Dime por quién votas y te diré si puedes: voto migrante y ciudadanía “a conveniencia”

La autora de esta columna escrita para CIPER analiza desde su propia experiencia como migrante (es de origen argentino) las cuentas que ha sacado el mundo político de la población extranjera que vota en Chile. Sostiene que los “datos disponibles, como se ve, no parecen dar sustento ni a los fantasmas ni a los espejismos que se generan por derecha y por izquierda”.

Durante los días que pensaba esta columna, el azar me trajo una escena pregnante en un libro que estoy leyendo: Doña María. Historia de vida, memoria e identidad política, de Daniel James. Se trata de la historia de vida de María Roldán (1908-1989), una activista sindical peronista, de la industria de la carne, en la localidad argentina de Berisso. La escena está relatada en el Prólogo, en el que el autor construye históricamente el escenario de esta biografía: “Wálter Elena, un abogado conservador local, controlaba la política berissense. En tiempos electorales, quienes estaban habilitados a votar eran cortejados con vino y asado o intimidados por los matones conservadores, uno de los cuales, una figura legendaria llamada ‘el turco Mustafá’, solía pararse en la puerta del local electoral y decidir quiénes podían entrar a votar”.

Seguramente quienes leen esta cita se sentirán a salvo de ese tipo de prácticas, ya sea porque las encuentran lejanas en el tiempo, o en el espacio (prácticas propias de “otros” países latinoamericanos). Pero me voy a dar el permiso de una comparación forzada para poner el punto que quiero problematizar, porque a veces se necesita de la caricatura para hacer visible lo naturalizado. Diré que, en Chile, respecto del voto migrante (e/in-migrante), siguen existiendo Mustafás que pretenden decidir, a conveniencia, quiénes pueden votar y quiénes no, y que eso pone en evidencia el carácter limitado de los conceptos de democracia y de ciudadanía a partir de los que se argumenta, con aparente lógica, que ciertos habitantes del territorio no deberían tener derecho al voto.

En julio de este año, los diputados socialistas Daniel Manouchehri, Daniela Cicardini y Daniel Melo presentaron un proyecto de ley para suprimir el derecho al voto de los extranjeros avecindados en Chile en las elecciones parlamentarias, presidenciales y regionales. Los argumentos que expuso la diputada Cicardini en el punto de prensa de esa presentación son claro ejemplo del uso limitado de los conceptos a los que aludo: “Si los extranjeros tienen interés de poder participar, es legítimo. Y sin duda es importante fortalecer nuestra democracia y la participación de la vida cívica, pero solo si es que ellos se nacionalizan”. Es decir, sólo si renuncian a su condición de extranjeros, recurriendo así al naturalizado (y, por ende, incuestionado) vínculo entre ciudadanía y nacionalidad. Nada dijo la diputada de lo lento y costoso que puede resultar el trámite de nacionalización, y de lo baja que es su proporción de otorgamiento: según datos del Servicio Nacional de Migración, en la última década (2014-2023) se resolvieron favorablemente sólo el 14,7% del total de solicitudes de nacionalización recibidas. Actualmente, además, está tramitándose un proyecto de ley para modificar los requisitos para nacionalizarse, extendiendo de 5 a 10 los años de residencia en el país.

El temor inconfesado que puede advertirse sin dificultad detrás de esta presentación es la hipotética afinidad con partidos de derecha que tendría el electorado venezolano, que es el que más ha crecido en los últimos años entre la población extranjera, y que además tiene una alta participación electoral (incluso mayor que la del propio electorado nacional en algunas de las últimas elecciones con voto voluntario, según datos del Servel). Y esa hipótesis se funda en el razonamiento, simplificador probablemente, que vincula al éxodo venezolano con el rechazo al régimen de Nicolás Maduro.

Esta asociación remite a otra “mustafádica” situación, de hace algunas décadas, respecto del voto e-migrante. Recordarán la larga lucha por el voto de los chilenos que residen en el exterior, que recién se hizo posible en 2017 (a partir de la Ley Nº 20.960, de 2016), en buena medida gracias al empuje de las propias organizaciones de chilenos residiendo fuera del país. La barrera a ese derecho provenía de un sector de la derecha, que presumía que esa votación se inclinaría hacia la izquierda del espectro ideológico nacional, pues se asociaba a esos votantes al exilio de la sangrienta dictadura cívico-militar-empresarial comandada por el General Augusto Pinochet.

Hace pocos días, un medio de prensa nacional publicaba un reportaje mostrando otra arista de este tema, la del Mustafá que deja pasar a los electores, no el que les bloquea el ingreso. La nota documentaba las estrategias desplegadas por diferentes comandos para captar el voto migrante en algunas comunas en las que el electorado extranjero representa una proporción decisiva, de cara a las próximas elecciones municipales: el 33% en Independencia, el 32% en Santiago y el 21% en Estación Central.

Ya sea por promover o por evitar, se trata de acciones basadas en horizontes pragmáticos, en los que poco parecen importar los principios democráticos, fundamentalmente el del derecho a decidir quiénes gobiernan la comunidad en la que se vive, el derecho inherente al poder soberano del pueblo. Son, además de pragmáticas, miradas bastante desinformadas. La , aplicada por el Servicio Jesuita a Migrantes y Ekhos en 2021, arrojó que “políticamente, los migrantes siguen concentrándose en posiciones independientes, despolitizadas o en el centro del espectro”. Algo parecido arrojó su versión previa, de 2019. Estos datos disponibles, como se ve, no parecen dar sustento ni a los fantasmas ni a los espejismos que se generan por derecha y por izquierda.

Pero, en realidad, ese no es el punto que quería poner de relieve con la metáfora del Mustafá que habilitaba o restringía el ingreso al local de votación en la Berisso de María Roldán. El punto es, como ya resulta obvio, que el voto no puede propiciarse o prohibirse según su orientación ideológica. En una democracia de principios debería promoverse el más amplio acceso posible al voto de todas y todos quienes formamos parte de la comunidad política (eso es, en rigor, ser un ciudadano, no se trata sólo de tener una nacionalidad). Y los migrantes somos parte de esta comunidad política, aunque la ficción instrumentalizadora que prima sobre la migración, esa que sólo legitima nuestra presencia por y para el trabajo, como dijo Abdelmalek Sayad, procure invisibilizar nuestro carácter de sujetos políticos.