CARTAS Derechos de aguas, que gane el más fuerte

Señor Director:

Somos de una zona netamente rural. Nuestros antepasados hace más de 100 años entendieron esto muy bien, a punta de pico y pala construyeron una vasta red de canales de regadío sacando el agua del Río Maule y repartiéndose en amplias extensiones donde gracias a ello la agricultura floreció y prosperó.
Un día el agua no llegó como antes, nos dijeron que era sequía. Esa explicación no era suficiente, sabíamos y podíamos ver como el agua seguía sacándose del Río Maule para regadío, simplemente ahora no llegaba de la misma manera a destino.
Con el tiempo encontramos la explicación: eran 3 centrales “supuestamente de paso” que se habían instalado en los canales de regadío desviando el recorrido original de las aguas para generar electricidad. La directiva de la Asociación de Canalistas del Maule (ACM) había firmado contratos con la empresa hidroeléctrica italiana Hidro Maule y estos últimos ahora manejaban la mayoría de las compuertas que administran el agua. Situación que pudimos constatar y filmar. En una zona rural el no contar con agua segura para bebida animal, para riego, para cultivos es una sentencia de muerte
El año 2013 un regante puso una demanda ante la DGA de Talca acusando deficiencias en la administración de las aguas y en el manejo económico de ACM. Dicha demanda permanece aún sin respuesta en las oficinas de esta institución (VFEI-0702-885 año 2013)
Convencidos de nuestro perjuicio nos reunimos un grupo de regantes, pedimos un préstamo al banco, financiamos a un abogado y pusimos una demanda en el juzgado de Talca (C34 25 tercer Juzgado de Letras Talca año 2014). Contratamos a un segundo abogado para supervigilar la gestión del primero. A pesar de nuestras precauciones y esfuerzos los abogados desaparecieron, las pruebas no se presentaron, el juicio quedó botado y es bajado por falta de movimiento en plena pandemia. Solo nos quedó seguir pagando el préstamo por una gestión que jamás se realizó.
El año 2022 presentamos nuevamente nuestro caso esta vez en la DGA de Santiago (VV-0702-885 año 2022). Y en este proceso cumplimos en noviembre 11 años pidiendo revisión y justicia.

Dado que el agua no es un recurso cualquiera estamos expuestos al mal uso del elemento hídrico dejándolo en manos de personas que no están buscando el bien común sino más bien una ganancia cortoplacista y su accionar está poniendo en riesgo y en desbalance todo el ecosistema natural y productivo.

La falta de seriedad de las instituciones nos deja a la población desprotegida y en una suerte de «que gane el más fuerte». Las causas así duermen su sueño eterno o desaparecen junto con los abogados y una revisión en justicia como corresponde a un estado de derecho no es habida. No importa lo grande que sea la usurpación las instituciones no funcionan y el ciudadano queda totalmente desprotegido. En esta situación de un sálvese quien pueda un país no puede prosperar y por ende este problema nos compete a todos.