El exfiscal Manuel Guerra en la mira de la fiscalía: analizan sus chats con Hermosilla cuando estuvo a cargo del caso Penta

Son varios los intercambios por Whatsapp entre el exfiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla que están siendo revisados por el Ministerio Público. Las conversaciones bajo análisis se iniciaron cuando Guerra era jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente y estaba a cargo del caso Penta. En esa época a Hermosilla le preocupaba que esa investigación avanzara sobre el Presidente Sebastián Piñera y Andrés Chadwick, tal como lo reveló a CIPER el exfiscal nacional, Sabas Chahuán. Los chats de Hermosilla con Guerra siguieron cuando este dejó el Ministerio Público y se fue a trabajar a la Universidad San Sebastián, a la que poco después arribó Chadwick. En uno de los diálogos, fechado en 2016, ambos conversan sobre contactar a “Andrés” para darle una salida al caso Penta.

A mediados de la década pasada, Luis Hermosilla estaba preocupado por la suerte que podían correr en el caso Penta su amigo y socio histórico, Andrés Chadwick, y el Presidente Sebastián Piñera. En 2014 la fiscalía había abierto una investigación por el financiamiento ilegal que ese holding entregaba a dirigentes políticos, principalmente ligados a la UDI. Los antecedentes recopilados en esa indagatoria mostraban que el grupo Penta utilizaba contratos forward adulterados para encubrir traspasos de dinero y evadir los impuestos que debían pagar esas transacciones. Uno de esos contratos lo había suscrito en 2009 con una sociedad de Piñera durante la campaña electoral que lo llevó por primera vez a La Moneda.

Testigo directo del interés e inquietud de Hermosilla por el caso Penta fue el exfiscal nacional, Sabas Chahuán, quien en abril pasado reveló a CIPER que el abogado penalista lo llamó cuando la causa de Penta estaba en sus manos. Aunque Hermosilla no tenía patrocinio formal en ese proceso, intentó obtener datos sobre el futuro de la indagatoria:

“Me preguntó por varios nombres. Si los íbamos a citar a declarar. Le dije que estábamos haciendo diligencias y que no le podía adelantar. Y me preguntó si íbamos a citar a declarar a (Sebastián) Piñera y a (Andrés) Chadwick”, le dijo Chahuán a CIPER (vea reportaje “Redes de Hermosilla: las causas judiciales en las que operó con o sin patrocinio representando a clientes VIP”).

Esa misma preocupación de Hermosilla está reflejada en los chats que el penalista mantuvo con el entonces jefe de la Fiscalía Regional Oriente, Manuel Guerra, cuando este último tenía en sus manos la investigación del caso Penta. El Ministerio Público está analizando los mensajes que en esa época intercambiaron Guerra y Hermosilla, porque en ellos se habría proporcionado información que, eventualmente, podría constituir una acción ilícita.

En uno de los diálogos, fechado en 2016, Hermosilla y Guerra hablan de que deben contactar a “Andrés” para darle una salida al Caso Penta. Se refieren a Andrés Chadwick, amigo y socio de Hermosilla, además de primo y hombre de confianza del Presidente Piñera.

El chat mencionado en el párrafo anterior no es el único donde Hermosilla y Guerra conversan sobre el caso Penta. Los fiscales analizan si estos diálogos configuran, o no, algún tipo de delito. De ser así, se podría abrir una nueva causa penal que indague la responsabilidad de Guerra y Hermosilla

Durante los años de investigación del caso Penta, fueron varios los fiscales que estuvieron a cargo de las pesquisas. Primero fueron los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Después asumió la conducción el fiscal nacional Chahuán y, finalmente, tomó la posta Guerra. La exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, le dijo a CIPER que cuando Guerra tenía en sus manos la causa el Consejo fue sacado de ella a través de artimañas (vea esa entrevista). Y los exfiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo renunciaron al Ministerio Público luego de que Manuel Guerra llegara a un acuerdo con Iván Moreira (UDI), parlamentario que había reconocido en público que pidió y recibió financiamiento ilegal de Penta para su campaña electoral.

Guerra también fue el fiscal que en 2017 lideró la primera indagatoria sobre la compraventa del proyecto minero Dominga, que involucraba al Presidente Sebastián Piñera y a su familia, causa en la que decidió sobreseer definitivamente al fallecido mandatario, luego de nueve meses de indagatoria (vea “Sobreseimiento de Piñera paso a paso: ni el fiscal ni los querellantes informaron a los jueces sobre la controversial cláusula”).

CIPER contactó a Manuel Guerra para este reportaje, pero el exfiscal declinó responder nuestras preguntas sobre sus chats con Luis Hermosilla relacionados con  el caso Penta.

Exfiscal Manuel Guerra

EL INTERÉS DE HERMOSILLA

Según recordó el exfiscal nacional Sabas Chahuán, él recibió una llamada de Luis Hermosilla luego de que la defensa de los dueños de Penta -Carlos Délano y Carlos Lavín- le entregaron al Ministerio Público antecedentes que revelaron nexos entre Penta y “varias sociedades vinculadas al círculo de amigos o socios del expresidente Piñera y se especulaba en los medios que se podía citar a declarar a familiares… al ministro Chadwick”.

Chahúan cuenta que en esa llamada de Luis Hermosilla este le consultó si Piñera y Chadwick serían citados a declarar y si se investigaría el tema de los forwards (contratos que apuestan al valor futuro de un activo cuyo precio fluctúa en el tiempo, como los dólares).

Hermosilla estaba bien informado, porque la fiscalía había recibido antecedentes acerca de un forward que se había firmado entre Penta y Bancorp, sociedad que era controlada por Piñera. Ese contrato fue suscrito en 2009, en la recta final de la campaña presidencial de ese año y significó una ganancia para la empresa del exPresidente de $48,9 millones (vea el reportaje “Los flancos abiertos de Piñera en la investigación del financiamiento político”).

LA PRIVATIZACIÓN DE GUERRA

En 2015, el fiscal Chahuán designó a Manuel Guerra como jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente y le traspasó el caso Penta. Guerra encabezó la Fiscalía Oriente hasta el 31 de julio de 2021.

Al día siguiente que Manuel Guerra salió del Ministerio Público, apareció contratado por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (Amszo), que integran las municipalidades de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, las que estaban comandadas por alcaldes de Chile Vamos, el sector político más vinculado al financiamiento ilegal prestado por Penta y que Guerra había investigado. Las tres comunas, además, formaban parte de la jurisdicción de la fiscalía que él dirigió durante seis años. Luego de un reportaje de CIPER, su arribó a esa entidad se frustró (lea “Manuel Guerra: ex jefe de la fiscalía que indagaba malversación en Vitacura ahora trabaja para entidad financiada por ese municipio”).

Apenas dejó el Ministerio Público, Guerra también se incorporó como docente en la Universidad San Sebastián, la misma a la que meses después arribó Andrés Chadwick como decano de la Facultad de Derecho. Actualmente, Chadwick es el presidente de la junta directiva de la misma universidad, la que ha sido controlada por un grupo de empresarios cercanos a la UDI (vea reportaje de CIPER).

En noviembres de 2023, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, lo presentó a la cabeza de una repartición municipal que apodó “Defensoría de la Gente” y donde Guerra dirigía un equipo dedicado a brindar atención a víctimas de delitos de alta connotación pública, como homicidios, secuestros, extorsión, delitos sexuales y violencia intrafamiliar. 

GUERRA EN EL CASO PENTA

El paso de Guerra por la investigación de Penta no estuvo exento de polémicas. En 2018 tomó la decisión de eliminar los delitos de soborno para los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, y recalificar el de cohecho contra el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner. Esa decisión de Guerra de recalificar los delitos fue objetada por la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, cuya opinión no fue considerada por el entonces fiscal regional oriente. A juicio de la exconsejera del CDE, María Inés Horvitz, Guerra traicionó a ese organismo con esa maniobra. Así lo dijo en entrevista con CIPER en diciembre pasado:

“Nos traicionó el exfiscal Manuel Guerra, quien nos había prometido reiteradamente que llevaría el caso a juicio oral. Nos hizo a un lado de manera descarada y nunca nos dio una explicación. E hizo algo que es ilegal. En una reformalización -institución que por lo demás no está regulada en el Código Procesal Penal- tú no puedes suprimir hechos (que en este caso eran los que sustentaban las imputaciones de cohecho y soborno) que están asentados en una formalización previa y que cuentan con respaldo en la carpeta de investigación”, dijo Horvitz.

Hoy, el nombre de Guerra vuelve a aparecer en una causa de alta connotación pública, como lo es el caso Hermosilla, no solo porque sus chats con el penalista están siendo investigados por el Ministerio Público, sino porque, además, presentó patrocinio notarial para participar como abogado en un proceso relacionado. Guerra representará a Gonzalo Migueles, la pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien es investigado por posible soborno luego de que CIPER revelara gestiones de su parte con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, durante la última elección de fiscal nacional. Fue el fiscal Palma quien confirmó a CIPER que él decidió informar a Luis Hermosilla sobre los mensajes que recibió de Migueles. Lo hizo, dijo Palma, “para hacerle presente (a Hermosilla) la molestia que me generaban ese tipo de actitudes por parte de personas que yo entendía que eran cercanas a él”.