¿Por qué debía comunicarse presencialmente con su familia? ¿No bastaba una llamada o una sesión telemática anticipándoles lo que venía?

¿No bastaba con eso, Presidente? ¿Por qué ese viaje a Concepción? Como un fugitivo en misión, cómo un misionero en avioneta. ¿A qué fue Manuel Monsalve, con quién habló allá? No fue a echar tierra al asunto, ¿verdad? No fue a disuadir a la familia de la denunciante, ¿verdad? Díganos que no, Presidente, por favor. Y al día siguiente, ese jueves 17 de octubre, ¿por qué dejó ir al todavía subsecretario al Congreso? ¿No tenía ya Ud. bastante sobre la mesa para exigir su renuncia?

Y qué sintió, Presidente, cuando vio el titular de La Segunda. Ahí, Presidente, ahí, ¿qué pensó? ¿Qué se dijo a sí mismo? Ahí dejó de creer, ¿ahí, Presidente, ahí? ¿Entonces comprendió que había sido ingenuo? Entonces comprendió que había dejado pasar dos días  sin una razón digerible para la ciudadanía. Ahí comprendió que la responsabilidad de su Gobierno estaba gravemente comprometida, ¿ahí? Ahí se miró las manos, ¿ahí? ¿Ahí pensó que tendría que salir a hablar, a negar, a restregarse las manos? ¿O se lo pidieron, o se lo exigieron? Es lo que nos estamos preguntando muchos. Es lo que le preguntarán sus acusadores, Presidente. Piense, Presidente, piense. Responda, Presidente, responda.