Más de dos tercios de los académicos de educación superior e investigadores del país ganan menos de 3 millones de pesos, afirma el autor de esta columna, que grafica con datos la desproporción del sueldo de Marcela Cubillos en la USS. Agrega que hay precariedad no solo en las remuneraciones, sino en las condiciones laborales. “Más aún, lo criminal es que la sobreexplotación, los derechos al margen de lo humano, y el trabajo a goteras, contrastan con los indicadores que posee la academia chilena a nivel internacional”, comenta.
Según una reciente publicación de la oficina de Estudios y Estadísticas del Ministerio de Ciencia, más del 80% de las personas con doctorado en Chile trabaja en la educación superior. De esta, más de dos tercios recibe sueldos inferiores a 3 millones de pesos. Así, a diferencia de Cubillos, la mayoría del personal académico universitario está integrado por expertos con formación de postgrado, y que se encuentran en estratos bajos o medios de un sistema de castas que posee deudas históricas con las bases que sustentan la investigación y la enseñanza superior en el país.
De acuerdo con la Primera Encuesta de Condiciones Laborales de Investigadores e Investigadoras, además de exigir mejores espacios de trabajo, relaciones contractuales claras y salarios de acuerdo a la carga horaria, el acceso adecuado a necesidades básicas como comer, ir al baño y disponer de descansos son preocupaciones de parte de la comunidad dedicada a la investigación académica.
Sin embargo, incluso desconociendo lo anterior, un sueldo de tal magnitud invita a reflexionar. No sólo es 17-veces superior al de sus pares, sino que, considerando el año pasado en que el sueldo promedio fue de 826.535 pesos y el sueldo mediano alcanzó los 582.559, el salario de Cubillos representa 20 veces el ingreso promedio nacional, alrededor de 30 veces lo que percibe la mitad de los trabajadores chilenos, 34 veces el recién acordado salario mínimo, y 50 veces el de 2021.
En perspectiva, mientras la ciudadanía chilena, de 2021, que trabajada por el sueldo mínimo (337 mil pesos) ganaba menos de 2 mil pesos por hora, la exministra recibía cerca de 100 mil. O bien, para dimensionar el asunto: en una semana Cubillos ganaba el sueldo mínimo de todo un año.
Cubillos incluso se permite muñecos de paja con componentes de género: “Esta izquierda progre de cartón, piensan que la mujer profesional –cuando un marido asume un cargo en el extranjero– tiene que dejarlo todo para seguir a su marido”, los cuales omiten que las mujeres con doctorado en Chile “presentan una mayor tasa de desempleo, menor participación en el mercado laboral, y menor remuneración en su empleo principal que los hombres con el mismo grado académico”.
Por su parte, en una reciente columna, Gerardo Varela (también ex ministro de Educación) fue tan categórico como sus dichos en torno a bingos para financiar colegios con goteras que le significaron una pronta salida del ministerio: “Pagar generosamente a figuras políticas es bueno y conveniente para todos. Para la universidad… para los profesores de planta… para los alumnos… para el fisco… para las universidades… y para las figuras políticas porque compensan en algo su sacrificio de ingresos por dedicarse al servicio público. Eso es un círculo virtuoso que no debe escandalizarnos”.
Para Varela, las universidades privadas contratan prestigio (o “fama”) el cual se valoriza más en estas instituciones que en las públicas, y ello termina siendo beneficioso incluso para la recaudación fiscal. Es infértil, de todos modos, centrarse en críticas morales al análisis de Varela, así como también a la frágil defensa de “la libertad” que esgrime Cubillos, pero lo interesante radica en que de estos discursos se desprende que la meritocracia sigue siendo mitología política.
Además, los dichos de ambas exautoridades de Educación sazonan el romanticismo sádico con el que en ocasiones se aconseja a quienes se dedican al trabajo intelectual: “Pásala mal y esfuérzate porque la retribución es el prestigio”. Más aún, lo criminal es que la sobreexplotación, los derechos al margen de lo humano, y el trabajo a goteras, contrastan con los indicadores que posee la academia chilena a nivel internacional.
Futuras investigaciones esclarecerán si la Caja de Pandora que abrió el Caso Cubillos termina en que la USS sea catalogada de caja pagadora (abriendo un nuevo debate sobre desconocidos mecanismos de financiamiento irregular de la política); no obstante, y al mismo tiempo, la defensa por parte del rector de la USS es un escupo figurado en la cara de quienes experimentan condiciones laborales precarias en la academia. Las declaraciones de Cubillos, por su parte, poseen carácter de provocación, pero carecen de argumentos intelectuales, técnicos, y/o éticos de peso. Y respecto a las de Varela, nada nuevo bajo el sol para visiones que deshumanizan las estadísticas.
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Estimado Cristian López, todos entendemos su preocupación por San Antonio y la Ruta 66.
Pero es que el tema Cubillos es muy grave. Además una burla a todos los académicos, quienes además de tener jornadas de trabajo larguísimas, puesto que al llegar a casa deben seguir trabajando e incluso fines de semana......se les exige contar con grados adicionales a la Licenciatura, es decir deben contar con grados de Magister o Doctorados, que deben financiar ellos mismos. Las universidades NO financian los grados adicionales de sus académicos, si no que los obligan a auto-financiar esos grados con la precisión que de no poseerlo quedarán fuera.
Y pagan a sus académicos un mínimo adicional (muchas veces es para la risa) por contar con magister y doctorados. Mientras esas universidades cobran un Fondo para Capacitar a sus académicos, que usan en otra cosa, porque los grados académicos los han pagado los propios docentes desde su bolsillo.
El caso Cubillos es una burla para toda la academia. Es decir, 17 millones para alguien a quien no se exigió contar con magister ni doctorado pagado por ella misma y con desempeño académico mediocre.
Cristian Lopez Figueroa | 06.10.2024 | Socio/a poco
El caso de Marcela Cubillos, exministra de Educación, ha dominado la agenda mediática en Chile durante más de una semana, generando un debate sobre los sueldos millonarios en las universidades privadas y las profundas desigualdades salariales en el sistema académico chileno. Sin embargo, resulta llamativo, incluso indignante, cómo este tema ha capturado tanto la atención pública mientras otras problemáticas críticas, como la situación en San Antonio y la construcción de la Ruta 66, pasan prácticamente desapercibidas en los medios de comunicación y en la discusión pública.
El contraste entre estos dos temas es significativo y muestra una clara jerarquización de prioridades mediáticas y políticas en Chile. El caso Cubillos ha resonado en las redes sociales y en portales de noticias, porque encarna una narrativa mediáticamente rentable: la de una figura pública envuelta en controversia, la indignación ante los sueldos desproporcionados, y la evidente desconexión entre la élite y la ciudadanía común. Es un tema que, por su naturaleza, capta la atención, provoca reacciones rápidas y, para los medios, genera clicks. Sin embargo, esta sobreexposición no parece estar vinculada con una preocupación auténtica por las desigualdades estructurales en Chile, sino más bien con la búsqueda de generar morbo y tráfico en las plataformas digitales.
Mientras tanto, lo que ocurre en San Antonio, específicamente en San Juan, es un ejemplo claro de cómo se ignoran las verdaderas problemáticas locales que afectan la calidad de vida de las personas y que, en muchos casos, implican violaciones de derechos y daños medioambientales irreversibles. La construcción de la Ruta 66 y la falta de transparencia y responsabilidad tanto por parte de las autoridades locales como de las empresas involucradas, como Sacyr, no solo pone en riesgo el medio ambiente, sino también la salud y el bienestar de las comunidades. Sin embargo, estas realidades no parecen atraer la misma atención que los sueldos de una exministra en una universidad privada.
El desinterés mediático en temas como el de San Antonio evidencia una desconexión entre las preocupaciones de la élite, de los medios de comunicación y de las grandes ciudades, con las necesidades y realidades de las comunidades locales. Es más, la centralización de los temas en la agenda pública revela cómo los medios chilenos priorizan contenidos que apelan a la indignación superficial pero no a las causas profundas de injusticia social y medioambiental. En lugar de investigar y dar voz a las comunidades afectadas por la degradación ambiental, los periodistas y medios se centran en temas que, aunque ciertamente relevantes, no abordan las urgencias inmediatas que afectan a miles de personas en territorios como San Antonio.
Además, este fenómeno pone en evidencia un sesgo estructural en la cobertura de noticias: lo que ocurre en la capital o en figuras de la élite política siempre tiene mayor cobertura, mientras que las luchas locales en regiones como San Antonio se minimizan o, peor aún, se silencian. Esta es una muestra clara de la falta de descentralización en la narrativa mediática del país. Es como si las comunidades que sufren los impactos directos de las decisiones políticas y corporativas no tuvieran suficiente valor para entrar en la conversación pública.
Esto no es solo un problema de visibilidad, sino de justicia. Las comunidades de San Juan están enfrentando un problema que afecta directamente su derecho a un ambiente sano y a una vida digna. Los habitantes no solo denuncian el impacto de la Ruta 66, sino la acumulación de proyectos contaminantes que las autoridades han permitido sin una consulta y consideración adecuadas. Y, sin embargo, su lucha no alcanza la misma resonancia en los medios que un escándalo vinculado a una figura pública de Santiago. Esto es un ejemplo más de cómo los temas medioambientales y los derechos de las comunidades son relegados a un segundo plano si no involucran a personajes conocidos o a las grandes esferas de poder en la capital.
El caso Cubillos debería servir de lección para entender que la desigualdad no solo se manifiesta en los salarios de los académicos, sino también en la forma en que las historias y las luchas de las comunidades son seleccionadas y priorizadas por los medios. La indignación selectiva que moviliza a la opinión pública en ciertos temas contrasta con el silencio y la indiferencia frente a las problemáticas que afectan a las zonas rurales y menos visibilizadas de Chile.
Es necesario un cambio de enfoque. Los medios de comunicación deben ampliar su agenda y entender que las luchas de las comunidades, como la de San Antonio, merecen tanta o más cobertura que las controversias que involucran a personajes de la élite política. Si el caso Cubillos revela algo, es que existe una desconexión profunda en la forma en que entendemos y abordamos las desigualdades en Chile. No basta con criticar los sueldos millonarios; es imperativo también volcar la mirada hacia las injusticias medioambientales y sociales que afectan a las comunidades locales y que, muchas veces, no tienen voz ni presencia en el debate público.
El reto es claro: si realmente se quiere un cambio estructural en Chile, no basta con señalar los privilegios de unos pocos. Es esencial también escuchar a las comunidades que día a día luchan por sobrevivir y por hacer valer sus derechos en un sistema que, muchas veces, las ignora.
Cristian Lopez
Socio/a poco
