La crisis en la formación inicial de investigadores en Chile: el caso del programa Becas Chile y sus áreas prioritarias
13.09.2024
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13.09.2024
Los autores comentan la poca inversión en I+D en el país y sostienen que el Gobierno del Presidente Boric no ha cumplido con la promesa de dedicarle el 1% del PIB. Aseguran en esta columna que hay una “precarización” de la investigación científica, a pesar del alto nivel de producción. Una de la razones, opinan, sería que la actual ministra de , Tecnología, Conocimiento e Innovación privilegia sus propios intereses científicos.
La investigación científica en Chile ha enfrentado una creciente precarización, a pesar de ser el segundo país con más producción científica en Latinoamérica según el ranking Research Leaders de Nature 2024. Este problema radica en la escasa inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), la cual representa solo el 0,36% del PIB, situando a Chile como uno de los países con menor inversión en I+D dentro de la OCDE.
El actual gobierno prometió aumentar esta inversión al 1%, pero no ha cumplido, y ha implementado políticas que han empeorado la situación, especialmente en la formación de nuevos investigadores. Un ejemplo claro es la reducción drástica en el número de becas otorgadas a través del programa Becas Chile para estudios de doctorado y magíster en el extranjero, pasando de un promedio de 362 beneficiarios en 2008 a solo 103 en 2024 para doctorados, y de 398 a 53 para magíster.
El manejo de estas becas bajo la dirección de Aisén Etcheverry, quien asumió como ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en 2023, ha sido particularmente polémico. Etcheverry ha priorizado áreas específicas como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Cambio Climático, a expensas de otras áreas. Éstas, que también coinciden con sus intereses profesionales, han recibido una proporción significativa de los recursos asignados, lo que ha generado dudas porque no existe justificación ni evidencia para priorizar estas áreas por sobre los méritos académicos u otras áreas.
El impacto de estas políticas se refleja en la evaluación negativa que ha recibido el programa Becas Chile en los últimos años por parte de la DIPRES. Desde la inclusión de las «áreas focalizadas» en 2022, el programa ha sido calificado como «Objetado Técnicamente» (OT) en las evaluaciones anuales, lo que indica deficiencias metodológicas y falta de claridad en los criterios de selección. A pesar de estas advertencias, el porcentaje de becas destinadas a estas áreas ha aumentado significativamente, alcanzando el 67% en 2024 para doctorados.
La falta de transparencia en priorización de estas áreas por sobre otras (pese a que el MinCyt ha basado su discurso público durante la actual administración gubernamental a la defensa de una “política basada en evidencia”), se ha visto también reflejada en ausencia de normativas para su selección, inexistentes datos y análisis en repositorios (como los institucionales de GITHUB), falta de actos administrativos o, al menos, resoluciones exentas que puedan respaldar que realmente esta es una necesidad de Chile y que estas se pueden resolver a través de la adjudicación de becas de postgrado en el extranjero. Tampoco fue discutida la integración de estas “áreas” ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, así mismo, no parece poder explicarse la elección de estas áreas por sobre otras, ni por las prioridades presupuestarias del país en 2024, ni por la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, e Innovación 2023-2026. Además, pareciera haber un potencial conflicto de intereses de parte de la ministra, al enfocar los recursos en áreas de desarrollo muy limitados que, en su mayoría, coinciden con aquellas a las que ella ha dedicado su desarrollo profesional. Esta situación ha llevado a una mayor elitización del acceso a la investigación, impactando en el escalamiento social de muchas familias e individuos que han dedicado todo tipo de recursos (de tiempo, económicos, afectivos, intelectuales, etc.), a estudiar y fortalecer su currículum académico para poder acceder a una mayor calidad de vida a través de una contribución legítima al país, pues junto con la implementación de estas “áreas prioritarias”, se ha establecido un puntaje de corte por méritos académicos significativamente menor para quienes presentan proyectos de investigación coincidentes con los temas preferidos por el Ministerio de la Ciencia,(en promedio, los puntajes de corte para “áreas prioritarias” del magister ha sido 4,56, y para doctorado de 4,19), mientras que se ha aumentado el puntaje de corte para quienes investigan en otros temas (en promedio los puntajes de corte para magister de “áreas generales” pasaron de 4,37 a 4,85; mientras que en el caso de los doctorados en “áreas generales”, pasaron de 3,89 a 4,66).
En suma, lo que ha ocurrido es que muchos de las/os candidatas/os con más experiencia y capacidades técnicas han quedado sin apoyo de nuestro país para continuar con su carrera científico-académica, y otras/os con menos méritos han sido financiados únicamente porque (como pareciera ser que las señales indican) sus intereses coincidieron con los de la administración de turno. Lo anterior, reduce oportunidades para nuevos investigadores y, razonablemente, se instalan incentivos para que las/os jóvenes eviten una carrera científica desde el inicio, ya que la política refleja un profundo desconocimiento respecto de cómo en la práctica se construye una carrera de investigación. Toda/o aquel que participa del mundo académico, se encuentra en conocimiento de que resulta un sinsentido adjudicar casi todos los recursos públicos que existen para las ‘Becas Chile’ a temas que se definen sólo con unos meses de antelación, dado que una trayectoria seria de este tipo de desarrollo profesional requiere de un temprano compromiso con una línea de investigación. Algo que, evidentemente, no es compatible con la selección de temáticas coyunturalmente situadas, ni mucho menos caprichosas.
Por otro lado, esta política de Estado desincentiva la existencia de diversidad de líneas disciplinares. Lo que es contrario a lo que un estado democrático debería aspirar, y acercándose más bien, a una política totalitaria, en la que unas/os pocas/os poderosas/os deciden qué es lo que la población debería o le “conviene” pensar.
En resumen, la política actual en Chile hacia la investigación científica está marcada por una inversión insuficiente y mal distribuida, una gestión que prioriza áreas de interés personal de la ministra a cargo, una creciente dificultad para acceder a recursos para la formación de nuevos investigadores y que la desincentiva. Todo esto agrava la precarización del sector y limita el avance, no sólo científico, sino que también democrático del país. En ese sentido, creemos que junto con enfatizar la necesidad de un aumento cuantitativo del presupuesto en investigación, se hace necesario mayor discernimiento respecto de en qué momentos de la carrera de investigador (sobre todo a la luz de que es en los inicios de ésta que se requieren mayores apoyos). También se requiere aumentar la transparencia respecto de dónde y por qué se invierten los recursos, que las entidades que administran los recursos para la ciencia en Chile comprendan a cabalidad de qué se trata este ejercicio, y que únicamente quienes tengan competencias relevantes para el área, de manera fundada y con datos en mano, puedan tomar decisiones concienzudas acerca de cómo invertir estos fondos públicos que son de extrema importancia para el progreso intelectual del país.