Análisis del presupuesto 2025: luces, críticas y principales desafíos

El Presidente Gabriel Boric anunció un presupuesto 2025 un 2,7% mayor que el del año anterior el cual está focalizado en las áreas que más demanda la sociedad, pero especialmente la seguridad pública. Sin embargo, los autores de esta columna escrita para CIPER sostienen que “la ausencia de un enfoque claro en el combate a la corrupción plantea la pregunta: ¿el aumento presupuestario será administrado de manera eficiente y responsable?”.

La noche del domingo 29 de septiembre el presidente Gabriel Boric presentó en cadena nacional los lineamientos centrales del presupuesto de la Nación 2025. La discusión presupuestaria se caracteriza por ser una discusión técnica fundamental para definir las prioridades del gobierno, sin embargo, en la presente columna utilizaremos un lenguaje sencillo para abordar los lineamientos presentados al público por parte del gobierno en perspectiva comparada, enfocándonos especialmente en seguridad pública, seguridad social y crecimiento económico, identificando sus fortalezas, debilidades y las principales críticas que han surgido.

En primer lugar, es importante señalar que el presupuesto de la nación para el próximo año aumentará en un 2,7%. Aunque podría considerarse una expansión del gasto público, en términos porcentuales es el alza más moderada desde el presupuesto de 2019. Desde dicho periodo la mayor alza fue la correspondiente al presupuesto 2020, confeccionado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (9,5%) cuya prioridad fue el combate contra la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Asimismo, el proyecto para el próximo año ni siquiera está cerca del promedio 2019-2025 (4,4%). Cuando comparamos la gestión de gasto entre los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, encontramos una diferencia interesante: el promedio de incremento en el gasto público durante el segundo mandato de Piñera fue del 4,96%, mientras que bajo administración Boric ha sido de una 3,47%. Estos datos reflejan un enfoque más moderado por parte del actual gobierno, a pesar de las crecientes demandas sociales por el desempleo, el costo de la vida y los efectos de la crisis de seguridad.

En el ámbito de las prioridades presupuestarias, se podría decir que el presupuesto 2025 tiene una mirada continuista, especialmente porque el foco principal -al igual que en los presupuestos 2022, 2023 y 2024- será la seguridad.  En términos de cifras, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tendrá un aumento de 2,4% en comparación al presupuesto vigente. Del mismo modo, las policías aumentarán su presupuesto en $65.821 millones, mientras que para cárceles el aumento será de $39.858 millones. Ambos ítems, más otros tales como programas de seguridad, Subsecretaría de Prevención, protección ante emergencias, pasos fronterizos y migraciones, tribunales de justicia más otros, suman una variación total a nivel sectorial de $253.851 millones. Si a ello se añaden los proyectos de ley en trámite y comprometidos tales como la creación del Ministerio de Seguridad, Fiscalía Supraterritorial, entre otros, se estiman $100.485 millones adicionales. En lo relativo a Carabineros y PDI, hay un crecimiento de un 12,5% y 4,4% en comparación al año anterior.

Si comparamos estos números con el último presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera (2022), el ítem destinado a Carabineros creció un 3,2%, mientras que la PDI fue de un 8,2%. En términos comparativos, hay un aumento más pronunciado por parte de la actual administración.

Entre otras prioridades, cabe destacar los anuncios en materia de seguridad social y crecimiento económico. En el ámbito de seguridad social se asignarán $281.239 millones para la reconstrucción ocasionada por los últimos desastres socionaturales, incluyendo el Fondo de Emergencia Transitorio por incendios, especialmente a raíz de lo ocurrido en los incendios que afectaron a la V Región a inicios del presente año. También habrá un aumento en un 68% para reducir las listas de espera en los centros de salud, mientras que la red Chile Cuida incrementará su presupuesto en un 36,7%. En materia de crecimiento económico se mantiene la mirada de crecimiento sustentable, buscando el equilibrio entre crecimiento y la protección del medio ambiente. Reflejo de ello son los 3,8 billones destinados para el financiamiento de proyectos de inversión, aplicable a proyectos en ejecución como para nuevos proyectos.  Del mismo modo, el presupuesto para el Ministerio de Medio Ambiente aumentará en un 12,7%, lo que subraya la intención de equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.

¿Cómo podemos interpretar estas cifras? Pese a que porcentualmente el alza es la menor en los últimos años, sigue siendo un presupuesto expansivo desde el punto de vista del gasto público. Por otro lado, la prioridad efectivamente estará en la seguridad, aumentando de forma considerable el presupuesto en dicha área, más todavía si tomamos en cuenta el aumento presupuestario para Carabineros. Asimismo, el presupuesto pone énfasis en la seguridad social y el crecimiento económico, pero sin dejar de lado la protección del medio ambiente.

Las principales críticas sobre el presupuesto están relacionadas con su alza, particularmente en lo que respecta a su sostenibilidad en un escenario de déficit fiscal ya anunciado por el Ministerio de Hacienda (1,9% del PIB). A ello se suma como antecedente el nivel de deuda pública actual (41,6% del PIB). Estas cifras son alarmantes, manteniéndose la tendencia de desequilibrio fiscal de los últimos años. No obstante, el oficialismo ha depositado la confianza en las proyecciones de crecimiento y en la llegada de recursos frescos provenientes del royalty minero, por lo que algunos críticos consideran que la propuesta se aleja de la realidad país y que las proyecciones del oficialismo se sostienen en base a especulaciones.

Un elemento por considerar es que decisiones de esta naturaleza también tienen un componente político por diversos motivos: (i) este será el último presupuesto que podrá ejecutar la administración Boric (ya que el 2026 será herencia para el próximo gobierno); (ii) este mes iniciamos un nuevo ciclo electoral con las elecciones municipales y regionales, concluyendo el próximo año con las presidenciales y parlamentarias.  Tomando ambas premisas, la configuración presupuestaria también tiene un componente electoralista que impide que las decisiones sean 100% técnicas, especialmente porque la ley de presupuesto requiere -como toda ley- la aprobación del Congreso, sumado que los gobiernos y los parlamentarios buscan aumentar su popularidad en función de sus propios intereses electorales.

Una de las críticas más significativas al presupuesto desde nuestro punto de vista es la falta de atención al combate contra la corrupción. Si miramos la última encuesta CEP, la corrupción ocupa el sexto lugar entre las preocupaciones de los chilenos, estando por sobre la pobreza, sueldos y empleo. En el mismo sondeo, el control de la corrupción ocupa el cuarto lugar en cuanto a las labores prioritarias que deberían tener los municipios. No obstante, no hubo grandes anuncios, ni una explicación acerca de cómo las decisiones presupuestarias pueden contribuir ante este crucial desafío, relegando la temática a un plano secundario.

En conclusión el presupuesto 2025 refleja un equilibrio entre la continuidad de políticas en áreas clave como la seguridad, la seguridad social y el crecimiento económico que han marcado este periodo de estabilización post estallido social, pandemia e inflación, con un manejo más moderado del gasto público en comparación con años anteriores. Sin embargo, las preocupaciones sobre el déficit fiscal y la deuda pública, así como la falta de enfoque en el combate a la corrupción, generan dudas sobre la sostenibilidad y efectividad de las medidas propuestas.

El aumento en áreas como Carabineros y la PDI responde a la presión pública por combatir la delincuencia, pero estas decisiones deben ser acompañadas por un fortalecimiento de las instituciones que garantizan la transparencia y la fiscalización del gasto. La ausencia de un enfoque claro en el combate a la corrupción plantea la pregunta: ¿el aumento presupuestario será administrado de manera eficiente y responsable?

Además, es importante analizar si las proyecciones de crecimiento económico podrán compensar el déficit fiscal que ya se ha anticipado. Con una deuda pública que sigue creciendo, las expectativas del gobierno en torno a los ingresos del royalty minero podrían no ser suficientes para revertir esta tendencia a largo plazo, especialmente si los precios de los recursos naturales fluctúan. En este sentido, surge la duda sobre. ¿qué tan realistas son los supuestos macroeconómicos que sustentan el presupuesto?, y si este enfoque expansivo no comprometerá la capacidad del próximo gobierno para implementar políticas fiscales responsables.

Por último, en un contexto político marcado por elecciones, es inevitable que algunas decisiones presupuestarias respondan a intereses electorales cortoplacistas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, lo que podría comprometer la objetividad técnica de las políticas públicas. Aun así, el presupuesto 2025 busca atender las demandas sociales más urgentes, al tiempo que enfrenta el desafío de equilibrar las cuentas públicas en un escenario económico complejo.