El CAE es un síntoma: curemos la enfermedad y definamos qué educación queremos

Según el autor de esta columna escrita para CIPER sostiene que el proyecto de fin del CAE propuesto por el gobierno deja de lado una mirada más profunda del problema. “Reparar un mecanismo particular de ese sistema de financiamiento no va a resolver el problema de fondo. El gran ausente de la discusión actual es qué sistema de educación queremos tener, escolar y superior, que antecede a la pregunta de cómo queremos financiarlo”, asegura.

Es difícil comentar sobre una propuesta que no tiene un diagnóstico claro. Peor aún, los anuncios recientes sobre el sistema de financiamiento que pondría fin al CAE (Crédito con Aval del Estado) pasan por alto al elefante en la habitación que estaría en el origen de la propuesta: el fracaso del sistema actual. ¿Cuál es ese fracaso? ¿Se debe al CAE?

El CAE puede haber sido una política mal diseñada, pero respondía a un diagnóstico claro. Hasta 2004, la democracia chilena había priorizado los recursos públicos hacia la educación escolar y había dejado la educación superior en manos del mercado. La diferencia de sueldos entre quienes tienen formación terciaria y los que solo completan sus estudios secundarios era muy grande, la mayor de todos los países miembros de la OCDE. radica en esa diferencia. Si la inversión en educación superior era rentable entonces se podía acometer con recursos privados. El problema era simplemente que solo pueden cursar estos estudios quienes pueden pagar. El mercado financiero no presta si no se ofrecen garantías reales o lo hace a tasas muy altas. La mayor parte de los países resuelven esto con educación superior pública gratuita, aunque varios anglosajones se han movido hacia el cobro a las familias apoyada en créditos.

Chile venía de una dictadura neoliberal que no tenía bien definido el papel de las universidades estatales por tensiones internas (), pero las obligó a competir en igualdad de condiciones con universidades privadas; propiciando, además, la entrada de nuevas instituciones. La dictadura era consciente de las limitaciones del mercado financiero e instituyó un sistema de becas y crédito fiscal en las universidades tradicionales.

Contrariamente a la educación superior que era una buena inversión, la educación escolar es un derecho social, su calidad era mala y distribuida desigualmente.

Lo cierto es que el diagnóstico de origen del CAE era correcto, pero su diseño inicial y su implementación fueron un desastre. La banca cobró tasas muy altas, pese al bajo riesgo. El pago no era contingente a ingresos y, cuando lo fue, quienes se atrasaban perdían la posibilidad de acceder a esta posibilidad. Crecieron algunas instituciones, incluso se masificaron, desaparecieron otras, lo que es normal en un mercado que se va consolidando. Pero lo peor, lo inesperado, fue su impacto negativo: según un estudio del gobierno, que cruzó la base de deudores con la operación renta 2021, el 69% de los deudores gana menos de $750 mil (no está claro si esta base incluye a quienes pagaron su deuda, cuya omisión sesgaría los resultados). Si el estudio es correcto, la inversión no fue rentable como se esperaba. Entonces, ¿para qué insistir en un mecanismo que sostiene un sistema que ha fracasado?

Por cierto, ese estudio debiera profundizarse. ¿En qué universidades estudiaron estos estudiantes? ¿Qué calidad tuvo esa formación? ¿Cómo se compatibilizan esas cifras con las que presenta el sitio web Mifuturo.cl, que, con la misma fuente, muestra ingresos mucho mayores para varias carreras al primer o cuarto año del egreso? ¿Se concentra el CAE en las carreras menos rentables? ¿No debieran excluirse del mecanismo las instituciones menos exitosas? ¿No tienen responsabilidad los bancos y las universidades en este naufragio? ¿Qué costos van a pagar ellos? ¿Queremos expandir la fijación de aranceles pese a la evidencia de los problemas que ha generado? Con todo, lo importante que pueden ser estas preguntas, son solo detalles.

El sistema de financiamiento es solo un medio, lo importante son los fines que debe contribuir a lograr. Y reparar un mecanismo particular de ese sistema de financiamiento no va a resolver el problema de fondo. El gran ausente de la discusión actual es qué sistema de educación queremos tener, escolar y superior, que antecede a la pregunta de cómo queremos financiarlo.

Esa es una discusión que nos debe convocar a todos. En el intertanto, debiésemos dejar de ir contra la corriente y contra la evidencia. Un impuesto a los graduados no tiene sentido, porque se pierde la conexión entre el pago y la institución responsable. Sobre la base de la experiencia internacional, las soluciones a nuestros problemas requieren cambios más profundos, al menos a los sistemas de gobierno corporativo, tanto en las universidades privadas como en las estatales, y terminar con la , que siempre fue un absurdo.

De un gobierno de izquierda se podría haber esperado otra cosa: un mecanismo de crédito estatal contingente a ingresos para las universidades privadas acreditadas, en que ellas sean, en parte, responsables de los resultados de su formación; y una gratuidad completa (pero bien diseñada) restringida a las universidades estatales, con compromisos contractuales de valor público a cambio de fondos basales que tomen en cuenta la matrícula, la calidad y las prioridades del país. Eso costaría una fracción de lo que hoy se gasta y resolvería mejor la información asimétrica que están detrás de los problemas actuales. Necesitamos discutir los temas de fondo,  y no seguir parchando este fracaso.